El informe de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de la Presicencia del gobierno de España: España ante el reto migratorio. Dos futuros posiblesacierta acierta al recordar una evidencia incómoda: sin inmigración, España se encoge, envejece y pierde músculo económico. Pero se queda corto allí donde hoy se juega de verdad el futuro: género, tecnología, calidad del empleo, geopolítica y capacidad pública para integrar con justicia.
Hay informes que no resuelven un debate, pero al menos lo devuelven al terreno de la realidad. El documento de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia sobre el reto migratorio pertenece a esa categoría útil: frente al griterío identitario y al simplismo electoral, recuerda algo elemental pero decisivo: la inmigración ya no es una nota a pie de página del futuro español, sino una de sus columnas maestras. El propio informe parte de un ejercicio de escenarios para 2026-2075 y concluye que una reducción sostenida del 30% en los flujos migratorios empujaría a España hacia una sociedad más pequeña, más envejecida, con menos población activa y más dificultades para sostener empleo, servicios públicos y pensiones. Además, insiste en que no estamos ante una predicción cerrada, sino ante una herramienta para pensar futuros posibles. Ese es su primer mérito: obligar a pensar en serio. (España 2050)
Conviene reconocer también otro acierto del estudio. No presenta la migración solo como una magnitud económica o una variable contable. Subraya que las personas que llegan aportan diversidad, redes comunitarias, dinamismo social y capacidad de adaptación. En una época donde demasiada política se ha acostumbrado a hablar de seres humanos como si fueran únicamente “cupos”, “presión” o “problemas de frontera”, ese recordatorio tiene valor cívico. El informe acierta, además, al señalar que desde hace años la inmigración actúa como principal contrapeso demográfico en una España con fecundidad muy baja y envejecimiento acelerado. El Banco de España y la OCDE convergen en ese mismo diagnóstico: los flujos migratorios recientes han sostenido empleo, actividad y crecimiento, hasta el punto de que la población nacida en el extranjero ya representa alrededor del 18% de la población total y ha sido un factor muy relevante en el avance reciente del PIB per cápita.
El Banco de España lo ha cuantificado con bastante claridad. Entre 2022 y 2024, el crecimiento medio anual del PIB per cápita en España fue del 2,9%, y la aportación media directa de la población extranjera se situó entre 0,4 y 0,7 puntos porcentuales. La OCDE añade que los trabajadores nacidos en el extranjero significaron aproximadamente el 45% del crecimiento total del empleo entre 2022 y 2024. Es decir, no estamos hablando de un efecto marginal, sino de uno de los motores del actual dinamismo español. Negar ese dato no es defender el interés nacional: es falsearlo. (Banco de España)
Pero precisamente porque el informe es serio, merece una crítica seria. Su principal limitación metodológica está escrita en sus propias tripas. El estudio aísla el efecto de la migración mediante escenarios comparados, pero deja en segundo plano o mantiene constantes dos variables que en 2026 ya no pueden tratarse como accesorias: las políticas públicas y el cambio tecnológico. Como decisión analítica puede entenderse; como base suficiente para orientar una estrategia nacional, no. Porque la cuestión de fondo no es solo cuánta inmigración habrá, sino en qué economía se insertará, con qué derechos, con qué productividad, con qué acceso a vivienda, con qué reconocimiento de títulos, con qué servicios de conciliación y con qué capacidad institucional de integración. El propio informe reconoce que es un primer documento de diagnóstico abierto a debate. Y ahí está justamente el espacio que falta rellenar. (España 2050)
Dicho de otro modo: el informe demuestra bien que menos inmigración empeoraría muchas cosas, pero no explica con igual profundidad por qué más inmigración, sin mejores políticas, también puede generar tensiones, segmentación y malestar social. Ahí una óptica progresista moderada debe ser nítida. La inmigración es necesaria, sí; pero la necesidad no convierte automáticamente en justo el modo en que un país la usa. España no puede limitarse a “necesitar brazos” para agricultura, hostelería, construcción, cuidados o servicios, y luego mirar hacia otro lado cuando esos brazos habitan empleos de baja productividad, salarios comprimidos, alquileres imposibles y trámites laberínticos. La OCDE advierte precisamente de esa contradicción: la integración laboral de las personas migrantes en España muestra fortaleza en participación, pero también concentración en sectores de baja productividad y bajos salarios, más temporalidad, más riesgo de pobreza y mayor infrautilización del capital humano. (OECD)
La perspectiva de género es, en este punto, imprescindible. Y el informe oficial la insinúa, pero no la trabaja con la centralidad que merece. Eso importa mucho porque una parte fundamental de la inserción migrante en España y en Europa se produce en la economía de los cuidados, el trabajo doméstico, la dependencia, la limpieza, la atención a mayores o la hostelería: sectores feminizados, muchas veces invisibles y con frecuencia mal protegidos. La OIT ha advertido que las personas migrantes en la economía del cuidado, especialmente las trabajadoras, sufren a menudo largas jornadas, escasa protección y falta de reconocimiento de sus cualificaciones. La OCDE, por su parte, subraya que las mujeres migrantes afrontan barreras acumulativas: mayor desempleo, más temporalidad, más parcialidad involuntaria, dependencia del estatus administrativo y una “penalización por hijo” especialmente severa. Defender la inmigración sin cuestionar este modelo sería defender una solución macroeconómica asentada sobre una desigualdad microscópica pero masiva. (OIT)
