Los docentes. Banderas sindicales. Pancartas, camisetas amarillas y verdes, con leyendas escritas exclusivamente en valenciano. Reivindicaciones, muchas justificadas. Todavía hay en la ciudad de Valencia y en otros sitios colegios en casetas prefabricadas, a lo provisional, que acaban por hacerse definitivos. Aulas saturadas, mal acondicionadas ante las inclemencias del tiempo. No es de ahora, aunque lo parezca. Los profesores llevan tiempo proclamando su malestar, las agresiones en las clases, el salario insuficiente; en suma, la devaluación de la figura del profesor. Es duro el oficio de maestro.
Estos docentes han presentado todo un cuadro de demandas. Aumentos salariales, días libres, menos burocracia, calendario estricto de cumplimiento. Algunos sindicatos se han apuntado a la puja y solicitan años sabáticos, homologación con el salario de otras comunidades autónomas, aumento de días de libre disposición, etc. Piden, y esto es importante, la derogación de la ley 1/2024, de 27 de junio, sobre la libertad de elección de lengua. Una ley que diferencialos territorios de predominio lingüístico valenciano y castellano, permitiendo a las familias elegir la lengua, de forma adaptada a las singularidades de cada zona.
La fuerza que han demostrado, el indudable éxito de la convocatoria de huelga parece invitarles a la intransigencia. Lo quieren todo -en lo fundamental, más dinero, recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, menos alumnos por aula y más profesores, con predominio de la lengua valenciana. Y lo quieren con urgencia. Han esperado mucho tiempo. Es como si hubieran rebalsado el malestar, durante los 8 años que ha durado el gobierno de la izquierda en Valencia, y de golpe y porrazo hubieran abierto las compuertas.
Algunas de las reivindicaciones planteadas son imposibles de satisfacer por un gobierno responsable. Hay quien habla de homologación de salarios con el País Vasco. Agravio comparativo, dicen unos sindicatos. Agravio, ciertamente, el que sufre la Comunidad Valenciana frente al privilegio fiscal vasco. Y la reclamación lingüística. Los huelguistas identifican defensa de la escuela pública con empleo predominante o exclusivo del valenciano y ello, en una sociedad en que el castellano es la lengua dominante, carece de justificación. En la ciudad de Valencia dos de cada tres padres eligieron el castellano como lengua base en la consulta que siguió a la ley sobre la libertad de elección.
Son varios los sindicatos que han llamado a la huelga. El más importante es el STEPV, la rama valenciana de un sindicato nacional. El STEPV es, por así decir, un conglomerado de organizaciones por comunidad autónoma, de funcionamiento asambleario. El uso exclusivo de las lenguas regionales es la norma. Incluso en Asturias, Sempre al teu costat, anuncia en su página web. La lengua suele ser un marcador de las preferencias políticas, así que ya podemos darnos cuenta de las preferencias del STEPV, gran denunciador de los “responsables” de la DANA, del “genocidio” en Gaza, entre otras denuncias y solidaridades con medio mundo en que abunda en su página llamémosla institucional.
Lo que no parece muy de recibo es lo de cortar el tráfico un día sí y otro también. Los profesores en huelga se dividen en grupos, realizando un gran despliegue táctico. Unos, pongamos, se dirigen a la plaza que llaman de los Anzuelos, con el objeto de bloquear la pista de Silla, uno de los accesos a Valencia por el lado sur. Otros se agrupan en la avenida del Cid, el acceso predominante por el lado oeste. Se forman colas kilométricas y la gente se desespera y llega tarde a sus obligaciones. Una de las cohortes en que se diferencian los huelguistas se agrupa entre las calles de Colón y Játiva, bloqueando el eje comercial de la ciudad, haciendo el tráfico imposible en el centro, para acabar estacionándose en Guillén de Castro: allí se estaciona con gran acompañamiento de músicas -profesores de conservatorio- y estrépito de percusión, gritando sus reivindicaciones. ¿Y qué decir, para ser sincero, del estilo chabacano de los manifestantes? Marea de chalecos verdes y bombos, ¡bum, bum!, a todo sonar, incansables, a estilo peronista. Un grupo, no muy numeroso, levanta tiendas en la plaza de la Virgen, de la Mare de Déu dicho en valenciano, remedo de aquella acampada madrileña en la puerta del Sol, al objeto de hacerse más visibles todavía. Nunca, que yo sepa, había presenciado la ciudad un despliegue táctico semejante, a estilo militar, escalonando los horarios y diferenciando lugares, con el fin de agudizar el caos.
