No nos llevemos las manos a la cabeza, solucionémoslo

Apostar por una nueva política diferente

En apenas unas semanas hemos visto entrar en prisión preventiva a un exministro y diputado en activo, José Luis Ábalos, y a su antiguo colaborador Koldo García, por la trama de mascarillas de la pandemia, con peticiones de más de 20 años de cárcel y que el Tribunal Supremo justifica por el “riesgo extremo” de fuga.
Ábalos, ya entre rejas, intenta defenderse filtrando mensajes, audios y declaraciones en prensa; la Fiscalía Anticorrupción le recuerda que lo que se confiesa ante los medios “no es cooperación” y no sirve de nada si no se hace ante el juez o el ministerio público.

Mientras tanto, el presidente del Gobierno se afana en levantar un cortafuegos discursivo. Primero, en el Comité Federal de julio, admite que fue un error confiar en sus dos secretarios de Organización: “Pido perdón. Me equivoqué”, se sintió traicionado por ambos.

Ahora, cuando Ábalos responde desde la cárcel con acusaciones y amenazas veladas, Pedro Sánchez se limita a descalificarlo como “un gran desconocido” y a afirmar que “todo lo que dice es mentira” y que el Gobierno “no va a aceptar chantajes”.

 El resultado es demoledor para la percepción ciudadana: si dice la verdad, el presidente construyó su poder con “desconocidos” a los que entregó el control del partido y del Estado; si exagera, aparece como alguien dispuesto a reescribir su biografía política.

En paralelo, en la acera de enfrente, el presidente de la Diputación de Almería y del PP provincial, Javier Aureliano García, es detenido por presuntas mordidas en contratos de mascarillas (casualmente), tras años de silencio institucional pese a las preguntas de la oposición andaluza.

 Las conversaciones intervenidas, con bromas sobre “cambiarse la dentadura” gracias a las comisiones, dibujan una élite local convencida de que la pandemia era, sobre todo, una oportunidad de negocio.

En la propia Moncloa, el caso de Paco Salazar —hombre fuerte del equipo de Sánchez desde 2017— añade un componente moralmente corrosivo. Varias trabajadoras denuncian acoso y comportamientos “vomitivos”, según la propia portavoz del Gobierno, pero el partido no reactiva la investigación hasta que los hechos saltan a los medios, meses después de las primeras quejas internas y ahora parecen que se ha borrado.  
La impresión de impunidad selectiva —caiga quien caiga, pero sólo si estalla en portada— es letal para la credibilidad de cualquier discurso regenerador.

Y el bochorno no se detiene en nuestras fronteras. La detención de Federica Mogherini, ex jefa de la diplomacia europea y exvicepresidenta de la Comisión, por presunto fraude en contratos de formación del Servicio Exterior de la UE, recuerda que la corrupción y la captura de las instituciones no son una anomalía hispánica, sino una enfermedad que recorre las democracias avanzadas.

Todo esto ocurre mientras la legislatura española pende de un hilo. Junts ha anunciado el “bloqueo” sistemático de la actividad legislativa, retirando su apoyo al Gobierno y dejando al Ejecutivo sin mayoría estable en el Congreso. Sánchez, acorralado por los casos de corrupción y la fragilidad parlamentaria, corteja de nuevo a Junts, admite incumplimientos previos y se muestra dispuesto a nuevas cesiones para salvar la legislatura. No parece una sana practica democrática.

Y en medio de esta tormenta, el mismo presidente viaja a Malta, preside el Consejo de la Internacional Socialista y acusa a la derecha tradicional de vivir en un “Black Friday constante”, donde “liquidan principios, descuentan convicciones y ponen la democracia en venta” para no perder votos frente a la extrema derecha.
Tiene razón en el diagnóstico global… pero su propia práctica de gobierno condicionado a Junts convierte ese discurso en una pieza más del cinismo general que esta imperando en todo.

De la erosión interna al salto de la extrema derecha

La ciencia política lleva años advirtiendo de este escenario. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt han mostrado que las democracias ya no mueren con golpes de Estado, sino “a cámara lenta”, cuando las élites políticas erosionan normas informales básicas como la tolerancia mutua y la contención institucional, mientras convierten la política en una guerra total por el poder.

Cas Mudde define la “derecha radical populista” como una ideología que combina nativismo, autoritarismo y populismo, una versión extrema de valores ya presentes en las democracias liberales, no un cuerpo extraño.  Cuando el centro derecha copia su lenguaje sobre inmigración, seguridad o memoria histórica (añoranza del franquismo) para no perder votos, lo que hace no es frenar a la extrema derecha, sino normalizarla.

