No hay una fecha única en la que pueda situarse la quiebra del llamado espíritu de la Transición. Más que un derrumbe repentino, fue un desgaste gradual: una lenta pérdida de confianza entre adversarios que habían aprendido, por necesidad histórica, a reconocerse como interlocutores legítimos. Aquel pacto no escrito que permitió a España reconstruir la convivencia tras la dictadura y la Guerra Civildescansaba sobre una premisa esencial: nadie debía quedar fuera del marco común por pensar distinto. Cuando esa premisa empezó a debilitarse, también comenzó a erosionarse una parte decisiva de nuestra cultura democrática.
El clima actual de crispación, insulto y deslegitimación no puede explicarse solo por la coyuntura ni por el estilo de unos dirigentes concretos. Tiene raíces más profundas. Este artículo propone buscar algunas de ellas en tres momentos especialmente significativos: la instrumentalización partidista de la lucha antiterrorista en los años noventa, la fractura de confianza abierta tras el 11-M y la persistencia de una cuestión territorial que nunca ha encontrado un cierre estable. A esos factores se suman hoy la judicialización de la política, la lógica emocional de las redes sociales y la dificultad creciente para reconstruir acuerdos básicos. La llamada de León XIV a recuperar la política del diálogo y del acuerdo aparece, en este contexto, como una advertencia cívica: una democracia puede sobrevivir al desacuerdo, pero no a la deslegitimación permanente del adversario.
1. Tesis del artículo
La hipótesis central de este artículo es que la crispación política española no procede solo de una intensificación de la polarización ideológica, sino también del debilitamiento progresivo de una cultura de contención institucional. Durante décadas, aun con límites evidentes, esa cultura permitió reconocer al contrario como parte legítima del sistema democrático. Cuando esa contención se debilita, la discrepancia tiende a ser interpretada como traición, el pacto como renuncia y la negociación como sospecha.
2. Punto de partida: el consenso como necesidad histórica
La Transición no fue un milagro político ni una etapa exenta de sombras. Fue, ante todo, una respuesta histórica a una necesidad de convivencia. España necesitaba dejar de pensarse como una comunidad dividida entre vencedores y vencidos. Su principal aportación no consistió en eliminar las diferencias, sino en impedir que esas diferencias volvieran a hacer imposible la vida en común. El consenso constitucional, la legalización de fuerzas hasta entonces enfrentadas, la integración territorial y la renuncia a los maximalismos respondían a una misma convicción: nadie debía necesitar la derrota definitiva del otro para existir políticamente.
3. Primer episodio: la instrumentalización de la lucha antiterrorista
Un primer punto de inflexión se produjo con la ruptura de la unidad política en torno a la lucha contra el terrorismo. En los años noventa, el Partido Popular convirtió la investigación de los últimos gobiernos de Felipe González en uno de los ejes de su oposición, especialmente a través de la llamada “X” de la guerra sucia y del debate sobre los fondos reservados. La exigencia de responsabilidades era plenamente legítima en democracia. Sin embargo, la conversión de una cuestión de Estado en un instrumento central de confrontación electoral debilitó un consenso que debía situarse por encima de la alternancia.
No se trataba de impedir la investigación de abusos, excesos o delitos cometidos desde estructuras del Estado; tal investigación era imprescindible para la salud democrática. El problema residió en el uso partidista de esa investigación y en la simplificación de una realidad compleja. Las prácticas parapoliciales no nacieron con los gobiernos socialistas, aunque terminaran bajo su mandato. Sin embargo, en el debate público el PSOE quedó asociado, de forma casi total, a una de las etapas más oscuras del Estado, con efectos duraderos sobre la confianza entre los grandes partidos.
Desde entonces, la política antiterrorista dejó de percibirse como un espacio de mínima lealtad institucional y comenzó a funcionar también como un recurso de desgaste. La consecuencia fue profunda: si incluso una materia tan grave como el terrorismo podía incorporarse a la lógica de la confrontación total por el poder, cualquier otro consenso quedaba expuesto a la misma fragilidad.
4. Segundo episodio: el 11-M y la fractura de la confianza pública
El Partido Popular llegó después al Gobierno, primero con el apoyo parlamentario de nacionalismos identitarios que más tarde combatiría con dureza retórica y, posteriormente, con mayoría absoluta. Al final de esa segunda legislatura, en vísperas de las elecciones generales de marzo de 2004, el atentado islamista del 11-M sacudió al país y sometió a una prueba extrema la confianza pública. La magnitud humana de la tragedia fue inmensa; la gestión informativa de las primeras horas abrió, además, una herida política de largo recorrido.
El Gobierno señaló inicialmente a ETA como autora de los atentados. Sin embargo, los primeros indicios comenzaron pronto a apuntar en otra dirección. La sospecha se instaló entonces con gran rapidez: una parte creciente de la opinión pública interpretó que el Ejecutivo no solo se había equivocado, sino que había intentado orientar el relato de la masacre de acuerdo con sus intereses electorales.
