Los últimos gobernadores civiles

Regresan a menudo los recuerdos de aquellos años, no como escenas ordenadas en un álbum, sino como voces, rostros y emociones que el tiempo no ha logrado borrar. Éramos los hijos de los «vencedores» y de los «vencidos», herederos de una fractura que había atravesado familias, pueblos y conciencias. Sin embargo, mucho antes de que la reconciliación se convirtiera en materia de discursos o de leyes, ya habíamos comenzado a tejerla en las calles, en los centros de trabajo, en las universidades y en las conversaciones discretas donde aprendimos a reconocernos sin preguntar de qué lado había estado cada padre. No fue un camino fácil. La Guerra Civil seguía presente en los silencios, en los temores y en agravios que parecían transmitirse de una generación a otra. Pero junto a aquella sombra crecía una voluntad firme de mirar hacia delante, de impedir que las diferencias políticas volvieran a convertirse en trincheras. La victoria del PSOE en 1982 fue recibida como una inmensa promesa colectiva. No se trataba solo de un relevo en el poder: para muchos significaba que la democracia había echado raíces y que había llegado la hora de consolidar las libertades, modernizar las instituciones y acercar la Administración a una sociedad que reclamaba participación, justicia y futuro. En ese empeño, la figura del gobernador civil conservaba todavía una importancia decisiva. Era el representante permanente del Gobierno en la provincia y la primera autoridad de la Administración Civil del Estado. De él dependían la dirección de los servicios periféricos, la coordinación de la seguridad y el orden público, y una interlocución constante con alcaldes, diputaciones, organizaciones sociales y ciudadanos. Pero en 1982 esa definición administrativa resultaba insuficiente. Quien ocupara el Gobierno Civil debía dejar atrás las inercias autoritarias que durante décadas habían quedado adheridas al cargo y demostrar, en los hechos cotidianos, que la autoridad democrática podía ser firme sin ser distante, eficaz sin resultar arrogante y respetada sin inspirar temor. Había que abrir puertas que durante demasiado tiempo habían permanecido cerradas; escuchar a quienes nunca se habían sentido escuchados; recibir a representantes sindicales, asociaciones vecinales y alcaldes elegidos por sus conciudadanos. En cada provincia, el gobernador debía convertir los grandes principios de la Constitución en una presencia reconocible y cercana. La democracia no podía quedarse en los textos legales ni en los debates de Madrid: tenía que respirarse también en los despachos provinciales y sentirse en la relación diaria entre la Administración y la gente. Los nombramientos exigían, por ello, una atención extraordinaria. Una vez elegida la persona y obtenido el visto bueno de la Presidencia del Gobierno, la designación se aprobaba en Consejo de ministros. Los gobernadores dependían del Ministerio del Interior y de su Dirección General de Política Interior, y con muchos de ellos mantuvimos un contacto casi diario. El procedimiento podía parecer frío sobre el papel, pero detrás de cada nombre había dudas, conversaciones y una pregunta esencial: ¿sería aquella persona capaz de representar el nuevo tiempo? No buscábamos únicamente experiencia o solvencia técnica. Necesitábamos sensibilidad política, prudencia, capacidad de diálogo y una idea profunda del servicio público. Aquel cargo obligaba a decidir, pero también a escuchar; a defender la ley, pero sin olvidar que cada conflicto encerraba historias humanas. El nombramiento era apenas el comienzo. Después llegaban las horas interminables, los viajes por la provincia, las crisis imprevistas y la soledad de quien sabe que una decisión equivocada puede afectar a muchas vidas. Conservar aquella figura mientras nacía el Estado de las autonomías nos pareció esencial. España estaba cambiando a una velocidad vertiginosa y era necesario asegurar la continuidad de los servicios mientras las nuevas comunidades asumían sus competencias. El gobernador debía acompañar esa transformación con serenidad y sentido de Estado, evitando que la redistribución del poder generara vacíos, desconfianzas o enfrentamientos innecesarios. Su misión consistía, en buena medida, en sostener el puente mientras se construía la otra orilla. Sabíamos que ese puente no sería eterno, pero también que no podía retirarse antes de tiempo. Aquel equilibrio entre lo que desaparecía y lo que aún estaba naciendo exigía inteligencia, paciencia y una lealtad que no se confundiera