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En esta serie sobre la corrupción en España, el historiador Javier Varela examina el «caso Juan Guerra», el primer gran escándalo que sacudió los cimientos de la joven democracia española a principios de los años noventa. A través de la figura del asistente y hermano del entonces vicepresidente del Gobierno, el autor analiza cómo el PSOE blindó la responsabilidad política tras la exigencia de responsabilidades penales. Varela conecta este episodio con la posterior oleada de escándalos (Filesa, Roldán, fondos reservados) que marcaron el final de la era y reflexiona sobre el volátil reflejo de la corrupción en la opinión pública hasta nuestros días.

A mediados de septiembre de 1935, Niceto Alcalá Zamora, presidente de la Segunda República española, recibió un envío procedente…

¿Qué pediría la izquierda si, estando el PP en el gobierno, este no pudiera aprobar presupuestos durante tres años, tuviera dos ex-secretarios de organización y un expresidente de la SEPI imputados por corrupción y aparecieran varios casos de acosadores sexuales entre alcaldes del PP y asesores del presidente del gobierno?

Hay quien sostiene que la picaresca es un reflejo de la realidad española, que ejemplifica una querencia: las argucias y mañas urdidas para burlar la ley y vivir del cuento. Yo no creo que sea verdad tal cosa. En España ha habido mucha gente, muchos gobernantes honrados.

A dos semanas de salir a la luz pública la trama de corrupción tejida por los dos ex-secretarios de organización…

La primera comparecencia de Pedro Sánchez ha dejado insatisfechos a casi todos ellos, y también a muchos ciudadanos progresistas: no basta con pedir perdón, anunciar una auditoría externa de las cuentas del partido y remodelar la comisión ejecutiva.

El PSOE va camino de la morgue política y allí no estará solo, pues el PP también irá descubriendo sus miserias en los tribunales, pero ahora toca lamentarse por la defunción moral de un histórico de la política española que arrastra su nombre por las cloacas que nunca debió colonizar.

Si la ciudadanía y los empleados públicos perciben que, en determinados organismos o entidades públicas lo que vale es pertenecer a una determinada “mafia” y que cuando te pillan no tiene consecuencias, o en el mejor de los casos la justicia actúa después de décadas, se está implantando una cultura perniciosa de desapego a lo público y que pone en peligro a las instituciones.