Ricardo Peña
Estas últimas semanas se le han complicado extraordinariamente las cosas al partido socialista. A las imputaciones de Ábalos y Cerdán, incluyendo la entrada en prisión del primero, han venido a sumarse otro caso de corrupción más —el de la polémica Leire Díez junto con el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, nombrado por el presidente Sánchez en 2018— y varios casos de acosadores sexuales entre altos cargos y cargos públicos del partido. A ello se une el bloqueo de la legislatura debido a la desvinculación de dos de sus socios de investidura, Junts y Podemos. Ante todo ello, el presidente ha declarado solemnemente que piensa resistir hasta el final de la legislatura. ¿Es sensata esta decisión o debería asumir que estamos ante un final de ciclo?
Es difícil ver las cosas con objetividad porque la actitud antidemocrática de la oposición, para la que todo dato —real o ficticio— es material combustible con el que atacar al Gobierno, invita a un cierre de filas de la izquierda. A la ofensiva descarnada del PP y Vox, se han unido algunos jueces, instruyendo y fallando causas estrambóticas contra el entorno del presidente y, en los últimos días, también la alta jerarquía eclesiástica ha pedido elecciones anticipadas. No cabe duda de que toda la derecha de este país se niega a que la izquierda siga gobernando y está empleando todos los medios posibles —los democráticos y los que no lo son— para desalojar a Pedro Sánchez del poder antes de que cumpla su mandato legal.
En este contexto, cualquier crítica al presidente puede ser interpretada como un apoyo a esa desquiciada oposición. Una forma de intentar ser objetivos es pensar qué pediría la izquierda si, estando el PP en el gobierno, este no pudiera aprobar presupuestos durante tres años, tuviera dos ex-secretarios de organización y un expresidente de la SEPI imputados por corrupción y aparecieran varios casos de acosadores sexuales entre alcaldes del PP y asesores del presidente del gobierno.
Empezando por los casos de acoso dentro del PSOE, y en pro de la objetividad, no cabe rasgarse las vestiduras porque dentro de los partidos aparezcan hombres machistas que no respetan a las mujeres. Estos están en todas partes y más bien cabe felicitarse de que hayan salido a la luz debido a la indignación y a la valentía de las militantes socialistas que los han denunciado. Gracias a la sensibilidad feminista de ese partido, estos casos son hoy conocidos y sus protagonistas expulsados y denunciados ante la justicia, lo que no siempre sucede en otros partidos. Como ocurre con la corrupción, el juicio político no debe ser criticar que existan esos casos —pues, lamentablemente, siempre los habrá— sino si la reacción del partido ante ellos es suficiente o no. Si bien con retrasos inaceptables, en todos ellos el partido está tomando medidas. Pero, para completar su acción, también deberían hacerse públicos los responsables de los encubrimientos y retrasos. Si no se hace, ¿cómo podrán las mujeres socialistas confiar en que las futuras denuncias, siguiendo el protocolo interno, llegarán a buen fin?
Pero, en algunos de los casos de corrupción y de acoso, hay una responsabilidad directa de Pedro Sánchez y eso debe conllevar la correspondiente responsabilidad política. Como afirmé en un trabajo de junio pasado (ver aquí), el daño producido por sus nombramientos ha sido excesivo. Se equivocó dos veces al poner al frente de la Secretaría de Organización del PSOE a dos personas —Ábalos y Cerdán— que no merecían ni un gramo de confianza. Y ha estado a punto de hacerlo por tercera vez con el acosador Francisco Salazar, al que pretendía nombrar para esa misma secretaría. Sus erróneas decisiones han llevado a su partido a un inmenso descrédito entre sus votantes y a la desolación de sus militantes.
En ese mismo trabajo, alabé la brillante ejecutoria política de Sánchez, tanto en el aspecto económico como en el social y territorial. España está en sus mejores cifras de crecimiento y empleo y se han aprobado medidas muy positivas en los aspectos laboral, de salario mínimo y de pensiones. Gracias a la controvertida amnistía y a los indultos previos, el ambiente político hoy en Cataluña no tiene nada que ver con el que había en los tiempos de Mariano Rajoy. Y, en el aspecto internacional, Sánchez ha jugado un papel de vanguardia progresista dentro de la UE en conflictos como los de Ucrania y Gaza y frente al déspota Donald Trump.
Pero ha gestionado mal su poder discrecional dentro del partido y del gobierno para elegir a las personas adecuadas. Y ha sucedido así por haber tenido como criterio principal para los nombramientos la lealtad al líder. En mi opinión, ese criterio es el cáncer de todos los partidos. Uno debería nombrar para los puestos de responsabilidad a personas, primero competentes y, después, con criterio independiente. La razón para hacerlo así es que, si el líder se equivoca, los que le rodean deben hacérselo ver y, no podrán hacerlo si la razón por la que están ahí es la fidelidad. Las decisiones políticas son difíciles y el líder no es infalible. Una dirección colegiada es siempre más eficaz y se equivocará menos que un líder solitario rodeado de adeptos. Pero seguramente no será tan cómoda como una dirección de incondicionales. También debe considerarse que, a veces, los incondicionales buscan fines espurios al arrimarse al líder, como muy probablemente ha sucedido en los tres casos que nos ocupan.
En mi opinión, Pedro Sánchez debería renunciar a presentarse en las próximas elecciones generales. Esa sería la forma de asumir sus errores ante la opinión pública. De insistir en presentarse, muy probablemente fracasará y, lo peor, es que arrastrará tras de sí a todo el PSOE, al que condenará a una larga travesía del desierto. Más aún, debería anunciarlo ya y preparar su sucesión dentro del partido para que este tenga opciones de futuro. Una vez elegido el sucesor o sucesora en el correspondiente congreso, debería anunciar el final de la legislatura.
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