De la «flexibilidad» a la ruptura institucional
Juan De Justo Rodríguez
El análisis de la política española contemporánea, desde los pactos de gobernabilidad de 1993 y 1996, revela una verdad incómoda: lo que comenzó como una «flexibilidad coalicional» necesaria para la estabilidad se ha transformado en una patología sistémica. En los años noventa, la dependencia de los partidos nacionalistas periféricos (CiU, PNV) obligó a los grandes partidos (PSOE, PP) a aceptar un peaje económico y competencial para garantizar la «gobernabilidad». Hoy, ese peaje ha escalado a un nivel de hipoteca constitucional donde el precio no es solo el dinero o las competencias, sino la subversión de la igualdad ante la ley, la neutralidad institucional y la propia vertebración del Estado.
El presente análisis profundiza en esta deriva, contrastando la lógica pragmática de la «corresponsabilización» de los 90 con la dinámica de la «ruptura institucional» actual, poniendo especial énfasis en el deterioro del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional (TC) como colofón de las cesiones políticas.
I. La Gobernabilidad como Chantaje: De la Cesión Táctica a la Ruptura de la Legalidad
El texto fundacional (el análisis del artículo) define la esencia de la gobernabilidad pos-1993: la dependencia de los gobiernos centrales minoritarios de partidos que actúan como «bisagra».
La Lógica del Mercadeo en la Década de 1990
Tanto PSOE como PP asumieron, aunque con críticas cruzadas, que pactar con los nacionalistas era «natural» o «inevitable». Los objetivos eran claros y se movían dentro del marco estatutario:
- 1993 (PSOE-CiU): El foco estaba en asegurar la estabilidad, afrontar la convergencia económica europea y dar un «nuevo impulso autonómico». La contrapartida principal fue el avance en financiación (cesión del 15% del IRPF) y el despliegue competencial. El PSOE lo justificó como un acto de «patriotismo y responsabilidad» que contribuía a «hacer país».
- 1996 (PP-CiU/PNV): El PP, que había tachado el pacto anterior de «chantaje catalán,» se vio forzado a alcanzar un acuerdo «histórico» para la investidura de Aznar. La cesión fue mayor: un 30% del IRPF, la sustitución de los Gobernadores Civiles por Subdelegados del Gobierno, y apoyo fáctico del PP catalán a CiU en el Parlamento autonómico. El PSOE condenó esto como una mera «táctica oportunista» que sacrificaba la «cohesión nacional».
En ambos casos, la crítica principal era la opacidad (el «secretismo» del costo de los pactos) y la bilateralidad sectaria (imponer un modelo al resto de las CCAA). Sin embargo, la acción se limitaba a modificar leyes (como la LOFCA) y repartir recursos o competencias. La ley fundamental no se tocaba.
El Salto a la Ruptura: La Constitución como Moneda de Cambio
La situación actual ha transformado radicalmente la naturaleza del «peaje». La minoría parlamentaria del Gobierno de coalición (PSOE y Sumar) depende de fuerzas que tienen como objetivo ideológico explícito la secesión y la confrontación con el Estado (ERC y Junts). Las exigencias ya no se centran en el quantum de las competencias, sino en la legitimación de la ruptura institucional perpetrada en 2017.
El hito central de la actual gobernabilidad es la Ley de Amnistía.
- Subversión de la Igualdad Jurídica: La amnistía, concebida como condición sine qua non para la investidura, implica que el Poder Legislativo, a instancias del Ejecutivo, redefine la legalidad penal para exonerar actos calificados judicialmente como delitos de sedición o malversación. Esto constituye una cesión de soberanía que subvierte el principio de igualdad ante la ley, un pilar fundamental del Estado de derecho. No es una medida de gracia individual (indulto), sino una borradura colectiva de la acción judicial que erosiona la credibilidad del sistema de justicia en su conjunto.
- Negociación de la Soberanía: El debate ya no es sobre el «encaje» o los «hechos diferenciales» (la asimetría competencial que reconocía la Constitución), sino sobre el reconocimiento de la «plurinacionalidad» como un paso hacia la autodeterminación, concepto que el PSOE ha asumido formalmente. Esto traslada el debate del marco de 1978 a una mesa de negociación donde la unidad territorial se pone en tela de juicio constante.
