La justicia es algo muy amplio y no sería prudente por mi parte, ni una descalificación general, ni una aceptación sin rechistar de todas sus decisiones. El poder judicial es uno de los tres poderes del Estado y, como sucede con los otros dos, debe estar sometido al control y a la crítica democráticos. Dicho poder lo constituyen en primera instancia las decisiones individuales de los jueces, pero estas pueden ser recurridas en sucesivas instancias y corregidas o ratificadas en su caso. El sistema tiene, pues, en su diseño la capacidad de autocorregirse en el caso de sentencias o instrucciones controvertidas. Sin embargo, se han acumulado en los últimos tiempos una serie de indicios que han deteriorado la confianza en dicho sistema. Y eso es bastante grave: si los ciudadanos no pueden confiar en su justicia, la democracia queda seriamente dañada. La extrema polarización política que vivimos desde 2018 ha dañado, una tras otra, la mayoría de las instituciones democráticas. Primero fueron los partidos, luego el parlamento, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional (TC) y ahora, producto de esa misma polarización, es la propia justicia la que está en entredicho.
No soy ningún experto jurídico y, por lo tanto, adopto aquí la visión de un ciudadano medio, entendiendo por tal a alguien que se considera medianamente informado y políticamente atento. Y a ese ciudadano medio le chirrían una serie de comportamientos de ciertos jueces individuales, de las instancias que deberían corregirlos y no lo hacen y de ciertos cuerpos policiales que actúan supuestamente por mandato de los jueces.
Mi desconfianza empezó con la sentencia del Tribunal Supremo sobre los ERES andaluces, corregida en el2024 por el TC. Publiqué una columna titulada “Las leyes no delinquen” (ver aquí) porque no podía creerme que un gobierno hubiera sido condenado por elaborar leyes deficientes. La sentencia estableció que, no solo eran culpables de malversación los que se habían aprovechado de los escasos controles de la ley, sino también de prevaricación el gobierno andaluz por presentar dicha ley al parlamento autonómico, que la aprobó sin recurrirla al TC. Aquella sentencia supuso el final de la hegemonía socialista en la comunidad.
Mi desconfianza aumentó varios grados cuando, de nuevo el Tribunal Supremo, condenó al Fiscal General del Estado por revelación de secretos sin ninguna prueba de cargo y despreciando el testimonio de numerosos testigos. La sentencia condenatoria afirmaba que “él o alguien de su entorno” habrían filtrado una información —secreta según el tribunal, aunque ya hubiera sido publicada por los medios—. ¿Se puede condenar a alguien con una afirmación tan ambigua?
Las instrucciones de los casos de la mujer y el hermano del presidente Sánchez han dejado perplejos a muchísimos ciudadanos, tanto por los orígenes de las causas —acusaciones populares y recortes de digitales de signo ultraderechista, en algunos casos con noticias falsas—, como por los informes policiales acusatorios desmentidos por los testigos y las actuaciones delirantes de los jueces implicados, Juan Carlos Peinado y Beatriz Biedma. Aunque las instancias superiores hayan corregido algunos de sus desmanes, han permitido sin embargo que la instrucción llegara a su término. Los jueces tienen la capacidad de inadmitir una acusación popular en ciertos supuestos y también de no llegar a juicio si el único que lo pide es la acusación popular. Nada de esto ha sucedido y al ciudadano medio le queda la impresión de que el único delito cometido por estas personas ha sido el de ser familia del Presidente del Gobierno.
En el caso de Rodríguez Zapatero, también hay algunos indicios preocupantes. Lejos de mi defender la inocencia del investigado o su culpabilidad. Eso es algo que tendrá que determinar un proceso que apenas ha comenzado. Pero me chirrían tanto el informe de la UCO como el auto del juez José Luis Calama. Según el ex-juez Baltasar Garzón (El País, 14/06/26) “un informe policial no debe contener juicios de valor quemediaticen al juez” y el del caso Zapatero contiene muchos. A un periodista de InfoLibre también le ha chirriado el auto en comparación con autos similares del mismo juez (ver aquí): detecta prisas en la instrucción, exposición de los cargos antes de mostrar los indicios y basar la acusación a Zapatero de ser el líder de una red de corrupción en una inferencia en el vacío a partir de su supuesta capacidad de dirección, coordinación y supervisión y de haber evitado la ejecución directa de las gestiones más comprometidas. O sea, la ausencia de indicios reales se torna en una prueba contra él: la de ser tan astuto como para borrar su rastro. Otro indicio preocupante es la injerencia de Estados Unidos. Disponían desde 2021 de unas conversaciones de un alto directivo de Plus Ultra que incriminaban a Zapatero y han decidido aportarlas ahora a la causa.
También llama la atención al ciudadano medio el manejo de los tiempos según la causa. En los casos de Ábalos y Koldo, apenas han pasado tres años desde los primeros indicios hasta el juicio. Sin embargo, en el caso Kitchen contra un ministro del Partido Popular, han pasado quince años desde los primeros indicios y, diecinueve, en el caso del juicio de la Gürtel. Las causas contra el novio de Díaz Ayuso ni siquiera hanempezado y han pasado dos años desde el primer indicio. El juez instructor ha tardado seis meses en firmar un simple trámite para que la UCO investigue sus cuentas bancarias. Del caso del ex-ministro Montoro y de su bufete que supuestamente influía para hacer leyes fiscales a la medida de ciertas energéticas no ha vuelto a hablarse y los primeros indicios aparecieron en 2018. Pueden ser casualidades, pero son demasiadas y todas del mismo signo.
Por último, no se pueden olvidar las manifestaciones públicas de numerosos jueces —algo expresamente prohibido para ese cuerpo—, incluso revestidos de la autoridad de sus togas, contra la ley de amnistía. Las asociaciones conservadoras se quejan con frecuencia de las críticas que reciben los jueces del ejecutivo alegando una invasión de poderes, pero son complacientes con esta intromisión del poder judicial en el legislativo. La institución encargada de sancionar estas conductas —el CGPJ— ha mirado para otro lado.
A la vista de todo ello y a la pregunta del título —¿existe el lawfare?— este ciudadano medio responde que sí. La suma de demasiados jueces conservadores que anteponen sus convicciones políticas a la imparcialidad que se les exige, de instancias superiores que no los corrigen y del corporativismo entre ellos que les pone a salvo de cualquier sanción produce un sistema judicial con demasiadas grietas. El diseño del sistema es fundamentalmente correcto —aunque admite algunas mejoras como una regulación más estricta de las acusaciones populares, la eliminación de la anómala Audiencia Nacional o la instrucción a cargo de los fiscales como sucede en el resto de Europa—, pero la falta de profesionalidad de algunos jueces lo desvirtúa.
Si los jueces quieren respeto, se lo tendrán que ganar corrigiendo los desmanes de esa minoría politizada. Las conductas que estamos viendo en los últimos años, y sobre todo su amparo por parte del resto del sistema, justifican plenamente la creciente desconfianza de los ciudadanos.
