Las reflexiones vertidas en estas líneas no son tesis cerradas, sino notas para un posible debate sobre cómo debe entenderse la meritocracia en la política, más allá de la mera mención genérica del término. Debate en el cual es clave saber cómo conseguir tanto una clase dirigente mejor como quién le pone el cascabel al gato, quién vigila al vigilante. Esta última es probablemente la pregunta más difícil del examen.
Quizá con cierta exageración está arraigando en España la idea de que la política es la selección de los peores. Es discutible que esta sea una tesis cierta en cualquier tiempo y en cualquier lugar, aunque sí se pueden observar pecados y vicios propios del ejercicio del poder que condicionan la calidad de la clase política. Los continuos casos de corrupción bajo todos los gobiernos y la constatación de que en la clase política hay con demasiada frecuencia un déficit de cualidades morales, preparación intelectual y nivel técnico para el desempeño de cargos relevantes vuelve a suscitar el debate sobre si tendría que haber criterios de selección para los dirigentes y representantes políticos y en su caso, cuáles debieran ser.
Así como en la función pública es posible establecer una reglamentación más precisa que tenga en cuenta los principios de mérito y capacidad para los puestos estrictamente profesionales, en la política habría que debatir sobre los criterios éticos y funcionales de selección de dirigentes con vistas a un mejor funcionamiento del sistema democrático. Obviamente, los partidos, que son quienes tendrían que llevar a la práctica esas cribas, por sus propias dinámicas clientelares y de organización interna del poder, son más renuentes a una regulación que favorezca algún tipo de meritocracia que limite el control discrecional que ejercen sus órganos directivos.
Una meritocracia en política no tiene que perseguir necesariamente la excelencia, sino un mínimo inexcusable de competencia probada y experiencia acreditada. El extremo opuesto a ese ideal perfeccionista sería lo que se ha venido en llamar sarcásticamente ineptocracia: el gobierno de los más ineptos o incapaces. El mérito político no es el bálsamo de Fierabrás para garantizar que los gestores públicos vayan a caracterizarse por el acierto. Es más bien un filtro y una pista. Esa evaluación del mérito político debería plantearse no tanto para el acceso a cargos públicos como especialmente para seleccionarlos a lo largo de su carrera política, una vez que ya se conozca por su trayectoria la valía de los cuadros dirigentes.
Podemos entender, inspirándonos en Darwin, que los animales políticos hacen su carrera sometiédose a una especie de selección natural, en la que sobreviven los más fuertes y no lo hacen los que no se adaptan al medio. Cuando ese medio es sanguinario y fiero, por usar palabras de Machado, esa selección natural propicia la existencia de políticos con un perfil duro, con capacidad de resistir bien la adversidad y de combatir eficazmente a sus adversarios, destruyéndolos si es necesario. Cuando hay una devaluación del nivel de los dirigentes la causa principal de esa decadencia es la degradación moral de la vida pública. Cuando la lucha por el poder, que es consustancial a la actividad política y siempre existirá, se rebaja a un pragmatismo sin principios morales ni exigencias estéticas, entonces no necesita dirigentes con demasiadas virtudes humanas sino combatientes que sepan ganar o ayuden a su líder a la victoria.
Es un tópico cuestionado aunque no por ello totalmente irreal que en los años de la transición a la democracia la clase dirigente tenía un nivel más alto. Se ha achacado a que el número de políticos profesionales en los partidos de la oposición era muy escaso en comparación con los que hay actualmente. Pertenecían a los sectores más dinámicos, concienciados y comprometidos de la sociedad civil y había muchos profesionales cualificados y también dirigentes obreros bregados en el mundo laboral y no tanto en los despachos de los liberados sindicales. Y dentro de los que provenían de los gobiernos del tardofranquismo los dirigentes llamados entonces “aperturistas” en su inmensa mayoría tenían un buen currículum. Era entre los políticos del régimen anterior que procedían de las estructuras del Movimiento Nacional o especialmente del sindicalismo vertical donde había más cuadros y dirigentes con menor cualificación.
Sin embargo, conviene recalcar que el mérito político y el mérito profesional no son equiparables, entre otras cosas, porque las capacidades para el correcto desempeño de las funciones de gobernante y de técnico no coinciden al cien por cien.
