Pienso que no me equivoco si afirmo que una gran mayoría de los ciudadanos compartimos la percepción de que estamos viviendo un periodo de descontento generalizado y de falta de confianza en las instituciones para resolver los problemas que afectan a la vida cotidiana. Pero al mismo tiempo, vemos también que la economía española sigue adelante con su robusto crecimiento, por encima de la media europea, no hay inflación significativa, la bolsa refleja un cierto optimismo, aunque no exento de especulación, y en general todos seguimos con nuestras vidas. Y así es, salvo con un matiz. Las desigualdades no paran de crecer y no parece que sea un tema que se considere importante. Y eso es muy grave, a corto y a largo plazo.
El último Informe de la Fundación FOESSA sobre “Exclusión y Desarrollo social en España”, publicado en noviembre, elaborado con el apoyo de 140 investigadores de 51 Universidades, señalaba que en España “4,3 millones de personas están en situación de exclusión social severa” y “un 45% de la población que vive en un piso de alquiler está en riesgo de pobreza o exclusión social”. En la misma línea el Informe de UNICEF publicado también en esas fechas, señalaba que “un 29,2% de los niños, niñas y adolescentes está en situación de pobreza, es decir, que en el hogar en el que viven se ingresa menos del 60% de la mediana de los ingresos del conjunto de hogares”.
Cierto es que, quizás, desde nuestros cómodos despachos, en nuestra ciudad, no lo percibamos, pues la situación no es homogénea a lo largo del territorio nacional e incluso a nivel autonómico también las diferencias son considerables: las mayores tasas de pobreza y exclusión social se observan en Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha o Canarias, por encima del 40%; mientras que en el otro extremo están Galicia, País Vasco o Baleares, por debajo del 25%.
Por su parte, la OCDE, en su Informe “To Have and Have not. How to bridge the Gap in Opportunities”, editado en septiembre pasado, y centrado en las desigualdades y como combatirlas, ya destacaba un punto importante. Se está reduciendo la clase media en nuestro pais, y el “ascensor social” está dejando de funcionar; “más del 35% de la desigualdad de oportunidades se debe a circunstancias heredadas”.
Las causas de esta realidad son varias pero entre ellas, la vivienda y la precariedad laboral, juegan sin duda el papel fundamental. Baste citar que el 47% de los ocupados, esto es, unos 11,5 millones de trabajadores, tienen contratos precarios (temporales, fijos discontinuos, tiempo parcial), y ello sin contar los que están en paro o en búsqueda de empleo, muchos de ellos jóvenes; o el hecho de que sea necesario construir unas 300.000 viviendas en España al año, que no se están haciendo, y de ellas 40.000 de protección oficial, ya que el parque de viviendas sociales sólo supone un 1,7% sobre el total frente a una media del 7% en el resto de la UE.
Sin duda es muy positivo que España esté en una senda de crecimiento robusto y que la economía dé muestras de resiliencia ante impactos externos sobrevenidos, como ha reconocido la Comisión de la UE en su reciente Informe país sobre España, publicado el pasado 3 de junio. Pero como también señala el mismo Informe, tenemos la necesidad de superar muchos desafíos estructurales que se vienen arrastrando y que no se enfocan y atacan adecuadamente.
Así, y según recoge el Informe, algunos de estos retos son: la vivienda, tanto en cuanto a la necesidad de construir como al porcentaje de viviendas sociales y precios de alquiler; la necesidad de una mayor formación de la fuerza laboral para impulsar la productividad; la escasa innovación y la ineficacia de los mecanismos de colaboración ciencia-empresa; el esfuerzo e intensidad en I+D; el incremento del gasto público que se va a producir en pensiones y sanidad; las trabas burocráticas; la fragmentación de la regulación entre regiones; y otros más como vulnerabilidades en materia de agua, biodiversidad, uso de la tierra y gestión de residuos. Cualquier lector interesado puede profundizar en las recomendaciones del Informe (https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-surveillance-eu-member-states/country-pages-including-country-reports/country-report-spain_en ).
En definitiva, somos una economía fuerte, que crece, pero al mismo tiempo tenemos una gran debilidad: las desigualdades se van acentuando con todo lo que ello implica de pérdida de estabilidad y cohesión social. Las tendencias son claras y hay que combatir las causas. Pero los datos recogidos confirman que no se están aplicando políticas de redistribución, socialdemócratas.
Algo debemos de estar haciendo mal.
