El pasado 14 de septiembre, Miguel Sebastián argumentaba en un artículo que titulaba «Es mejor que no haya presupuestos» que es preferible no tener Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025 antes que aprobar unos “malos” presupuestos, usando una analogía empresarial donde a veces es mejor no presentarse a un concurso. Si bien la metáfora es gráfica, su aplicación al ámbito de la gobernanza de un Estado es, cuando menos, jurídicamente insostenible y políticamente peligrosa. Discrepamos profundamente de su tesis desde estos dos frentes.
- El Imperativo Constitucional: Un Deber, no una Opción
La primera y mayor objeción es de carácter jurídico-constitucional. La Constitución Española no deja lugar a la ambigüedad. El Artículo 134.1 establece de manera taxativa: “El Gobierno elaborará los Presupuestos Generales del Estado…”. El verbo utilizado, “elaborará”, en futuro de indicativo, denota una obligación ineludible, un mandato imperativo. No se dice “podrá elaborar” o “elaborará si lo considera conveniente”. Es un deber primordial de la función de gobierno.
Esta obligación no es un formalismo vacío. Es el pilar sobre el que se sustenta el Estado de Derecho. El constitucionalista Eduardo García de Enterría ya destacaba que los PGE son “la ley de leyes de la vida estatal”, la herramienta que dota de contenido material al resto del ordenamiento jurídico. Renunciar a presentarlos supone, en la práctica, una dejación de funciones que colisiona frontalmente con el espíritu y la letra de nuestra norma fundamental.
La consecuencia inmediata de no aprobar nuevos presupuestos es la prórroga automática de los anteriores. Lejos de ser una solución estable, como se podría argumentar, la prórroga genera una cascada de inseguridad jurídica:
· Congela la acción de gobierno: Nuevas leyes aprobadas por el Parlamento (por ejemplo, en materia de dependencia, educación o servicios sociales) se quedan sin dotación económica real, vaciándose de contenido y vulnerando el derecho ciudadano a su efectividad.
· Paraliza la inversión: Los programas de inversión pública, claves para el desarrollo territorial y la ejecución de fondos europeos, se ven severamente restringidos, al carecer de la previsión y la capacidad de compromiso crediticio de un nuevo ejercicio presupuestario.
· Crea un limbo administrativo: Según un informe de la Asociación Española de Directivos de Contratación Pública (AEDCP), la prórroga presupuestaria complica enormemente la gestión de contratos y convenios, al forzar a las administraciones a operar con conceptos y créditos desactualizados que no se corresponden con la realidad económica del año en curso.
- La Abdicación Política: La Negociación es el Gobierno
El segundo frente de discrepancia es político. La argumentación de Sebastián parte de una premisa que, en democracia, es errónea: que el conflicto y la negociación parlamentaria son males a evitar.
Por el contrario, en un sistema parlamentario como el español, la negociación es la esencia misma del gobierno. El Ejecutivo no fue investido para evitar el desgaste, sino para liderar el complejo proceso de construir mayorías. Los presupuestos son, por excelencia, el instrumento de esa construcción. Como señalaba el politólogo Juan J. Linz, la fortaleza de un sistema democrático no se mide por la ausencia de conflicto, sino por su capacidad para canalizarlo y generar acuerdos a través de sus instituciones.
Abstenerse de presentar los PGE por la dificultad de pactar es, en sí mismo, un acto de grave irresponsabilidad política. Transmite un mensaje de paralización y debilidad tanto a la ciudadanía como a los mercados y a nuestros socios europeos. España no es una empresa que pueda elegir retirarse de un concurso; es un Estado miembro fundador de la UE que debe presentar sus plan presupuestario en el marco del Semestre Europeo. Llegar a Bruselas sin unos presupuestos nuevos sería proyectar la imagen de un país ingobernable, con las consiguientes consecuencias en términos de credibilidad y capacidad de influencia.
Conclusión: La Estabilidad no es Inacción
Frente a la tesis de la no-presentación, debemos oponer el principio de responsabilidad constitucional. La estabilidad no nace de la inacción, sino de la capacidad de cumplir con los mandatos de la Carta Magna y de gestionar con valentía el diálogo político.
La historia reciente demuestra que presupuestos complejos y muy negociados, como los de 1994 (gobierno de minoría del PSOE con apoyo de CiU y otros) o los de 2018 (gobierno del PP con apoyo de Ciudadanos y el PNV, y la abstención del PSOE), aunque imperfectos, permitieron la gobernabilidad del país en momentos delicados. Prefieren mil veces esa imperfecta pero vital democracia deliberativa, a la parálisis técnica y la abdicación política que supone renunciar al deber más elemental de un gobierno: presentar sus cuentas y defenderlas ante la soberanía popular, representada en las Cortes Generales.
La obligación de un gobierno es gobernar. Y gobernar, en otoño, significa presentar unos Presupuestos Generales del Estado. Cualquier otra cosa es incumplir con la Constitución y defraudar a la ciudadanía.
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