Ricardo Peña
Parece claro que la derecha y la ultraderecha españolas van a hacer de la inmigración uno de los temas centrales de las próximas contiendas electorales. De las experiencias de otros países europeos han aprendido que este asunto puede darles muchos votos. De hecho, se ha desatado en las redes sociales una batalla despiadada entre el PP y Vox para disputarse ese filón electoral, acusándose mutuamente de “copiarse” las propuestas.
Que dos partidos que suman aproximadamente la mitad del electorado pongan este tema como problema en primer plano tiene consecuencias obvias en la opinión pública: una reciente encuesta del CIS arroja que el 20,7% de los españoles considera la inmigración uno de los tres principales problemas de España. Este porcentaje era del 15,7 % hace siete años.
La izquierda no tiene un discurso articulado sobre la inmigración. Oscila entre el silencio y el buenismo de enfocarlo exclusivamente desde el punto de vista de los derechos humanos. Tan solo en los últimos tiempos el presidente Pedro Sánchez defiende la inmigración como un fenómeno positivo para la economía. Presume en foros internacionales de que una parte importante del crecimiento español de los últimos años se debe al aporte de los inmigrantes.
Lo primero que, en mi opinión, debería combatir la izquierda es la caracterización que hace la derecha de la inmigración como un problema. Se trata más bien de un fenómeno, hasta cierto punto comparable con el cambio climático: está ahí y no va a desaparecer, porque sus causas —pobreza, guerras e inseguridad en los países de origen— no lo van a hacer a corto plazo. Al igual que el cambio climático, estas causas son de origen humano y, aunque se pueden combatir, los efectos de ese combate se verán en todo caso a muy largo plazo. En el caso de la inmigración, combatir sus causas implica ayudar a los países de origen a desarrollarse y democratizarse para que sus habitantes no se vean impelidos a huir. Pero eso no va a suceder mañana.
Aceptada su inevitabilidad, las siguientes acciones deben ir encaminadas a gestionarlo de la mejor forma posible: a la vez que se protegen las fronteras de llegadas irregulares, se deben abrir vías de inmigración regular que permitan el flujo migratorio que el país de recepción pueda absorber de forma razonable. Y han de adoptarse políticas de integración de esos inmigrantes para que no se creen bolsas de pobreza ni guetos discriminatorios que con el tiempo puedan convertirse en focos de violencia.
Con deficiencias y dificultades, más o menos eso es lo que está haciendo el Gobierno. Por supuesto, es legítimo apuntarse al debate y hacer propuestas sobre el tipo de gestión que se necesita. Lo que no es legítimo es mentir y agitar discursos de odio para conseguir fines electorales. En otro trabajo (Bullshitters) dejé clara la diferencia entre un mentiroso y un embaucador, y esto último es lo que están haciendo las derechas españolas: faltar a la verdad para conseguir votos.
En el discurso de Vox, se identifica inmigración con delincuencia, se afirma que reciben prestaciones sociales y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) nada más pisar España, que colapsan la sanidad pública, que nos quitan el trabajo y que van a terminar con nuestra identidad cristiana. Entre sus propuestas está expulsar a los —según ellos— ocho millones de extranjeros que viven en España. Uno de los momentos de mi vida en que he pasado mayor vergüenza fue cuando escuché a la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid hablar de “hordas de violadores que vienen de Marruecos”.
Los datos reales desmienten categóricamente esta sarta de bulos. Por ejemplo, desde 2018 han llegado a España dos millones de inmigrantes, el desempleo se ha reducido y los índices de delincuencia han permanecido estables o, en algunos casos, han bajado. La economía, en cambio, ha crecido a un ritmo promedio del 3% anual. El IMV no se cobra nada mas llegar a España: hace falta un año de residencia legal. Para recibir prestaciones sociales, salvo el ser atendido en una urgencia médica, hace falta haber cotizado al menos un año. No es cierto que los inmigrantes legales hagan un uso de la sanidad pública superior a la media, entre otras cosas porque su edad promedio es considerablemente menor que la española. Los extranjeros residentes no nacionales no son ocho millones, sino 6,9 según el INE.