con la defensa de privilegios. Se trataba de garantizar que el cambio institucional no alterara la vida cotidiana de los ciudadanos y que la pluralidad territorial se convirtiera en una fuerza de integración, no en un motivo de ruptura. Durante el régimen anterior, el gobernador civil había concentrado en su provincia una autoridad que recordaba a la de un señor feudal. Su poder político era casi absoluto y se proyectaba sobre buena parte de la vida pública. A esa condición se añadía la jefatura provincial del Movimiento: en una misma persona se fundían la representación del Estado y la dirección territorial del partido único. Administración y política formaban entonces una sola arquitectura de poder, difícilmente discutible dentro de los límites provinciales. La llegada del nuevo Gobierno alteró de raíz aquel viejo equilibrio. Algunos gobernadores nombrados durante la UCD, funcionarios de carrera pertenecientes a los cuerpos técnicos de la Administración del Estado, regresaron al Ministerio del que procedían. En la última planta se les habilitaron despachos y allí quedaron, entre expedientes y pasillos silenciosos, quienes hasta poco antes habían gobernado una provincia entera. Aquella imagen poseía algo de símbolo: el antiguo poder provincial se recogía discretamente en las alturas de un edificio ministerial, mientras abajo comenzaba a abrirse paso una concepción distinta de la autoridad. Recuerdo los nuevos nombramientos como una búsqueda urgente y, al mismo tiempo, esperanzada. Había que encontrar con rapidez a las personas capaces de asumir unos destinos complejos y de representar una autoridad nacida de la democracia. Contábamos con hombres y mujeres procedentes de carreras y oficios muy diversos; también con funcionarios de carrera dispuestos a abandonar la seguridad de sus puestos para afrontar aquella responsabilidad. La experiencia de los primeros ayuntamientos democráticos resultó decisiva. En las ciudades medianas y grandes, muchos concejales habían aprendido los verdaderos rudimentos de la función pública en el contacto diario con los problemas de la gente: una calle sin alumbrado, un barrio sin servicios, una protesta vecinal, una empresa en crisis. En aquellos consistorios todavía jóvenes se había formado una generación que conocía el valor del diálogo, la cercanía y la responsabilidad compartida. No todos poseían una larga trayectoria administrativa, pero muchos llevaban consigo algo que entonces era igualmente valioso: el entusiasmo de quien sabe que está participando en la construcción de un país nuevo. Desde el principio sabíamos que aquella forma de gestión sería transitoria. El Estado autonómico avanzaba y, con él, la transferencia paulatina de competencias a las comunidades autónomas. Al mismo tiempo, la autoridad superior de los delegados del Gobierno transformaría profundamente el papel del representante estatal en cada provincia. No era solo una reforma administrativa ni un sencillo reparto de funciones. Era la lenta despedida de una manera de entender el poder. Quienes ocupaban aquellos despachos tenían que aprender a ceder espacio, a acompañar el cambio y a aceptar que servir al Estado consistía también en desprenderse de atribuciones que durante décadas habían parecido inseparables del cargo. En esa pérdida paulatina de poder había, paradójicamente, una ganancia colectiva. Las decisiones se acercaban a los territorios, la responsabilidad se distribuía y la autoridad dejaba de aparecer como una voluntad única que descendía desde arriba. La democracia se hacía así más compleja, pero también más rica, más compartida y más humana. Con muy pocas excepciones, aquellos gobernadores mostraron una dedicación y una capacidad de trabajo encomiables. Mantuvimos con ellos un contacto constante, hecho de consultas, llamadas a deshora y decisiones compartidas. Podría relatar innumerables anécdotas de aquellos años, algunas graves y otras entrañables, porque en cada provincia la democracia se abría paso entre circunstancias distintas y sensibilidades todavía heridas. Para muchos españoles, la memoria de la Guerra Civil y de sus consecuencias no era aún una página vuelta, sino un dolor que afloraba en los silencios, en los recelos y en los agravios heredados. En aquel paisaje humano, la intervención de los nuevos gobernadores fue a menudo decisiva. Tuvieron que acercarse a personas y colectivos muy sensibles a aquel pasado, escuchar razones nacidas de antiguas heridas y ejercer la autoridad con prudencia, cercanía y respeto. No podían reparar lo