Tecnología, poder y democracia en el nuevo orden mundial
Hubo un tiempo en que el poder se reconocía a simple vista. Se medía por el tamaño de los ejércitos, la fuerza de las flotas, la extensión de los imperios o la solidez de las monedas. Hoy, aparentemente, sigue siendo así, pero no. El poder contemporáneo no se exhibe en coreográficos desfiles de paso de la oca y armas de dimensiones impensables. Circula por cables submarinos, se aloja en centros de datos, condensa en “chips prodigiosos”, se expande en nubes de computación y se vuelve casi invisible en los algoritmos que ordenan lo que vemos, lo que compramos, lo que creemos y, cada vez más, lo que decidimos.
Las grandes corporaciones tecnológicas ya no son solo empresas de éxito. Son organizaciones oscuras de poder con capacidad para modelar mercados, condicionar a los propios Estados, diluir soberanías y reorganizar a conveniencia, a escala planetaria, la relación entre economía, conocimiento y democracia. Por eso el debate sobre ellas no es meramente técnico ni empresarial. Es, en el sentido más estricto del término, el debate político sobre el nuevo orden mundial y sobre quién gobernará de verdad el siglo XXI.
Durante años se nos dijo que internet traería descentralización, apertura y una democratización casi espontánea del conocimiento. Algo de eso hubo, sin duda. Globalización + universalización cibernética. Junto a ese paradigma utópico se desarrolló otra realidad menos luminosa. Un nuevo modelo de capitalismo: concentración extrema del poder digital (investigación y producción) capaz de controlar infraestructuras, datos, interfaces, publicidad, sistemas operativos, redes sociales, servicios en la nube y, ahora también, la inteligencia artificial.
Ése es el núcleo político del problema. La cuestión ya no es simplemente si Google, Meta, Amazon, Microsoft, Apple, Nvidia o los gigantes chinos son demasiado grandes. La cuestión es si una democracia, en como la entendíamos. puede seguir siendo plenamente soberana cuando la infraestructura básica de su economía, información y de su inteligencia colectiva depende de un puñado de corporaciones transnacionales. La propia Unión Europea ha empezado a reconocerlo con el Digital Markets Act, (Ley de Mercados Digitales), que define a algunas de estas plataformas como gatekeepers, es decir, “guardianes de acceso”: empresas que actúan como peajes privados del mundo digital y que “pueden decidir” quién entra, quién compite y en qué condiciones lo hace. La Comisión Europea ha designado como tales a Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta y Microsoft. No es un matiz jurídico menor. Es el reconocimiento de que hay compañías cuyo poder ya no se mide solo por sus beneficios, sino por su capacidad para convertirse en “intermediarios inevitables” entre ciudadanos, empresas y servicios.
La inteligencia artificial ha agravado todavía más esa concentración. Porque el poder ya no reside solo en la aplicación que usa el ciudadano, sino en la capa profunda que hace posible todo lo demás: los chips avanzados, los centros de datos, la nube y los modelos de propósito general. La OCDE ha advertido que la infraestructura de la IA presenta una fuerte concentración a lo largo de toda la cadena, desde el hardware hasta la computación en la nube. El FMI, por su parte, subraya que la IA generativa requiere inversiones masivas en cómputo, energía, datos y talento, lo que eleva las barreras de entrada y favorece a un número muy limitado de actores. Traducido a términos políticos: quien controle esa infraestructura controlará una parte creciente de la productividad futura, de la automatización del trabajo, de la producción de conocimiento y de la capacidad de influencia global. (https://www.imf.org/-/media/files/publications/sdn/2026/english/sdnea2026001.pdf)
Por eso el debate no puede reducirse a moderar contenidos, sancionar abusos puntuales o discutir los excesos de una red social concreta. El problema es estructural. Estamos asistiendo a una transferencia silenciosa de soberanía: funciones que antes pertenecían, al menos en parte, a los Estados —ordenar la información, fijar estándares, custodiar datos sensibles, definir infraestructuras críticas, orientar mercados— pasan a depender de decisiones tomadas en consejos de administración ayunos de transparencia y fuera del alcance efectivo del control democrático. Eso no significa que las tecnológicas hayan sustituido a los Estados, de momento. Significa algo más inquietante: que se han convertido en poderes capaces de condicionar al poder político.
¿Cómo democratizar el uso de estas tecnologías sin caer ni en la ingenuidad regulatoria ni en el atraso tecnológico? La primera respuesta, evidente, es regular, y en eso Europa ha ido más lejos que nadie. Junto al Digital Markets Act, la UE ha aprobado el AI Act, basada en un criterio sencillo: cuanto mayor sea el riesgo de un sistema para derechos, libertades o seguridad, mayores deben ser las exigencias legales. Es un avance importante porque intenta gobernar la tecnología antes de que el daño se vuelva sistémico. Pero regular no basta. Un Estado que solo regula tecnología ajena corre el riesgo de convertirse en un notario ético de la innovación de otros.
Europa necesita algo más. capacidad tecnológica propia. Necesita infraestructuras, inversión, talento, centros de datos, potencia de cálculo y una estrategia industrial que le permita no depender por completo ni de Estados Unidos ni de China. A eso se le llama cada vez más soberanía digital o soberanía en inteligencia artificial. Conviene explicarlo bien: no significa encerrarse en una autarquía tecnológica absurda, sino disponer de medios propios para no quedar colonizados por decisiones ajenas. Brookings ha planteado esta cuestión con claridad al advertir que la soberanía en IA debe buscar un equilibrio entre autonomía e interdependencia, no una fantasía aislacionista. Si Europa solo pone normas, pero otros ponen los chips, la nube, los modelos y el capital, será una potencia regulatoria respetable, pero subordinada.( https://www.brookings.edu/articles/is-ai-sovereignty-possible-balancing-autonomy-and-interdependence/)
A mi juicio, una agenda democrática seria para los Estados y para la Unión Europea debería apoyarse en cinco decisiones políticas concretas.
