La denuncia contra Garzón
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Un nuevo capítulo de “Recuerdos que no deben olvidarse”, de Rafael Vera. En esta entrega relata la denuncia que presentó contra el juez Baltasar Garzón en 1995 y el clima político, judicial y mediático que rodeó aquellos años convulsos de la democracia española. Una historia incómoda que ayuda a entender un tiempo que muchos no conocieron, otros han olvidado y algunos quizá prefieren no recordar.
Cuando se cierra un ciclo vital, especialmente tras años dedicados a una actividad pública de gran trascendencia, rodeado de las mismas personas y enfrentando duros retos diarios, surge la sensación de que el futuro traerá un aire renovado. Se espera que la próxima etapa sea más tranquila, libre de preocupaciones, insomnios, tragedia y pena que acompañaron la anterior. Así lo sentí en los primeros meses de 1994, experimentando un cierto alivio que me acompañó durante ese periodo inicial. Muy poco duró.
A pesar de que esos meses ya no auguraban un retiro optimista de la política, mi subconsciente mantenía la esperanza de superar ese último tramo, mirando hacia un tiempo alejado de la política y de los problemas que se acumularon sin que los buscase ni los esperase.
Los problemas y sus orígenes.
Como suele ocurrir, los problemas tienen dos fuentes principales: las decisiones tomadas en el pasado, que pueden parecer acertadas o no con el tiempo, y la intervención de terceros, ya sea de forma directa o por intrusión voluntaria, que modifican tus objetivos y razones. Estas personas, cuando perciben que tu situación es sólida y tu camino despejado, se muestran comprometidas y elogian tu labor; pero si el futuro se presenta incierto, se apresuran a buscar refugio y evitar verse involucradas. Con estos “mimbres” tenía que tejer ese futuro que creía prometedor.
La gestión de los problemas en los cargos públicos.
Siempre he sostenido que en un cargo público no existe una relación directa entre un problema y que su solución sea siempre la misma. El contexto y los actores pueden variar con los años, por lo que no sirve repetir respuestas pasadas, aunque hayan sido exitosas. En la vida, y más en la política, las fórmulas matemáticas no garantizan una solución a medida.
La despedida y el escenario político.
En mi despedida de la política, con el pasado agotado y las maletas listas, el panorama en Interior dejaba abierta la puerta a la crítica, a la persecución política y judicial. No eran tiempos para esperar un relevo tranquilo. “Tiempos difíciles”, como titulaba el programa de televisión de Manuel Campo Vidal, se encontraban a la espera. En ese programa de éxito, en el que intervine en horario de máxima audiencia, me sinceré ante el público; sentí que era una gran oportunidad para confesarme, para explicar lo que podía, defendiendo mis acciones y anticipando lo que estaba por venir. Aunque no sé si sirvió de mucho. Me esforcé en rebasar, si esto fuera posible, la frontera de la verdad, y al salir de Antena 3 sentí un alivio, que duró poco.
Cuatro casos que marcaron el horizonte.
Cuatro casos ensombrecían mi futuro: el “caso Roldán”, el “caso Garzón”, el “caso Marey” y el “caso fondos reservados”. Todos ellos están relacionados entre sí, y los iré explicando en una nueva serie de artículos que complementen los dedicados a los “años de plomo”. Todos ellos con un fuerte contenido mediático, judicial y político. Casos que se utilizaron para “enterrar” un tiempo, una gestión brillante y, en definitiva, una gran transformación de nuestra España. He querido buscar un titular que los defina, pero no he sido capaz de encontrarlo. Estos relatos pretenden acercar al lector a la verdad, o al menos a la versión de los hechos que yo viví, a esa verdad que los años pasados han ido ayudando a desvelar, a pesar de algunos esfuerzos por enterrarla. Todos estos escándalos estallaron a lo largo de 1994, impidiendo que empezara a disfrutar de ese nuevo tiempo que anhelaba tanto como respirar.
El papel de Garzón y las acusaciones.
Los primeros encuentros de Garzón con Amedo y Domínguez sentaron las bases de una serie de acusaciones que marcarían el rumbo del juez en su “ajuste de cuentas”. Las amenazas iniciales de Garzón, en busca de testigos y de denunciantes se dirigieron, en primer lugar, a los miembros de la brigada de Información de la Jefatura Superior de Bilbao, muchos de ellos compañeros de Amedo, a quienes amenazó con citar para obtener confesiones bajo coacción, según me informó el comisario Jesús Martínez Torres. En una situación como aquella, por mucho que respeten tu gestión y te aprecien en lo personal, los policías se refugiarán en el “juez amenazador”, porque tú ya eres “pasado” y el juez es el “dueño” de su libertad. Aunque el objetivo final del juez éramos los responsables políticos de “segunda fila”, como Barrionuevo y yo, para llegar hasta nosotros no descartaba sembrar el camino de “inocentes coaccionados” que nos señalasen, aunque solo fuese de “oídas”. La “primera fila”, la reservaba para más adelante, cuando el sumario ya estuviese en manos del Tribunal Supremo.
