Durante varios días, España ha asistido a una de esas representaciones grotescas en las que resulta difícil distinguir al provocador de quienes le construyen el escenario, le encienden los focos y le regalan una audiencia.
Vito Quiles ha vuelto a interpretar su personaje predilecto: el joven rebelde perseguido por el sistema, el supuesto periodista que incomoda al poder, el disidente heroico al que jueces, policías, políticos y medios pretenderían silenciar.
La realidad conocida es bastante menos cinematográfica.
Un juzgado de Madrid ordenó su detención después de que no compareciera a dos citaciones judiciales, fijadas para los días 9 y 25 de junio, dentro de una causa relacionada con posibles injurias y calumnias contra un funcionario público. Quiles había difundido afirmaciones según las cuales aquel funcionario habría sido excarcelado gracias a Yolanda Díaz y posteriormente colocado en la Administración. La veracidad y las posibles consecuencias penales de esas acusaciones deberán resolverse precisamente en sede judicial.
Tras varios días de desafío público, Quiles se presentó finalmente ante la jueza el 3 de julio. La orden de detención fue retirada y quedó citado para declarar el día 20.
Hasta aquí, un procedimiento judicial que deberá desarrollarse con todas las garantías. Quiles conserva íntegramente su presunción de inocencia. Pero la presunción de inocencia no convierte en admirable la incomparecencia, ni transforma una citación judicial en persecución política, ni concede a nadie el privilegio de presentarse ante un tribunal cuando mejor convenga a su estrategia de comunicación.
El problema no es solamente lo que hizo.
El problema es la representación que organizó alrededor.
Mientras la Policía trataba de localizarlo, Quiles aparecía en las redes proclamando que no se entregaría «al Gobierno de Sánchez», como si una orden judicial fuese una invitación remitida desde La Moncloa y como si el Estado de derecho fuera una tertulia donde cada participante pudiera decidir qué normas acepta y cuáles considera propias de una dictadura.
La frase contenía la esencia de su método: confundir deliberadamente al Gobierno con los jueces y a los jueces con la Policía; transformar una obligación procesal en una epopeya política; presentarse como prófugo romántico de una tiranía imaginaria.
No era resistencia.
Era publicidad.
No era clandestinidad.
Era programación.
No era valentía.
Era un individuo mirando permanentemente de reojo el contador de reproducciones.
Quiles ha comprendido perfectamente una de las enfermedades de nuestro tiempo: para triunfar en la sociedad del espectáculo no es necesario demostrar nada; basta con crear una escena. La verdad exige documentos, comprobaciones, contexto, matices y paciencia. La provocación solo necesita un teléfono móvil, una frase rotunda y un enemigo suficientemente grande.
«El Gobierno me persigue» funciona mejor que cualquier explicación jurídica porque permite al provocador convertirse simultáneamente en héroe, víctima, cronista y presentador de su propio martirio.
Su actividad está acompañada, además, por otros procedimientos y controversias judiciales, algunos archivados y otros todavía abiertos. El Congreso de los Diputados le retiró durante tres meses la acreditación de prensa por infracciones consideradas graves, relacionadas con la grabación y difusión de imágenes sin la autorización exigida por las normas de la Cámara.
Pero ni la acumulación de incidentes ni su posible gravedad explican por sí solas la dimensión pública alcanzada por el personaje.
Para entenderla hay que mirar hacia los medios.
Durante jornadas enteras, programas de televisión convirtieron su localización, sus vídeos, las declaraciones de su abogado y sus mensajes en las redes en una especie de serial nacional. Tertulianos indignados discutían sobre él mientras las pantallas reproducían una y otra vez su rostro, sus gestos y sus proclamas.
Cada condena verbal iba acompañada de nuevas imágenes.
Cada minuto dedicado a denunciar su exhibicionismo alimentaba precisamente ese exhibicionismo.
Creían estar desenmascarándolo.
Estaban promocionándolo.
Esta es la paradoja más miserable del espectáculo mediático: se presenta al provocador como una amenaza mientras se le trata como una celebridad. Se lamenta la degradación del debate y, a continuación, se organiza una mesa redonda de dos horas alrededor del degradador. Se denuncia que vive de la atención y se le entrega atención en dosis industriales.