Adolfo Suárez, que tampoco era tan iletrado como lo retrata el autor de Anatomía de un instante, pues contaba con un doctorado en Derecho, tenía peor currículum académico y profesional que Manuel Fraga y, sin embargo, destacaba por capacidades y virtudes para liderar la transición a la democracia de las que el político gallego no estaba sobrado: una equilibrada síntesis de audacia y prudencia, olfato y dotes para la comunicación y la negociación. Felipe González, por su parte, no presentaba unos méritos académicos comparables a los de muchos gobernantes de su generación, pero su capacidad política y de liderazgo, así como su visión de estadista, estaban muy por encima de sus pares.
Ahora bien, hay otra diferencia entre la meritocracia política y la técnica. Es mucho más difícil medir la primera. Pues mientras que la valoración de un currículum profesional se puede hacer con una cierta objetividad y universalidad, la evaluación de la valía de un político es más subjetiva y discutible y está sujeta a muchos criterios que no siempre contarán con un amplio consenso, no digamos la unanimidad. Y no hablamos solo de sesgos ideológicos. Si tuviéramos que definir las virtudes del príncipe contemporáneo, no sería fácil que las distintas cualidades humanas recibieran la misma valoración por parte de todos los ciudadanos o de las direcciones de los partidos.
Lo que cada vez más personas perciben es que en ciertos nombramientos de altos cargos parece existir una meritocracia inversa. Hasta en la imagen de algunos políticos manifiestamente vulgares y escandalosamente ignorantes y en los debates dentro y fuera de los foros políticos se constata un nivel dialéctico y argumental muy pobre, aunque haya notables excepciones a esta generalización.
Por eso es pertinente dilucidar cómo se podría extender, sin perjuicio del derecho de todos los ciudadanos a participar en la política, algún criterio para reclutar, seleccionar y elegir una clase dirigente de mayor nivel cultural y moral. Cuáles serían los méritos y cómo se medirían objetivamente si es que esa medición es posible.
De ahí que sea preciso determinar, además del sentido del término ´meritocracia´ y del sintagma ´principios de mérito y capacidad´ cuál es el alcance de esas palabras y cuál sería la forma de aplicarlas efectivamente en el día a día para la acción política. Es decir, cómo se llevaría a cabo el empleo del mérito como método para reclutar o seleccionar a los dirigentes y representantes políticos de un país.
Conviene insistir en que los méritos para el desempeño de un cargo político no tienen por qué coincidir con los exigibles para un empleo que ha de ser desempeñado por un funcionario público, el cual ha de ser estable, no sujeto a los vaivenes electorales y neutro desde el punto de vista ideológico. Mientras que un cargo funcionarial es un puesto de trabajo, el ser alcalde, diputado o ministro no puede ser considerado como tal sino como un cargo no vitalicio y tampoco necesariamente profesionalizado. No hay una carrera para ser político. Al fin y al cabo los politólogos son teóricos y académicos. No se puede establecer un paralelismo entre los estudios de Medicina y la profesión de médico o los de Derecho y el ejercicio de la abogacía con los de la carrera de Ciencias Políticas y ser un político profesional.
Los partidos políticos deberían autorregularse y propiciar la corrección de sus vicios. La sociedad tiene que influir en la actuación de los partidos en orden a evaluar la validez de los cuadros dirigentes, pero los procedimientos no son sencillos. Plantean muchas dudas las listas abiertas para los procesos electorales, las elecciones primarias con participación de los no militantes o la existencia de cupos y cuotas de todo tipo. O la inclusión en la élite política mediante cupos de personas procedentes de colectivos sociales o sindicatos, que pueden tener los mismos vicios que los partidos.
Un país necesita políticos competentes y adecuados para los cargos que tengan que desempeñar. Pero no es posible establecer al efecto un reglamentlismo como el que sí parece razonable y más fácil de determinar para el personal de las administraciones públicas.
¿Meritocracia en el sector privado? Libre empresa y autorregulación.
Hemos hablado de meritocracia en las administraciones públicas y en la política. ¿Fuera de estos ámbitos existe algún algún tipo de meritocracia? ¿Realmente existe? ¿El modelo de selección de personal del sector privado es exportable a la política?
