Ricardo Peña
Todavía nadie ha encontrado una manera satisfactoria de combatir la ola de falsedades y desvergüenza que invade el espacio público. Según parece, la posverdad fue inventada en 2017 por una consejera de Donald Trump, al hablar por primera vez de “hechos alternativos”. Desde entonces, no ha hecho más que crecer y normalizarse. Lo que importaría en el discurso no son los hechos, sino nuestra opinión sobre ellos. Al ser todo opinable, la verdad deja de ser relevante y se la pone al mismo nivel que la mentira, cuestión que es el verdadero objetivo de esa ola deliberada de desinformación.
Por ejemplo, es científicamente demostrable que el carbón es contaminante y que es uno de los combustibles fósiles que más CO2 emite al quemarlo. Sin embargo, el señor Trump se refiere a él como el “bello carbón limpio” y aprueba decretos para impulsar su uso. ¿Cómo puede ser dañino algo que es bello y limpio? El que opine lo contrario tendrá su verdad, pero el señor Trump tiene también la suya, alternativa y equiparable a la anterior. Si el carbón es dañino o no sería simplemente una cuestión opinable.
Añadido a este empeño en difuminar la frontera entre la verdad y la mentira está la exhibición pública de la inmoralidad o, mejor dicho, la elevación de la inmoralidad a la categoría de virtud. Si el señor Trump defeca virtualmente sobre las manifestaciones de sus opositores en un video preparado al efecto, sus partidarios lo aplauden enfervorecidos como un ejemplo del buen hacer de su presidente.
Estos comportamientos hacen que la sociedad pierda su capacidad crítica y se polarice irremediablemente en dos bandos contrapuestos: los incondicionales trumpistas, que aplauden todas las tropelías de su presidente mientras estas sirvan para mantenerle en el poder, y los que se oponen a él precisamente por esas mismas tropelías.
Aplicado a nuestro país, la extrema polarización que vivimos en el debate público hace que sea difícil encontrar a alguien que no sea, o bien un antisanchista acérrimo, o bien un sanchista acérrimo. Las tropelías y bulos de los antisanchistas hacen que los sanchistas apoyen cualquier cosa que haga Sánchez, aunque muchas sean discutibles, y las cosas discutibles que hace Sánchez hacen que los antisanchistas perdonen las desmesuras y exageraciones de Feijóo y Abascal, aunque muchas sean directamente inmorales. Cualquiera que intente juzgar las cosas con ecuanimidad u ose criticar a ambos será tildado de equidistante.
El otro sería el enemigo a batir. Para los incondicionales de Feijóo y Abascal, es inaceptable que Sánchez siga en el gobierno. Según ellos, es la encarnación de la antiespaña, la mentira y la corrupción, la personificación misma del maligno. Para los incondicionales de Sánchez, es inaceptable que la derecha y la ultraderecha lleguen al gobierno. Cualquier cosa, por discutible que sea, es mejor que eso. Si llegaran, lo pagarían las mujeres, los homosexuales y los inmigrantes, se acabaría el estado del bienestar y la corrupción llegaría a las mismas cotas que se alcanzaron bajo los gobiernos de Aznar y Rajoy.
El ciudadano se ve así impelido a tener que elegir entre dos males horribles: o la antiespaña de Sánchez o la debacle del tándem Feijóo-Abascal. No queda espacio para juzgar las cosas con ecuanimidad. O conmigo o contra mi, pregonan ambos bandos.
Sugiero modestamente una posible forma de escapar de esta tenaza infernal: tratar de reconducir el debate público hacia los problemas que más afectan a los ciudadanos y forzar a que todos los partidos se posicionen ante ellos. Se trataría de una responsabilidad fundamentalmente del Gobierno, que es quien tiene más capacidad para fijar la agenda pública a través de las ruedas de prensa del Consejo de Ministros o del Presidente y de las iniciativas parlamentarias.
Voy a sugerir tres debates en orden —según mi opinión— de importancia relativa. Los tres calificados como muy relevantes en la mayoría de las encuestas: la vivienda, la transición energética y la inmigración. Lo voy a hacer enumerando las preguntas que se podrían hacer los ciudadanos, preguntas que les gustaría ver respondidas por las distintas fuerzas, para así saber lo que podría esperar si gobernara alguna de ellas.
En lo referido a la vivienda, seguramente al ciudadano le gustaría escuchar cuál es la causa de la subida incesante de los precios, cuáles son las soluciones que propone cada partido para contenerlos, de quién son competencia, qué están haciendo los ayuntamientos más afectados y cada una de las comunidades autónomas, qué está haciendo el gobierno nacional, cuántas viviendas públicas y privadas se están construyendo, cuántas habría que hacer, cuándo empezará a mejorar la situación y, si la solución va a tardar diez años, qué proponen hacer entretanto.
En cuanto a la transición energética, los ciudadanos querrían saber cómo va la implementación de los sucesivos planes nacionales (PNIEC), qué proporción de la energía total consumida por España es renovable, cuánto petroleo y gas importamos y cómo afecta eso a la balanza comercial, por qué tiene tanto retraso la electrificación del transporte, qué lugar ocupamos a este respecto en la Unión Europea, de quién es responsabilidad de que se acelere la instalación de los puntos de recarga, por qué hay tantos puntos sin conectar a la red, cuál es el estado y las perspectivas a medio plazo del hidrógeno verde, ¿es realmente una alternativa eficaz?, ¿sería sensato prorrogar la vida de la central de Almaraz?, ¿por qué razón?, ¿se podría estabilizar la red sin las nucleares?, ¿cuáles serían los pasos necesarios?, etc.
Y en lo refrente a la inmigración, fundamentalmente se trataría de conocer los datos reales de la misma frente a los numerosos bulos que difunde sin cesar la ultraderecha. Por ejemplo, querríamos saber cuántos inmigrantes han entrado en los últimos diez años, cuántos de ellos son irregulares actualmente y cuántos son residentes, cuál es su contribución real a la economía, qué derechos a prestaciones tienen, cuál es su impacto real —si es que lo hay, como afirma la ultraderecha— en la delincuencia, cómo afecta su llegada a la demografía y qué consecuencias tendría prescindir de ellos.
Estos, y otros semejantes, son los debates que verdaderamente importan a los ciudadanos para poder mejorar sus vidas que es, no lo olvidemos, el fin último de la política. Centrar la agenda en ellos tendría la virtud de forzar a los partidos a contrastar sus soluciones o, tal vez, a dejar en evidencia que no tienen ninguna porque están ocupados en otros menesteres.
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