La primera es tratar determinadas infraestructuras digitales como bienes de interés general. Igual que nadie sensato habría dejado enteramente al arbitrio del mercado la red eléctrica o ciertas infraestructuras estratégicas, en el siglo XXI no tiene sentido abandonar por completo a lógicas privadas el cómputo de alto nivel, la nube pública para sectores sensibles, los grandes repositorios de datos públicos o los sistemas de identidad digital. No se trata de estatizar internet, sino de impedir que toda la capacidad decisiva quede privatizada.
La segunda es abrir mercados y romper cautividades. Para eso sirve, al menos en teoría, la Ley de Mercados Digitales (https://digital-markets-act.ec.europa.eu/index_es) Pero hará falta ir más allá: interoperabilidad real, es decir, que distintos servicios puedan funcionar entre sí; portabilidad de datos, para que el usuario pueda salir de una plataforma sin pagar un peaje prohibitivo; y estándares abiertos, que impidan convertir cada producto en una jaula. Si el usuario no puede salir, su libertad es más aparente que real. (https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-approach-artificial-intelligence)
La tercera es usar la contratación pública como palanca de democratización. Los Estados europeos compran enormes volúmenes de software, nube, sistemas algorítmicos y servicios de IA. Ese poder de compra puede servir para imponer rendición de cuentas, supervisión humana, eficiencia energética y respeto a derechos laborales. La democracia no debería limitarse a castigar abusos cuando ya se han producido; debería orientar el mercado antes de que esos abusos se conviertan en estructura.
La cuarta es proteger el trabajo y redistribuir los beneficios de la automatización. Porque la gran cuestión no es solo qué máquinas pueden hacer más cosas, sino quién se queda con la ganancia de productividad. El FMI advierte de que la IA puede elevar salarios y productividad para algunos perfiles, pero también intensificar la polarización laboral y las desigualdades existentes si no median políticas activas. Si la inteligencia artificial aumenta beneficios empresariales, pero precariza empleo, destruye tareas intermedias y debilita fiscalmente a los Estados, estaremos ante una modernización oligárquica, no democrática.( https://www.brookings.edu/articles/is-ai-sovereignty-possible-balancing-autonomy-and-interdependence)
La quinta es reconstruir soberanía democrática sin caer en soberanismos digitales cerrados. La respuesta europea no puede ser sustituir la dependencia de Silicon Valley por ventisiete pequeños nacionalismos tecnológicos impotentes. Lo que Europa necesita es soberanía compartida: capacidad propia, cooperación entre Estados, inversión común, normas comunes y defensa conjunta de derechos. Ni sumisión al oligopolio privado ni repliegue autárquico. Ni ingenuidad de mercado ni proteccionismo ciego.
En el fondo, la batalla es profundamente política. No trata solo de innovación, sino de quién manda en el espacio donde se organiza la inteligencia, circula la información, se automatiza el trabajo y se forman las preferencias colectivas. Si ese espacio queda dominado por unas pocas corporaciones con escasos contrapesos, el nuevo orden mundial será tecnológicamente más avanzado, sí, pero democráticamente más pobre.
A todo ello se añade un elemento inquietante: la relación entre Donald Trump y las grandes corporaciones tecnológicas. En su segundo mandato ha combinado una defensa abierta de los intereses estratégicos de las grandes firmas estadounidenses frente a la regulación europea, la flexibilización interna para acelerar la “dominanción” norteamericana en inteligencia artificial y la incorporación directa de magnates y ejecutivos tecnológicos a los órganos de definición de política pública. La presencia de Musk, Bezos y Zuckerberg en la investidura, para empezar. En marzo de 2026, se dio cuenta del nombramiento de Zuckerberg, Jensen Huang, Larry Ellison, Sergey Brin y Lisa Su para el consejo presidencial que orientará la política científica y tecnológica; y ya la Casa Blanca ha presentado su plan nacional de IA como una estrategia para eliminar barreras regulatorias y asegurar la supremacía estadounidense en este terreno. Si ese es el modelo que se consolida, el problema ya no es solo el poder desmesurado de unas pocas corporaciones, sino la fusión (confusión) creciente entre liderazgo político autoritario, nacionalismo tecnológico y oligarquía digital. Y entonces la gobernanza mundial del futuro podría quedar menos en manos de democracias capaces de controlar la tecnología que de alianzas cada vez más estrechas entre caudillismos políticos populistas y poderes privados con escala planetaria.
En definitiva, la pregunta no es ya qué puede hacer la tecnología, sino quién decidirá para qué se usa, a quién beneficia y bajo qué control democrático. Porque si Europa no actúa ahora con ambición política, capacidad industrial y visión estratégica, no solo correrá el riesgo de quedarse rezagada en la carrera tecnológica: se arriesga a algo aún más grave, a una pérdida de autonomía estratégica más profunda y duradera que la militar. Un país o una unión política puede rearmarse con tiempo, reconstruir capacidades defensivas o corregir parte de sus debilidades en seguridad; pero si entrega a otros la infraestructura de su inteligencia, de su información, de su productividad y de su vida cotidiana, habrá cedido el núcleo mismo de su soberanía. Entonces ya no dependerá solo de alianzas exteriores para defenderse, sino de poderes privados y ajenos para comprenderse, producir, decidir y gobernarse.
Y una Europa que no controle al menos una parte sustancial de las tecnologías que van a ordenar el siglo XXI corre el riesgo de conservar las formas de la democracia mientras pierde, silenciosamente, una parte esencial de su capacidad real para ejercerla.
