En el artículo precedente a este hicimos referencia al fenómeno de la mayor competitividad de la enseñanza privada en España y al hecho de que en las últimas décadas se ha producido un abandono progresivo de la escuela pública por parte de una cantidad significativa de los padres de las clases medias.
¿Por qué los padres de las clases medias han abandonado los centros públicos en las últimas décadas?
Cabe apuntar algunas razones que podrían explicar el decantamiento de las familias por la escuela privada desde la implantación de las reformas educativas, en especial en la enseñanza secundaria.
1. La LOGSE les regaló dos años de financiación a los centros privados con concierto educativo. El BUP y el COU de los institutos públicos eran gratuitos antes de la entrada en vigor de la citada ley, pero al extender la enseñanza obligatoria, gratuita y subvencionada hasta los dieciséis años, la continuidad de los alumnos en el mismo colegio no les supone a las familias un gasto extra significativo en el ciclo 14-16. El sector privado ya era muy fuerte en la antigua EGB, en parte por la gratuidad de la enseñanza concertada. Aunque esa gratuidad en la práctica nunca ha sido total, sí es asequible para las rentas más acomodadas. Justamente, un incentivo para que los padres lleven a sus hijos al colegio concertado en detrimento de la escuela pública es que no tienen que cambiar de centro escolar durante toda la enseñanza obligatoria.
- En los colegios concertados se tiende más a una jornada escolar partida tanto en todas las etapas educativas, que incluye generalmente el servicio de comedor. La jornada escolar continua se da más en los centros públicos, sobre todo en secundaria, aunque esta distribución del horario lectivo no es igual en todas las comunidades autónomas. El debate sobre la jornada escolar toca de lleno la conciliación entre la vida familiar y la laboral, constituyendo de hecho un factor influyente en la elección de colegio por parte de los padres.
3. El prestigio de los antiguos institutos de bachillerato se ha ido viniendo abajo en estos años como consecuencia de los cambios legislativos producidos en España a partir de la década de los 90. Es un hecho contrastado que en los actuales centros públicos de secundaria han empeorado tanto el nivel de conocimientos como la disciplina y la convivencia. Son pocos los institutos que en el pasado gozaban de una excelente reputación que pueden mantener hoy su tradición académica en el contexto de una pedagogía oficial empeñada en una evaluación con una notable rebaja de exigencia académica. Que supuestamente está destinada a combatir el fracaso escolar y el abandono. Son unas prácticas pedagógicas que no se han visto traducidas en éxito académico.
4. Otro hecho importante son los resultados de los alumnos de los institutos públicos en las PAU (pruebas de acceso a la universidad), que han perdido competitividad en relación con los obtenidos por los colegios de las enseñanzas privada y concertada. A este fenómeno hay que añadir la competencia desleal y tramposa que por lo general practican muchos colegios de pago al inflar las notas del bachillerato, práctica mucho menos extendida en la escuela pública.
5. La extensión de la escolarización se ha llevado a la práctica de forma que ciertos sectores de la sociedad que antes accedían de forma minoritaria al antiguo bachillerato tras la extensión de la obligatoriedad se han concentrado preferentemente en los centros públicos, con frecuencia convertidos en escuelas de enseñanza compensatoria en las zonas más desfavorecidas. Esta dualización social de la educación se ha acentuado más con la llegada de alumnos inmigrantes, de los que solo en una pequeña proporción estudian en la concertada y la privada. Y además entre los que van a la enseñanza pública no abundan los que están más integrados social y económicamente y tienen mejor rendimiento académico. Por tanto, la extensión de la escolarización hasta los 16 años ha ido llevando a estudiantes que con el modelo anterior a la LOGSE no hubieran aprobado el graduado escolar casi exclusivamente a los Institutos de Educación Secundaria. La implantación del ciclo 14-16 (3º y 4º de la ESO) con carácter comprensivo ha perjudicado más a la enseñanza pública. Pese a ser un modelo teóricamente igualitarista ha terminado siendo un factor estructural de desigualdad.
6. Las autoridades educativas, tanto las más conservadoras como las más progresistas, no han incluido en las prioridades de su gestión que los centros públicos fueran competitivos. Ni han asumido que esos colegios e institutos fueran “sus” centros, los que había que cuidar con carácter preferente. En las esferas oficiales no hay una preocupación prioritaria por los resultados académicos de los colegios e institutos públicos ni por potenciar su prestigio.
