Lo hemos visto innumerables veces en estos ocho años de gobierno de la izquierda: cada vez que hay una crisis, la derecha y la ultraderecha españolas —a las que cada vez cuesta más distinguir— la utilizan como material inflamable contra el Gobierno. Lo hicieron con la pandemia, cuando recurrieron al Tribunal Constitucional (TC) —y, por cierto, ganaron el recurso, ¡bravo por aquel TC!— el imprescindible confinamiento de la población. También con el volcán de La Palma, con la inflación provocada por la invasión rusa de Ucrania, con la DANA de Valencia y ahora con Ceuta. Lo que menos les preocupa es el problema en cuestión del que se trate en cada momento y menos aun contribuir a su solución. Su obsesión es siempre culpabilizar al Gobierno, presentar su gestión como caótica y, a continuación, exigir su dimisión. Salen a una exigencia de dimisión por semana que, en ocho años, totalizan 416 solicitudes.
Y el caso es que, con la crisis de Ceuta, habría bastante espacio para una crítica razonable al Gobierno, que es lo que correspondería hacer a una oposición responsable. Hubo, en mi opinión, un primer fallo de inteligencia ya que las instituciones responsables se limitaron a informar de forma rutinaria de los hechos sucedidos los días previos —“aumentan las entradas”, “hay convocatorias en las redes sociales”, etc.—, pero fueron incapaces de anticipar y alertar de forma fehaciente de una inminente violación masiva de la frontera. Producida la misma, hubo una dejación inicial de funciones por parte del Gobierno en la falsa creencia de que todos los que entraron regresarían voluntariamente en pocos días. Solo a partir del 15 de agosto, se percataron de que una bolsa de inmigrantes, hoy estimada en 10.000 personas, estaba decidida a permanecer en la ciudad. Ahí empezaron a tomar las riendas de la crisis. Y, en el mes transcurrido desde entonces, el Gobierno ha procedido con bastante lentitud en habilitar espacios, organizar traslados a la península y dotar a Ceuta de funcionarios y recursos especializados en repatriaciones para acelerar los trámites.
Pero las derechas, en su afán por defenestrar al gobierno del modo que sea, caen en desmesuras, hipérboles, bulos y apocalipsis varios que les hacen perder cualquier razón que pudieran tener. Así, empezaron exigiendo el confinamiento de los inmigrantes por algunos casos de sarna que aparecieron entre ellos y que fueron tratados apropiadamente por los servicios sanitarios. Ahora mismo, todavía siguen afirmando que hay que devolver a Marruecos a todos ellos de forma inmediata, cuando saben perfectamente que nuestras leyes y, en el caso de los menores, las de la UE no lo permiten.
El gobierno ceutí y el PP insisten en devolver los menores a Marruecos porque este lo pide. Pero sabemos que una cosa es lo que Marruecos dice y otra lo que hace, ya que no suele cumplir los acuerdos suscritos o pone trabas para hacerlo. Antes de la llegada masiva de julio, España había enviado a Rabat cerca de 600 expedientes de menores para buscar su reagrupación familiar y la respuesta ha sido el silencio absoluto.
También juegan con la idea de judicializar el tema y acusar al presidente de alta traición. Quieren que los jueces les hagan su trabajo en lugar convencer a los ciudadanos de que les voten. Y, para hacer que la crisis se enquiste y lleguemos al escenario electoral de 2027 con ella sin resolver, ponen todas las trabas posibles a cualquier solución que idee el Gobierno. Así, el presidente Vivas del PP, se niega a firmar el traslado a la península de 500 niñas bajo su tutela legal, lo que dejaría plazas disponibles para las que aun vagan por la calles con gran peligro para su integridad. También ha obstaculizado y retrasado la aprobación de espacios para crear instalaciones de acogida, requisito imprescindible para hacer las filiaciones e iniciar los trámites de repatriación. Las comunidades del PP, por su parte, se niegan a recibir menores o adultos, siquiera provisionalmente mientras se llevan a cabo los expedientes, para aliviar la situación de Ceuta.
Es decir, aliviar la situación de los ceutíes les importa bien poco. Es más, prefieren alargarla y contribuir a que crezcan los actos violentos para poder así seguir atacando la gestión del gobierno. Se dedican a atizar el miedo de la población magnificando cualquier suceso y a fomentar el odio al inmigrante deshumanizándoles al referirse a ellos como invasores, odio que era irrelevante en Ceuta antes de la crisis.
Y es que la situación nacional e internacional es muy diferente hoy de la que había en 2021, fecha de la anterior entrada masiva en Ceuta. En 2021, Vivas afirmaba lo siguiente: “gracias a la reacción del Gobierno de España, con el presidente al frente, se evitó el desastre”. Hoy coloca al ejecutivo en una posición muy difícil: se opone a la cesión de espacios y se niega al traslado de menores. Bajo la presión de Feijóo, entiende que ello podría interpretarse como un apoyo a Sánchez y, a la vez, como que traslada el problema a sus compañeros barones de las autonomías. Hoy, el PP compite fieramente con Vox y no quiere quedarse atrás en los discursos contra la inmigración. El momento es muy diferente también por la proximidad de varias citas electorales, lo que aumenta los incentivos para trasladar la responsabilidad al adversario. Además, cuentan con un contexto europeo —por no hablar del estadounidense— que favorece el endurecimiento hacia los inmigrantes.
Por orden de importancia para mí, las víctimas de esta crisis son las 160 personas que se ahogaron tratando de entrar en España, los sufridos habitantes de Ceuta y los miles de inmigrantes engañados por las redes sociales, que aún siguen allí con la esperanza de poderse quedar en Europa. Por las primeras ya no podemos hacer nada, pero las segundas merecen toda nuestra solidaridad y exigir al Gobierno que no escatime medios para terminar con su sufrimiento lo antes posible. Y eso incluye tomar alguna medida legal excepcional para sortear el cínico acoso del PP y de Vox que, a la vez que critican la gestión del Gobierno, la obstaculizan todo lo que pueden.
Y, en cuanto a las terceras, dos meses después del inicio de la crisis todavía hay cientos de niños que siguen en la calle sin identificar, sin acceso a un inodoro o una ducha y expuestos a todo tipo de abusos. Todos los responsables deberían contribuir a terminar cuanto antes con esa ignominia, que ofende a todo aquel que siga conservando una mínima sensibilidad humana.
