El reto de la calidad de la educación superior es fundamental para garantizar el progreso de la sociedad y el desarrollo de un sistema de bienestar sostenible. La calidad universitaria no solo depende de los esfuerzos individuales de docentes y estudiantes, sino que debe ser garantizada por las instituciones responsables: el Gobierno central, las comunidades autónomas, los organismos de evaluación como la ANECA y la propia comunidad universitaria.
Mientras que la Administración Central juega un papel clave a través de la legislación y la acción de la ANECA, las comunidades autónomas tienen la responsabilidad de supervisar la creación de centros privados, asegurando que cumplan altos estándares de docencia e investigación. No obstante, la garantía de la calidad también depende del compromiso de toda la comunidad universitaria, con un rol destacado para los rectores.
¿Garantiza la calidad universitaria la ANECA?
La reciente intervención del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sacando de la chistera “la cuestión universitaria” ha reavivado un debate que, lejos de ser constructivo y esencial para España, tiene más pinta de convertirse en un nuevo campo de batalla de la guerra ideológica por el relato. Las propuestas enunciadas, aunque bienintencionadas, adolecen de una falta de concreción, consenso y coordinación con la comunidad universitaria, lo que pone en entredicho su consideración en serio.
El planteamiento de partida, ya veremos, se caracteriza por su fragmentación y extemporaneidad. Medidas propuestas, como la bonificación de tasas y el aumento de la financiación, no son fruto de un diálogo estructurado con los actores del sistema universitario. Son respuestas apresuradas a una crisis que lleva años gestándose, impulsadas por intereses políticos y la proximidad de las elecciones, pero que rara vez figuran como propuestas viables en los programas electorales.
Resulta preocupante la utilización de la Universidad como arma ideológica. La contraposición entre universidades privadas, que a menudo penaliza a la pública (según el Ministerio de Universidades, la financiación pública por estudiante en universidades privadas es inferior a la de las públicas), y la defensa de la universidad pública como un fin en sí mismo evidencia una falta de consenso necesario sobre el papel de la educación superior en la sociedad. Isabel Díaz Ayuso no lo oculta al respecto y ha defendido en varias ocasiones el papel de la universidad como «espacio de batalla cultural « (por ejemplo, en una entrevista en Telemadrid el 10 de mayo de 2024).
La calidad educativa ha sido la gran ausente durante años. Según datos del Ministerio de Universidades, la tasa de abandono en universidades privadas es del 25%, frente al 15% en las públicas. La proliferación de universidades privadas sin criterios claros de calidad contrasta con la necesidad de mejorar la enseñanza pública, verdadero pilar del progreso de una sociedad. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) debería jugar un papel más activo en garantizar la calidad en el sistema de educación superior.
La creación de universidades privadas es competencia de las comunidades autónomas, lo que significa que cada región tiene la potestad de establecer sus propios criterios y normativas para la apertura y el funcionamiento de estas instituciones. ¿Un error? Esto está preceptuado en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Esta no solo delimita las competencias de las administraciones autonómicas en cuanto a la creación y regulación de universidades privadas, sino que también establece mecanismos para asegurar que estas instituciones cumplan con unos estándares mínimos de calidad.
En este contexto, la ANECA juega un papel fundamental: se encarga de evaluar y acreditar la calidad de la enseñanza superior en todo el territorio español, garantizando que tanto las universidades públicas como las privadas alcancen niveles de excelencia y homogeneidad en sus procesos académicos y administrativos.
Por otro lado, la situación económica de las universidades públicas es crítica, especialmente en regiones como la Comunidad de Madrid. Datos recientes indican que en Madrid las tasas académicas representan aproximadamente el 18,1% de los ingresos totales de estas instituciones, una cifra significativamente superior a la media nacional, que ronda el 12,3%. Este elevado porcentaje implica una carga económica excesiva para los estudiantes y sus familias, limitando el acceso a la educación superior y afectando la equidad del sistema.
La Universidad: Pilar del Progreso y la Equidad
La dualidad entre la expansión de universidades privadas y la crisis de las públicas expone un desequilibrio preocupante en el sistema educativo español. Mientras que las primeras, reguladas a nivel autonómico, aportan diversidad a la oferta, el declive de las públicas, marcado por la insuficiencia de inversión, genera desigualdades y limita el acceso a una educación de excelencia.
En la Comunidad de Madrid, la alta dependencia de las tasas académicas y la falta de financiación pública afectan directamente la calidad educativa. Es imprescindible que el Gobierno regional incremente significativamente el presupuesto, permitiendo modernizar infraestructuras y cuerpo docente, y aligerando la carga económica de los estudiantes. Así, se garantizará equidad y se potenciará la competitividad del sistema educativo español a nivel internacional.
Por otro lado, la creación de universidades privadas debe cumplir criterios de calidad rigurosos. La ANECA, encargada de la evaluación, enfrenta el desafío de coordinarse eficazmente con las administraciones autonómicas para asegurar estándares uniformes en todo el territorio. Evitar la proliferación de instituciones sin controles adecuados es esencial para proteger la confianza de la ciudadanía en el sistema universitario.
La universidad no puede reducirse a un campo de batalla ideológico; su misión es impulsar la investigación, la innovación y la formación de ciudadanos críticos. Según la CRUE, la inversión en I+D en universidades públicas españolas es un 30% inferior a la media europea, un déficit que requiere atención urgente y una estrategia de largo plazo.
Es fundamental que los debates sobre educación superior se centren en políticas claras y medibles que fortalezcan la universidad como eje del progreso social, económico y democrático. Solo así podremos garantizar su papel como motor de desarrollo y equidad.
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