Me sigo preguntando cómo fue posible topar con una persona de esa moralidad, que posteriormente se ha construido una imagen de defensor de los derechos humanos y azote de políticos corruptos. Quizá todo lo que hizo perseguía revalorizar su trabajo y buscar fortuna para el futuro. La izquierda, que lo apoya y exhibe, desconoce los métodos refinados que empleaba en aquellos años, prefiriendo la apariencia sobre la verdad si le beneficiaba.
La persecución de Garzón y el caso Juan de Justo.
Garzón, aprovechando aquella convergencia de escándalos, ejecutó su venganza señalando, en primer lugar, a mi secretario de despacho, Juan de Justo, como víctima propiciatoria, acusándole de mover grandes sumas de dinero para silenciar informaciones comprometedoras. Garzón sabía de la confianza que Juan me inspiraba, pues había recibido importantes cantidades de fondos reservados enviados por mí para la “seguridad” de jueces y fiscales, acordados tras el asesinato de la fiscal Carmen Tagle.
La declaración de Juan de Justo ante el juzgado número 5, bajo la titularidad de Garzón, está recogida en el sumario y en testimonios de otras causas relacionadas con los juicios que enfrenté. Juan, licenciado en Derecho y de gran calidad profesional y humana, relató el comportamiento amenazador de Garzón, respaldado por las declaraciones de su abogado Emilio Cortés, presente en los interrogatorios.
En algunas de sus gestiones Juan, como persona de gran lealtad y prudencia, no necesitaba conocer todos los detalles de los mensajes que portaba, y se limitaba a trasladar documentos, dinero o instrucciones, siguiendo mis indicaciones. No era un “actor” en el entramado antiterrorista, pero si un valioso consejero.
El 13 de enero de 1995, Garzón confirmó la prisión preventiva de Juan de Justo, acusado de malversación y evasión de capitales. Posteriormente, rechazó un recurso de la defensa y ordenó su ingreso en prisión, alegando la gravedad de las posibles penas. En marzo intentó trasladarlo a Soto del Real, pero Instituciones Penitenciarias lo mantuvo en Alcalá Meco. La Audiencia Nacional lo puso en libertad en abril tras depositar el PSOE una fianza de 25 millones de pesetas. Estuvo 100 días en prisión y nunca regresó. Aquella gravedad alegada quedó diluida en la furia del juez.
Juan no quiso aportar información porque no podía, su nombramiento y su lealtad institucional le ataban a la promesa de confidencialidad, pero su detención fue un paso más hacia mi señalamiento y prisión. ¿Quién restaura el honor de alguien atrapado en el camino de un juez que busca ajustar cuentas sin asumir errores? Nunca hubo disculpas ni reconocimiento de fallos. A otra persona, de menos carácter y fortaleza, le hubiesen arruinado la vida.
La denuncia contra Garzón.
El camino estaba despejado y Garzón no tardó en citarme, asistido por su secretaria judicial, Natalia Reus. Decidí no facilitarle la tarea, conocía sus artimañas y mi intención era emplear sus mismas armas, aunque siempre con desventaja por mi parte, y recurrí a la recusación.
A comienzos de 1.995, cuando el país parecía oscilar entre la necesidad de esclarecer sus sombras y el impulso de dejar atrás viejas heridas, tomé una decisión que pocos hombres en mis circunstancias se atreverían a asumir: denunciar públicamente al juez Baltasar Garzón, no ya como simples discrepancias procesales, sino como un intento de advertir que algo esencial en el equilibrio entre justicia y poder podía estar quebrándose.
El 18 de enero de 1.995, me presenté ante el fiscal general del Estado, Carlos Granados, llevando conmigo un documento extenso, cargado de solemnidad jurídica y de matices personales. En él, invocaba la Constitución Española (art 124), el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el artículo 406 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, construyendo un armazón legal que, en esencia, solicitaba que el propio fiscal iniciara una querella contra el juez instructor por irregularidades en el manejo del caso Marey.