Si es un mandato constitucional que se apliquen los principios del mérito en la función pública, en el sector privado no tienen que aplicarse exactamente los mismos criterios. Aunque puede tener sentido que se exijan titulaciones y cualificaciones profesionales para el desempeño de determinados puestos que presten un servicio público, para que se garantice su correcto funcionamiento: que un instalador de gas cuente con la certificación oficial adecuada, un médico tenga la titulación exigible y no practique el intrusismo, un profesor, un abogado en ejercicio o un veterinario estén en posesión del título correspondiente. Pero la libre empresa debe tener libertad de contratación, porque no está financiada con fondos públicos. No es de todos los ciudadanos, como sí lo es una administración local, provincial o estatal.
Si un pequeño empresario tiene un bar, puede contratar a quien quiera. No tiene por qué hacer un concurso o una oposición ni nadie puede impedir que contrate a un familiar o a un amigo. Que la hija de un empresario herede la firma de un pariente cercano no debe escandalizarnos igual que si heredase la cátedra de su padre. No defiende el interés general, pese a que la propiedad privada tenga una función social. Lo mismo habría que decir de las cuotas en los consejos de administraciones de las empresas.
La empresa privada no debe regirse por principios de eficacia, eficiencia, productividad, competitividad y libertad de mercado dentro del respeto a las leyes. Además, en el sector privado es más difícil encontrarse a una legión de enchufados que no saben hacer su trabajo o a directivos manifiestamente incompetentes.
La posible meritocracia tendrá que gestionarla la propia empresa, sin perjuicio de los controles de calidad -preferiblemente externos- en la medida en que afecten al bien común. En el sector privado el mérito del empleado se mide considerando la rentabilidad y la competitividad. Por eso deja atrás a los discapacitados, enfermos y discrimina laboralmente más a la mujer, especialmente a las embarazadas y a las madres de hijos menores, problemas que probablemente deban ser corregidos y que en algunos casos actúan en detrimento del mérito en la vida laboral. Por eso no se pueden trasladar los esquemas de selección del sector privado a la política, excepto en la incorporación de valores de eficiencia, productividad, ahorro y rentabilidad. Pero al servicio del interés general.
Los méritos políticos
La cualificación académica y profesional no debiera ser un requisito para ser un buen político. En el anterior artículo sobre la meritocracia ya aludimos a los inconvenientes de la tecnocracia para un buen gobierno de la res pública.
Hay ejemplos de políticos brillantes que no poseían título académico o carecían de un perfil profesional muy destacado. Pero tenían a cambio otras cualidades demostradas. Que los méritos políticos y los técnicos sean distintos tampoco quiere decir que tengan que ser diametralmente opuestos. Un grado, una licenciatura o un doctorado han de ser un mérito y no un requisito para entrar en política. Como lo son los idiomas, las cualidades psicológicas, el talante democrático, las virtudes morales, la capacidad de gestionar y otros aspectos, que, como hemos dicho, son mucho más difíciles de evaluar para una actividad tan compleja como la política.
Ahí tenemos el caso de Indalecio Prieto, una de las mejores cabezas de la II República, cuyo ejemplo es paradigmático. No solo carecía de título superior (como tampoco lo tenía el presidente norteamericano Harry S.Truman), sino que era completamente autodidacta. Pero estudiaba, era un infatigable lector y escribía con soltura y estilo.
Es que hasta en la creación literaria contamos con autores no menores que carecían de titulo universitario. Pero, eso sí, no estaban ayunos de talento y cultura. Cabe citar a Camilo José Cela, Francisco Umbral o Ramón María del Valle-Inclán que no tenían título universitario, pero nunca dejaron de leer y aprender. Y dominaban plenamente el arte de la escritura. Es evidente, por otro lado, que un dirigente político no tiene por qué pertenecer a la élite intelectual de un país, pero, al menos, debe tener la honestidad de reconocerlo y para suplir sus carencias, debe rodearse de verdaderos expertos de las áreas que le toca gestionar.
Aún más complicada puede ser la relación entre los intelectuales y la política. La experiencia demuestra que hay grandes intelectuales que no han mostrado el mismo talento como gobernantes que como pensadores.
