Pedro Sánchez prepara una operación de alto voltaje simbólico para las próximas elecciones generales: colocar a Margarita Robles como número dos por Madrid. La escena remite directamente a 1993, cuando Felipe González despejó esa misma casilla para Baltasar Garzón. Entonces fue Javier Solana quien retrocedió al tercer puesto; ahora sería Marlaska. Cambian los nombres, pero el mecanismo se repite: un presidente necesitado de ampliar su perímetro electoral eleva a una figura con autoridad propia y convierte el segundo lugar de la lista madrileña en escaparate de confianza, moderación y sentido de Estado.
El precedente
En aquella convocatoria, Baltasar Garzón irrumpió en el segundo puesto y empujó al tercero a Javier Solana. El cambio no era una simple mudanza en la lista. Era propaganda electoral condensada en una posición: sumar el prestigio de una personalidad conocida fuera del partido y proyectar rigor, independencia y autoridad institucional cuando esas virtudes cotizaban al alza. Eran tiempos en los que la condición de juez añadía “pedigrí” a la persona, como si esa condición incorporase “per se” la máxima rectitud e independencia.
La operación actual
Ahora, Margarita Robles adelantaría a Marlaska, hasta hoy candidato a número dos. El movimiento revela un cálculo sin demasiados disimulos: aprovechar su llegada a sectores moderados, a votantes que invocan el sentido de Estado y a quienes ven en la defensa y la estabilidad institucional algo más que un capítulo secundario del programa. Robles no ha sidoprecisamente la ministra más entregada y servicial con Sanchez.
La apuesta tiene su paradoja, porque Robles ya ha marcado distancias con Sánchez en cuestiones sensibles. La primera gran grieta afloró en mayo de 2022, durante la crisis de Pegasus: el presidente decidió cesar a la directora del CNI, Paz Esteban, pese a las resistencias de Defensa. Robles evitó asumir el lenguaje de la Moncloa —«no es una destitución, es una sustitución», sostuvo— y despidió a Esteban con una defensa cerrada de su profesionalidad y la del servicio de inteligencia. La segunda discrepancia, todavía más visible, llegó con la crisis de Ceuta de 2026. Mientras Sánchez rebajó los informes previos del CNI a «avisos rutinarios» y sostuvo que no existían pruebas sólidas contra Marruecos, Robles defendió que Inteligencia había alertado a las fuerzas de seguridad y a la Delegación del Gobierno. La distancia terminó convertida en gesto parlamentario: la ministra fue la única integrante del Ejecutivo que no aplaudió el anuncio presidencial de publicar los informes. Aquello que ayer parecía desobediencia o incomodidad pública puede presentarse hoy como independencia y mérito. Cuando las encuestas mandan, la discrepancia deja de ser una falta y pasa a figurar en el currículo.
El paralelismo y sus límites
El espejo de 1993 devuelve una imagen reconocible. Felipe González recurrió a Garzón para incorporar a su candidatura el crédito de un juez estrella; Pedro Sánchez recurriría a Robles para sumar el capital político de una ministra con audiencia entre sectores moderados y defensores del sentido de Estado. González hizo bajar a Solana al número tres; Sánchez haría lo mismo con Marlaska. En ambos casos, la lista deja de ser una relación de nombres y se convierte en una operación de marketing político: quien ocupa el segundo puesto presta al líder una credibilidad que el partido, por sí solo, teme no movilizar.
La simetría llega incluso al perfil de las figuras elegidas para reforzar la candidatura: Garzón y Robles proceden de la judicatura, construyeron una imagen pública propia y nunca encajaron del todo en el molde del militante disciplinado. Ahí termina, por ahora, la coincidencia y comienza la advertencia histórica. Garzón abandonó el Gobierno al frustrarse sus expectativas, regresó a la Audiencia Nacional y reactivó el caso Marey, cuya investigación agravó el desgaste de Felipe González antes de la derrota de 1996. El precedente recuerda que una personalidad reclutada por su independencia puede aportar votos, pero difícilmente acepta convertirse en figurante.