Los defensores de los manifestantes han declarado que su causa justifica los agobios que han hecho pasar a los sufridos ciudadanos. Se trata, nada menos, que de parar el desmantelamiento deliberado de la educación pública (Muñoz Molina dixit) De ser cierta esta afirmación apocalíptica debería existir una suerte de acuerdo entre izquierdas y derechas, porque en Cataluña, con un gobierno compartido entre socialistas y nacionalistas, sin los agobios lingüísticos de Valencia, también se registran protestas y manifestaciones de los docentes. El malestar y las protestas se extienden a otras comunidades, aunque no hayan tenido hasta ahora la repercusión o la intensidad de las valencianas.
Se quejan los manifestantes de eso que se llama “criminalización”. Cosa difícil de justificar. A lo largo de más de un mes de huelga, con cortes reiterados del tráfico, apenas se ha registrado un incidente menor, el empujón que un policía propinó a una manifestante que cortaba el tráfico. Tampoco es de recibo lo de cargar el coste principal de la huelga sobre personas -alumnos, padres y ciudadanos, que no son responsables de las carencias que tiene la educación pública.
Uno recuerda los debates que hubo en Italia, después del «otoño caliente», sobre la responsabilidad sindical en el sector público. Había que medir mucho el derecho de huelga en determinados sectores. Aquí no existe ningún debate semejante. Un día son los controladores aéreos, que se han ido de rositas después de paralizar el país. Otro día son los maquinistas de RENFE. Y así sucesivamente. No es que haya muchas huelgas en España. Más bien al contrario. Pero las que hay se llevan a cabo en sectores que podríamos llamar estratégicos, públicos sobre todo, a resguardo del despido, cuya paralización causa una seria perturbación de la vida social. La educación es uno de ellos.
Los maestros y profesores, al menos una mayoría visible, están eufóricos. Se los ha visto contentos, disfrutando públicamente en las mesas de los bares a la hora del almuerzo, ebrios de fraternidad y compañerismo. Creen que están haciendo historia. Yo no estaría tan seguro.
Llama la atención en la huelga de los docentes de la enseñanza pública su insistencia en la lengua. Más valenciano, reclaman. Y hacen visible esta reivindicación en sus enseñas. ¿Dictan sus clases exclusivamente en valenciano, acaso? ¿No será que….? Si, digámoslo a las claras. La izquierda valenciana, siempre cercana al nacionalismo, apoya la movilización; la contempla como un modo de desgastar al gobierno en plaza. El nacionalismo ha sido siempre cosa de maestros y abogados. Y lo sigue siendo. Una palabra que se ha repetido en pancartas y declaraciones es dignidad. Los docentes no estaban en huelga por dinero ni por mejores condiciones de trabajo, sino por dignidad, por superar el desprecio a la función educativa; “pedimos dignidad, que no se nos menosprecie” (El País, 15 mayo 2026). En realidad esa dignidad que reclaman es otro nombre para designar a la proletarización; el contraste entre el prestigio perdido de la profesión docente y la realidad contemporánea de un trabajador con una cualificación menguante. Una protesta impulsada por una radical pérdida de estatus. Pequeños burgueses venidos a menos, ganados por el nacionalismo cultural, que creen que el monopolio lingüístico de lo que indebidamente llaman “lengua base” les facilitará un medio de ascenso social. Por ello, en la porfiada negociación, la conclusión de uno de los portavoces sindicales es que “el apartado más encallado (sic) de la negociación es el del valenciano”