El mérito político no es fundamentalmente ser licenciado o doctor, ni haber aprobado unas oposiciones ni tener publicaciones o un presentar un brillante expediente profesional. No debería ser imprescindible ser universitario, aunque tampoco es muy de recibo que sea una persona inculta. Al igual que sería inconveniente que ningún miembro de una lista electoral tuviera cualificación y sí deseable que en los grupos parlamentarios o en los equipos municipales hubiera un porcentaje significativo de solvencia intelectual y experiencia profesional en los sectores público y privado. Al igual que no sería representativo que en un parlamento o en un ayuntamiento no hubiera ni un solo electo de la clase trabajadora, tomada esta en un sentido amplio.
En una democracia el mérito que más legitima es contar con el apoyo de sus representados, que es el que legitima a los representantes y gobernantes. Aunque tampoco sea una condición suficiente para ser buenos políticos. Desgraciadamente, la realidad es que la clase política se selecciona de facto en unos partidos políticos escasamente democráticos en su funcionamiento interno, con arreglo a unas normas no escritas que sí favorecen ciertas cualidades, como la lealtad al líder, la dedicación al partido y la carencia de espíritu crítico, de forma que la experiencia profesional, la solvencia técnica, la formación académica o la representatividad social de hecho se valoran más como adornos o se desdeñan.
De hecho, habría que preguntarse si la clase política actual es realmente representativa de la sociedad, pues la mayoría de sus integrantes pertenecen a una endogamia de partido seleccionada por cooptación y abundan los que no tienen currículum fuera de la vida de sus organizaciones.
En cierta forma el ideal democrático es que la clase política fuera también representativa de la pluralidad social, laboral y profesional de la España real, que sufriera los mismos problemas que tienen los ciudadanos de a pie. Sin incurrir necesariamente en cuotas de los diferentes colectivos sociales, pues los representantes han de serlo de todos los ciudadanos. Pero sí parece conveniente que en las listas electorales de los partidos hubiera una representación de la diversidad social del país y no una presencia mayoritaria de políticos profesionales que solo son políticos profesionales, solo han sido políticos profesionales y que terminan constituyendo una oligarquía, esencialmente basada en la proximidad al poder. La célebre ley de hierro de las oligarquías es muy difícil de contrarrestar, por lo que no es sencillo ni conseguir que los partidos sean plenamente democráticos ni que nuestros políticos sean plenamente representativos de la sociedad.
La Monarquía parlamentaria no es una institución legitimada por el mérito, pero al menos en España sí ha hecho un esfuerzo muy notable por garantizar que el heredero de la corona poseyera una formación específica y esmerada. Se accede a la familia real por linaje, un método que ni es democrático ni es meritocrático, pero hoy se exige a un monarca moderno que esté formado, sepa idiomas, tenga una instrucción militar y académica, una educación protocolaria exquisita, etc. No es esta “formación profesional” una obligación constitucional, pero se ha convertido en un hábito y en una autorregulación de la propia institución que ha funcionado correctamente.
Qué méritos tendrían que ser exigibles para ser político:
Aparte de la representatividad cabría plantearse qué modelos de políticos convendrían al interés general y qué competencias y cualidades morales constituyen el ser y quizá el deber ser de esos representantes y gobernantes.
Dentro de esos perfiles pensemos en un estadista, un estratega, un tacticista, un político cortoplacista y pragmático, un gestor, un comunicador, un líder carismático o un líder democrático. Y otros muchos.
La competencias que pueden medir la valía política son de carácter práctico, ser un buen comunicador u orador, un buen estratega, tener visión de futuro, ser telegénico, transmitir buena imagen o estar preparado para las vicisitudes de la vida pública. Es conveniente afinar en la distinción entre preparación y cultura. La primera sería una especie de formación profesional para la actividad política: saber qué hacer en situaciones como gestionar una huelga o una negociación sindical, tener éxito en una campaña electoral, salir airoso de un debate o una rueda de prensa. En la política profesional esa preparación se puede traducir en dominio de las tácticas y estrategias destinadas a obtener victorias en la lucha por el poder: articular mayorías, mover las fichas del tablero para colocar a los partidarios y a los adversarios, conseguir mantener y no perder el liderazgo (aunque sea con argucias maquiavélicas del tipo “si no logras que tu pueblo te ame, consigue por lo menos que te tema”), saber dirigir y formar equipos o llevar a cabo una buena política de nombramientos, entre otros. Podríamos hablar igual de la capacidad comunicativa, la astucia, la habilidad, la flexibilidad (cintura en la jerga), la resistencia, la tenacidad, una cierta intuición, el carisma, el sentido de la medida entre audacia y prudencia, la capacidad de dialogar y mediar. Y así otras muchas, como las habilidades mercadotécnicas y de adaptarse al medio, a situaciones cambiantes, interpretando los signos externos de los cambios sociales en curso.
