Ricardo Peña
Finalmente, las propietarias de la central nuclear de Almaraz —Iberdrola, Endesa y Naturgy—, cuyo cierre estaba acordado para 2027, se han decidido a solicitar al Gobierno la prolongación por tres años de su vida útil. El asunto está actualmente bajo estudio en el Consejo de Seguridad Nuclear, que debe emitir un informe técnico sobre la viabilidad y seguridad de dicha prolongación y recomendar, en su caso, las inversiones necesarias. ¿Qué ventajas e inconvenientes tendría para el país esta extensión?
En su solicitud, las propietarias argumentan que “las nucleares son seguras … Para poder evitar apagones y problemas en el servicio” y que “económicamente, son la mejor solución”. Sin embargo, las cosas no están tan claras. Las propias compañías reconocieron al Gobierno, mediante una carta remitida el 24 de octubre, que las centrales nucleares “no pueden ser habilitadas para consignas dinámicas de tensión por razones de diseño y seguridad”. Precisamente, el deficiente control dinámico de las sobretensiones fue una de las causas del apagón del 28 de abril. Por otra parte, el coste por megavatio-hora (MWh) de una central nuclear, impuestos incluidos, está en torno a 60 € y el mercado eléctrico ha operado muchos días con precios inferiores por efecto de las centrales renovables, cuyo coste, impuestos incluidos, se sitúa en torno a los 40 € / MWh.
Siguiendo con los inconvenientes, las centrales nucleares presentan una notable incapacidad para modular su producción, ya que deben operar en un régimen estacionario, lo que impide la entrada en el mercado de energías más baratas en determinadas horas del día, como es el caso de las eólicas cuando sopla el viento y de las fotovoltaicas cuando luce el sol. Ello provoca los llamados vertidos, que suponen desperdiciar energía barata en beneficio de otra más cara.
Una de las causas del mayor coste de las nucleares es que están gravadas por dos tipos de impuestos: una tasa para pagar el almacenamiento de los residuos y otra para sufragar su costoso desmantelamiento futuro. La primera es directamente proporcional a los años de vida útil y, la segunda, inversamente proporcional. Las propietarias han insistido en que se las libere de dichos impuestos, pero el Gobierno considera su negativa una línea roja: si las centrales desean seguir operando, ello no debe suponer ningún coste para el consumidor.
En el lado negativo, finalmente, está la dependencia exterior. Tanto para almacenar los residuos como para adquirir uranio, España ha de importar estos servicios, dado que no ha sido posible hasta ahora crear un almacén nacional de residuos, ni poseemos minas de uranio.
Resumiendo, las centrales nucleares son más caras que las renovables, no evitan la sobretensión, su producción es rígida y no eliminan nuestra dependencia exterior. En el lado positivo se pueden enumerar dos factores: no producen CO2 y, en el caso de Almaraz, sostiene alrededor de 1.500 empleos directos e indirectos que son esenciales para la región extremeña en la que se ubica.
El programado cierre nuclear de los siete reactores en uso actualmente conllevará el reemplazo de la energía que producen —alrededor de 7 gigavatios (GW) de potencia— por tecnologías renovables. Actualmente, las energías eólica, fotovoltaica e hidráulica suman 85 GW de potencia instalada, por lo que añadir 7 GW más no parece muy difícil. La contrapartida sería determinar cómo tal sobreabundancia de energías intermitentes, como la eólica y solar, podría afectar a la estabilidad de la red.
Actualmente, las mejores tecnologías para absorber la potencia reactiva y contrarrestar las sobretensiones —las dos causas de inestabilidad— son la hidráulica y los ciclos combinados de gas. En los últimos meses, la programación abundante de ciclos combinados que Red Eléctrica ha efectuado de forma cautelosa para protegerse de un nuevo apagón, ha supuesto 4.000 millones adicionales para el consumidor en lo que va de año y un notable aumento de las emisiones de CO2.
Pero no es cierto que las renovables no puedan contribuir a la estabilidad de la red. De hecho, han pedido participar en el control de la sobretensión, que además constituye un jugoso mercado —el control está retribuido— al que hoy solo acceden las hidráulicas y los ciclos combinados. Desde 2017, ya se exige a las renovables tecnología para dicho control y además pueden mejorarlo aumentando su capacidad de almacenamiento. España va muy retrasada en este aspecto. En el Plan Nacional, se prevé disponer de 22,5 GW de potencia de almacenamiento para 2030, pero actualmente solo hay 3,3 GW instalados. Estados Unidos, China y algunos países europeos como Alemania disponen de inmensas instalaciones de baterías que, por un lado amortiguan las oscilaciones de la red y, por otro, evitan vertidos en las horas de mayor producción.
Es decir, el aumento de renovables es compatible con la estabilidad de la red, siempre que se acometan las inversiones necesarias en tecnología de control y almacenamiento. Las renovables, no solo no emiten CO2, sino que eliminan nuestra dependencia del exterior en importaciones de gas, de uranio y de servicios de almacenamiento de residuos que hoy pagamos a Francia.
Estos son los datos del debate y ahora será el Gobierno quien habrá de sopesar los pros y contras de cada alternativa, siempre atendiendo al beneficio del país y no al de determinados intereses empresariales. De momento, Sumar se ha pronunciado en contra de la prórroga y el PP y Vox a favor. Falta todavía el pronunciamiento del PSOE. Cualquiera que sea la decisión final, habrán de darse las explicaciones necesarias para que todos entendamos qué beneficios nos aporta.
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