Fernando Ballestero
Hace unos días, la OCDE ha publicado su “Encuesta sobre los determinantes de la confianza en las instituciones públicas de América Latina y el Caribe. Resultados 2025.”
En este trabajo, realizado con la metodología y el rigor característico de los trabajos de esta organización, se recoge que el porcentaje de ciudadanos que otorga un nivel de confianza alto o moderadamente alto a su gobierno nacional se sitúa en el 35% frente a un 48% que lo considera bajo o falto de confianza.
Algún lector puede caer en el error de considerar que el dato no le sorprende por tratarse de países de aquella región, pero que en los países OCDE, y especialmente en Europa, seguro que no es así. Pero se equivoca. La realidad es que en la OCDE el porcentaje de confianza alta o moderadamente alta en el gobierno nacional asciende sólo al 39%. Lo que indica claramente que algo, serio, está pasando.
La realización de estas encuestas se enmarca en una iniciativa lanzada en noviembre de 2022, en la Declaración de Luxemburgo, para impulsar la confianza y el refuerzo de la democracia, en el marco de la visión ante el futuro, tras los efectos de la pandemia y el ataque de Rusia a Ucrania. Ello se ha traducido, entre otras cosas, en encuestas bianuales para los países de la OCDE, la última en noviembre de 2024, y esta primera encuesta para diez países de América Latina y Caribe. El objetivo es ver qué está pasado, analizar las tendencias y sus causas, y proponer recomendaciones.
La Encuesta mide el nivel de confianza de la ciudadanía en sus gobiernos e instituciones públicas, “centrándose especialmente en los factores que impulsan la confianza pública: capacidad de respuesta, fiabilidad, capacidad de los gobiernos para afrontar desafíos complejos y globales, integridad, equidad y transparencia, para abordar mejor los desafíos más urgentes de la sociedad”. En la web de la OCDE puede leerse el Informe, las preguntas realizadas, y las respuestas dadas en los diferentes estados miembros.
En el caso de España, en cuanto a la confianza en las Instituciones, se dice que “al igual que en la mayoría de los países de la OCDE, los españoles confían más en la policía (61 %), en otras personas (59 %), en los tribunales y el sistema judicial (45 %) y en el gobierno local (44 %) que en el gobierno central (37 %). Alrededor de un tercio de la población declara tener una confianza alta o moderadamente alta en la administración pública central (38 %), los medios de comunicación (34 %) y el parlamento nacional (34 %). Los partidos políticos (18 %) son las instituciones en las que menos se confía en España.”
A conclusiones similares llega el estudio realizado por la Fundación BBVA sobre la confianza en la sociedad española, también para 2024, que recoge que: “En el plano de la confianza institucional se observa una clara diferencia entre las instituciones percibidas como neutrales, al servicio de todos, que aseguran la aplicación diaria del Estado de derecho –la Policía, la Guardia Civil, el Ejército y, de manera algo menos marcada, la Justicia–, que cuentan con la confianza de la mayoría de la sociedad; y, por otro lado, aquellas instituciones sujetas a divisiones y orientaciones políticas específicas, como el Parlamento, el Gobierno y los partidos políticos, que se colocan, a gran distancia, en la parte más baja del mapa de confianza.”
Aunque, hay que señalar algo positivo en nuestro caso. En materia de protección ante los ciberataques, esa confianza en las instituciones públicas, al menos en España, es mucho más elevada. Así queda reflejado en un reciente Informe de la Consultora IPSOS, que afirma que “…. el 50% de los españoles confía en su gobierno para hacer frente a las amenazas de hackeo, por lo que se sitúa como el gobierno europeo más fiable para abordar una crisis como la del robo de datos a través de la tecnología”. Esta afirmación responde sin duda al eficaz y discreto trabajo que realizan los centros especializados de la Administración responsables en esta materia.
Pero aparte de confiar en la protección ante ciberataques y otros actos delictivos, la confianza en las instituciones públicas es crucial para que haya crecimiento económico y estabilidad. Así, y de igual modo que es un hecho que la confianza entre las partes es básica para hacer negocios y alcanzar compromisos, la credibilidad y confianza en las instituciones y en un marco estable es básica para que se den inversiones. El premio Nobel de economía Daron Acemoglu lo puso de manifiesto en un magnífico análisis histórico publicado hace unos años: “Por qué fracasan los países. Los orígenes de la prosperidad, el poder y la pobreza”. En él buscaba dar respuesta a por qué unos países se han desarrollado a lo largo de los años y son prósperos, y otros no. Como señalaba, “Corea del Norte, Sierra Leona o Zimbawe son pobres por las mismas razones que Egipto es pobre, … y Gran Bretaña y Estados Unidos se hicieron países ricos porque sus ciudadanos echaron a las élites que controlaban el poder y crearon una sociedad donde los derechos políticos eran más ampliamente distribuidos, donde el gobierno era controlado y respondía ante los ciudadanos”.
La confianza en las instituciones es fundamental para que un sistema democrático se mantenga estable, pudiendo vivir en libertad y manteniendo un progreso económico sostenible que reduzca además las desigualdades.
Por eso, la lectura de estas Encuestas, como ciudadano, nos plantea una cuestión. Una cuestión que tiene que ver con el hecho de que nuestros políticos hoy, en las Cámaras legislativas, y en sus intervenciones en los medios, no parecen preocupados por está tendencia de pérdida de confianza en las instituciones públicas. Más aún, ante un problema que puede provocar un debate sobre la credibilidad de una determinada institución, responden a la provocación alimentando las posiciones a favor o en contra. Pero, ¿no les debería preocupar?, y ¿no les debería preocupar por igual al Gobierno que a la Oposición, que aspira a asumir un día el gobierno?, y ¿no les debería preocupar a los parlamentarios elegidos por los ciudadanos, sea cual sea el partido al que pertenezcan?.
Si realmente les preocupara, deberían ser coherentes y hacer un ejercicio de diálogo real y consenso en algunos temas de importancia clave para los ciudadanos, éste entre otros. Al hacerlo, no sólo aportarían más garantías de estabilidad para el crecimiento económico, sino que evitarían además la creciente pérdida de confianza por las generaciones más jóvenes, las que no saben realmente la diferencia entre vivir y desarrollar una actividad, en una sociedad democrática, o en una sin libertades y sin canales de participación y control.
¿Cómo hacerlo? La propia OCDE aporta algunas Recomendaciones.
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