II. La Instrumentalización de la Justicia: El Deterioro Institucional como Estrategia de Gobierno
La crítica al sistema apunta que los pactos ponían en peligro la «unidad» y el «diseño» del Estado de las Autonomías. Sin embargo, la crisis actual se concentra en el asalto a los contrapoderes del Estado, en particular el judicial.
El Colapso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
La parálisis en la renovación del CGPJ, que se prolongó durante años, expuso la captura política del órgano de gobierno de los jueces. El bloqueo no fue un accidente burocrático, sino una estrategia consciente por parte del principal partido de la oposición (PP) para mantener una mayoría conservadora con el mandato caducado. Este vicio, arrastrado durante años, ha consolidado la percepción de que la alta magistratura no sirve a la ley, sino a la cuota partidista.
Criticamos la «disfuncionalidad» de los partidos bisagra, pero la instrumentalización del CGPJ demuestra que la disfuncionalidad también reside en los partidos estatales cuando anteponen su control táctico a la salud institucional.
El Tribunal Constitucional como Apéndice del Ejecutivo
La polarización del CGPJ tuvo un efecto directo en el TC. La renovación del TC se realizó mediante cambios normativos impulsados por la coalición de gobierno y sus socios, asegurando una mayoría progresista y transformando de facto al TC en un órgano de la mayoría parlamentaria.
- Función Subvertida: El TC dejó de ser el árbitro imparcial del marco constitucional para convertirse en el validador político de las normas de investidura. Su nueva composición garantiza que normativas controvertidas, como la propia Ley de Amnistía, superarán el filtro constitucional, cerrando la última vía de defensa institucional contra las cesiones políticas.
- Desprecio a la División de Poderes: Al exigir la amnistía, los socios del Gobierno han impuesto una corrección política a las sentencias judiciales, tratando a los jueces del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional como si fueran funcionarios que pueden ser enmendados por una ley de oportunidad política. Esto no es solo un acto de clemencia; es la anulación de la autoridad judicial a instancias del chantaje parlamentario.
La Degradación de las Relaciones Interinstitucionales
El «diálogo y entendimiento» que Felipe González invocó en 1993 ha sido sustituido por la confrontación perpetua.
- Bilateralidad Impuesta: El actual modelo de gobernabilidad opera mediante pactos bilaterales exclusivos (Gobierno-ERC, Gobierno-Junts) que excluyen al principal partido de la oposición y a las CCAA de régimen común. Esto ignora la crítica socialista de 1996 de que la bilateralidad «rompió consensos básicos» y un asunto de Estado debe ser non partisan.
- El Agravio Territorial Sostenido: La propuesta de una financiación singular para Cataluña es el ejemplo paradigmático. Más allá de la necesidad de reformar el sistema caducado, la negociación se plantea en términos de privilegio asimétrico para satisfacer al socio catalán, consolidando la percepción de que la lealtad al Estado de las Autonomías es un juego de suma cero donde se premia al secesionismo a costa de la solidaridad entre territorios. Esta dinámica es mucho más perversa que la mera cesión del IRPF de los 90, pues se ejecuta desde una posición de fragilidad extrema.
III. Conclusión: La Gobernabilidad al Servicio de la Desvertebración
En los años noventa, los socialistas justificaron su pacto con CiU como una «trascendencia estratégica para el Estado» para integrar al nacionalismo moderado. Hoy, la misma retórica de «estabilidad» y «avances» se utiliza para justificar la desvertebración institucional y la impunidad política.
La gran diferencia reside en la naturaleza de lo que se cede: en 1993, se cedía poder y dinero; en 2024, se cede la autoridad moral de la ley y la neutralidad de la justicia. El sistema, que ya padecía la «incertidumbre» de depender de una minoría territorial, ha entrado en una fase de profunda inestabilidad constitucional donde la única certidumbre es la supervivencia de la coalición gubernamental, al precio de la salud institucional de la democracia española.
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