En la denuncia, aseguraba que Garzón, conocido por su intensidad investigadora y su impulso personal en cada causa, había mantenido inactivo el sumario del secuestro de Segundo Marey, permitiendo que se acercara peligrosamente al plazo de prescripción. Aquella parálisis, añadía en mi escrito, no podía ser fruto del azar, pues fue la fiscalía y no el magistrado quien intervino para evitar que el expediente se extinguiera. Este hecho, excedía la mera crítica procesal para convertirse en un indicio perturbador de desatención deliberada en un caso de máxima relevancia.
Pero el corazón de la denuncia era aún más delicado. Pocos días antes, el diario El Mundo, había publicado que Michel Dominguez, uno de los policías vinculados al GAL, se había entrevistado con Garzón en mayo de 1.993 para hablar del propio secuestro de Marey. Sostuve que aquella reunión coincidía, de forma que consideré significativa, con el salto de Garzón a la política como número 2 por Madrid en las listas del PSOE. Esa simultaneidad proyectaba una sombra inevitable sobre la imparcialidad del magistrado.
En la denuncia, con todo lo sabido y sentido, dejaba entrever una tesis inquietante: que la inactividad procesal en el caso Marey podría estar vinculada al tránsito del juez hacia la actividad política, generando una incompatibilidad moral, si no jurídica, entre su figura como investigador judicial y su ambición como candidato. El juez no solo habría actuado con negligencia, sino que habría permitido que un expediente sensible quedara detenido en un momento en que sus decisiones podían tener implicaciones para su futuro público.
El lenguaje del escrito combinaba solemnidad legal con una tensión narrativa palpable. No me presenté como un acusado defensivo, sino como un acusado que, habiendo ocupado puestos de responsabilidad en el Estado, reclamaba la protección de la neutralidad jurídica como fundamento del sistema democrático. Cada frase, estaba diseñada no solo para señalar irregularidades sino para advertir del peligro que representaba una justicia contaminada por intereses personales.
La responsabilidad del juez.
En última instancia, el documento solicitaba que se examinara la responsabilidad de Garzón y se impulsara una querella por su actuación. Era una llamada a restaurar el equilibrio entre poder político y poder judicial en un momento en que ambos parecían entrelazados peligrosamente. Y así, la denuncia quedó como uno de los testimonios más significativos de aquel periodo turbulento en la vida pública española, una época en la que el país trataba de iluminar las zonas oscuras de su propia historia mientras luchaba por preservar la credibilidad de sus instituciones.
A medida que avanzaban los días posteriores a la presentación de aquella denuncia fui comprendiendo que no había vuelta atrás. Cuando decides señalar la conducta de un juez que no solo goza de un aura mediática sin precedentes, sino que también ha mantenido vínculos visibles con la política te expones a un escrutinio que trasciende lo meramente judicial. Era consciente de ello, pero aun así consideraba inevitable advertir sobre unas actuaciones que, desde mi perspectiva, distaban de la imparcialidad que cabía esperar en un Estado de derecho.
Lo más sorprendente de aquel momento, o quizá lo más previsible dependiendo del prisma con que se mire, fue la reacción del entorno político y mediático. No hubo pausa, ni equilibrio, ni el mínimo titubeo para analizar con rigor el contenido de mi denuncia. La mayor parte de los medios, alineados con el relato dominante, se apresuraron a desacreditarla o a interpretarla como una maniobra defensiva, un recurso desesperado para frenar lo que ellos mismos presentaban como un avance imparable de la justicia. Sin embargo, los hechos que expuse no surgieron del resentimiento ni de una estrategia procesal sino de la constatación documentada de un comportamiento que, en mi opinión, se alejaba de los principios rectores de un juez.
Garzón: un juez estrella.
La figura de Garzón, que ya entonces había trascendido su papel jurisdiccional para convertirse en un icono público, ocupaba las portadas con enorme facilidad. Su capacidad para seducir a la opinión pública, reforzada por su imagen de magistrado comprometido con causas de gran carga moral, lo convertía en un personaje difícil de cuestionar sin recibir el impacto de una respuesta contundente. Su paso fugaz por la política, su regreso al juzgado y la forma en la que retomó la instrucción del caso Marey constituían, sin duda, elementos que merecían una reflexión serena, pero la histeria mediática aderezada con fuerte contenido político impedía cualquier análisis razonable.
