A mediados de septiembre de 1935, Niceto Alcalá Zamora, presidente de la Segunda República española, recibió un envío procedente de Holanda, remitido por un personaje, un aventurero judío de origen holandés, pero nacionalizado mexicano llamado Daniel Strauss. En la carta, Strauss decía haberse arruinado, tras haber sido engañado en un negocio “con personajes del gobierno español”, y pide que se le devolviese “cuando menos una parte de lo que le ha costado este asunto”. En la carta, Strauss relataba cómo había conseguido autorización para poder explotar un juego parecido a la ruleta, que permitía calcular el número que iba a salir por medio de una sencilla operación aritmética, un “juego de destreza” dice el interesado, no de azar. Strauss calculaba en unas 425.000 pesetas los gastos ocasionados por la instalación de las mesas de juego en el casino de San Sebastián y en el hotel Formentor de Palma de Mallorca, así como la contratación de personal y comisiones entregadas a varios políticos. (Strauss, Perel y Lowan).
El escándalo del «Straperlo» estalló al mes siguiente, en octubre de 1935. La denuncia se hizo pública en un momento muy delicado para la coalición gubernamental. Después de las elecciones generales de noviembre de 1933, el Partido Radical había formado un gobierno centrista con el apoyo parlamentario de la derecha no-republicana. El Partido Radical y la CEDA establecieron un matrimonio de conveniencia. Eran al mismo tiempo aliados y rivales. Este equilibrio, inestable por naturaleza, se rompió debido a las sublevaciones izquierdistas de octubre de 1934. El propósito defensivo del Partido Radical fue el de limitar el avance de la derecha no republicana. Esta lucha se reflejó en las constantes crisis gubernamentales, un proceso que llegó a su apogeo con el prolongado enfrentamiento de marzo a abril de 1935, cuando los radicales intentaron, sin éxito, impedir la formación del primer gobierno de mayoría derechista desde el advenimiento de la República. Ideológicamente sin rumbo, alarmado por el resurgimiento tanto de la izquierda como de la derecha, y sin un claro liderazgo, el partido empezó a desintegrarse durante el verano de 1935, un proceso que fue sobre todo visible en las provincias. En suma, la política centrista del Partido Radical se encontraba, en el momento del estallido del escándalo del Straperlo, claramente a la defensiva, mientras que la coalición gubernamental se hallaba en un estado muy delicado.
No se puede entender el impacto devastador de la denuncia de Daniel Strauss sin tener en cuenta la manera a través de la cual llegó al dominio público. En este aspecto, el papel de la oposición izquierdista no fue en absoluto desinteresado. Con toda probabilidad, la denuncia no la escribió Strauss sino, nada más ni nada menos, que el dirigente socialista Indalecio Prieto, el cual estaba exiliado desde las insurrecciones de octubre de 1934. También estuvo implicado en esta intriga el ex primer ministro y líder de Izquierda Republicana, Manuel Azaña, conocedor del expediente al que llamaba en sus diarios el “Simancas”.
En suma, la denuncia estaba políticamente motivada desde el principio, y, por eso, los líderes izquierdistas se reservaron el derecho de elegir el momento de utilizarla. Fueron ellos, además, los que persuadieron a Strauss para que la enviara no a los tribunales sino directamente al Presidente de la República.
El escándalo que se suscitó fue enorme, probablemente sin parangón con la cantidad defraudada. “Yo puedo soportar –escribió Wenceslao Fernández Flórez- que me digan que un político español obtuvo por sinuosos caminos un millón, cuatro millones. Pero me saldrá el rubor al rostro si he de oír que uno de los compatriotas que me hacen el favor de gobernarme ganó de mala manera 15.000 pesetas, una tortilla de escabeche y una cajetilla de “especiales”. Eso es muy duro. Y eso es lo que yo y otros muchos no perdonaremos nunca si llega a comprobarse que fue así”. Los papeles de Strauss fueron entregados a la prensa que los publicó bajo grandes titulares. Formose una comisión de investigación parlamentaria que entregó su dictamen en cuatro días. La comisión acabó declarando responsables de inmoralidades a varios militantes del Partido Radical, tres ministros (entre ellos a Rafael Salazar Alonso, ex ministro de la Gobernación), Sigfrido Blasco Ibáñez, diputado por Valencia, y Aurelio Lerroux, sobrino de Alejandro Lerroux y delegado del Gobierno en la Telefónica. El consejo de Ministros procedió a destituir a todas las personas implicadas en el informe de la comisión. A los pocos días, se declaró la crisis total y Chapaprieta entró a encabezar un gabinete de coalición. Alcalá Zamora, que había sido el verdadero artífice de la crisis, cayó en la cuenta de su error, del “exceso de especialización económica” y falta de habilidad de su nuevo presidente. La crisis prosiguió con el gobierno Portela y, desde allí, lanzados al precipicio, acabó por revolverse contra su persona.
Corrupción y escandalo político en España
Serie del Profesor Varela
Cuando la brujula del tiempo nunca marca el Norte
- 1.- El caso Esteban Collantes
- 2.- El estraperlo
- 3.- MATESA
- 4.- El caso Juan Guerra
- 5.- El caso Pujol
- 6.- Negra, gris, blanca. Tres tipos de corrupción
- 7.- 5 hipótesis sobre la corrupción
- 6.- Conclusión. El anillo de Giges