El paralelismo contiene, además, una ironía biográfica: Garzón y Robles no son dos nombres ajenos entre sí, sino antiguos compañeros de promoción con un historial de choques públicos. En 2010, cuando Robles era vocal del Consejo General del Poder Judicial, Garzón pidió recusarla en el expediente sobre su posible suspensión y alegó «enemistad manifiesta» desde la etapa en que ambos coincidieron en el Gobierno de González. Robles rechazó esa acusación, aunque optó por abstenerse para preservar la apariencia de imparcialidad; en su escrito recordó, además, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había cuestionado la apariencia de objetividad de Garzón al instruir el caso Mareydespués de su paso por el Ejecutivo. Dos años después, Robles calificó de «impecable» la sentencia del Tribunal Supremo que inhabilitó al juez. Y en 2017 el conflicto regresó a los titulares a raíz del llamado informe Veritas: el excomisario Villarejo atribuyó a Robles la orden de recabar información contra Garzón, mientras este afirmó que aquella operación buscaba desacreditarlo porque investigaba asuntos sensibles para el Estado. Se trató de acusaciones públicas, no de hechos judicialmente establecidos, pero bastaron para mostrar que entre ambos había algo más que una discrepancia profesional.
Esa autonomía explica también la ambivalencia con la que el PSOE puede recibir su promoción. Hay alivio, porque Robles ofrece algo escaso en una campaña polarizada: autoridad institucional, buena valoración fuera de la izquierda y capacidad para disputar voto moderado en Madrid. Pero también recelo: elevarla al número dos equivale a admitir que la candidatura necesita credibilidad prestada, altera jerarquías, desplaza a Marlaska y premia precisamente a quien ha exhibido criterio propio frente a la Moncloa. Para el aparato socialista, Robles puede ser a la vez un seguro electoral y un recordatorio incómodo: cuanto mayor sea su utilidad fuera del partido, menos dependerá de él dentro de la lista.
La misma elección que puede ensanchar el espacio electoral del PSOE amenaza con tensar su relación con los socios de la legislatura. Sumar, Podemos y otros aliados de izquierda han chocado con Robles por el aumento del gasto militar, el papel de la OTAN, el envío de armas a Ucrania y la política de defensa; en 2025, Sumar llegó a exigirle que se «plantara» ante nuevas subidas y denunció que podían beneficiar a las industrias militares estadounidense e israelí. También ha recibido reproches por el comercio de material de defensa con Israel y por la gestión política de Pegasus y del CNI. ERC, EH Bildu y otras fuerzas han reclamado en distintos momentos más control parlamentario, transparencia y explicaciones sobre los servicios de inteligencia. Desde esos escaños, situarla junto a Sánchez puede leerse menos como un gesto hacia la mayoría de investidura que como una señal dirigida al centro y a sectores conservadores.
Ahí reside el fondo de la operación. Sánchez no solo estaría ordenando una lista, sino eligiendo qué frontera electoral quiere ensanchar. El PSOE podría asumir el coste de irritar a unos socios que durante la legislatura han presentado a Robles como representante del ala más atlantista y menos permeable a sus posiciones, si a cambio consigue exhibirla como garantía de continuidad del Estado ante votantes moderados. La contradicción es evidente: una ministra discutida por la izquierda que sostiene al Gobierno puede convertirse, precisamente por esas críticas, en la candidata más útil para captar a quienes nunca se han sentido cómodos con esa alianza. También en esto asoma 1993: la apuesta no consiste en premiar la afinidad interna, sino en buscar fuera del perímetro habitual la confianza que el partido teme no reunir por sí solo.
Una lista que también es un mensaje
Sánchez parece repetir la cuenta de González: colocar junto al líder una figura capaz de tranquilizar a quienes desconfían del partido, pero todavía pueden confiar en uno de sus nombres. En 1993, Garzón debía aportar prestigio judicial y promesa de regeneración; hoy, Robles aportaría moderación, experiencia institucional y una relación reconocible con la defensa del Estado. La apuesta persigue el mismo premio —arañar votos decisivos en Madrid— y asume el mismo riesgo: que el número dos termine teniendo agenda, autoridad y límites propios.
Treinta y tres años después, Madrid vuelve a ofrecer la misma fotografía política: un presidente socialista en la cabecera, una figura de la judicatura en el número dos y un dirigente del aparato obligado a ceder un puesto. En 1993 la operación se llamó Garzón; hoy llevaría el nombre de Robles. La incógnita no está en el parecido de la jugada, sino en si también se parecerá su desenlace.
