A finales de 1989, la mujer de Juan Guerra, durante el proceso de divorcio, puso en conocimiento de varios periodistas los datos que había reunido sobre la fortuna amasada por su marido. Tras las elecciones de octubre del 89, la revelación del alcalde de Barbate, militante del PSOE, sobre el papel de Juan Guerra en el desbloqueo de un proyecto urbanístico reactivó el escándalo. Entonces se desveló que Juan Guerra fue contratado por el PSOE para trabajar en un despacho oficial de la Delegación del Gobierno en Andalucía en calidad de asistente de su hermano, con un sueldo de 129.370 pesetas líquidas al mes. El despacho, según parece, había sido utilizado para actividades diferentes a las asignadas. El caso es que Juan Guerra había pasado de cobrar el subsidio de desempleo a la posesión de un patrimonio considerable, en el que destacaban propiedades inmobiliarias. Un sector de la prensa –ABC, El Mundo– señaló al entonces vicepresidente del Gobierno como responsable último de las andanzas de su hermano. Durante los debates que tuvieron lugar en el Congreso de los Diputados, en enero de 1990, la mayoría socialista se negó a crear una comisión de investigación, realizando una distinción entre la opinión pública y la opinión publicada, achacándolo todo a una campaña orquestada por cierta prensa para hostigar al gobierno socialista. El 1 de febrero, Alfonso Guerra sostuvo, entre las aclamaciones de su grupo parlamentario, una teoría destinada a un gran futuro en los debates sobre la corrupción que habrían de tener lugar en los años siguientes; sostuvo la teoría según la cual los gobernantes no deben ocuparse de los casos de corrupción hasta que los tribunales establezcan las responsabilidades penales de los imputados mediante sentencia firme. La “maliciosa confusión”, por citar a Javier Pradera, “entre responsabilidad penal y responsabilidad política orientada a que la ausencia de la primera implicase la inexistencia de la segunda”. “Dos por el precio de uno”, fue la sentencia de Felipe González, para defender a su vicepresidente contra los que reclamaban su dimisión. Pero todo este despliegue no pudo evitar que se sospechara que Juan Guerra era un simple intermediario al servicio de las finanzas de la organización; un individuo que utilizaba su parentesco para obtener favores a terceros a cambio de una comisión, y que su enriquecimiento fue una consecuencia digamos colateral de sus servicios al partido
Juan Guerra fue acusado y juzgado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones. Finalmente, en 1995, Juan Guerra fue sancionado por un delito fiscal. Él y su socio Juan José Arenas fueron condenados a dos penas de un año de cárcel (que no hubieron de cumplir al carecer de antecedentes penales) por un fraude fiscal de 253.637 euros cometido durante los años 1988 y 1989 en su empresa Corral de la Parra. Ambos fueron también condenados a pagar dos multas de 150.200 y 210.000 euros respectivamente.
Estos tres casos de corrupción, seguidos de tres escándalos políticos plantean, a mi juicio, varias consideraciones, primero sobre la naturaleza del escándalo político, sobre el uso que los medios y los partidos pueden hacer de casos de corrupción de distinto grado o intensidad, así como su reflejo en la opinión pública. No toda conducta irregular puede dar origen a un escándalo
Lo segundo, es poner de manifiesto el asunto importantísimo de la responsabilidad política, quiero decir sobre el señalamiento del responsable y del tipo de responsabilidad que debe exigirse (jurídica o política), así como de la decisión acerca de las instituciones del sistema político ante las que hay que exigir responsabilidad.
El caso Juan Guerra y el subsiguiente escándalo fue uno de los primeros, el más señalado, en la historia de la democracia española reciente. Pero, a continuación, parece como si la opinión pública hubiera sufrido un sobresalto en los años noventa, que son los años finales de los gobiernos presididos por Felipe González. Son los años de escándalos como FILESA (financiación irregular del PSOE), el caso de los Fondos Reservados (desvío de partidas destinadas a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico por valor de 5 millones de euros entre los años 1987 y 1993 para uso privado, enriquecimiento personal y pago de sobresueldos y gratificaciones a siete altos funcionarios del ministerio del Interior), el caso Roldán ( llamado así por Luis Roldán, director de la Guardia Civil entre 1986 y 1993, enriquecido ilícitamente con el robo de 400 millones de pesetas de fondos reservados y 1.800 millones más en comisiones de obras del Instituto Armado), el caso PSV (fraude y apropiación indebida de 18.588 millones de pesetas, para enriquecimiento personal y financiación ilegal de la UGT a través de esta cooperativa de viviendas y de su gestora, IGS.), pero también del Caso Naseiro (financiación ilegal del PP a través de la exigencia de pagos a empresas inmobiliarias)
El barómetro del CIS registró un aumento de la preocupación de los españoles por la corrupción, según el sube y baja de los escándalos, que pasaron de un 2.5 % en junio de 1988, al 33.5% en enero de 1995, para descender al 20.9 % en febrero de 1996 y caer al 3 % en 1997. A partir de entonces y hasta fechas recientes, la corrupción no ha figurado apenas en la agenda de los españoles, suplantada por asuntos como el terrorismo, la vivienda o la emigración. En junio de 2012 creció de manera significativa el número de españoles inquietos por la corrupción, el 12.4% y el número va aumentando hasta llegar al 41 % en marzo de 2014. Un aumento que ha ido en paralelo con una multitud de escándalos. A fines de 1925, la preocupación por la corrupción y el fraude se había disparado hasta el 25,3% tras el estallido de los casos que llevaron a la cárcel al exministro Ábalos y al exdiputado y hombre de confianza de Pedro Sánchez Santos Cerdán, ambos exsecretarios de organización del PSOE.
(continuará)
Corrupción y escandalo político en España
Serie del Profesor Varela
Cuando la brujula del tiempo nunca marca el Norte
- 1.- El caso Esteban Collantes
- 2.- El estraperlo
- 3.- MATESA
- 4.- El caso Juan Guerra
- 5.- El caso Pujol
- 6.- Negra, gris, blanca. Tres tipos de corrupción
- 7.- 5 hipótesis sobre la corrupción
- 6.- Conclusión. El anillo de Giges
