Editorial: La discrepancia que arde
INCENDIOS FORESTALES 2025
Leer para opinar con fundamento
1.- El fuego que nos retratan
2.- Incendios de sexta generación ¿Qué son?
3,- El problema principal no es el cambio climático
4.- Incendios intencionados y política inadecuada
5.– Incendios forestales y cambio climático
El verano de 2025 está dejando una estela de devastación sin precedentes en los bosques de España. Tras unas primeras semanas de calma engañosa —una falsa tregua—, las llamas se desataron con fiera intensidad: entre el 5 y el 10 de agosto, la superficie calcinada se multiplicó brutalmente. A día de hoy, las estimaciones más recientes superan ya 400.000 hectáreas arrasadas, consolidando este año como el más destructivo de las últimas décadas. Mientras el país sigue ardiendo, la clase política continua con su danza habitual de reproches y descalificaciones y los medios retransmiten el fuego buscando lo morboso del hecho, se habla de Pactos de Estado sin un contenido concreto y como en el saco de Papa Noel sin ahondar en sus raíces. Este informe explora las causas reales detrás del desastre: un entramado estructural, la inacción preventiva y un modelo que sigue apostando por apagar, no por anticipar.
Cada verano, España arde. Lo más doloroso es que no se trata de un castigo divino ni de un accidente natural inevitable. En más del ochenta por ciento de los casos, la mano del ser humano está detrás. Las llamas no suelen nacer de la locura de un pirómano aislado —apenas un dos o tres por ciento de los casos responden a esa patología—, sino de algo más prosaico y, por ello, más inquietante: negligencias, quemas agrícolas mal gestionadas, descuidos con maquinaria o barbacoas imprudentes. A ello se suma la intencionalidad, impulsada por intereses económicos, disputas por el uso del suelo, especulación urbanística e incluso los beneficios derivados del propio negocio de la extinción. El fuego, en demasiados casos, es una herramienta, una moneda de cambio, un negocio encubierto.
El clima extremo amplifica estas irresponsabilidades. Sequías prolongadas, olas de calor encadenadas y la transformación de primaveras húmedas en veranos abrasadores convierten los montes en un polvorín. Así nacen los incendios de sexta generación, capaces de generar sus propios vientos y superar cualquier estrategia de control humano. Pero el combustible más silencioso es el abandono del territorio. La España rural (vaciada decimos ahora), despoblada y envejecida, concentra apenas un 16 % de la población en más del 80 % del territorio. Donde antes había rebaños que clareaban el monte, huertas que ordenaban el paisaje o vecinos atentos a cada chispa, hoy se extiende una continuidad de combustible vegetal que espera solo el azar o la negligencia para arder.
Un modelo de gestión miope y obsoleto
Lo más indignante es que, pese a tener toda la información, no se toman las medidas adecuadas. Los presupuestos públicos lo demuestran con una claridad insultante: en poco más de una década, la inversión en prevención se ha desplomado más del 50 %, pasando de ser casi la mitad del gasto total a apenas un tercio, no es un tema que electoralmente preocupe. El dinero para la extinción, por el contrario, se mantiene inmutable, porque da rédito político: helicópteros sobrevolando, soldados de la UME desplegados, imágenes de acción que se venden bien en televisión. Apagar vende, prevenir no. El resultado es tan obvio como reiterado: cada hectárea quemada es el precio de una política miope que prefiere la foto inmediata al futuro sostenible.
Esta mentalidad se aleja de la de otros países europeos. Por ejemplo, Portugal, que tras las tragedias de 2017 reformuló su estrategia para dedicar cerca de un 45 % de su presupuesto a la prevención. O Francia, que mantiene una estructura sólida en regiones vulnerables como Provenza y Córcega. Los datos son reveladores: la UE-27 destinó en 2022 un promedio de 85 € por habitante a la protección contra incendios, mientras que España invierte significativamente menos y de manera desigual según la comunidad autónoma. El Tribunal de Cuentas Europeo (2025) ha advertido de la ausencia de métricas comunes y ha recomendado destinar al menos un 40 % del presupuesto a prevención, una meta que España no alcanza ni de lejos. Los incendios forestales también es Seguridad Nacional.