Existía, sin embargo, una alternativa institucional de enorme valor simbólico y práctico. El mismo día del atentado, el presidente del Gobierno podría haber convocado en La Moncloa al líder de la oposición para fijar una posición común ante una tragedia gigantesca. Una comparecencia conjunta, una mínima lealtad compartida y un compromiso público de no utilizar la masacre en clave electoral habrían limitado cualquier tentación de instrumentalización partidista y habrían protegido la respuesta democrática frente al terror. Esa decisión no se adoptó, y su ausencia agravó la desconfianza, amplificó la sospecha y dejó el dolor colectivo expuesto a la confrontación política.
Las elecciones que el Partido Popular parecía tener encarriladas, según las encuestas previas, cambiaron de signo en cuestión de horas. José Luis Rodríguez Zapatero ganó las generales y el 11-M quedó convertido en una doble herida: humana y política. La oposición habló de la “gran mentira” del Gobierno; la derecha, por su parte, alimentó durante años la sospecha sobre la legitimidad de aquella victoria. De nuevo, el consenso sobre los hechos se vio desplazado por una lucha partidista por el sentido de la verdad.
A continuación, reapareció con toda su fuerza la cuestión territorial. Si los episodios anteriores habían debilitado consensos vinculados a la seguridad y a la legitimidad de la alternancia, el conflicto territorial abrió una fractura más persistente: la disputa sobre la propia idea de España y sobre el equilibrio entre igualdad, diversidad y poder político.
5. Tercer episodio: la cuestión territorial y los nacionalismos identitarios
El tercer episodio de esta erosión se sitúa en la cuestión territorial. No se trata de un problema nuevo ni puede resolverse mediante consignas. El modelo autonómico permitió integrar la diversidad española y fue una de las piezas centrales del pacto constitucional, pero también dejó abiertas ambigüedades que con el paso del tiempo se convirtieron en objeto de disputa. Para unos, el Estado autonómico resulta siempre insuficiente; para otros, cualquier reconocimiento de singularidad aparece como una amenaza a la igualdad. En ese choque, la política territorial ha dejado con frecuencia de ser un debate sobre convivencia para transformarse en una competición de agravios.
En ese contexto se retroalimentan dos nacionalismos identitarios. Por un lado, el nacionalismo periférico que aspira a ampliar de forma permanente su margen de singularidad, competencias y reconocimiento. Por otro, un nacionalismo español reactivo que responde desde la sospecha y la afirmación defensiva. Uno convierte el agravio comparativo en motor político; el otro tiende a presentar la diversidad territorial como amenaza. Entre ambos, el espacio del acuerdo se estrecha y las desigualdades entre territorios dejan de discutirse con criterios de justicia, solidaridad y eficacia institucional para convertirse en materia de confrontación partidista.
Además, la cuestión territorial no se desarrolla únicamente en el plano simbólico. Se expresa también en la financiación, en la distribución de competencias, en la capacidad de condicionar mayorías parlamentarias y en la percepción de que algunos territorios negocian desde una posición de ventaja. Esa percepción, sea justa o exagerada en cada caso, alimenta un malestar que termina extendiéndose al conjunto del país. La igualdad entre ciudadanos no debería depender de la fuerza parlamentaria coyuntural de determinados partidos territoriales ni de la necesidad aritmética de un Gobierno.
Por ello, los nacionalismos periféricos identitarios deberían plantear algún tipo de cierre institucional razonable. No resulta sostenible mantener indefinidamente una dinámica en la que cada acuerdo se presenta como insuficiente, cada cesión como punto de partida y cada singularidad como antesala de una nueva demanda. Ahora bien, ese cierre tampoco puede consistir en negar la pluralidad de España ni en imponer una uniformidad defensiva. Debería articularse como un pacto claro sobre los límites del autogobierno, la igualdad de derechos, la financiación y la lealtad institucional. Sin ese marco, la gobernabilidad seguirá convertida en una negociación interminable y el Estado continuará desgastándose en una disputa que no termina de resolverse.
6. De la discrepancia al insulto: el lenguaje como síntoma
El deterioro se manifiesta con especial claridad en el lenguaje político. El insulto no constituye solo una desviación del decoro parlamentario o del debate mediático; es el síntoma de una crisis más profunda de deliberación democrática. Cuando el debate se llena de descalificaciones, hipérboles y acusaciones absolutas, lo que se pierde no es únicamente el tono, sino la posibilidad misma de construir razones comunes.El “tú más” sustituye al argumento, la memoria de los errores ajenos se transforma en arma de impugnación permanente y la rectificación se percibe como derrota.
