Por Francisco Velázquez
El Estado de bienestar, que inicia su andadura en Estados Unidos con el New Deal de Roosevelt, surge en Europa poco después de la Segunda Guerra Mundial, sostenido en su origen por el Plan Marshall y justificado políticamente por la presión ideológica ejercida por el ejemplo, en esos momentos, de la Unión Soviética. Hoy, parece vivir momentos de crisis en Europa. La desigualdad crece, las políticas sociales se ponen en duda, se minusvaloran o desaparecen y, frecuentemente, los elogios se dirigen a empresas tecnológicas cuyas cifras de negocio y beneficio superan a los de numerosos Estados. Aquellas metas que en su momento fueron consideradas una finalidad natural del desarrollo, plasmadas en la adopción por la ONU de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), parecen entrar en un invierno prolongado. Se han olvidado propósitos sociales básicos como “la provisión universal de servicios públicos, con la inclusión en los presupuestos de una atención médica y una educación de calidad (Jeffrey D. Sachs, 2021).
Al ataque con toda su artillería de Donald Trump, a quien no agrada en absoluto la existencia de la Unión Europea, como atestigua la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025, han de añadirse los problemas financieros y de gestión que la extensión de los derechos sociales y de la propia Unión, trae consigo. En efecto, en los últimos años, espoleado por las promesas electorales o, en su caso, por las presiones generadas por las demandas sociales, a los tradicionales rubros del presupuesto, sanidad, educación y pensiones ha de añadirse la profundización de nuevas necesidades, alimentadas con frecuencia por altas inversiones tecnológicas que hacen temblar los presupuestos.
Un caso de especial relevancia lo constituye la sanidad pública, considerada en muchos países como una necesidad básica instituida en todos los países de la Unión Europea, pero cuya tendencia al deslizamiento del gasto financiero es evidente. A ello contribuyen múltiples factores, como el envejecimiento de la población, las ingentes inversiones tecnológicas necesarias para el diagnóstico sanitario y en general, las necesidades de personal especializado.
Las escandalosas revelaciones de las instrucciones del director gerente de una empresa encargada de gestionar varios hospitales públicos de gestión privada en España, revelan la errónea decisión primitiva. Las instrucciones del consejero delegado de la empresa instaban a los ejecutivos a desviar los pacientes de mayor coste a otros hospitales e incluso a reutilizar material sanitario, que la legislación general determina que son de un solo uso.
La salud pública, considerada en el Estado de Bienestar como uno de los sus pilares, precisa generalmente de la asistencia privada para la realización de determinadas actividades, normalmente de carácter instrumental como el lavado de la ropa de las camas de los hospitales, los servicios de seguridad, ambulancias o incluso el ejercicio de determinadas pruebas de carácter técnico que deben ser suministradas al especialista médico de la sanidad pública.
No obstante, en los últimos años se ha generado en España y algunos otros países la posibilidad de prestación de todos los servicios hospitalarios por parte de empresas de salud pública especializadas.
Y aquí comienza el problema, porque la empresa privada busca su beneficio y en consecuencia no es ajeno a su finalidad principal: minimizar los costes y buscar los sistemas de ahorro necesarios para mejorar sus cuentas de resultados. Es una tensión evidente y continua, que no necesariamente conduce a problemas pero que, sin la necesaria vigilancia e inspección por parte de los organismos públicos, termina de forma negativa para los ciudadanos.
La intervención de la iniciativa privada en la prestación de servicios públicos es habitualmente necesaria y en multitud de ocasiones es prestada en condiciones razonables (suministro de agua, gas, electricidad, telefonía, conexión digital…) pero las administraciones públicas deben ejercer una constante labor de inspección y control, que habitualmente no tiene lugar en condiciones de excelencia. Es normal que tras la concesión de un servicio público las labores de inspección sean más rutinarias y formales que profundas y efectivas. Una buena y profunda inspección, es cara obviamente.
En definitiva, la inevitable extensión de las necesidades obliga a los Estados a redefinir sus prioridades, pues la demanda aumenta y los sistemas electorales se nutren habitualmente de promesas de nuevos servicios, algunos de los cuales pueden ser prestados por las empresas privadas. Es razonable, por tanto, que los Estados ejerzan de forma eficaz sus actividades inspectoras para que la calidad de la prestación de los servicios no empeore.
La crisis del Estado de bienestar generará previsiblemente modificaciones en las prioridades de los Estados, pero, las injusticias pueden seguir reduciéndose, incluidos la violencia contra las mujeres y los niños, los delitos de odio, las guerras civiles y los homicidios (Pinker, 2018).
@fjvelazquez.bsky.social
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