Y es que el mundo y nuestra sociedad se han transformado, y no basta con seguir haciendo lo que se hacía antes. Han surgido nuevos problemas y retos que afrontar. Lo que se conocía como “la sociedad del bienestar” hace décadas, hoy es diferente. Hay que mirar con un enfoque distinto, desde el siglo XXI, y proponer políticas públicas adecuadas a la nueva realidad. La simple inercia es un obstáculo al cambio.
Afortunadamente, hay voces críticas que viene insistiendo en la necesidad de esta nueva visión. Así, en España, el economista y exMinistro socialista Jordi Sevilla viene insistiendo en sus artículos periódicos recientes en Cinco Días, en la necesidad de hacer frente a todos estos retos como los señalados en los Informes mencionados.
En paralelo hay diferentes Fundaciones y Asociaciones que elaboran y presentan documentos e impulsan debates sobre temas puntuales.
Desde una visión, más internacional, hay que destacar la iniciativa “Hoja de Ruta para erradicar la pobreza”, lanzada en abril el marco de la OIT, con el apoyo de 400 expertos. Tres de ellos, el relator de NNUU Olivier de Shutter, el Premio Nobel Joseph Stigliz y el académico Thomas Piketty, explican la idea en un reciente artículo en El Pais con un título elocuente: “La pobreza se fabrica: también puede erradicarse”.
Su enfoque es claro y lo plantean como objetivo cara a la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 firmada en su día por 193 países.
Aparte de estas iniciativas, en paralelo, hay que mencionar también otra que está recibiendo apoyos a lo largo de diversos países tanto desde ámbitos académicos y la sociedad civil, y que ha sido lanzada por la también prestigiosa economista Mariana Mazzucato junto con el Ministro español de Economía Carlos Cuerpo. Esta economista es conocida por sus trabajos sobre el papel del Estado como emprendedor y dinamizador del crecimiento y la innovación.
Enfocado desde una visión progresista, la iniciativa, de un “Consejo Global para una Economía del Bien Común”, trata de impulsar un nuevo Pensamiento Económico que desarrolle una agenda con un plan de acción para hacer frente a un crecimiento económico sostenible con una reducción de las desigualdades y un respeto al medioambiente y a la biodiversidad. Lanzada en la reciente Cumbre Progresista en Barcelona se han propuesto realizar una reunión en España en primavera 2027 para presentar ya un Plan de acción.
Son muy buenas noticias que estén surgiendo reacciones o iniciativas dirigidas a cambiar el modo de diseñar políticas económicas en el mundo actual, ante los retos a los que nos enfrentamos. Sin duda debemos de aplaudirlo.
Ahora bien, esto nos lleva a una reflexión. ¿Es suficiente con que haya estas iniciativas?.
¿No sería necesario hacer algo más para facilitar que las ideas se lleven a la práctica?.
Es muy positivo que se aporten ideas nuevas y que haya debates públicos sobre cómo hacer crecer las economías, reducir las desigualdades y afrontar los retos ecológicos y tecnológicos. Pero eso sólo no basta. Se corre el riesgo de que esas ideas se queden dentro del mundo académico o los círculos intelectuales, y no se traduzcan en aplicaciones concretas en la realidad. Es más, todo cambio o innovación en el trabajo a realizar dentro de la Administración, que es desde donde se implementan las políticaspúblicas, requiere voluntad política del Gobierno correspondiente y la asunción de los cambios de actuación correspondientes por parte de los funcionarios, para evitar que las inercias frenen las acciones.
Ante esto, y si realmente queremos dejar de ver desde “nuestras torres” de observación que es lo que está pasando en la sociedad y en la economía real, y queremos que se corrija cuanto antes lo que se hace mal, se implementen mejores políticas públicas, y se mejore así el bienestar de los ciudadanos, no podemos ponernos de perfil.
Debemos pedir, o casi mejor, exigir a los partidos políticos que cumplan el papel que deberían estar cumpliendo. Que dejen de descalificarse mutuamente y que definan y expresen qué Proyecto de País tienen para España. Que, una vez clarificado cómo quieren que sea España en un horizonte de diez o quince años, definan en consecuenciaqué políticas consideran deben implementarse desde los Gobiernos para llegar ahí. Esto es, basta ya de parches concretos y de limitar los debates a medidas puntuales. Falta una visión de conjunto que haga posible priorizar y planificar las acciones necesarias.
Ahí la sociedad civil, incluidas las propias asociaciones empresariales, pueden jugar también a favor de esa exigencia. Está en juego el futuro de España en un marco de progreso, de menos desigualdades, de estabilidad social, y de sostenibilidad, en pleno siglo XXI.