Al discurso ultraderechista se han apuntado Junts y Alianza Catalana, cuando sus dirigentes —Míriam Nogueras, del primero y, Silvia Orriols, del segundo— afirman que, debido a la inmigración, Cataluña puede dejar de ser catalana. Defienden la teoría del Gran Reemplazo, según la cual los inmigrantes acabarán con las identidades nacionales. También la presidenta de Madrid aporta su granito de arena al decir que los inmigrantes “forman manadas que se dedican a atracar a mayores y a jóvenes”.
El discurso oficial del PP es algo más ambiguo. Muchas de las medidas que proponen ya están en vigor. La única propuesta nueva ha sido copiar el modelo anglosajón de una regularización “por puntos”: al inmigrante se le dan puntos según ciertos criterios tales como la cualificación profesional, el conocimiento de la lengua, y otros, y se le regulariza si supera cierto umbral. Pero, mientras los criterios anglosajones son objetivables, el PP añade algunos que no lo son, tales como el “conocimiento de nuestra cultura” y la “capacidad de integración”. La principal contribución negativa del discurso del PP es situar la inmigración como un problema, en lugar de como un fenómeno que, bien gestionado, puede ser beneficioso tanto para el país de origen como para el de destino.
La izquierda necesita contrarrestar estos discursos falaces e interesados si no quiere que se instale en la mente de los electores el temor a los inmigrantes y que muchos de esos electores voten a los partidos que prometen combatirlos con mayor firmeza. Para ello, nada mejor que dar información fidedigna de todos los aspectos que rodean la inmigración: cuántos inmigrantes llegan regular e irregularmente, de qué países proceden, cuántos reciben la residencia cada año, cuál es su contribución a la economía, qué tipos de trabajos realizan y a qué prestaciones tienen derecho.
Solo con datos y desmintiendo los bulos de la derecha es posible instalar en la sociedad la imagen real de la inmigración: una solución para los que vienen y una oportunidad de mejora para los que ya estamos.
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arece claro que la derecha y la ultraderecha españolas van a hacer de la inmigración uno de los temas centrales de las próximas contiendas electorales. De las experiencias de otros países europeos han aprendido que este asunto puede darles muchos votos. De hecho, se ha desatado en las redes sociales una batalla despiadada entre el PP y Vox para disputarse ese filón electoral, acusándose mutuamente de “copiarse” las propuestas.
Que dos partidos que suman aproximadamente la mitad del electorado pongan este tema como problema en primer plano tiene consecuencias obvias en la opinión pública: una reciente encuesta del CIS arroja que el 20,7% de los españoles considera la inmigración uno de los tres principales problemas de España. Este porcentaje era del 15,7 % hace siete años.
La izquierda no tiene un discurso articulado sobre la inmigración. Oscila entre el silencio y el buenismo de enfocarlo exclusivamente desde el punto de vista de los derechos humanos. Tan solo en los últimos tiempos el presidente Pedro Sánchez defiende la inmigración como un fenómeno positivo para la economía. Presume en foros internacionales de que una parte importante del crecimiento español de los últimos años se debe al aporte de los inmigrantes.
Lo primero que, en mi opinión, debería combatir la izquierda es la caracterización que hace la derecha de la inmigración como un problema. Se trata más bien de un fenómeno, hasta cierto punto comparable con el cambio climático: está ahí y no va a desaparecer, porque sus causas —pobreza, guerras e inseguridad en los países de origen— no lo van a hacer a corto plazo. Al igual que el cambio climático, estas causas son de origen humano y, aunque se pueden combatir, los efectos de ese combate se verán en todo caso a muy largo plazo. En el caso de la inmigración, combatir sus causas implica ayudar a los países de origen a desarrollarse y democratizarse para que sus habitantes no se vean impelidos a huir. Pero eso no va a suceder mañana.