Pippa Norris y Ronald Inglehart han descrito el auge del autoritarismo populista como una “reacción cultural”: sectores que se sienten desplazados por los cambios sociales, tecnológicos y de valores, y que canalizan su temor hacia ofertas políticas que prometen restaurar un orden perdido.

 Yascha Mounk añade que estamos ante una separación peligrosa entre “democracia” (la voluntad de la mayoría) y “liberalismo” (los límites y garantías del Estado de derecho): cada vez más gente está dispuesta a votar contra las reglas que protegen sus propias libertades.

Si a esa mezcla de miedo, pérdida y resentimiento le añadimos un paisaje de corrupción transversal, promesas de “regeneración caiga quien caiga” incumplidas, y un sistema de partidos dominado por camarillas, es casi lógico que una parte del electorado concluya que “son todos iguales” y busque castigar al conjunto con su voto a fuerzas extremistas, ya sea a Vox o a nuevas formaciones ultras, incluido el independentismo radical. Cando la política renuncia a gestionar esa pluralidad y la sustituye por bloques enfrentados que se legitiman mutuamente como enemigos, abre la puerta a quienes prometen acabar con el pluralismo mismo.

Recentrar las dos grandes familias: conservadores liberales y socialdemócratas

La primera tarea de regeneración es ideológica, no técnica.

• La derecha liberal-conservadora debe decidir si quiere ser heredera de las tradiciones europeas de conservadurismo constitucional y democracia cristiana, o sucursal respetable de la extrema derecha. No puede seguir denunciando la corrupción ajena mientras protege tramas propias —del caso Almería a viejos casos de financiación irregular y sus sobres nunca explicados— ni puede escandalizarse ante los pactos del Gobierno con Junts mientras gobierna plazas clave con el apoyo de fuerzas ultras. Recuperar un discurso de centro-derecha democrático, que levante un cordón sanitario claro frente al extremismo, es una condición mínima para que el sistema recupere equilibrio.
• La izquierda socialdemócrata, por su parte, debe abandonar el populismo de marketing, las piruetas tácticas y la obsesión por el “relato” diario, y volver a ser lo que fue: una herramienta de mayoría para ampliar derechos, reducir desigualdades y fortalecer el Estado social. Eso exige reconocer errores, asumir responsabilidades políticas de verdad no de discurso —también en los casos Ábalos, Cerdán, Salazar— y construir una agenda que combine seguridad económica, transición ecológica justa y protección frente a los abusos de poder, sin caer en la tentación de prometer imposibles ni de abrazar identitarismos excluyentes.

No pensar en el futuro puede ser un error histórico. Camus dejo dicho que, “la verdadera generosidad hacia el futuro consiste en darlo todo en el presente”. Hoy, darlo todo significa aceptar que sin regeneración democrática, no habrá ni socialdemocracia creíble ni conservadurismo liberal digno de ese nombre.

Reformar las reglas del juego: una agenda mínima de regeneración

Pero las palabras ya no bastan. Hace falta tocar estructura. Una agenda mínima podría incluir, al menos, estas líneas:

1. Partidos abiertos y responsables
   • Fin de los partidos, sus directivas, como “clubs de amigos”: obligaciones estatutarias de debates internos públicos, publicación de votaciones en órganos de dirección y selección de candidatos, primarias abiertas o semiabiertas para elegir liderazgos y candidaturas y establecimiento de mecanismos de control de los elegidos. No vale hacer que los órganos de control sean a imagen y semejanza del líder.  
   • Transparencia total de financiación, con auditorías independientes y publica;  y sanciones efectivas, persecución penal e inhabilitación a perpetuidad de los condenados para quien utilice el partido como plataforma de negocios…
2. Incompatibilidad real entre partido y gobierno
   • Separación estricta entre cargos orgánicos y cargos institucionales: que el secretario general, el responsable de Organización o los barones territoriales no puedan, al mismo tiempo, acumular ministerios, presidencias de gobierno o grandes empresas públicas.
   • El objetivo no es castigar la militancia, sino evitar la captura absoluta del Estado por una cúpula partidaria defensora de intereses personales.