Los expertos llevan años señalando el camino. El informe IPCC SRCCL (2019) calificó al Mediterráneo como un “punto caliente” de incendios. FOREST EUROPE (2020) propuso tratar activamente cada año al menos el 1 % de la superficie forestal; España apenas alcanza el 0,2 %, lo que evidencia una deuda estructural de gestión que se acumula década tras década.
Estrategias costo-eficientes ignoradas
El problema no es la falta de conocimiento. Las soluciones están sobre la mesa:
Gestión de combustibles: Clareos, cortafuegos y quemas prescritas.
Pastoreo extensivo: Devolver a la ganadería su papel ancestral de reducir la carga de combustible en el monte.
Interfaz urbano-forestal (WUI): Códigos de edificación y fajas de seguridad para proteger a las poblaciones.
Alerta temprana y teledetección: Sistemas avanzados para la detección de focos en tiempo real. Hoy la tecnología ofrece posibilidades que antes eran impensables.
Silvicultura adaptativa: Romper los monocultivos inflamables y recuperar los mosaicos agroforestales.
Instrumentos económicos: Incentivos para propietarios y pagos por servicios ambientales que premien la gestión sostenible.
Cada una de estas medidas cuesta menos que levantar, año tras año, un ejército aéreo y terrestre de extinción. Pero no ofrecen espectáculo mediático, ni fotos de camiones ni uniformes desplegados, y por eso la política las relega a un segundo plano. Es así aunque ahora queramos hacer un sicodrama de la cuestión.
Innovación pendiente en la extinción
La estrategia de extinción en España se ha convertido en un ritual repetitivo. Bajo el espectáculo de aviones y brigadas, hay una verdad incómoda: la eficacia de los métodos actuales es limitada. El agua no penetra el fuego de manera óptima, se evapora en descargas mal orientadas y hasta un 50% de las descargas aéreas resultan ineficaces según datos internos de los servicios forestales, que ahora no vale con aplaudirles y elogiarles es imprescindible escucharles, dotarles y no pedir sacrificios evitables. A esto se suma el riesgo para las tripulaciones y la lentitud de las intervenciones.
La extinción necesita abrirse a la investigación y la tecnología. Es urgente explorar combinaciones más eficaces —agua reforzada con compuestos químicos seguros, polvo seco, CO — que podrían ser la base de una innovación transformadora. Se requieren pruebas sistemáticas para evitar la reactivación de incendios ya sofocados, causa habitual de tragedias.
Más allá del agua, la imaginación tecnológica debe entrar en juego. Podríamos ensayar con zepelines capaces de transportar depósitos masivos de agua, reduciendo riesgos y aumentando la capacidad de descarga. O desarrollar mantas ignífugas gigantes lanzadas para sofocar áreas críticas. Incluso barreras mecánicas móviles que contrarresten el avance de un frente con la misma lógica de una muralla improvisada. Estas ideas, aunque incipientes, revelan la necesidad de un cambio de paradigma que vaya más allá del método tradicional.
Una hoja de ruta para el futuro
España se encuentra ante una encrucijada moral y práctica. O seguimos gastando más en apagar lo que podríamos haber evitado, o asumimos una transformación profunda del modelo. La alternativa existe y exige voluntad política y un pacto que trascienda legislaturas. Una hoja de ruta mínima debería incluir:
Reequilibrio presupuestario 50/50 entre prevención y extinción.
Un Programa Nacional de Paisaje Resistente, con el objetivo de tratar al menos 250.000 hectáreas al año.
Un Código WUI estatal obligatorio para la edificación y las franjas de seguridad.
Silvicultura adaptativa para priorizar mosaicos y diversidad.
Restauración post-incendio planificada que evite la erosión y la desertificación.
Los incendios de 2025 nos han recordado, con crudeza, que la catástrofe no es azarosa ni inevitable. Es la consecuencia directa de una política (estatal, autonómica y local) que ha preferido siempre remediar antes que prevenir. Si no se corrige esa inercia, lo que seguirá ardiendo no serán solo nuestros montes: será la credibilidad de nuestras instituciones y la seguridad de nuestros pueblos.
Sin prevención, no hay futuro. Y sin una estrategia sistémica e innovadora, España seguirá siendo combustible esperando una chispa.
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