Ricardo Peña
La Comunidad de Madrid está ultimando el rescate financiero de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que ha solicitado a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades un préstamo por valor de 34,5 millones porque no alcanza a pagar las nóminas de aquí a fin de año. Esta situación de angustia económica se reproduce con ligeras variaciones en todas las universidades públicas madrileñas. Es el resultado de una política deliberada que consiste en derivar alumnos desde la universidad pública a la privada, operación en la que el gobierno de Ayuso y los del PP que le precedieron están cosechando un notable éxito: en los últimos 10 años, los alumnos de las públicas han crecido tan solo un 2%, mientras que las privadas lo han hecho un 129%.
Y la razón no es que la oferta privada sea extraordinariamente atractiva y encandile a las familias. De hecho, es de bastante peor calidad y diez veces más cara. La explicación está en que la pública no puede crecer debido a la asfixia financiera que padece desde hace ya muchos años y no puede ofertar todas las plazas que las familias demandan. Si el hijo queda fuera del cupo, la familia tiene que optar por rascarse el bolsillo —si puede permitírselo— o asumir que no estudie.
Conviene dar algunas cifras para entender el contexto del préstamo solicitado. En 2025, la Comunidad de Madrid (CM) transfirió 380 millones a la UCM, lo que supone un 60% de su presupuesto y 5.900 € por estudiante matriculado. El resto hasta 632 millones lo consigue por tasas de matrícula (un 18,1 %) e ingresos de otro tipo, entre otros, convocatorias competitivas de proyectos de investigación. La media nacional que transfieren las CC.AA., según el informe CYD de 2025, es de 7.000 € por estudiante. Algunas universidades públicas, como las del País Vasco y Navarra, reciben más de 9.000 € por estudiante. Si la Complutense recibiera la misma subvención que la media nacional, la CM le adeudaría 71 millones, más del doble de lo solicitado. La recomendación de la OCDE es invertir al menos un 1% del PIB en educación universitaria. Aplicado a Madrid, ello supondría 12.000 € por estudiante. En lugar de acercarse a ese objetivo, la subvención en euros constantes de las universidades públicas madrileñas ha sufrido una disminución del 25% desde 2008.
A pesar de estas evidencias, la CM ha declarado que el origen del déficit de la UCM procede de “un incremento exponencial” de los gastos de personal. Una situación que “se ve agravada por el tamaño, la antigüedad y la diversidad de titulaciones”. La consejería pide a la UCM un plan de viabilidad financiera y recalca que será necesario que “adopte medidas claras de contención del gasto cuanto antes».
Conviene también saber que los presupuestos de 2025 son prórroga de los de 2024 y que la UCM aplicó un recorte del 35% a todas las partidas de gasto corriente. No parece posible realizar más ajustes, salvo —tal vez el objetivo encubierto de la CM— que se desprendiera de una parte de la plantilla. La UCM ha emitido un comunicado para recordar que la situación financiera que atraviesan las universidades públicas de la CM es el resultado de una infrafinanciación que les afecta desde la crisis económica de 2008: “la Universidad Complutense —afirma el comunicado— no se encuentra en una posición singular, sino dentro de una realidad que comparten las universidades públicas madrileñas. Tal y como señaló la Conferencia de Rectores, la combinación del incremento de los costes energéticos, la inflación y la necesidad de actualizar los modelos de financiación ha afectado de forma generalizada a los presupuestos universitarios … No tenemos un excedente de personal, … el incremento se debe a circunstancias ajenas a la propia gestión universitaria, como la asunción de los costes de la seguridad social de todo el personal, aumento del número de sexenios y quinquenios del personal docente de la UCM o el aumento del número de profesores asociados de Ciencias de la Salud por exigencia legal. Unos incrementos que no se han visto correspondidos por la financiación ordinaria”.
Presentadas todas estas consideraciones en una comparecencia en la Asamblea de Madrid, a petición de los grupos de izquierda, del consejero de educación señor Viciana, la respuesta de este no pudo ser más deprimente, a la vez que exótica: considera que la peor amenaza para la financiación de las universidades públicas madrileñas es lo que él llama “el cupo independentista” catalán. A pesar de que el modelo de financiación autonómica no ha cambiado de momento, el señor Viciana ha tenido tiempo de hacer los cálculos y cuantifica entre 50 y 70 millones de menos los que recibirían las universidades madrileñas de aprobarse dicho cupo. Cualquier otra excusa hubiera sido más creíble que tamaña tontería.
Los madrileños tenemos la desgracia de haber tenido que soportar, en sucesivos gobiernos, a la parte más radical del PP, caracterizada por su fanatismo ideológico. Sus dirigentes perciben lo público como un mercado desaprovechado para los negocios: ¿por que subvencionar con impuestos la universidad si se puede sacar un rendimiento económico a buena parte de sus 300.000 estudiantes? ¿Por qué proporcionar una sanidad gratuita para el usuario si muchos pueden pagar por ella?
En el caso de la universidad pública, ello supone un grave perjuicio para el desarrollo de la región y del país en general. Primero, porque la universidad pública es un motor de creación de conocimiento y riqueza a través de su investigación y de su mayor calidad docente. El PP madrileño está cambiando estudiantes bien formados por estudiantes mediocremente formados. Segundo, porque contradice su defensa de la meritocracia y bloquea el ascensor social, al ser la capacidad económica el criterio determinante para poder estudiar. Y, tercero, porque el talento no va necesariamente asociado al poder adquisitivo. Hay listos y tontos tanto entre los ricos como entre los pobres. Si la selección es económica, se está prescindiendo del buen talento, aunque de bajos recursos, a cambio del talento mediocre, pero con recursos. No parece un buen negocio, salvo para los amigos de su clase social.
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