Los terremotos que han sacudido Venezuela estos días nos obligan, por encima de todo, a expresar nuestra solidaridad y apoyo a un país que está viviendo unas circunstancias tan dolorosas. A la suma de muertos, desaparecidos, y heridos, se suman las pérdidas materiales y los problemas causados por la alteración y distorsión de la vida cotidiana. Una verdadera tragedia.
Pero en este Editorial no vamos a entrar a valorar sobre como ha sido o está siendo la gestión de esta catástrofe. Tan sólo partiremos de ella para plantear algunas reflexiones sobre el papel del Estado ante las catástrofes.
Esto nos lleva a plantearnos hasta que punto un Gobierno, sea cual sea y en el país quesea, tiene capacidad para prevenir este tipo de desastres naturales y adoptar medidas para paliar sus efectos.
Para ello, partiremos de tres escenarios reales y complementarios:
La quiebra de la gestión pública y el «no-Estado»
En la gestión de crisis clásica, el Estado actúa como el gran coordinador de infraestructuras, servicios esenciales y seguridad. Sin embargo, el modelo populista radical opera a la inversa: “desmantela la burocracia técnica” y la sustituye por redes de lealtad clientelar.
Al desaparecer el Estado de derecho y la neutralidad institucional, una gestión eficiente de cualquier emergencia, ya sea sanitaria, energética o de infraestructuras, se vuelve estructuralmente imposible. No hay datos confiables, no hay agencias independientes y, por tanto, el Estado como entidad protectora deja de existir.
Autarquía y sumisión: El control sobre la gestión.
En un hecho que cuando un régimen avanza hacia la autarquía y el aislamiento internacional, las métricas del éxito público cambian radicalmente. El objetivo de la administración ya no se mide en niveles de bienestar social o eficiencia económica, sino en el grado de sumisión de la ciudadanía.
En este contexto, el racionamiento de los recursos básicos, como alimentos, combustible, y subsidios, muta de ser una consecuencia colateral de la incompetencia económica a convertirse en una “herramienta estratégica de control social”. Los criterios de asignación cambian y la prioridad a la hora de considerar los “beneficiarios” responde a afinidades y simpatías más que a las necesidades reales de la población.
La politización de la tragedia como manual de supervivencia.
Al desplazar la responsabilidad, y diluir todo posible control objetivo sobre las Autoridades responsables, la respuesta obligada nunca es la reparación, sino “más revolución», más reforzamiento de un “nacionalismo patriótico”, y un mayor blindaje del poder, perpetuando el colapso pero asegurando la permanencia del régimen.
Estas tres situaciones o escenarios, complementarios, no son supuestos meramente teóricos. Este tipo de respuesta puede constatarse en muchas tragedias vividas en diferentes países, en diferentes continentes, en los últimos años.
En definitiva, todo Autoritarismo reforzado y autoalimentado por un populismo, acaba manifestando su incapacidad real para poder hacer frente con eficacia y una verdadera solidaridad, a los grandes desastres naturales, que puedan surgir.
Y como siempre sucede en estas situaciones, en medio de esa desolación, los ciudadanos sufren y exigen a las Autoridades respuestas rápidas. Y en muchos casos, plantean también preguntas y realizan reproches sobre si se han tomado las medidas adecuadas para hacer frente a esos desastres. En el caso de La Guaira, hemos podido ver en los medios de comunicación, las quejas por la falta de maquinaria y equipos profesionales para localizar las víctimas. Pero estas cosas suceden no solo en Venezuela.
Incluso en regímenes con parlamentos elegidos democráticamente, como es el caso de España, las tentaciones autoritarias y populistas pueden llevar intentar frenar un verdadero control sobre la eficacia y eficiencia a la hora de adoptarse las medidas necesarias. Pensemos cómo aún siguen resonando las voces que reprochaban la falta de diligencia y la consiguiente irresponsabilidad de algunas Autoridades al no comunicar a tiempo la avalancha de agua en Utiel y lo que iba llegar poco después a Paiporta y otras localidades de la zona de Valencia. Más aún, hoy, a tres de julio de 2026, las mismas Autoridades siguen sin esclarecer algunos puntos sobre lo que realmente hicieron aquel trágico día.
En definitiva, nadie está libre de cometer errores y si creemos de verdad que el Estado debe actuar como el gran coordinador de infraestructuras, servicios esenciales y seguridad, en beneficio de todos los ciudadanos, hemos de velar por evitar las “desviaciones” autoritarias y populistas. Si creemos en la democracia no podemos ponernos de perfil.
Sin duda, las catástrofes naturales, como terremotos, ciclones, lluvias torrenciales, erupciones volcánicas, u otras análogas no se pueden predecir con exactitud pero si hay actualmente instrumentos científicos, y expertos profesionales que pueden anticipar, con un grado elevado de probabilidad lo que puede ocurrir en un lugar determinado en un cierto período de tiempo. Y en nuestro país, los científicos y expertos en la materia han reiterado que vamos a tener que enfrentarnos, con más frecuencia que años atrás, a fenómenos como las DANAS, a incendios forestales más virulentos, a períodos de extremo calor, etc… por no referirnos los riesgos de pandemias u otros desastres propios de un mundo globalizado y de un entorno medioambiental con un grado de calentamiento cada vez mayor.
También podemos recordar que el World Economic Forum, en su análisis anual de riesgos de 2025, que recoge la visión de 900 expertos de todo el mundo, concluye quelos riesgos ambientales para la próxima década son alarmantes, y que aunque los conflictos armados están siendo una preocupación prioritaria este año, los fenómenos meteorológicos extremos se conviertan en una preocupación que ocupa el primer puesto en la lista de riesgos a 10 años.
Si a ello sumamos los riesgos de posibles pandemias a los que antes nos referíamos, o los también posibles colapsos tecnológicos que afecten a los sistemas eléctricos o de comunicaciones, sean provocados o no, el panorama hace pensar en que estamos ante un tema prioritario y de interés general.
Y cuando decimos “de interés general”, nos estamos refiriendo a que ante estos temas no es admisible pensar en términos de partidismo político, y de defender “ a los nuestros” o machacar “a los otros” ante una situación en la que se han cometido graves errores, o argumentar temas de competencias “autonómicas” frente a “las de la AdmónCentral” a la hora de gestionar. Hay casos lamentables y no es necesario dar ejemplos concretos. Basta acordarse de las inundaciones de Valencia, algunas actuaciones en el período de la Pandemia de COVID, o el hecho reciente de que un grave incendio que afecta a una gran zona pertenecientes a dos CCAA sea considerado e incluso nominado de manera diferente en cada Comunidad, cuando el incendio era uno, el mismo, pero extendido en una amplia zona.
En definitiva, ante lo que está pasando en diferentes partes del mundo, y en menor medida, también en España, aprendamos las lecciones y exijamos a nuestros representantes políticos que acuerden, por consenso, actuaciones y actitudes ante la respuesta a las catástrofes, que de un tipo u otro, cada vez van a ser más recurrentes.