7. En todas las edades, aunque especialmente durante la adolescencia y la pubertad, los padres tienen la imagen de que los colegios privados controlan más a sus hijos y son más estrictos con las faltas de asistencia y la disciplina. Es verdad que muchos centros públicos han hecho enormes esfuerzos al respecto y que no siempre esa fama se corresponde con la realidad, pero también es cierto que en la enseñanza pública ha habido siempre más relajación al respecto.
Conviene subrayar que esta preferencia mayoritaria de las clases medias por la enseñanza privada o concertada no se da solo en las familias con una mentalidad tradicional. Por tanto, los políticos y los gestores de la educación no son las únicas personas con sensibilidad progresista que a la hora de la verdad descartan a los centros públicos para escolarizar a sus hijos.
¿Es mejor o peor la escuela pública?
La menor demanda de la escuela pública por ciertos sectores de la población puede hacer pensar que existe en la sociedad la creencia de que la enseñanza privada es mejor.
Sin embargo, conviene partir de una realidad que es a priori bastante obvia e indiscutible. La escuela pública en sí no es mejor ni peor que la enseñanza privada. En la actualidad es un hecho que los resultados e indicadores de la escuela pública la colocan en una desventaja competitiva.
Pero ni siquiera por ser de pago tiene que ser necesariamente mejor la enseñanza privada, aunque esta idea preconcebida forme parte del imaginario colectivo. Depende de cómo se gestionen los centros escolares y de qué papel les asignen a cada uno de ellos las administraciones educativas.
Los estudiantes cuyas familias no pueden pagar una enseñanza privada no tienen por qué estar en situación de desventaja si la enseñanza pública se gestiona bien. Pongamos un ejemplo, la enseñanza de idiomas. Un ejemplo que se podría extender a otras muchas materias. Sin entrar en analizar por qué la implantación de la enseñanza bilingüe en colegios públicos no ha sido un modelo de éxito y ha repercutido negativamente en el aprendizaje de otras disciplinas, es perfectamente posible que un estudiante consiga alcanzar un nivel B2 y hasta un C1 en inglés u otros idiomas extranjeros al terminar el bachillerato en un instituto público. Pero para lograr ese resultado sería aconsejable agrupar a los alumnos en clases formadas en función del nivel de dominio del idioma, no solo en razón de la edad, mezclando en el mismo grupo a estudiantes de niveles básico, intermedio y avanzado. El modelo de la escuela comprensiva (“comprehensive school”) con grupos heterogéneos (“mixed ability students”) no permite alcanzar en una lengua extranjera los niveles más avanzados a los alumnos más aventajados. En una escuela sin diversificación real o itinerarios diferenciados ese mayor dominio de los idiomas extranjeros solo lo conseguirán los que puedan pagarse una enseñanza complementaria fuera del colegio o una estancia escolar en un país extranjero anglófono, francófono o del idioma del que se trate. Cualquiera de estas dos opciones es inaccesible para las rentas más bajas. La enseñanza pública está en condiciones de disponer de excelentes especialistas en la enseñanza de idiomas y no tendría por qué contar con una desventaja competitiva en esta materia. Es más, podría financiar becas o ayudas al estudio para perfeccionar idiomas en el extranjero a alumnos de familias con menos recursos con un buen rendimiento académico en inglés u otras lenguas extranjeras.
Cuál ha de ser la función de la escuela pública en el sistema educativo.
La escuela pública en un sistema plural ha de tener una función específica como opción educativa, pero no subsidiaria de la privada ni debe convertirse en una enseñanza compensatoria. La escuela pública no aspira a ser un negocio, sino un servicio con vocación universal, abierta a todos los estudiantes. Tiene que ser también plural sin más ideario educativo que el respeto por los valores constitucionales. Y no tendría ser necesariamente comprensiva hasta los 16 años o más. Este es uno de los principales errores de partida que explican las disfunciones y la dualización social de la enseñanza. No está de más insistir en este asunto.
En el papel de la enseñanza pública en relación con la concertada se ha alterado el modelo de la LODE. La pública se ha convertido de facto en subsidiaria de la privada. Y en este asunto tanta responsabilidad tienen la derecha como la izquierda.
