El nepotismo y las redes clientelares de algunas entidades provocan el desapego a lo público y ponen en peligro a las instituciones.
Lo que viene publicándose en diversos medios de comunicación, desde que salió a la luz pública el caso Koldo, solo sorprende a aquellos que no conocen lo que acontece en los organismos involucrados en la trama o similares.
De forma genérica, antes de que se revelasen hechos concretos, ya advertía en este medio del clientelismo y nepotismo que los partidos políticos, o determinadas facciones dentro de los mismos, imponían en aquellos organismos y entidades en los que es más sencillo gestionar sin controles independientes.
El hecho de que la “sobrina del exministro” tuviera un contrato laboral y, parece ser, que todo apunta a que ni tan siquiera asistía a su puesto de trabajo, es solo un ejemplo de hasta qué punto llegaron a sentirse impunes a la hora de cometer irregularidades.
Salvo que se conozca en profundidad uno de estos organismos (Tragsa, Ineco, ADIF, Puertos del Estado…), cualquier ciudadano se formularía una serie de interrogantes:
- ¿Es tan sencillo incorporar personas en estos organismos públicos haciendo favores políticos o personales?
- ¿Hay empleados que reciben remuneraciones sin trabajar?
- ¿Cómo se compatibiliza el clientelismo de una determinada facción política o corrupta con el cambio que se produce en la Dirección de estas entidades cuando pasan a estar gobernadas por otro partido?
Las respuestas a estas cuestiones son sencillas cuando conoces su funcionamiento.
Hacer favores “enchufando” gente es tremendamente simple. Se analiza el currículo de la persona que se pretende incorporar y se define una convocatoria de empleo público adaptada a dicho currículo, valorando aquellos “méritos” concretos y específicos que interesa. Es de señalar que una convocatoria de empleo público basada únicamente en méritos no precisa de examen, por lo que es suficiente con fijar los méritos adecuados. A esto hay que añadir que, a efectos de asegurar el resultado, se puede recurrir a la entrevista personal, en la que la carga de subjetividad permite valorar en el sentido deseado.
La cosa se simplifica cuando se trata de puestos de índole temporal para desempeñar la labor en otro organismo con carácter de urgencia. Este es el caso, presuntamente, de la “sobrina del exministro”, se la contrata por Ineco o Tragsa para, teóricamente, prestar servicios en ADIF.
Así, el que contrata no controla y el que controla no contrata, diluyéndose la relación laboral. Es preciso especificar que las justificaciones que se están dando en cuanto a su control horario y desempeño del trabajo dejan mucho que desear, ya que estos controles debe efectuarlos el organismo contratante y no el que recibe la supuesta contraprestación. La Dirección de la empresa contratante debe controlar la relación laboral, aunque se precisen informes del organismo donde se debe prestar el servicio. En caso contrario, podría caerse en otra irregularidad, lo que se denomina como cesión ilegal de trabajadores.
Desconozco cual fue la preceptiva convocatoria de empleo público que se debería haber producido para incorporar a la “sobrina del exministro” y, en su caso, que méritos se definieron. Lo cierto es que la cuestión puede complicarse cuando los méritos no son los adecuados para desempeñar un empleo público y es necesario pasarse por el forro todos los controles para poder enchufar a alguien. Sin embargo, si se poseen algunos méritos aceptables la cosa se simplifica sobremanera.
Por otra parte, respondiendo a otra de las cuestiones que se plantean los ciudadanos, he de decir que no es normal que haya personas que reciban un salario público sin asistir a su trabajo. Cosa distinta es que haya empleados que, asistiendo y cumpliendo con su control horario, trabajen. Y lo que es peor aún, puede haber personas que quieran desempeñar correctamente su puesto de trabajo y se les aísle al no colaborar con el nepotismo o el tráfico de influencias.
En relación con lo anterior, he de señalar que la calidad del trabajo y la responsabilidad, es decir el valor de lo que se realiza en un empleo público, sea el factor determinante para fijar las retribuciones en algunos ámbitos del sector público. En innumerables ocasiones, se retribuye, a través de promociones “ad hoc”, la pertenencia o colaboración con la red clientelar de turno, permitiendo la corrupción (este es el presunto caso de las mascarillas que sufrió Puertos del Estado) y en la mayoría de los casos, desarrollando labores en beneficio de esa red, dejando a un lado la ética que debe regir la prestación de un servicio público.
Cuando los favores llegan al extremo de privilegiar a determinadas empresas, saltándose los procesos de contratación de forma flagrante, o pagar un salario público a personas que ni siquiera asisten a su puesto de trabajo, es que, a base de ejercer el nepotismo durante mucho tiempo, se llega a perder la perspectiva y se genera una percepción de inmunidad ante cualquier circunstancia.
Respondiendo a la última cuestión, pensar que cuando llegan a la Dirección de estas entidades otras personas con diferentes vinculaciones políticas las cosas cambian, y se toman medidas al detectar irregularidades, es de una ingenuidad que solo se explica si no se está al tanto de cómo funciona el sistema.
Lo más normal es que lo que pretenda la nueva Dirección del organismo de turno es establecer su propia red de favores, solo varían los beneficiados y no el modus operandi. Por tanto, no se limpia lo que había, se les cuida con la condición de que permitan el funcionamiento del nuevo nepotismo. Es decir, pasan al “congelador”, bien retribuidos, esperando mejores tiempos.
En aras de no perder la esperanza de que estas actitudes se modifiquen, debo manifestar que creo que existe solución. Quizás peco de ingenuo, ya que exige la voluntad de aquellos que dirigen las instituciones y esto precisa de un cambio cultural.
Cualquier elemento de control sirve de poco si no hay intención de ejercer el poder en favor del interés general. Un semáforo tiene utilidad si se ejerce la labor coercitiva, en caso contrario se depende del riesgo que esté dispuesto a correr cada uno, y los hay muy imprudentes. Lo mismo pasa con los códigos éticos, los canales de denuncia y las convocatorias de empleo público en determinadas entidades.
Si tuviera que destacar dos elementos que influirían de forma decisiva sobre la opción de actuar en favor de una red corrupta o clientelar o no, serían los siguientes:
- Sanciones ejemplares, de manera que no compense el riesgo de cometer irregularidades en la prestación de un servicio público y
- despolitización y mayor diligencia de la justicia en resolver los casos de corrupción.
Si la ciudadanía y los empleados públicos perciben que en determinados organismos o entidades públicas, por muy útiles que pudieran ser, lo que vale es pertenecer a una determinada “mafia” y que cuando te pillan no tiene consecuencias, o en el mejor de los casos la justicia actúa después de décadas, se está implantando una cultura perniciosa de desapego a lo público y que pone en peligro a las instituciones.