Los manifestantes han recibido en estos días las visitas de los dirigentes del Compromis -coalición de izquierda unida y nacionalistas- y del PSPV. El socialismo valenciano, de tiempo atrás, presenta un perfil nacionalista más o menos atenuado a conveniencia; el nacionalismo de los que prefieren escribir Valéncia con e cerrada a València con e abierta, con preferencia a Valencia sin enojosos acentos, que es como se escribe en toda España. A estas minucias se reduce en ocasiones la disputa por la identidad diferenciada. Una postura, que termina por beneficiar a los nacionalistas verdaderos, que han gobernado por dos legislaturas el ayuntamiento de Valencia/Valéncia (atención a la grafía), con los socialistas como socios minoritarios. Ha podido verse el insólito espectáculo de una ministra del gobierno de España, la teórica responsable de la ciencia y de las universidades, con instigando una protesta contra un gobierno autónomo; prometiendo como candidata in pectore a la Generalitat aumentos de 400 euros mensuales – el doble de lo que ofrece la Generalitat- y enseñanza en valenciano. Otro ejemplo de la balcanización del socialismo español.
No simpatizo con esta huelga, por mucho que intente comprender sus razones. No me contenta el tener que dar un rodeo para llegar a mi casa en medio de una calle abarrotada de vehículos, un día sí y otro también. Tampoco es que me satisfaga la actitud del gobierno valenciano, negociando o fingiendo negociar a cámara lenta. La batalla de la opinión hay que darla a las claras, explicando las razones que existen para ceder o no ceder ante los maestros. En todo caso, la justicia de unas reivindicaciones no puede disculpar el desmán. Se acaba de establecer una tregua. Obligados por las vacaciones, los docentes, sin aceptar las ofertas del gobierno de la Generalitat (una mejora estimada en 3300 millones de euros en total), han decidido “suspender” el conflicto, pero no desconvocarlo. Una especie de triquiñuela, de dudosa legalidad, que permitiría reanudar el conflicto por sorpresa, sin el preaviso de diez días que ordena la vigente ley de huelga. La votación no refleja la aparente unanimidad de la calle: el 67% de los votantes -17.633 personas- se ha mostrado partidarios de interrumpir la huelga para continuar con las movilizaciones después de verano. Los profesores han tenido casi 24 horas para pronunciarse y en ella han participado 30.238, de los cerca de 77.700 que hay en toda la Comunidad Valenciana. Esto significa que la participación ha rozado el 39%. Que en una votación electrónica la participación no alcance a la mitad de los afectados puede ser un síntoma de que la unanimidad registrada en la calle está lejos de ser completa.
De un lado, un sindicato asambleario, con heterogéneo comité de huelga, la Coordinadora d’Assemblees Docents del País Valencià que no distingue con claridad, que no le interesa diferenciar entre objetivos profesionales y lucha política, hace cálculos para prolongar el conflicto en un año electoral. Encadenar las protestas por la DANA con la de los docentes. De otro, un gobierno limitado en sus capacidades financieras, agobiado por una deuda estratosférica, que solo en fechas recientes ha abandonado la negociación a escondidas, pero que no se decide a dar la batalla de la opinión. En términos crudos: derecha gubernamental contra izquierda callejera. El beneficiario de este conflicto será la enseñanza concertada. Si la continuidad educativa ha de estar subordinada a protestas e interrupciones imprevistas, de podérselo permitir, mejor cambiar de centro. Si estos docentes vestidos de camiseta verde, nuevos proletarios de la educación, han de ser los encargados de formar a nuestros hijos, en valenciano forzoso, que Dios nos coja confesados