Aquí aparece una de las preguntas que el informe no responde del todo: ¿queremos resolver la crisis demográfica y la crisis de cuidados apoyándonos otra vez en una cadena global de trabajo femenino barato? Una izquierda democrática y sensata no puede responder que sí, aunque lo haga en voz baja. Lo razonable es otra cosa: asumir la necesidad de inmigración y, al mismo tiempo, revalorizar de verdad los cuidados, profesionalizarlos, mejorar salarios, simplificar homologaciones, ampliar escuelas infantiles, reforzar dependencia y sacar del subsuelo laboral a quienes sostienen silenciosamente la vida cotidiana del país. La Comisión Europea viene insistiendo en que mujeres, migrantes y otros colectivos infrautilizados son clave para aliviar la escasez laboral, pero precisamente por eso la integración no puede ser solo rápida; debe ser también digna y eficaz. (Employment, Social Affairs and Inclusion)
La otra gran ausencia relativa del informe es la tecnológica. Y no porque ignore que existe, sino porque no la incorpora con fuerza suficiente en la arquitectura de sus escenarios. Sin embargo, la próxima década estará marcada por una doble verdad. Primera: Europa seguirá necesitando trabajadores en sanidad, educación, cuidados, logística, agricultura o construcción porque muchas de esas tareas no son fácilmente automatizables del todo. Segunda: al mismo tiempo, la digitalización y la inteligencia artificial están alterando la demanda de capacidades a una velocidad inédita. El World Economic Forum resume ese cambio con cifras contundentes: el 22% de los empleos actuales experimentará transformación estructural de aquí a 2030; el 41% de las organizaciones prevé reducir plantillas en puestos expuestos a la obsolescencia por IA; y, a la vez, el 70% planea contratar perfiles con nuevas competencias relacionadas con esa misma tecnología. McKinsey llevaba años apuntando en la misma dirección: en Europa el problema no será solo la automatización, sino la combinación entre automatización, movilidad del trabajo y una oferta laboral menguante. (World Economic Forum)
Por eso el verdadero dilema no es “robots o migrantes”, una caricatura tan cómoda como falsa. El dilema es si España será capaz de combinar inmigración, formación, productividad y derechos. El país necesitará trabajadores para ocupaciones esenciales y, al mismo tiempo, tendrá que atraer y retener talento en datos, IA, tecnología, salud avanzada o ingeniería. La propia OCDE recuerda que el beneficio a largo plazo de la inmigración depende de la integración en empleos de calidad y del mejor ajuste entre sistema migratorio y necesidades del mercado laboral. Un editorial progresista no debería tener miedo a decirlo: no toda política migratoria inclusiva consiste en ser más laxa; también consiste en ser más inteligente, más planificada y más exigente con el tejido productivo. (OECD)
Hay además un telón de fondo geopolítico que el informe sí intuye con interés: una Europa donde parte de los Estados endurecen sus políticas migratorias mientras otros mantienen mayor capacidad de atracción puede alterar el peso relativo de cada país. El estudio sugiere que, en un escenario de continente más restrictivo, España podría reforzar su posición demográfica y económica dentro de la UE. La idea es sugerente y no carece de fundamento. Pero conviene someterla a una doble corrección. La primera: la migración no puede verse solo como una palanca competitiva nacional frente a socios envejecidos. La segunda: el nuevo contexto global de conflictos, desplazamientos forzados y fragmentación geoeconómica obliga a pensar la migración también como una cuestión humanitaria y de seguridad cooperativa. ACNUR cifró en 123,2 millones las personas desplazadas forzosamente a finales de 2024. No es una nota al margen del mundo: es una de sus grandes fracturas.
En ese marco, el informe de Prospectiva hace una aportación valiosa pero incompleta. Tiene razón en lo fundamental: España no puede fantasear con un futuro próspero, territorialmente equilibrado y fiscalmente sostenible dándole la espalda a la inmigración. Pero también necesita dar un paso más y atreverse a formular la pregunta verdaderamente incómoda: no solo cuánta inmigración necesitamos, sino qué país ofrecemos a quienes llegan y qué modelo económico queremos dejar de subvencionar con precariedad ajena. (España 2050)
La respuesta progresista responsable debería ser clara. Ni xenofobia envuelta en banderas, ni buenismo desentendido de las tensiones reales. España necesita una política migratoria firme en la legalidad, amplia en derechos, rápida en integración y ambiciosa en inversión pública. Necesita vivienda asequible, conciliación, homologación de títulos, itinerarios formativos, lucha contra la explotación laboral y un nuevo pacto de cuidados. Necesita, en suma, dejar de tratar la inmigración como parche y empezar a gobernarla como proyecto nacional. Porque el informe acierta al advertirnos de lo que ocurriría si faltara inmigración; pero el desafío de verdad es otro: evitar que, aun llegando, acabe siendo desaprovechada, precarizada o instrumentalizada. Ese sí sería un fracaso español de dimensiones históricas. (España 2050)
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