Encuestas, jueces y memoria personal ante una democracia que empieza a inquietarse cuando la toga deja de parecer refugio y empieza a parecer trinchera.
Hay días en que los periódicos no se limitan a contar el país: lo empujan suavemente hacia un espejo. Hoy, varias cabeceras de ámbito nacional, entre ellas El País y La Vanguardia, situadas por muchos lectores en una sensibilidad de centro izquierda, han abierto ese espejo ante una sociedad cansada de mirar a la Justicia con la mezcla de respeto antiguo y desconfianza nueva con que se contempla una institución imprescindible cuando empieza a parecer humana, demasiado humana.
Los trabajos demoscópicos publicados coinciden en una misma música de fondo: una parte muy relevante de los españoles sospecha que, cuando los procedimientos judiciales rozan a dirigentes políticos o a su entorno, la balanza no siempre parece pesar únicamente pruebas, indicios y normas. El estudio de 40dB para El País y la Cadena SER sitúa por encima del 65% a quienes creen que existe lawfare en España; la encuesta de Ipsos para La Vanguardia añade otra nota a la misma partitura al reflejar que cerca de seis de cada diez ciudadanos consideran que hay jueces haciendo política y que una parte sustancial de la opinión pública duda de su imparcialidad en asuntos políticos.
No es un dato menor. Tampoco es un dato inocente. En política, las encuestas no caen nunca como lluvia sobre un campo neutral: caen sobre trincheras, sobre heridas abiertas, sobre relatos que llevan tiempo buscando una cifra que los confirme. Y el Gobierno, que desde hace meses denuncia con insistencia que determinados procedimientos contra personas vinculadas al PSOE responden a una intencionalidad política, ha encontrado en esos números una frase ya escrita de antemano: “¿Veis como la opinión pública también lo piensa?”.
La reacción era previsible, casi inevitable. Cuando un poder se siente asediado por los sumarios, busca refugio en la calle; cuando la calle expresa dudas sobre los jueces, el poder las convierte en escudo. Así, la demoscopia deja de ser un retrato de inquietudes ciudadanas para transformarse en munición retórica. La pregunta, sin embargo, debería ser más grave y más serena: ¿estamos midiendo la desconfianza en la Justicia o estamos asistiendo a la fabricación política de esa desconfianza?
Porque una democracia puede soportar muchas cosas: gobiernos débiles, oposiciones ásperas, parlamentos inflamados, campañas feroces. Lo que soporta peor es que el ciudadano empiece a creer que la sentencia depende del apellido, del partido, del periódico que titule primero o del juez que haya tocado en suerte. En ese instante, la Justicia deja de ser templo y se convierte en escenario; la toga pierde solemnidad y gana sospecha; el sumario ya no se lee como un procedimiento, sino como un capítulo más de la guerra política.
El Gobierno, al invocar estas encuestas, parece querer fijar una conclusión única: si los españoles recelan, es porque perciben una ofensiva judicial contra los socialistas. Pero esa lectura, aunque útil para la defensa partidista, es estrecha para el país. La desconfianza que hoy se aplica a procedimientos que afectan al partido en el Gobierno puede extenderse mañana, con idéntica facilidad, a procesos contra dirigentes de la oposición. Una sospecha sembrada para proteger a los propios no pregunta después a quién debe cubrir con su sombra.
Ahí reside el peligro. Convertir la percepción social en absolución preventiva degrada tanto la política como la Justicia. Si todo procedimiento contra un adversario es corrupción probada y todo procedimiento contra los nuestros es persecución política, ya no queda espacio para la verdad judicial, ni para la responsabilidad pública, ni para la paciencia democrática. Solo queda el barro: un barro pegajoso donde cada partido chapotea acusando al otro de haberlo ensuciado primero.
Por eso conviene mirar estos sondeos con inquietud, no con júbilo. No deberían servir para que nadie celebre que la ciudadanía sospecha de los jueces, sino para preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí. Qué han hecho los partidos con el Consejo General del Poder Judicial. Qué han hecho algunos jueces con su exposición pública. Qué han hecho los medios al convertir cada diligencia en una batalla campal. Qué hemos hecho todos cuando hemos aceptado que la Justicia se explique en tertulias antes que en autos.