Aceptada su inevitabilidad, las siguientes acciones deben ir encaminadas a gestionarlo de la mejor forma posible: a la vez que se protegen las fronteras de llegadas irregulares, se deben abrir vías de inmigración regular que permitan el flujo migratorio que el país de recepción pueda absorber de forma razonable. Y han de adoptarse políticas de integración de esos inmigrantes para que no se creen bolsas de pobreza ni guetos discriminatorios que con el tiempo puedan convertirse en focos de violencia.
Con deficiencias y dificultades, más o menos eso es lo que está haciendo el Gobierno. Por supuesto, es legítimo apuntarse al debate y hacer propuestas sobre el tipo de gestión que se necesita. Lo que no es legítimo es mentir y agitar discursos de odio para conseguir fines electorales. En otro trabajo (Bullshitters) dejé clara la diferencia entre un mentiroso y un embaucador, y esto último es lo que están haciendo las derechas españolas: faltar a la verdad para conseguir votos.
En el discurso de Vox, se identifica inmigración con delincuencia, se afirma que reciben prestaciones sociales y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) nada más pisar España, que colapsan la sanidad pública, que nos quitan el trabajo y que van a terminar con nuestra identidad cristiana. Entre sus propuestas está expulsar a los —según ellos— ocho millones de extranjeros que viven en España. Uno de los momentos de mi vida en que he pasado mayor vergüenza fue cuando escuché a la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid hablar de “hordas de violadores que vienen de Marruecos”.
Los datos reales desmienten categóricamente esta sarta de bulos. Por ejemplo, desde 2018 han llegado a España dos millones de inmigrantes, el desempleo se ha reducido y los índices de delincuencia han permanecido estables o, en algunos casos, han bajado. La economía, en cambio, ha crecido a un ritmo promedio del 3% anual. El IMV no se cobra nada mas llegar a España: hace falta un año de residencia legal. Para recibir prestaciones sociales, salvo el ser atendido en una urgencia médica, hace falta haber cotizado al menos un año. No es cierto que los inmigrantes legales hagan un uso de la sanidad pública superior a la media, entre otras cosas porque su edad promedio es considerablemente menor que la española. Los extranjeros residentes no nacionales no son ocho millones, sino 6,9 según el INE.
Al discurso ultraderechista se han apuntado Junts y Alianza Catalana, cuando sus dirigentes —Míriam Nogueras, del primero y, Silvia Orriols, del segundo— afirman que, debido a la inmigración, Cataluña puede dejar de ser catalana. Defienden la teoría del Gran Reemplazo, según la cual los inmigrantes acabarán con las identidades nacionales. También la presidenta de Madrid aporta su granito de arena al decir que los inmigrantes “forman manadas que se dedican a atracar a mayores y a jóvenes”.
El discurso oficial del PP es algo más ambiguo. Muchas de las medidas que proponen ya están en vigor. La única propuesta nueva ha sido copiar el modelo anglosajón de una regularización “por puntos”: al inmigrante se le dan puntos según ciertos criterios tales como la cualificación profesional, el conocimiento de la lengua, y otros, y se le regulariza si supera cierto umbral. Pero, mientras los criterios anglosajones son objetivables, el PP añade algunos que no lo son, tales como el “conocimiento de nuestra cultura” y la “capacidad de integración”. La principal contribución negativa del discurso del PP es situar la inmigración como un problema, en lugar de como un fenómeno que, bien gestionado, puede ser beneficioso tanto para el país de origen como para el de destino.
La izquierda necesita contrarrestar estos discursos falaces e interesados si no quiere que se instale en la mente de los electores el temor a los inmigrantes y que muchos de esos electores voten a los partidos que prometen combatirlos con mayor firmeza. Para ello, nada mejor que dar información fidedigna de todos los aspectos que rodean la inmigración: cuántos inmigrantes llegan regular e irregularmente, de qué países proceden, cuántos reciben la residencia cada año, cuál es su contribución a la economía, qué tipos de trabajos realizan y a qué prestaciones tienen derecho.
Solo con datos y desmintiendo los bulos de la derecha es posible instalar en la sociedad la imagen real de la inmigración: una solución para los que vienen y una oportunidad de mejora para los que ya estamos.