sucedido, pero sí impedir que el resentimiento volviera a encenderse. A veces bastaba una palabra justa, un encuentro propiciado a tiempo o una puerta abierta después de demasiados años. Con gestos discretos, que rara vez alcanzaron los titulares, ayudaron a apagar agravios y a convertir la convivencia en algo más que una aspiración escrita en las leyes. Una responsabilidad todavía más grave recaía sobre quienes fueron destinados a las provincias vascas y a Navarra. Allí el cargo llevaba consigo un riesgo que nadie podía ignorar. En aquellas tierras hundía sus raíces un terrorismo que pretendía prolongarse y crecer en la España democrática para herirla desde dentro y, si le era posible, acabar con ella. Cada decisión, cada desplazamiento y cada acto público se desarrollaban bajo la sombra de la amenaza. Quienes aceptaron aquellos destinos sabían que no solo iban a representar al Gobierno, sino también a defender con su presencia cotidiana la legitimidad de unas instituciones recién conquistadas. Debían sostener la autoridad sin convertirla en distancia, mantener abiertos los caminos del diálogo sin ceder ante el miedo y hacer visible que la democracia no abandonaría ninguno de sus territorios. En aquella aceptación hubo una forma serena de coraje: la de quienes conocían el peligro y, aun así, eligieron permanecer en su puesto, convencidos de que servir al Estado significaba proteger la libertad precisamente allí donde más ferozmente se la amenazaba. Algunos gobernadores afrontaron directamente la violencia y el peligro. El 1 de junio de 1985, durante un atraco con ocho rehenes en una sucursal del Banco de Sabadell de Valls, el gobernador civil de Tarragona, Vicente Valero Costa, decidió entrar en la oficina para parlamentar con el asaltante. Lo acompañó el alcalde, Pau Nuet. Durante más de media hora intentaron alcanzar un acuerdo y liberar a las personas retenidas. Cuando parecía próximo un desenlace favorable, el atracador disparó tres veces casi a quemarropa. Dos balas alcanzaron al gobernador, una en el pecho y otra en el cuello. Gravemente herido, consiguió salir por su propio pie y sobrevivió tras una larga intervención quirúrgica. Aquel gesto resumía una manera de entender el servicio público: la autoridad no como privilegio, sino como responsabilidad asumida hasta sus últimas consecuencias. En la memoria permanece también Francisco Javier Afonso Carrillo, gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife. El 11 de septiembre de 1984 se desplazó a La Gomera para supervisar y coordinar las labores de extinción de un terrible incendio forestal. Apenas llevaba cuarenta y cuatro días en el cargo. Un cambio repentino del viento cercó entre las llamas a quienes trabajaban en la zona del Roque de Agando. Afonso Carrillo perdió allí la vida, junto a otras personas, cerca del peligro y de quienes luchaban contra él. No murió detrás de un escritorio, sino en el lugar donde había considerado que debía estar. Episodios como aquellos nos recordaron, con una crudeza imposible de olvidar, que detrás de cada cargo había una persona y que, en ocasiones, servir al Estado significaba aceptar riesgos que desbordaban cualquier obligación escrita. El valor verdadero rara vez se anuncia con grandes palabras. Se revela en el instante en que alguien decide permanecer cuando lo más humano sería alejarse; cuando antepone la vida de los demás a su propia seguridad y comprende que el deber puede exigirle mucho más de lo que jamás imaginó. El sacrificio de aquellos hombres no estuvo hecho de gestos calculados para la memoria, sino de decisiones solitarias adoptadas frente al peligro y al sufrimiento ajeno. Algunos regresaron heridos; otros no regresaron. Todos nos enseñaron que ejercer la autoridad no consiste únicamente en mandar, sino en responder personalmente por aquello que se representa. El tiempo ha borrado muchos nombres y ha desdibujado no pocos episodios, pero no debería borrar su ejemplo. Porque una democracia se sostiene también sobre la entrega silenciosa de quienes, en la hora más difícil, eligen cumplir con su responsabilidad y proteger a los demás. En aquella generación de gobernadores civiles, la última que conoció el cargo con su antigua amplitud y la primera que tuvo que transformarlo, quedó reflejado un país entero: un país que abandonaba el miedo aprendía a compartir el poder y avanzaba, con incertidumbre, pero también con esperanza, hacia una convivencia más libre. En esa elección reside la forma más noble del valor y la medida más profunda del servicio público.