Memoria, responsabilidad y democracia
Hay nombres que vuelven a la actualidad sin haber salido nunca de la memoria. Floren Aoiz es uno de ellos. EH Bildu lo ha propuesto como cabeza de su candidatura al Senado por Navarra para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. La coalición destaca hoy su condición de responsable de Relaciones Políticas, escritor y presidente de la Fundación Iratzar. Pero su biografía pública contiene otra página, imposible de reducir a una nota marginal: fue parlamentario, portavoz y miembro de la Mesa Nacional de Herri Batasuna durante los años noventa.
Ese pasado no es una sombra decorativa ni una línea incómoda del currículo. Forma parte del juicio político que cada ciudadano tiene derecho a formular ante una candidatura. La democracia permite concurrir a quien cumple la ley; no exige, a cambio, amnesia. Una papeleta no borra las responsabilidades políticas, las palabras pronunciadas ni los silencios sostenidos cuando la violencia estrechaba la vida pública.
En 1995, Herri Batasuna aprobó la ponencia Oldartzen, vinculadapor estudios académicos y archivos especializados a la estrategia denominada «socialización del sufrimiento». Bajo ese eufemismo se extendieron el miedo, la amenaza y la presión sobrerepresentantes públicos, periodistas, docentes, empresarios y ciudadanos cuya discrepancia adquirió un precio cotidiano. Aoizpertenecía entonces a la dirección de HB. Este hecho permite exigirle explicaciones por la responsabilidad política colectiva de aquella dirección; no autoriza a atribuirle, sin pruebas, la autoría personal de cada decisión o acto violento. La precisión no rebaja la crítica: la hace más difícil de esquivar.
Contexto histórico
La ponencia Oldartzen apareció en 1995, en una década marcada por la continuidad de los atentados de ETA y por una ampliación de las formas de intimidación. La historiografía reciente emplea la expresión «violencia de persecución» para describir un repertorio que desbordaba el asesinato: amenazas, acoso, ataques contra bienes, violencia callejera y ocupación intimidatoria del espacio público. Yo, prefiero llamarlo como lo denominaba su mundo: “socialización del dolor”. El objetivo atribuido a aquella estrategia fue extender el temor a sectores que condenaban el terrorismo y restringir, en la práctica, el pluralismo político y social. Detrás estaba ETA, con la pistola y el amonal. Su desarrollo se prolongó hasta el final de la actividad terrorista de ETA, anunciado en 2011.
Herri Batasuna actuaba entonces como referente político de la izquierda abertzale mientras rehusaba condenar la violencia de ETA. Ese marco explica el valor documental de la entrevista de 1993: no fue un episodio aislado, sino la confrontación pública entre un periodista que reclamaba respuestas concretas sobre asesinatos y extorsiones y un portavoz político que interpretaba la violencia dentro de un «conflicto» más amplio. Dos años después, Oldartzen sistematizó una línea de confrontación cuyo alcance es objeto de investigación histórica y de debate público.
Dos años antes, en la campaña electoral de 1993, José María Calleja lo entrevistó en ETB junto con otros periodistas. Lepreguntó por la ética del asesinato, por las víctimas de ETA y por la extorsión a empresarios. Aoiz respondió desplazando el focohacia el conjunto del conflicto y eludió una condena directa. La grabación conserva algo más que un áspero enfrentamientotelevisivo: fija la distancia entre una pregunta moral elemental y un lenguaje político levantado para no contestarla. Ante la pregunta concreta —matar, amenazar, extorsionar— llegó la abstracción. Y, detrás de la abstracción, permaneció el silencio que importaba.
La firmeza exige no deformar los hechos. En 1997, el Tribunal Supremo condenó a los integrantes de la Mesa Nacional de HB, entre ellos Aoiz, por colaboración con banda armada después de que se cediera espacio electoral para difundir un vídeo de ETA; el Tribunal Constitucional anuló aquella condena en 1999. Otro procedimiento tuvo un desenlace distinto: en el caso de las herriko tabernas, la Audiencia Nacional condenó a Aoiz en 2014 a un año y seis meses de prisión por pertenencia a organización terrorista, y el Tribunal Supremo confirmó la sentencia en 2015.Confundir ambos episodios debilitaría el relato; distinguirlos obliga a mirarlo de frente.
La cuestión que abre ahora su candidatura ya no pertenece a un tribunal, sino a la conciencia cívica. ¿Qué revisión hace Aoiz de aquella etapa? ¿Reconoce sin perífrasis el daño padecido por quienes vivieron bajo amenaza? ¿Considera insuficientes sus respuestas de 1993? ¿Qué palabras emplea hoy para nombrar la injusticia del terrorismo? No se trata de imponer una memoria única. Se trata de impedir que la pluralidad democrática sea utilizada como cerrojo de una habitación donde todavía resuenan preguntas sin respuesta.
La literatura puede prestar imágenes a la política, pero no debe prestarle oscuridad. Hubo años en que mirar atrás al salir de casa se convirtió en costumbre; años en que una persiana bajada, una carta anónima o un nombre señalado bastaban para encoger una calle entera. Recordarlo, es recordar a todos aquellos que perdieron su vida en defensa de la democracia. Aoiz puede presentarse a las elecciones conforme a la ley. Y precisamente porque puede hacerlo, los electores pueden —y deben— examinar con rigor la trayectoria que acompaña su nombre. La democracia no necesita olvidar para ser generosa; necesita recordar para ser responsable.
El cierre exige recordar a quienes se enfrentaron al terrorismo y a la intimidación desde las instituciones, los medios de comunicación, la enseñanza, la empresa y la sociedad civil, así como a las víctimas y sus familias. Unos fueron asesinados; otros sufrieron amenazas, acoso o tuvieron que abandonar su entorno. Su experiencia forma parte de la historia reciente y obliga a preservar una memoria pública basada en los hechos, el reconocimiento de las víctimas y la defensa de las libertades democráticas. No esperen de mi un paso atrás, un borrón de mi memoria, y pido que aquello no muera conmigo.