Recuerdo claramente la primera semana tras la presentación de la denuncia. Tenía la sensación de caminar por un puente colgante cuya estabilidad dependía de agentes externos sobre los que no tenía control. El aparato judicial continuaba avanzando, los interrogatorios se intensificaban, las decisiones se sucedían con rapidez milimétrica, y la estructura institucional parecía moverse en sincronía para sostener el relato construido alrededor del juez instructor. Yo, mientras tanto, me veía obligado a recorrer despachos, recopilar documentos, rehacer cronologías y explicar una y otra vez las razones que me habían llevado a dar ese paso.
En ese periodo, comprendí con mayor claridad que el sistema judicial español, como cualquier otro sistema humano, no estaba exento de luchas internas, de jerarquías invisibles y de dinámicas que poco tenían que ver con la ley escrita. Había un componente emocional, casi tribal, en la defensa incondicional hacia la figura del juez Garzón. Quien osaba señalar sus contradicciones o denunciar su conducta quedaba automáticamente relegado al bando de los sospechosos, de los que tenían algo que ocultar, de aquellos cuya palabra debía recibir poca o ninguna credibilidad.
Y, sin embargo, ¿cómo no advertir que la inactividad del sumario Marey coincidía con su actividad política? ¿Cómo no señalar que, en lugar de avanzar en una instrucción que el mismo había promovido durante años, se aferró a un silencio procesal que resultaba difícil de explicar con criterios jurídicos? Me preguntaba, entonces y ahora, cuantos magistrados habían actuado de forma semejante sin afrontar consecuencias, y cuantos ciudadanos no habían sido sometidos a un escrutinio implacable por errores mayores.
La denuncia, aún con todo su peso jurídico, representaba también un acto profundamente personal. Al redactarla, no solo expuse datos, fechas y referencias legales, sino también la frustración acumulada durante meses al sentir que el proceso había dejado de ser un mecanismo neutral y se había transformado en una herramienta de ajuste. Ajuste institucional, político, incluso emocional. Porque un juez también tiene emociones, simpatías, aspiraciones, resentimientos. Y cuando esas emociones penetran en la esencia misma del proceso penal, la justicia deja de ser un árbitro para convertirse en un actor.
A menudo me he preguntado como habrían sido las cosas si Garzón no hubiera dado el salto a la política. Si no hubiera aparecido en mítines, si no hubiera aceptado puestos de responsabilidad pública bajo las siglas del PSOE, si no hubiera regresado al juzgado con la determinación de demostrar algo- ¿a sí mismo, al gobierno, al país? – que solo él sabía con exactitud. La línea que separa a un juez independiente de un juez influido por sus propias ambiciones puede ser extremadamente fina, y en este caso, desde dentro de la maquinaria procesal, me parece evidente que la frontera había sido cruzada.
También recuerdo cómo, mientras luchaba por mantener mi propia defensa jurídica, se intensificaba el clima político que rodeaba todos los casos que me afectaban- Roldán, fondos reservados, Marey- y que formaban un mosaico de acusaciones cuya lectura, en muchas ocasiones, parecía diseñada para crear una narrativa global, coherente y devastadora. Una narrativa que no solo se asentaba sobre hechos, sino también sobre una construcción emocional en la que Garzón ocupaba el rol de héroe solitario, enfrentado a una estructura de poder que debía ser desmontada. Llegó a denunciar públicamente que temía por su vida. En ese guion no escrito solo faltaba el componente mafioso, de poder “a lo Corleone”, de matonismo gansteril.
Ese relato, reconozco, se instaló con fuerza en la sociedad española. Era sencillo, casi cinematográfico, un juez intrépido contra los abusos del Estado. Pero la realidad era infinitamente más compleja. No existía esa frontera nítida entre buenos y malos, entre verdugos y víctimas, entre legalidad e ilegalidad. Lo que existía era un entramado de decisiones, omisiones, presiones y circunstancias históricas que no podían reducirse a la caricatura de un guion. Mi denuncia intentaba señalar precisamente esa complejidad, alertando de los peligros de convertir la justicia en un escenario simplificado para consumo mediático.
No soy jurista, no he estudiado leyes, pero aquellos años me obligaron a sumergirme en un mundo desconocido, a veces desconcertante, de apariencia ordenada pero de sentencias contradictorias, que generan mucho ruido. En multitud de casos, con resultados que levantan muchas voces y críticas del ciudadano de a pie. Con el gobierno actual hemos asistido, y me temo que seguiremos asistiendo, a una denuncia repetida de la injerencia política en la justicia. En ese comportamiento no me sorprende el señalamiento, que la izquierda hace, cuando los escritos de un juez no responden a los intereses de sus “imputados”, apelando a la supuesta ideología conservadora del magistrado. En esto de la “ideología” de los magistrados si puedo opinar. ¡Otro día!
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