La escuela pública no puede, por definición, ser elitista. tendría que aspirar a ser interclasista, no exclusivamente la escuela de las clases populares.
El ser un servicio universal abierto a todos los estudiantes no está reñido con ser competitiva. Con reclamos publicitarios para promocionar su imagen y medidas efectivas que mejoren sus resultados.
Cuál debería ser la función de la enseñanza concertada.
En un sistema educativo basado tanto en la libertad de enseñanza como en la igualdad de oportunidades, la enseñanza concertada es una opción legítima. incluso con el derecho a tener su ideario tanto en centros confesionales como laicos, pero que a la vez den contrapartidas sociales por el dinero público que reciben.
Pero habría que volver a la idea inicial de la LODE de que la concertada fuera subsidiaria de la enseñanza pública, de forma que hubiera conciertos educativos donde la escuela pública no pueda llegar u otras circunstancias aconsejen aumentar la forma educativa.
La concertada debería cumplir su función social aceptando esa diversidad socieconómica que en la práctica niega cobrando de facto cuotas y otros gastos que implican una barrera material para las familias con menos recursos. No tiene sentido que el Estado esté financiando con recursos procedentes de los presupuestos una competencia manifiestamente desleal y perjudicial para la enseñanza pública.
Qué es lo que no se ha gestionado bien y qué medidas habría que adoptar para que la escuela pública no sea la segunda división de la enseñanza.
En España el cambio de paradigma que supuso la LOGSE fue apoyado en su día por la izquierda política (PSOE e IU), sindical (CCOO, UGT y los STES) y profesional (movimientos de renovación pedagógica y AMPAS “progresistas”). En teoría las fuerzas más conservadoras eran entonces muy críticas con ese modelo educativo, pero en la práctica, las ventajas que las reformas educativas “progresistas” han dado a la enseñanza concertada han hecho que los gobiernos regionales y hasta el gobierno central cuando han estado en manos del PP han mantenido en líneas generales las mismas políticas educativas que heredaron de administraciones progresistas, aun cuando la derecha ha privilegiado a la escuela privada, especialmente, la concertada.
Pero la el motivo por el que la escuela pública ha ido perdiendo peso en el conjunto del sistema educativo no reside solo ni fundamentalmente en ese trato de favor a la privada de las administraciones educativas conservadoras. El núcleo duro del problema radica en el modelo de extensión de la enseñanza obligatoria, de forma que se estrangulan las posibilidades competitivas de la escuela pública. Y además algunas de las medidas adoptadas por el gobierno del PP en la legislatura de 1996, como aumentar el porcentaje de la media del bachillerato en la nota de selectividad al 60% y disminuir el peso de la PAU al 40%, no ha sido modificada posteriormente por las administraciones socialistas. Teniendo en cuenta que los centros privados suelen inflar más las notas, esa modificación de porcentajes perjudica a los alumnos de los institutos públicos. La única explicación de que esa decisión de dar más importancia al expediente académico del bachillerato no provocara una reacción en los gestores educativos de la izquierda es que a sus familias no les afectaba, al ser en su mayoría clientes de la enseñanza privada.
Es cierto que los gobiernos del PP han favorecido más a la enseñanza privada, como cuando han cedido suelo municipal a futuros centros concertados o el hecho de primar el expediente de bachillerato a los efectos de admisión en la universidad al que nos hemos referido antes.
Desde los primeros años de las reformas educativas entre padres y profesores empezó a cundir la alarma por sus malos resultados académicos. Y aquí hemos tenido un comportamiento paradójico, si no contradictorio. Por una parte, los responsables de la gestión académica de los partidos de izquierda se han bunkerizado al no aceptar ni una sola de las críticas a las reformas educativas, que sufrían y sufren sobre todo los colegios e institutos públicos, al tiempo que matriculaban a sus hijos en centros concertados o privados.
El dogmatismo y la cerrazón a aceptar que las pedagogías buenistas y pretendidamente igualitarias estaban fallando estrepitosamente han sido contraproducentes. La negativa a que los alumnos puedan repetir o que haya itinerarios en la enseñanza obligatoria, otro de los dogmas pedagógicos, no permite avanzar en un tratamiento adecuado de la diversidad educativa que no cause los estragos que hemos mencionado en este artículo.