También ahí, en el debate sobre los órganos de dirección y control de la judicatura, conviene hablar sin miedo y sin consignas. Siempre pensé, incluso cuando esa posición no coincidía del todo con la opinión dominante en el PSOE de entonces, que los jueces debían poder elegir a los miembros de su propio órgano rector. En el papel democrático, me sigue pareciendo lo más razonable: si defendemos la independencia judicial, resulta difícil sostener al mismo tiempo que su gobierno interno dependa de la aritmética parlamentaria, de los pactos entre partidos o de los equilibrios de ocasión.
Pero no puedo escribir sobre todo esto como si hablara desde una ventana ajena. Tengo necesariamente que volver a mi caso, a lo que viví y a lo que padecí. Con la manera actual de medir y nombrar estas cosas, aquello encajaría sobradamente en lo que hoy se denomina lawfare. Y lo digo con la incomodidad de quien no quiere abusar de su propia memoria, pero tampoco está dispuesto a dejar que otros reescriban la experiencia de una vida bajo el barniz frío de la distancia.
En mi caso, el primer juez instructor fue Baltasar Garzón, un magistrado situado entonces, al menos en teoría, en coordenadas de izquierda. Y precisamente por eso mi experiencia incomoda los relatos demasiado simples. No siempre la desviación nace del mismo lugar ideológico, ni siempre la politización responde a un manual reconocible de partido. A veces la mueve algo más personal, más oscuro y más humano: la ambición, la proyección pública, la antipatía hacia una figura concreta, el deseo de intervenir en la historia no desde la discreción del Derecho, sino desde el protagonismo del escenario.
No sentí entonces que me juzgara solo una causa. Sentí que se juzgaba una trayectoria, una biografía política, una presencia incómoda. Sentí que detrás de las resoluciones no latían únicamente criterios jurídicos, sino una voluntad de marcar época, de levantar un relato y de colocarme en él con el papel previamente asignado. Quizá por eso me cuesta aceptar ahora que se hable de lawfare como si acabara de descubrirse una enfermedad nueva. Algunos conocimos sus síntomas mucho antes de que tuviera nombre.
La confianza institucional no se reconstruye a golpe de encuesta ni de eslogan. Se reconstruye con jueces independientes y prudentes, con políticos que no pretendan colonizar los tribunales ni desacreditarlos cuando les incomodan, con medios que informen sin convertir cada causa en una novela por entregas, y con ciudadanos capaces de exigir limpieza sin entregarse al cinismo.
Hoy las encuestas han puesto palabras a una desazón profunda. El Gobierno ha corrido a leerlas como confirmación de su relato. La oposición hará probablemente la lectura contraria. Pero el país, si aún conserva algo de instinto democrático, debería leerlas de otro modo: como una alarma. Porque cuando la Justicia deja de ser creída, no gana la política. Pierde la democracia entera.
Y quizá por eso escribo estas líneas con más melancolía que ira. Porque uno puede aceptar la dureza del combate político, la incomprensión, incluso la derrota; lo que cuesta aceptar es que un país acostumbre su mirada a sospechar de aquello que debería ampararlo. La Justicia no puede ser un territorio conquistado por nadie, ni una bandera que se agita según convenga, ni un ajuste de cuentas envuelto en solemnidad. Si la convertimos en eso, si permitimos que cada ciudadano vea en un juez a un adversario o a un aliado, habremos perdido algo más hondo que una discusión pública: habremos perdido el refugio común al que acuden, desarmados, los inocentes y los culpables, los poderosos y los débiles, los que gobiernan y los que esperan justicia en silencio.
Por eso la defensa de la Justicia no pertenece a los jueces, ni a los partidos, ni a quienes ganan o pierden un proceso. Nos pertenece a todos. Y si alguna lección deja la experiencia, la propia y la colectiva, es que una democracia empieza a
enfermar el día en que sus ciudadanos dejan de preguntarse qué es justo y se conforman con preguntar a quién beneficia. Entonces la Justicia deja de ser faro y se convierte en una lámpara movida por manos interesadas: alumbra unas heridas, deja otras en sombra y termina por extraviar a todos en la misma noche.
