Miguel Henrique Otero
La mayor dificultad del artículo que me he propuesto escribir es doble: por una parte, decidir a cuáles de los delitos cometidos por Nicolás Maduro Moros me referiré, entre la lista tan grotescamente extensa de sus fechorías y violaciones de las leyes; y, por otra parte, por dónde empezar, en qué orden exponer ante el lector una acumulación tan diversa, donde no es fácil establecer una jerarquía. Si consultásemos a un grupo de ciudadanos, cuál es el peor de los delitos cometido por Maduro, muy probablemente se produciría una amplia diversidad en las respuestas.
Nicolás Maduro Moros encabeza la cadena de mando responsable de graves violaciones a los Derechos Humanos. Bajo su mandato se han sistematizado programas de secuestro, desaparición, encarcelamiento, torturas, extorsión a las familias y juicios sumarios sin derecho a defensa real, de miles de personas acusadas de delitos inexistentes como terrorismo, organización para delinquir, incitación al odio, conspiración. Difícilmente podría plasmarse el sufrimiento, el agobio, el estado de desesperanza e impotencia de los padres, las parejas y los hijos de los casi 900 presos políticos (muchos de ellos desaparecidos), que hay hoy en Venezuela. Maduro debe responder también por quienes han perdido la vida detenidos, porque se les ha negado atención médica.
Maduro debe responder por el asesinato, entre otros, del capitán Rafael Acosta Arévalo en 2021, sometido a torturas salvajes por funcionarios miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar -DGCIM-, unidad que opera al margen de la ley, dedicada al espionaje, la persecución y la desaparición forzosa de disidentes, dirigentes sociales o políticos, activistas o simples ciudadanos sin militancia, a los que se castiga brutalmente por opinar, no en el espacio público, sino en la estricta intimidad de la familia. Maduro Moros es el jefe mayor del DGCIM y está señalado directamente por los miles y miles de actuaciones fuera de la ley de esta unidad militar.
Maduro ha creado un verdadero e incansable Estado de Terror, que actúa contra el conjunto de las familias venezolanas, basado en una serie de organismos policiales y militares, en redes de espionaje que actúan en las comunidades -practicantes de la denuncia anónima-, y en un sistema judicial, amañado con una pandilla de jueces-verdugos, que imponen penas de veinte y treinta años de prisión por hechos absolutamente irrelevantes o inexistentes, para a continuación entregarlos a un sistema carcelario controlado por otros delincuentes y sicópatas.
Asociado a lo anterior está la masa delictual, ampliamente reseñada y analizada en las semanas y meses previos, sobre el Cartel de los Soles, la organización criminal creada y protegida por el régimen chavista y madurista, que tiene como su principal actividad (y no es la única), recibir cargamentos de droga de los países productores -especialmente de Colombia-, y, a continuación, enviarla a Estados Unidos, México, Centroamérica, Europa y otros destinos, por vía marítima o aérea o de portadores humanos. Así, la participación en el narcotráfico se ha constituido en el sello, en la marca fundamental del ejercicio del poder, perversamente concentrado en usar las instituciones en proteger y expandir las operaciones de exportación de narcóticos.
Hablo de ‘masa delictual’ porque las operaciones del Cartel de los Soles han tenido consecuencias terribles y creado realidades nefastas para la sociedad venezolana en su conjunto, y no solo para quienes viven en zonas fronterizas. Nicolás Maduro Moros es responsable de la entrega de pedazos del territorio venezolano en los estados Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Amazonas, Táchira y Zulia, para el control de las narcoguerrillas del ELN y de las disidencias de las FARC. También de autorizar y permitir que estos grupos impongan alcabalas, mecanismos de vigilancia social, penetren la actividad política y electoral, extorsionen a las familias -incluso a las más pobres-, tomen a la fuerza viviendas y fincas productivas, desplacen comunidades enteras de sus espacios y propiedades, se hagan con el control de algunas actividades económicas fundamentales como la distribución y venta de combustibles, agua y alimentos, requisen a los productores agrícolas, usurpen con armas y el uso de la violencia más feroz la producción minera, recluten por la fuerza a niños para sus filas, establezcan centros de prostitución y de descanso para los narcoguerrilleros, y tantísimo más.
Esta estructura delincuencial encabezada por Nicolás Maduro Moros, es la que asaltó el poder el 28 de julio de 2024, tras ser derrotada en las elecciones presidenciales. No se conformó con establecer una dictadura. Al día siguiente inició la más despiadada cacería contra miembros de las mesas electorales, activistas de los partidos políticos y contra simples electores que votaron a favor de Edmundo González Urrutia. La instauración de la dictadura se sostiene sobre el poderío militar y policial que, asociado al narcotráfico, a grupos paramilitares, a organizaciones delictivas como el Tren de Aragua, y otras, someten a los venezolanos a unas condiciones de vida, donde la precariedad se entrelaza con el miedo perpetuo de ser secuestrado y desaparecido por el narco poder.
Pero este cuerpo de delitos hasta aquí reseñado es apenas una introducción, a la que habría que añadir varias decenas de miles de casos de robo de los bienes públicos y lavado de activos; de destrucción de la industria petrolera y de Petróleos de Venezuela; de arrasamiento de industrias y comercios en todo el país; de acoso interminable a los productores agrícolas y pecuarios; de corrupción generalizada en las instituciones públicas; de la destrucción del sistema de educación pública de Venezuela; del desmantelamiento corrupto y lesivo de los servicios públicos como electricidad, agua, gas doméstico, telefonía fija e internet; del acoso a la autonomía de las universidades; del asedio a la libertad de información y el cierre de los medios de comunicación; de la liquidación de los partidos políticos; de la pulverización de Venezuela como país viable y proveedor de un futuro para la sociedad, cuya consecuencia más visible ha sido la migración forzosa de más de 8 millones de personas en poco más de una década.
Repito lo dicho al comienzo: el tema desborda con creces el formato de un artículo. Sin embargo, a partir de lo apenas mencionado, se desprende una tarea militar, policial, legal y política: a Maduro y a sus secuaces hay que detenerlos, enjuiciarlos y encerrarlos lo antes posible.
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