Vito Quiles no necesita que los medios le den la razón.
Le basta con que le den carrete.
La indignación es su combustible. El insulto, su oxígeno. La sobrerreacción de sus adversarios confirma ante sus seguidores el relato de que todo el sistema está pendiente de él. Cada tertuliano que pronuncia su nombre con gesto grave contribuye a inflar una notoriedad que difícilmente habría obtenido mediante investigaciones rigurosas, entrevistas relevantes o informaciones contrastadas.
No estamos ante un gran periodista incómodo, ni ante un pensador perseguido, ni ante un nuevo Larra acosado por la censura.
Estamos ante un agitador extraordinariamente eficaz que ha sustituido la información por el abordaje; la pregunta por la emboscada; el periodismo por la fabricación de secuencias virales. Su materia prima no son los hechos, sino la humillación pública, el sobresalto, la bronca y el recorte de vídeo convenientemente editado.
El periodismo pregunta para obtener una respuesta.
El agitador pregunta para fabricar una escena.
El periodista busca conocer.
El provocador busca vencer.
Uno intenta explicar la realidad. El otro necesita deformarla hasta convertirla en un combate entre héroes y villanos, patriotas y traidores, resistentes y verdugos.
La respuesta democrática no puede consistir en censurarlo, perseguir sus ideas ni privarlo de sus derechos. Quiles debe someterse a las mismas leyes que cualquier ciudadano y disfrutar de idénticas garantías. Ni más ni menos. Los tribunales determinarán si cometió algún delito, no las tertulias, los partidos ni las muchedumbres digitales.
Pero la sociedad sí debe aprender a reconocer el producto que se le vende.
El ciudadano debe saber que detrás del supuesto reportero insobornable existe una estrategia de autopromoción basada en provocar, grabar, fragmentar y viralizar. Debe distinguir entre preguntar al poder y acosar a una persona; entre investigar una irregularidad y lanzar una acusación sin demostrarla; entre ejercer la libertad de expresión y utilizarla como coartada para no responder de las propias palabras.
La libertad de expresión protege el derecho a hablar. No garantiza el derecho a que las afirmaciones falsas, si lo fueran, queden sin consecuencias. Tampoco convierte la grosería en valentía, la intimidación en periodismo ni el espectáculo en servicio público.
Y los medios deben imponerse una dieta de responsabilidad.
Informar de una orden judicial es necesario. Convertir al afectado en protagonista absoluto de la actualidad durante jornadas enteras es colaborar con su negocio. Lo sucedido puede contarse en pocos minutos, con hechos contrastados, lenguaje preciso, contexto suficiente y respeto escrupuloso a la presunción de inocencia.
Todo lo demás —las conexiones interminables, las persecuciones de cámara, los debates inflamados, los vídeos repetidos hasta la náusea, la sucesión de tertulianos compitiendo en indignación— no es información.
Es una franquicia del esperpento.
No se trata de ocultar al personaje ni de fingir que no existe. Se trata de asignarle la relevancia que realmente merece. Una cosa es informar y otra colocar una butaca de honor al agitador en el centro del plató. Una cosa es analizar un fenómeno y otra convertirse en su departamento gratuito de publicidad.
Los medios deberían preguntarse no solo si una imagen es llamativa, sino qué intereses alimentan al repetirla. No solo cuánta audiencia proporciona una bronca, sino qué daño causa al debate público. No solo si el personaje genera espectáculo, sino si el espectáculo está devorando definitivamente al periodismo.
La mejor respuesta frente a quienes construyen su influencia sobre la atención no siempre consiste en combatirlos a gritos.
A veces consiste en aplicar la ley, explicar sobriamente los hechos y apagar el foco.
Porque cuando el bufón ocupa durante horas el centro del escenario, el problema ya no es únicamente el bufón.
Es también el empresario que vende las entradas, el presentador que anuncia la función, los tertulianos que prolongan el número y el público que acepta que la política, la justicia y el periodismo sean reducidos a una barraca de feria.
Y quizá ese sea el verdadero esperpento: no que exista el personaje, sino que todo un sistema mediático haya decidido retransmitirlo en directo.