Para sobrevivir en la lucha política influyen muchos factores, es preciso dominar los gajes del oficio en los que ciertos perfiles psicológicos son más adecuados. Hay ciertas competencias que no las dan los estudios académicos. Ahora bien, que debamos desterrar una meritocracia basada en la titulitis por ser irracional y disfuncional no quiere decir que un político no tenga que leer o estudiar. Al contrario, un político tiene que estar aprendiendo siempre, como en el desarrollo profesional de cualquier actividad que se quiere hacer bien. Que el político elegido que se encargue de un área se comprometa a estudiarla y a asesorarse bien es imprescindible para funcionar de forma eficaz. La conclusión que se extrae del habitual espectáculo de los currículos inflados y los títulos falsos de tantos parlamentarios y altos cargos no es solo que haya políticos que mienten. Es que hay demasiados que no estudian. Los políticos deben estar al día de los asuntos con los que lidian y saber elegir a los técnicos con criterios de solvencia profesional.
Un diputado o un concejal no tienen por qué ser necesariamente juristas o expertos en legística, pero el primero es un legislador, por lo que parece aconsejable que en su equipo sí haya, como electos o como asesores, personas con formación jurídica. Sin olvidar el necesario concurso de los funcionarios (letrados, secretarios, interventores), cuyo criterio debe ser tenido en cuenta en las cuestiones técnicas. El político tiene que saber asesorarse y confiar en unas instituciones que sí tienen que estar profesionalizadas, al tiempo que debe huir de la arrogancia del poder para escuchar los informes y los dictámenes de las personas que saben más que él.
Las virtudes o cualidades morales y humanas
Los ideales de la educación del príncipe estaban muy en boga en la literatura renacentista y barroca. Saavedra Fajardo en Idea de un príncipe político cristiano (1640) habla de las cualidades ideales del príncipe.“GRANDES varones trabajaron con la especulación y experiencia en formar la idea de un príncipe perfecto. Siglos cuesta el labrar esta porcelana real, este vaso espléndido de tierra, no menos quebradizo que los demás y más achacoso que todos, principalmente cuando el alfarero es de la escuela de Maquiavelo, de donde todos salen torcidos y de poca duración, como lo fue el que puso por modelo de los demás”. 05_Idea_pirncipe_cristiano2.pdf Para Saavedra Fajardo esas cualidades incluyen la prudencia, la constancia en la adversidad y el equilibrio entre la razón y las pasiones. El príncipe ideal debe ser sabio y virtuoso, capaz de controlar sus impulsos, usar la diplomacia y guiarse por la ley y la moral cristianas, manteniendo una imagen de fortaleza y serenidad ante los altibajos de la fortuna.
Aunque lógicamente no todos esos ideales están hoy en vigor, no estaría de más que se propusieran algunas virtudes morales y humanas del gobernante democrático de nuestros días. Algunas sugerencias: el compromiso con la verdad, la idea de servicio público a la comunidad, las convicciones, el respeto a las reglas del juego y tener en cuenta tanto la ética de las convicciones como la ética de la responsabilidad, de las que hablaba Max Weber. Ir más allá del obligado cumplimiento de las leyes, de su espíritu y de su letra, que se le supone al gobernante como el valor al soldado.
Perversiones y vicios de la política como actividad o profesión
En la carrera política con demasiada frecuencia rige esa meritocracia inversa de la que hablábamos antes. La erótica del poder genera perversiones, ligadas todas ellas a que prevalezca una ética de los beneficios, un pragmatismo en que lo importante es ascender, trepar en la jerga, y ganar. Llevado al extremo conduce a la amoralidad.
La disciplina, de hecho, es uno de los mayores méritos para el ascenso y la crítica, un pecado, salvo que el rebelde se haga con el poder. Sigue siendo cierto hoy en día hasta en organizaciones pretendidamente democráticas el lema de Calderón de la Barca en La República mejor. “Aquí la más principal hazaña es obedecer”. Una organización democrática debe combinar disciplina y participación democrática, espíritu crítico. En caso contrario, el ascenso en la carrera política implica el vasallaje medieval, un retroceso respecto de una nación de ciudadanos y no súbditos.