El aspecto que se ha gestionado peor es la atención a la diversidad educativa, de la que incomprensiblemente se han jactado las autoridades ministeriales. Porque una cosa es que la enseñanza deba admitir a todos los alumnos la demanden y otra que la gratuidad y la obligatoriedad impliquen imperiosamente tanto la comprensividad como la extensión automática de la financiación pública a la escuela concertada.
Los agrupamientos de estudiantes deben hacerse en función de sus rendimientos, ritmos de aprendizaje y circunstancias particulares, en especial a partir de ciertas edades. Esta segmentación académica, si se hace bien, favorece a todos los alumnos, no solo a los que tengan mejor rendimiento. A los que tienen más dificultades y necesidades les proporciona una enseñanza adaptada a sus circunstancias particulares y les permite progresar a su propio ritmo. Al haberse optado por la enseñanza comprensiva, aplicada sobre todo en la enseñanza pública, se ha tendido a igualar los niveles académicos por abajo con la consiguiente devaluación de sus enseñanzas. Consecuencias, seguramente no deseadas en el diseño inicial: los alumnos con más necesidades educativas están más abandonados a su suerte, al tiempo que los más aventajados no tienen apenas posibilidades de progresar si sus familias tienen recursos suficientes, terminan huyendo de la escuela pública.
El error de confundir comprensividad con equidad ha salido muy caro. Referirse a esa igualación a la baja con la mal llamada enseñanza inclusiva es pura propaganda en el debate educativo. Porque un modelo segmentado no excluye a ningún estudiante, los atiende según sus respectivas necesidades. Se ha esgrimido, desde la ortodoxia pedagógica pretendidamente progresista, que los modelos no comprensivos, con itinerarios o etapas educativas diferenciadas es “segregador”. Sin embargo, la verdadera segregación escolar, la enseñanza dual, no es tener un sistema educativo con exigencia académica, sino uno con selección socioeconómica.
Las administraciones educativas no han tenido demasiado interés en hacer una evaluación de las reformas educativas, en especial de sus resultados. En los primeros años de su aplicación en los años noventa hubo que esperar a que llegaran los informes PISA elaborados por organismos internacionales para que se comprobaran algunos aspectos de los datos de esas evaluaciones externas. Datos que en ocasiones han hecho sonar las alarmas y a los que en el día a día no había prestado mucha atención la Inspección Técnica de Educación. Es fundamental que los inspectores evalúen los resultados de la enseñanza, en materia de conocimiento, medios para la disciplina y la autoridad del profesor. Que no se dedique a perseguir y presionar a los profesores más exigentes.
Haría falta, pues, una evaluación permanente centro a centro, con el mayor número de descriptores, sin esperar a que llegue el siguiente informe de un organismo internacional. Y dando a esa evaluación la máxima transparencia.
Aparte del informe PISA solo contamos como una evaluación externa indiciaria los resultados académicos. Son las pruebas de acceso a la universidad, cuyos datos desglosados y pormenorizados son cada vez más opacos. Necesitaríamos más datos empíricamente verificables para hacer un diagnóstico más fino y ajustado del sistema educativo.
Pese a que las autoridades educativas se han resistido a admitir y reconocer que el sistema educativo no es ni más eficiente ni más igualitario, es evidente los hechos son tozudos y los resultados son incontestables. Resulta difícilmente comprensible la falta de autocrítica de los gestores de las reformas educativas promovidas por la izquierda política de no querer rectificar.
Qué deben hacer las administraciones educativas para fomentar la escuela pública y hacerla competitiva.
Para conseguir que la escuela pública sea competitiva lo primero que hay que hacer es que quienes tienen que gestionarla crean en ella. Especialmente desde las más altas instancias.
Dentro del respeto a la pluralidad que consagra nuestro modelo constitucional, las administraciones educativas deberían velar por la calidad y la competitividad de la enseñanza pública, ya que es la modalidad que ellos gestionan y de la que son responsables.
