Juan Carlos Rodríguez Ibarra
No es que no quiera. Es que tenemos ideas contrapuestas sobre multitud de asuntos que nos definen como socialistas. Casi nunca coincido con la forma y con el fondo del gobierno de Pedro Sánchez. Nunca se califica ese gobierno en función de sus orígenes. Para sus defensores más ultras ya es el gobierno de Pedro Sánchez. Así se evitan calificarlo como socialista cuando perdona deudas, concede indultos, aplica amnistías o cede competencias estatales a quienes no harán un uso decente de las mismas.
Quedamos en la no coincidencia entre Sánchez y yo. No siempre es así. Algunas veces, coincidimos. Como en su tajante declaración a la periodista Pepa Bueno sobre la inocencia del Fiscal General del Estado.
Pepa Bueno: ¿Por qué no exige la dimisión del Fiscal General del Estado?
Presidente: Porque es inocente.
Estoy de acuerdo con esa afirmación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, por una parte, y la Constitución española de 1978, en su artículo 24, apartado 2, consagran el principio de «inocente hasta que se demuestre lo contrario». Este derecho fundamental implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad mediante una sentencia firme en un juicio justo, y la carga de la prueba recae en la acusación.
De tanto alardear de respeto a la Constitución, se nos olvidan con frecuencia algunos principios que por básicos, elementales y democráticos deben estar grabados a fuego en el corazón y en el cerebro de cualquier ciudadano, que lo es precisamente por estar amparado como tal por el derecho constitucional.
En consecuencia, el Fiscal General del Estado, como bien se ha dicho reiteradamente, será culpable cuando así se decida mediante una sentencia firme en un juicio justo. Hasta que el pronunciamiento de culpabilidad no esté amparado por la Justicia, Álvaro García Ortiz es inocente. Y es inocente Begoña Gómez y es inocente David Sánchez Pérez-Castejón por la misma razón.
Otra cosa es dilucidar si estando acusados de la comisión de determinados delitos, deben dimitir o no de la responsabilidad institucional o renunciar al beneficio que puedan haber obtenido por su condición de los apellidos.
Era ahí donde había que haber planteado el debate y no en las sentencias judiciales que todavía no han llegado ni parece que vayan a llegar en los dos últimos casos. En el caso de la mujer del presidente, el juez instructor da la sensación de que se resiste a cerrar un caso que cuando lo abrió fue saludado con salvas y aplausos. Dos años después, un asunto de tan poca transcendencia penal sigue abierto sin que se sepa qué busca el juez.
En el caso del hermano de presidente, es de suponer que la jueza de Badajoz y el Tribunal Superior de Extremadura están patinando y a medio minuto de prevaricar. El secretario general de los socialistas extremeños se sienta en un escaño de la Asamblea de Extremadura. Es el escaño el que le confiere la condición de aforado. Miguel Ángel Gallardo está aforado porque se sienta en un escaño que le concede esa condición. En la Asamblea de Extremadura existen 65 diputados y 65 aforamientos. Sería una broma que hubiera 64 diputados aforados y uno sin esa condición. La jueza de Badajoz debe saber que no puede actuar en el proceso que abrió en su día contra David Sánchez. Lo sabe de sobra. La prueba es que a lo largo de la instrucción llamó a declarar como testigos o como imputados a multitud de personas, salvo al diputado provincial que publicó la convocatoria y le firmó el contrato al hermano del presidente Sánchez. No lo citó porque ese diputado provincial cambió su estatuto y pasó a diputado regional. Hubiera perdido el caso si lo hubiera hecho. Como lo ha perdido con Miguel Ángel Gallardo.
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