La ambición política es lícita, pero no debemos olvidar que la lucha por el poder siempre conlleva el riesgo de caer en las perversiones de las que antes hablábamos. Además, el poder corrompe. Este aforismo, desgraciadamente, no es un simplemente un lugar común, es una realidad que hay que tener en cuenta si queremos abordar la mejora de la calidad de nuestros políticos. En una sociedad en la que el éxito goza de un enorme prestigio, lograrlo como sea haciendo que el fin justifique los medios es una tentación inevitable. De hecho, entre los políticos profesionales funciona una ética más bien utilitarista, en la que ganar es el mérito más importante. Los perdedores no tienen prestigio en las oligarquías partidistas, aunque sean personas competentes y honorables. Por eso, sería importante que se valorasen también los méritos morales y humanos: la honradez probada y una trayectoria intachable.
Los clásicos tratados renacentistas de la educación del príncipe, con el modelo ideal de gobernante, del que también tenemos la caricatura que hace Cervantes, en los consejos de Don Quijote a Sancho como gobernador de la Ínsula Barataria marcan un ideal que casi nunca se alcanza. La novela picaresca es el contrapunto, nos narra y describe la lucha por la vida, la cruda realidad en la que hay que sobrevivir y ganar. Y un político que esté en la realidad ha de saber moverse en ese medio.
A modo de caricatura se podría escribir un Manual de autoayuda para un ambicioso sin escrúpulos, la guía del perfecto trepa. El manual de supervivencia. “Sé un político que dé buena imagen, preocúpate esencialmente de ganar elecciones, mantén prietas las filas en tu partido si eres el líder y ten el olfato de saber quién va a ser el caballo ganador, no repares demasiado en los escrúpulos morales, ten las tragaderas que hagan falta para flotar y sobrevivir, sé flexible en tus principios, no pienses que siempre hay que decir la verdad: hay mentiras piadosas y frente a una verdad trágica es mejor decirle al pueblo una mentira liberadora, como decía San Manuel Bueno, mártir; la coherencia es un prurito de los perfeccionistas, el mundo no es perfecto, la lealtad es como el matrimonio, se puede disolver cuando las circunstancias lo aconsejen, sé leal a tu jefe hasta que este sea leña del árbol caído, no apuestes nunca por el caballo perdedor.”
Para combatir la perversión y perversidad del poder sería deseable adoptar medidas preventivas, aunque no es sencillo. Más fácil es actuar a posterori. La asunción de responsabilidades políticas ante conductas moralmente inadmisibles tendría que ser un elemento central del código ético real de los partidos. Que vaya más lejos que las consecuencias de las resoluciones judiciales. Es curioso que en los partidos políticos proliferen esos códigos que no se cumplen a la par que aumenta la corrupción. La más mínima duda sobre la honradez o el tener antecedentes de corrupción deberían valorarse como puntos negativos en la meritocracia política con la consecuencia inmediata de la dimisión o el cese. Como dice Ignacio Varela, ”En la gestión de los intereses públicos, el principio ‘in dubio pro reo’ funciona a la inversa. La mayoría de los puestos de responsabilidad política son incompatibles con una duda fundada sobre la honorabilidad de quien los ocupa”. El fiscal puede ser inocente y corrupto a la vez.
El reto es limitar el poder de los políticos y el de los aparatos de sus organizaciones desde la sociedad civil y desde las instituciones no controladas por las direcciones de los partidos. La ineptocracia y en cierta forma la corrupción son efectos de llevar la ley de hierro de las oligarquías y el pragmatismo escaso de principios morales y reparos hasta sus últimas consecuencias.
Mecanismos como la limitación de mandatos, las incompatibilidades, la existencia de contrapesos (prensa libre, justicia independiente) que moderen el poder de los aparatos partidistas, la existencia de una administración profesionalizada que evite la arbitrariedad del poder pueden contribuir a reducir y acotar el poder discrecional de los gobernantes, que es una de las causas de la degradación de la política.
