El reciente Comité Federal del PSOE, con dos excepciones poco relevantes, ha cerrado filas en torno a Pedro Sánchez y ha convalidado, tanto que siga al frente del partido, como que prolongue su gobierno hasta 2027 y vuelva a repetir como candidato en las próximas elecciones generales. Tres acuerdos importantes que marcarán, en mi opinión, el futuro del partido y muy probablemente la posibilidad de un gobierno progresista en los próximos años.
Las razones esgrimidas han sido que, desistir en estos momentos, equivaldría a ponerle la pista de aterrizaje a la derecha y la ultraderecha, las cuales vienen exigiendo su dimisión y practicando un juego muy sucio desde el primer minuto de la legislatura. Para mí, es obvio que los estándares democráticos de la cúpula actual del Partido Popular —los de Vox ni los menciono, porque carecen de ellos— son muy bajos. Han utilizado toda la potencia mediática de la que disponen y su influencia no despreciable en el sistema judicial y en los cuerpos policiales para acorralar al presidente Sánchez por tierra, mar y aire, utilizando mentiras, bulos, insultos, exageraciones y atacando sin fundamento a su familia y al Fiscal General nombrado por él. Pero que la derecha tenga estándares muy bajos no obliga a la izquierda a tenerlos también. Voy a describir la hoja de servicios del presidente para, a continuación, exponer lo que a mi me parecería lo correcto en la presente coyuntura.
La gestión de Sánchez se podría dividir en tres áreas: las políticas domésticas de su gobierno, la política exterior y su desempeño como Secretario General (SG) del PSOE. En cuanto a las primeras, no tengo ninguna duda de que merecería una nota entre notable y sobresaliente. España es un país con una gran desigualdad: según el diario conservador INFOBAE, el 1% de la población concentra el 26% de la riqueza, mientras que el 50% más pobre solo dispone del 7% de la misma. Las políticas de Sánchez han ido encaminadas a disminuir esa desigualdad, por ejemplo, manteniendo el poder adquisitivo de los 10 millones de pensionistas, elevando considerablemente el salario mínimo que afecta a 2,5 millones de trabajadores, y poniendo en marcha un Ingreso Mínimo Vital que protege actualmente a 2,6 millones de beneficiarios sin otros recursos. En un contexto internacional muy difícil debido a las guerras en Ucrania y Oriente Próximo, la macroeconomía española ha sido además la que mejor resultado ha obtenido de la UE, con crecimientos del PIB anuales en torno al 3%, al tiempo que ha bajado su déficit desde el 11% en 2020 —en plena COVID 19— hasta el 2,2% en 2025 y su deuda pública desde el 119,2% hasta el 100,7%. También negoció los fondos Next Generation que han contribuido a la reindustrialización, digitalización y modernización de nuestro país. Y fue el artífice de la llamada “excepción ibérica” que ahorró miles de millones en la factura energética a los consumidores españoles.
En política exterior, Sánchez se ha convertido en un referente mundial del progresismo y de la defensa de la legalidad internacional al condenar sin paliativos el genocidio de Gaza por parte de Israel y la invasión de Venezuela y la agresión a Irán por parte de Estados Unidos. También fue el único que se resistió al chantaje de Trump para que los países de la OTAN aumentaran su gasto en defensa hasta el 5% del PIB. El resto de líderes europeos fue mucho más tibio en todos estos temas en una más que discutible política de apaciguamiento del déspota.
En cambio, como SG del PSOE, su gestión arroja muchas sombras. Para empezar, tal vez el PSOE debería abandonar la tradición de que coincidan en la misma persona el Presidente del Gobierno y el SG del partido que gobierna. En democracia, todo poder debe tener uno o varios contrapoderes, porque el diseño del sistema pretende que nadie acumule un poder excesivo. Sánchez, no solo acumuló dos cargos con mucho poder sino que, dentro del partido, eliminó de hecho el contrapoder del Comité Federal y otros órganos intermedios al cancelar una de las prerrogativas del mismo, la de nombrar y deponer en su caso al SG.
Pero la parte más cuestionable ha sido su política de nombramientos, en la que ha primado la lealtad a su persona de los nombrados, sobre su curriculum. El resultado fue que se equivocó gravemente dos veces. En la primera, no solo nombró Secretario de Organización a alguien que el tiempo y la justicia han demostrado que era un corrupto y un putero, sino que le puso al frente del ministerio que gestiona la mayor cantidad de contratos públicos. En la segunda, nombró para esa misma secretaría a alguien aún peor, porque su corrupción venía de más antiguo. Este segundo personaje, además de corrupto, utilizó —por lo que sabemos hasta ahora y siempre presuntamente— los recursos del partido para crear una trama contra jueces, fiscales y mandos policiales que pretendía anular procesos judiciales en curso.
Hace un año, cuando se destapó el escándalo de los dos SG, escribí que Sánchez debía poner en marcha su sucesión y retirarse de la primera línea (ver aquí). El argumento que di fue que, dando por supuesto que él ignoraba las andanzas de estos dos sinvergüenzas, el daño causado al país había sido no obstante muy grande y tenía que asumir su responsabilidad desde el punto de vista político. Hoy, con la condena ya firme del primero de los corruptos, refuerzo esta posición y argumento con la demanda de mantener los estándares democráticos en unos mínimos que puedan ser exigidos a todos los que gobiernen.
¿Qué exigirían los socialistas si el Ministro de Fomento de Rajoy hubiera sido condenado a 24 años por corrupción, dos altos cargos de su partido estuvieran imputados por lo mismo y uno de ellos hubiera puesto en marcha una trama para chantajear a jueces, fiscales y mandos policiales? Bien mirado, no fueron tan distantes las razones por las que Sánchez planteó la moción de censura a Rajoy en 2018: un tesorero corrupto y una trama de financiación ilegal del PP. Posteriormente, se destapó también la trama Kitchen, en la que un ministro de Rajoy presuntamente utilizaba los recursos policiales del estado para acosar a sus oponentes políticos.
La pregunta pertinente sería, pues: ¿cuáles son los estándares mínimos que queremos para nuestra democracia? Si los hechos referidos no son suficientes para que su responsable político dimita, ¿que precedente se crea para futuras corrupciones?¿con qué legitimidad se podrá exigir a otros que asuman sus responsabilidades ante hechos semejantes si el PSOE hoy no asume las suyas?
Todos los datos apuntan a que nada de esto va a suceder, en mi opinión por una lealtad mal entendida al líder y un cierre de filas frente a las agresiones antidemocráticas de la derecha. También, porque el propio Sánchez ha hecho de la resistencia a ultranza un dogma (ver aquí). Se nos obligará a los ciudadanos a votar entre dos opciones malas: un gobierno dirigido por un líder débil de la derecha condicionado por una ultraderecha fascistoide y un gobierno con políticas progresistas pero con bajos estándares democráticos. Como siempre, habrá que elegir el mal menor pero, para muchos, el mal menor consistirá en deshacerse de Sánchez.
