Editorial
Del mercado de promesas a la responsabilidad programática
Nos adentramos en un ciclo electoral largo, intenso y acumulativo. Extremadura, Aragón, Andalucía, elecciones generales y, previsiblemente, autonómicas y locales se encadenarán en un calendario que, lejos de favorecer la deliberación democrática, amenaza con sumirnos en una carrera infinita de propuestas, anuncios y compromisos que compiten más por el impacto inmediato que por su viabilidad real. No es un fenómeno nuevo, pero sí uno que ha alcanzado una intensidad últimamente preocupante: la política se desliza hacia una «economía de la promesa«, donde el valor no reside en su cumplimiento, sino en su capacidad de movilizar adhesiones momentáneas.
Este contexto obliga a una reflexión de fondo: ¿qué significa realmente elegir en democracia? Porque votar no es solo seleccionar personas o siglas; es, ante todo, optar por contenidos, prioridades y trayectorias de acción pública que esas personas se comprometen a ejecutar bajo condiciones concretas. Cuando esa dimensión sustantiva se diluye, la democracia se vacía de sentido deliberativo y se convierte en una competición de relatos.
Elegir no es consumir: la diferencia democrática
Joseph Schumpeter (1920) definió la democracia como un método competitivo para la selección de élites. Su visión, realista, pero minimalista, ha sido ampliamente superada por teorías que subrayan la dimensión deliberativa y programática del proceso democrático (Dahl, Habermas, Rawls). En una democracia madura, la ciudadanía no actúa como consumidora de eslóganes, sino como sujeto racional que evalúa alternativas de gobierno.
Sin embargo, gran parte de la práctica política contemporánea se comporta como si las elecciones fueran un mercado: se ofertan promesas sin detallar costes, plazos, competencias ni restricciones, confiando en que el elector no exigirá más que una narrativa emocionalmente eficaz. Esta lógica es profundamente predemocrática, porque sustituye la elección informada por la adhesión afectiva.
Elegir implica comparar proyectos, no solo identidades (Fukuyama Identidad La demanda de dignidad y las políticas de resentimiento 2019) Y para que esa comparación sea posible, los proyectos deben ser comprensibles, contextualizados y evaluables.
2. La demagogia como síntoma de una democracia primaria
Proponer sin explicar el porqué, el cuándo, el cómo y el bajo qué condiciones no es audacia política; es demagogia. Aristóteles ya advertía en La Política que la degeneración de la democracia comienza cuando el discurso político se emancipa de la verdad y de los límites de lo posible. La democracia, decía, necesita logos, no solo pathos.
Hoy asistimos a una proliferación de compromisos que ignoran deliberadamente:
- las restricciones presupuestarias,
- el reparto real de competencias entre niveles de gobierno,
- los plazos administrativos y normativos,
- los condicionantes europeos e internacionales,
- y las capacidades materiales del Estado.
El resultado no es solo frustración ciudadana cuando las promesas no se cumplen, sino algo más grave: desafección democrática estructural. Como señaló Pierre Rosanvallon, la crisis de la democracia contemporánea no es solo de representación, sino de credibilidad.
3. Contexto, límites y verdad: condiciones de la política democrática
La política democrática no consiste en prometer lo máximo, sino en explicar lo posible. Max Weber distinguía entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Hoy abundan las primeras y escasean las segundas. Gobernar —y aspirar a gobernar— exige asumir que toda propuesta se despliega en un contexto determinado: económico, jurídico, institucional y social.
Ocultar ese contexto al ciudadano no es protegerlo; es infantilizarlo. Y una ciudadanía infantilizada es el caldo de cultivo perfecto para el populismo, tanto de derechas como de izquierdas. La democracia no se fortalece simplificando la realidad, sino enseñando a comprenderla.
4. Experiencias comparadas: cuando las promesas se someten a examen
No es cierto que esta exigencia sea utópica. Existen experiencias consolidadas donde las propuestas electorales son evaluadas ex ante:
- En Países Bajos, el Centraal Planbureau analiza los programas electorales y publica estimaciones sobre su impacto presupuestario, fiscal y social.
- En Dinamarca, los compromisos fiscales están sujetos a reglas estrictas de sostenibilidad, y las desviaciones programáticas se penalizan políticamente.
- En Suecia, la transparencia presupuestaria y la cultura de rendición de cuentas hacen políticamente costoso prometer sin respaldo técnico.
Estas prácticas no restringen la democracia; la refuerzan, porque devuelven centralidad al contenido frente al artificio.
5. Propuestas para una reforma democrática necesaria
Si de verdad queremos regenerar la democracia española —y contribuir a una reflexión europea—, es imprescindible avanzar en varias direcciones:
a) Evaluación independiente de programas electorales
Crear un organismo técnico, autónomo y plural que evalúe la viabilidad económica, jurídica y competencial de las propuestas electorales más relevantes. No para censurar ideas, sino para informar a la ciudadanía.
b) Obligación de contextualización programática
Exigir que las propuestas incluyan, al menos de forma sintética: coste estimado, fuente de financiación, nivel competencial, plazo de ejecución y principales riesgos.
c) Distinción clara entre objetivos y compromisos
No todo deseo político puede presentarse como promesa ejecutiva. Recuperar esta distinción es clave para la honestidad democrática.
d) Cultura de rendición de cuentas programática
Evaluar los gobiernos no solo por indicadores generales, sino por el grado de cumplimiento razonado de sus compromisos electorales.
e) Educación cívica orientada a la elección informada
Como defendía John Dewey, la democracia es también un proceso educativo. Sin ciudadanos formados en análisis crítico, no hay democracia deliberativa posible.
6. Elegir es asumir responsabilidad colectiva
En última instancia, esta reflexión interpela también a la ciudadanía. La democracia no puede sostenerse si los electores aceptan ser seducidos por promesas imposibles y luego se declaran engañados. Elegir es un acto de responsabilidad compartida: de quien propone y de quien acepta la propuesta.
Como escribió Norberto Bobbio, la democracia no garantiza decisiones justas, pero sí procedimientos honestos. Hoy esos procedimientos están en riesgo no por falta de leyes, sino por degradación del discurso político.
Reformar la democracia no empieza cambiando las urnas, sino cambiando el modo en que llenamos de contenido lo que se deposita en ellas. Elegir personas sin exigirles proyectos ejecutables es renunciar a la esencia misma del autogobierno democrático.
Y en el ciclo electoral que se abre, esta exigencia no es un lujo intelectual: es una necesidad democrática urgente.
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