La escuela pública podría gozar de ventajas inherentes a ser la enseñanza estatal. Pero hay que saber y querer venderlas. Los profesores son funcionarios públicos seleccionados de acuerdo con principios de mérito y capacidad (aunque habría mucho que decir sobre cómo mejorar los procedimientos selectivos), disfrutan de forma efectiva de una mayor libertad de cátedra, hay más posibilidades de participación crítica en los centros, más pluralidad académica en los enfoques de las distintas materias, etc.
La enseñanza pública podría promocionar y extender programas que están funcionando como es el bachillerato internacional, que imparten con éxito tanto en la pública como en la privada. Pero esa modalidad tiene unos gastos de matrícula que sin ser muy caros son lo suficientemente disuasorios como para que haya un sector de la población no los pueda pagar. Se podrían conceder ayudas a alumnos con menos recursos para sufragar esos gastos y suprimir esa barrera económica.
Ya hemos hablado del asunto del peso de las notas del bachillerato y las PAU la selectividad. El porcentaje del 60% del expediente a los efectos de la nota global de selectividad, aprobado por el entonces ministro de Educación Mariano Rajoy y asumido incomprensiblemente por la izquierda debería o volver al 50% inicial o incluso a una cantidad inferior para no perjudicar a los alumnos de los institutos públicos.
También sería muy importante que cesasen las políticas de cesión de suelo púbico en los planes urbanísticos para la construcción de colegios concertados. Hay que decir que estas iniciativas, de las que ya hemos hablado anteriormente, solo se han dado con gobiernos autonómicos del Partido Popular.
Por tanto, a la pregunta de cómo hacer que la escuela pública sea mejor habría que responder en primer lugar reconociendo los errores que se han cometido. Recuperando el prestigio perdido mediante una pedagogía que ponga el conocimiento en el eje de la enseñanza y que no financie la selección socioeconómica que supone una concertada a la que no exige que cumpla plenamente con sus obligaciones legales de hacerse cargo de alumnos con necesidades específicas, peor rendimiento o más conflictivos que son renuentes a aceptar.
Teniendo en cuenta los serios problemas que afectan a la enseñanza en todo el mundo occidental y los malos resultados que han provocado ciertas modas y tendencias irreflexivas, conviene huir de la frivolidad y la ligereza en la educación. El ejemplo de la fe en las nuevas tecnologías como panacea para hacer frente al inquietante retroceso de conocimientos, capacidades y competencias es muy representativo. No hay fórmulas mágicas. Es más, el abuso de las pantallas ha provocado aún más retraso escolar y peores rendimientos académicos. Sustituir los métodos más clásicos de aprendizaje por el ordenador ha causado estragos. Podemos remitirnos a un clásico, “La fábrica de cretinos digitales”, de Desmurget. Sin embargo, frente al peligro de no pensar porque la inteligencia artificial te lo da todo hecho, la ley del péndulo tampoco es la solución. El pedagogismo oficial opta ahora por la eliminación de todo lo digital en el aula. Teniendo en cuenta que estamos en la era de Internet, a la escuela le corresponde enseñar a usar adecuada y provechosamente esta herramienta, saber seleccionar y procesar la información, dotar al alumno de un manual de instrucciones de cómo manejarse en las redes y utilizarlas de forma eficiente para mejorar la formación.
Un argumento que se ha esgrimido para tratar de explicar los decepcionantes resultados de las reformas educativas es la falta de recursos materiales. Sin embargo, no es esta la principal causa del fracaso del sistema. Durante las últimas tres décadas ha habido años de incrementos muy notables en el gasto educativo que no se tradujeron en resultados positivos. Y aunque es cierto que una mayor inversión en educación siempre es bienvenida y necesaria para mejorar ratios, becas, instalaciones escolares y otros gastos nada superfluos, es más importante tomar las decisiones adecuadas que administra con más medios con decisiones erróneas. Es importante que haya una buena financiación, pero más lo es que los recursos se gestionen mejor.
La izquierda, si de verdad quiere mantener la defensa de la escuela pública como una de sus señas de identidad, tendría que hacer una reflexión de por qué en sus propias filas hace tiempo que apostaron por la enseñanza privada y concertada y tratar de analizar por qué hemos llegado hasta aquí. La defensa de la educación como un servicio público que favorezca la igualdad de oportunidades y la movilidad social requieren un compromiso con la escuela de todos que vaya más allá de los discursos oficiales y las recetas que no han funcionado.
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