Echar a tiempo a las manzanas podridas, antes de que infecten al resto y apartar del poder a los que han demostrado incompetencia o corrupción son medidas necesarias para sanear la vida pública y generar confianza en la ciudadanía.
Algunas sugerencias para mejorar la calidad de los políticos: que sean personas comprometidas con unas mínimas convicciones, que estén dispuestos a aprender, que tengan experiencia en la vida laboral o profesional, que las organizaciones juveniles y las agrupaciones de los partidos no sean la principal cantera de los ciudadanos que se dedican a la política.
El hecho de que la única experiencia vital y laboral que tenga un político sea la vida en el partido desde sus años de militancia juvenil es un factor negativo en la correcta selección de los dirigentes. Pero más que una exigencia de un mínimo de años cotizados con anterioridad al desempeño de un cargo como concejal o diputado debería ser más una recomendación que un requisito legal. Aunque sí sería deseable que la mayoría de los políticos tuviera una profesión o una actividad laboral previa al cargo.
Y en la carrera política una idea sería proponer una especie de carné por puntos en el que penalizaran pequeñas irregularidades, abusos, mentiras y fraudes como una forma de disuadir a los posibles infractores y alejarlos de la vida pública si reinciden. Cómo prevenir y evitar que haya conductores peligrosos y dañinos en las autopistas y carreteras de la política. La triste realidad, sin embargo, es que sucede todo lo contrario: la corrupción está protegida con frecuencia por la impunidad y en la vida política se penaliza su denuncia.
La política profesional y sus efectos
La profesionalización de la política en ocasiones conlleva una meritocracia perversa o inversa, aunque la política profesional no es intrínsecamente negativa. En todos los sistemas democráticos hay políticos profesionales y no es este el factor más importante de la decadencia moral del sistema.
Hay políticos que han tenido una intensa y extensa vida laboral y otros que han sido solo políticos profesionales. No tiene por qué ser negativo que haya políticos profesionales. Lo que sí es preocupante es que todos o casi todos los políticos sean profesionales y que abunden políticos cuya única profesión a lo largo de su vida sea solo la política. Añadamos algo a las perversiones de la carrera política profesional. Si los estudios no son necesarios, se puede escalar y ascender sin una formación académica y se falsifica el currículum, vamos acumulando actores de degradación de la calidad de la política.
Se ha generalizado un fenómeno preocupante: la entrada en la actividad política retribuida se realiza a una edad excesivamente temprana. En muchos casos se abandonan los estudios y se carece de cualquier trabajo previo, porque se prefiere vivir siempre de la política. El perfil del político que de joven deja de estudiar y se dedica en exclusiva a la política profesional y conoce sus entresijos no es comparable a las personas, normalmente de origen humilde, que por diversas razones no pudieron seguir con su bachillerato o su carrera por tener que incorporarse a la vida laboral. Que a una edad muy temprana un adolescente ingrese en la organización juvenil de un partido y se dedique a ascender en el escalafón tomando como única pauta de conducta las vicisitudes su vida interna como esquema de carrera política favorece la mediocridad y la creación de una casta dirigente alejada de la realidad social.
El problema puede agravarse cuando un político profesionalizado se queda en paro porque ha cesado en su cargo sin experiencia laboral previa tiene unas problemáticas expectativas de empleo. Es el perfil del político que necesita materialmente sobrevivir en la estructura partidista a cualquier precio, circunstancia que facilitará la renuncia a los principios y las convicciones, favorece el vasallaje y dificulta la necesaria renovación interna que necesitan todas las organizaciones. De ahí que sea razonable sostener la conveniencia de que los que acceden por primera vez a los mencionados puestos tengan un currículum profesional o al menos una formación académica u ocupacional que les permitiera reinsertarse en la vida laboral en caso de que se vieran obligados a dejar la política o desearan abandonarla. Se ha repetido hasta la sociedad que la política no atrae a las personas con talento por diversas razones, como unas retribuciones no competitivas. Pero la realidad no es que el compromiso con los partidos espante las personas talento que pueda haber en la sociedad extramuros de la política profesional partidocrática. Es que es la propia dinámica endogámica de las oligarquías la que no tiene mucho interés de que los outsiders se incorporen a la clase dirigente, salvo como “independientes de reconocido prestigio” o “floreros”, casi siempre sometidos a los poderes efectivos de los aparatos.