En este sentido, resulta significativa la insistencia de León XIV, al dirigirse a las autoridades españolas y posteriormente al Parlamento, en la necesidad de reducir la descalificación permanente y reconstruir una política capaz de custodiar la palabra. Su llamada no puede entenderse solo como una apelación moral abstracta, sino como una advertencia sobre el vínculo entre lenguaje e instituciones: cuando la palabra pública se degrada, también se deterioran los marcos de confianza que sostienen la vida democrática.
7. Factores contemporáneos que aceleran la crispación
A esos episodios históricos se han sumado, en los últimos años, factores que aceleran la crispación y dificultan su contención. La fragmentación parlamentaria complica la formación de mayorías estables y aumenta la dependencia de socios coyunturales. La política se vuelve así más táctica, más condicionada por el equilibrio diario y menos orientada a acuerdos de largo recorrido.
También pesa la judicialización de la vida pública. Conflictos que deberían resolverse mediante negociación institucional terminan con frecuencia desplazados a los tribunales, y cada resolución judicial tiende a ser interpretada como victoria o derrota política. En ese clima conviene evitar el uso ligero del término lawfare. La justicia puede y debe ser criticada cuando se equivoca, y cualquier abuso debe investigarse con rigor. Pero la acusación de que determinados jueces prevarican o actúan guiados por su ideología exige una prudencia extrema, porque puede contribuir a erosionar la confianza en el conjunto del sistema judicial.
De lo contrario, esa lógica puede proyectarse retrospectivamente sobre otros momentos de nuestra historia democrática. ¿Cómo deberían interpretarse, por ejemplo, aquellas actuaciones judiciales de los años noventa que algunos sectores leyeron como una ofensiva contra el Gobierno de Felipe González motivada por agravios personales o incentivos políticos? La democracia no puede sostenerse sobre la sospecha permanente de que toda decisión judicial responde a una conspiración. Convertir la justicia en un terreno más de confrontación partidista erosiona uno de los últimos diques de confianza institucional. Ni los jueces pueden convertirse en actores políticos encubiertos ni la política puede refugiarse en la denuncia permanente de conspiraciones judiciales.
Cabe destacar, en este contexto, que algunos de los jueces que desempeñaron un papel relevante en la apertura de aquellos procesos judiciales durante la década de los noventa —procesos que en su momento fueron interpretados por determinados sectores como impulsados por motivaciones personales o intereses políticos— han pasado, en la actualidad, a ocupar posiciones de estrecha colaboración con el Gobierno vigente. Este hecho introduce un elemento adicional de complejidad en el debate sobre la independencia judicial y la percepción pública de la imparcialidad institucional, subrayando cómo las trayectorias profesionales pueden incidir en la confianza ciudadana respecto al funcionamiento del sistema democrático.
A todo ello se añade la lógica de las redes sociales, que premia la formulación agresiva, la indignación inmediata y la simplificación extrema. La crisis de confianza en los medios favorece burbujas informativas cada vez más cerradas. El desgaste de los partidos tradicionales ha abierto además espacio a fuerzas que compiten no solo por gobernar, sino por fijar el marco emocional del conflicto. La política deja entonces de buscar adhesiones razonadas y comienza a organizar identidades enfrentadas.
8. Conclusión: recuperar el desacuerdo civilizado
España no necesita eliminar el conflicto político, sino aprender a procesarlo de manera más democrática. Una democracia plural no se define por la ausencia de desacuerdo, sino por la capacidad de sostenerlo sin destruir simbólicamente al adversario. El problema aparece cuando la discrepancia deja de ser una diferencia política legítima y pasa a ser interpretada como una amenaza moral.
Por ello, la llamada de León XIV a reconstruir la política del diálogo y del acuerdo posee un valor que trasciende su dimensión religiosa. Puede leerse como una advertencia cívica sobre la fragilidad de la convivencia. Cuando se rompe el respeto a la palabra, cuando se niega la legitimidad del otro y cuando la política se reduce a la administración emocional del agravio, la democracia conserva sus formas, pero se vacía lentamente de contenido.
Reconstruir ese espacio común exige algo más que una moderación retórica. Exige dejar de convertir cada institución en una trinchera —la justicia, los medios, el Parlamento, el modelo territorial— y aceptar que la crítica es imprescindible, pero que la sospecha permanente termina corroyendo todo vínculo de confianza. Exige también asumir que la pluralidad de España necesita reglas estables y lealtades recíprocas, no una negociación indefinida sometida a la aritmética variable de cada legislatura.
Recuperar algo del espíritu de la Transición no implica idealizar el pasado ni reclamar unanimidad. Implica rescatar una regla mínima y profundamente humana de convivencia democrática: se puede discrepar sin deslegitimar, se puede gobernar sin humillar y se puede perder sin considerar ilegítima la victoria del otro. Sin diálogo, la política se reduce a enfrentamiento. Sin confianza institucional, la democracia se vuelve frágil. Y sin un mínimo sentido de comunidad, un país deja de reconocerse a sí mismo.
