Nunca dejará de sorprenderme el predominio de lo visceral sobre lo racional en el ser humano. Un claro ejemplo de ello es lo que sucede en la Comunidad de Madrid: la señora Díaz Ayuso obtiene mayorías absolutas a pesar de su más que pobre desempeño en la gestión de los servicios que afectan a sus gobernados. Durante sus mandatos, han aumentado las listas de espera de la sanidad pública, y también el porcentaje de ciudadanos que se ven impelidos a suscribir un seguro privado porque no quieren esperar muchos meses a ser atendidos. La universidad pública está sometida a un vergonzoso proceso de desmantelamiento y, ante su insuficiente oferta de plazas, los padres se ven obligados a matricular a sus hijos en una cara y mediocre universidad privada. Y ahí está su letal gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia, incursa actualmente en dos procesos judiciales. Y su nula contribución a paliar el problema de la vivienda en Madrid, donde está es más escasa y más cara que en el resto de España. Su aportación a la política ha sido realizar una pésima gestión y, a la vez, mantener una bronca interminable contra Pedro Sánchez, como si ella fuera la jefa de la oposición nacional.
En cuanto a este último, sucede lo contrario: su gestión ha sido meritoria y, en cambio, su persona despierta muy pocas simpatías en amplias capas de la población. Y ello por razones difíciles de definir —la oposición le acusa de corrupto, autócrata, traidor y, últimamente, de mafioso— pero que, en todo caso, se sitúan al margen de su gestión.
Me he tomado la molestia de recopilar algunos datos económicos que cualquiera puede verificar consultando las páginas de datosmacro.com, newtral.es, Funcas, Banco de España, INE, etc. Estos arrojan un desempeño económico muy positivo desde mayo de 2018 —fecha de la moción de censura de Sánchez a Rajoy—, que contradice el mito de que la izquierda gestiona la economía peor que la derecha.
Comenzando por el paro, este mes de mayo se ha situado por debajo de los 2,5 millones por primera vez en 17 años. Durante la larga crisis de 2008 a 2018, llegó a alcanzar la cota del 23,7 % en el tercer trimestre de 2014, gobernando Mariano Rajoy. Hoy la tasa está en el 10,1%, a punto de abandonar los dos dígitos.
La población ocupada, que en junio de 2018 era de 19,3 millones de personas, siete años más tarde es de 21,8 millones, es decir, hay dos millones y medio más de cotizantes a la Seguridad Social.
En 2018, el salario medio bruto anual fue de 24.000 €. En 2024, ha sido de 31.700 €, un 32% más. Teniendo en cuenta que la inflación acumulada del periodo ha sido del 21% (datos del INE), podemos afirmar que los salarios han ganado algo de poder adquisitivo en estos años.
Si nos referimos al salario mínimo interprofesional, la ganancia ha sido bastante mayor gracias a las repetidas actualizaciones al alza que han aprobado los sucesivos gobiernos de coalición: ha pasado de los escuálidos 736 € de 2018 a los 1.184 € de 2025 o, en términos anuales, de los 10.300 € a los 16.570 €, un 61% más en siete años.
Los pensionistas han mantenido su poder adquisitivo porque, año tras año, las pensiones han sido actualizadas con el IPC. Durante los años de la crisis, los gobiernos de Rajoy las mantuvieron congeladas cinco años seguidos, con “subidas” del 0,25%, siempre muy por debajo del IPC.
Si sumamos los asalariados —18,5 millones— y los pensionistas —10,3 millones—, se puede afirmar que al menos el 78% de la población mayor de 18 años —37 millones— ha mejorado o mantenido sus condiciones de vida. La evolución de los trabajadores autónomos tampoco ha debido de ser muy mala porque han aumentado en número: de 3,2 millones en 2018 han pasado a 3,4 millones en 2024.
Otros datos macroeconómicos nos dicen que el país en su conjunto ha crecido en riqueza y disminuido sus hipotecas. Por ejemplo, el déficit público —gasto público menos ingresos— ha ido bajando desde la hecatombe económica de 2020 hasta situarse en el 3,15% del PIB a finales de 2024. Las previsiones para 2025 son que baje del 3% —cumpliendo así con las exigencias de la UE— y se quede en el 2,7%.
Exceptuando el “bajón” de 2020 —de un -10,9%— el PIB ha ido creciendo en términos reales los restantes años, acumulando un 12% positivo en el periodo 2018-2024. En términos nominales, el crecimiento ha sido del 36%, pasando de 1,17 billones en 2017 a 1,59 billones en 2024. Las previsiones de crecimiento para 2025 son del 2,6%, cifra que casi triplica el 0,9% del conjunto de la eurozona.
La deuda pública ha aumentado en términos nominales pero, en porcentaje de PIB, ha ido bajando progresivamente, desde el 120,4 % a finales de 2020, al 101,8 % a finales de 2024. Es muy probable que, al terminar 2025, quede por debajo de 100.
Por último, la inflación, que llegó a superar el 10% durante la invasión de Ucrania, terminó este mes de mayo en el 1,9%.
Resumiendo, a finales de 2025 podríamos tener un equilibrio casi perfecto: paro por debajo del 10%, inflación por debajo del 2%, déficit público inferior al 3%, deuda pública menor del 100%, un salario medio de 33.000 € y 22 millones de ocupados, probablemente la mejor situación económica desde que explotó la burbuja inmobiliaria en 2008.
Y, sin embargo, lo que resaltan los medios cada día no son estos logros de los gobiernos de Sánchez, sino un largo rosario de casos judiciales, filtraciones de wasaps e inquietantes audios, que apenas dejan lugar para otras noticias. Como he argumentado en otro trabajo, gran parte de esta campaña mediática, y de la antipatía que levanta hacia la figura del presidente, son inducidas por la derecha y la extrema derecha, que siguen sin haber digerido el haberse quedado a un paso de gobernar tras las elecciones de 2023.
Mención aparte merecen los vergonzosos escándalos de corrupción protagonizados por los dos ex-secretarios de organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Ahí sí parece haber abundante materia punible e, independientemente de cómo evolucionen, ya han producido un daño incalculable a su partido y a la causa del progresismo. Este tema merece un artículo exclusivo.
Pese a todo —y según una encuesta de 40dB previa al caso Cerdán—, un 24,6% de los españoles consideraba a Sánchez el mejor líder para gobernar el país, mientras que a su fiero oponente Núñez Feijóo solamente lo preferían el 16,6%, un punto por detrás de los que se inclinaban por el líder de Vox, Santiago Abascal.
Estos datos confirman una vez más que, cuando la derecha copia el discurso de la extrema derecha para atraerse a su electorado, corre el riesgo de ser devorado por ella.
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