3. Un modelo de nombramientos con “control de calidad” parlamentario
   • Inspirándonos en el sistema de advice and consent del Senado de Estados Unidos, donde los altos cargos son sometidos a audiencias públicas antes de ser confirmados, se debería exigir que la dirección de empresas públicas o con participación pública estratégicas (INDRA, Telefónica…), entes reguladores, altos comisionados y embajadores (ONU…) pasen por comparecencias obligatorias en comisiones parlamentarias, con publicación previa de su CV, declaración de intereses y patrimonio.
   • Votación cualificada —no de bloque— para los organismos de control (Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado, CNMC, reguladores), forzando acuerdos transversales e impidiendo bloqueos como el producido en el CGPJ.
4. Criterio de idoneidad, no de obediencia
   • Prohibir el nombramiento de responsables de empresas públicas, consorcios o fundaciones que gestionen millones sólo por ser secretario de una agrupación local o amigo fiel: exigir experiencia acreditada, concursos abiertos y comités de selección con presencia de expertos independientes.
   • Responsabilidad directa y colegiada de quien los nombra: si el nombrado delinque, el órgano de designación debe rendir cuentas políticas y, en su caso, jurídicamente.
5. Mandatos limitados y evaluación del desempeño
   • Limitar seriamente la permanencia en los cargos ejecutivos: un mandato temporalmente determinado y no renovable para ciertas responsabilidades (reguladores, defensores del pueblo, etc.) y topes estrictos para parlamentarios y alcaldes, evitando carreras vitalicias.
   • Introducir evaluaciones de desempeño periódicas, con indicadores públicos, para altos cargos políticos, de la Administración  y directivos de empresas públicas.
6. Tolerancia cero jurídica frente a la corrupción de cargo público
   • Agravamiento de las penas cuando el delito se comete desde un puesto de responsabilidad institucional, con especial énfasis en contratos públicos, urbanismo, compras sanitarias y gestión de emergencias.
   • Confiscación ampliada de bienes y devolución obligatoria del dinero robado como requisito para cualquier beneficio penitenciario.
7. Cerrar de verdad las puertas giratorias
   • Prohibición —con plazos largos y mecanismos de control efectivos— de que exministros, exconsejeros o altos cargos se incorporen a empresas directamente beneficiadas por sus decisiones durante el ejercicio del cargo.
   • Registro público de lobbies y agenda obligatoria de reuniones de todos los cargos ejecutivos.
8. Evaluar las políticas públicas, no sólo anunciarlas
   • Obligar por ley a que toda propuesta lleve aparejado un sistema de evaluación pública e independiente, con indicadores de impacto y revisión parlamentaria a los tres o cinco años.

Sin evaluación, la política se convierte en propaganda financiada con dinero público.

Nada de esto, por sí solo, garantiza que la extrema derecha deje de crecer. Como han mostrado Norris, Inglehart o Mounk (Cultural Backlash), la ola autoritaria tiene raíces culturales profundas que no se resuelven solo con reformas institucionales. Pero sin instituciones sólidas, sin partidos que dejen de ser redes clientelares, sin líderes que asuman responsabilidad en lugar de presentarse como víctimas engañadas por sus propios hombres de confianza, la batalla está perdida de antemano.

La regeneración democrática no es un lujo para tiempos mejores, ni un eslogan publicitario: es la condición de posibilidad para que la socialdemocracia, el liberalismo y el conservadurismo constitucional puedan seguir existiendo como opciones frente a quienes sólo ofrecen miedo, resentimiento y derribo de las reglas del juego.

O regeneramos la democracia desde dentro, o otros la vaciarán desde fuera… con nuestro voto.

Poderoso Caballero es Don Dinero de Francisco de Quevedo, cantado por Paco Ibáñez y tú mismo sacas las consecuencias…

Madre, yo al oro me humillo,
Él es mi amante y mi amado,
Pues de puro enamorado
Anda continuo amarillo.
Que, pues, doblón o sencillo
Hace todo cuanto quiero,
Poderoso caballero
Es don Dinero.

Nace en las Indias honrado,
Donde el mundo le acompaña;
Viene a morir en España,
Y es en Génova enterrado.
Y pues, quien le trae al lado
Es hermoso, aunque sea fiero,
Poderoso caballero
Es don Dinero.

Son sus padres principales,
Y es de nobles descendiente,
Porque en las venas de Oriente
Todas las sangres son Reales.
Y pues es quien hace iguales
Al rico y al pordiosero,
Poderoso caballero
Es don Dinero.

¿A quién no le maravilla?
Ver en su gloria, sin tasa,
Que es lo más ruin de su casa
Doña Blanca de Castilla?
Más, pues que su fuerza humilla
Al cobarde y al guerrero,
Poderoso caballero
Es don Dinero.

Es tanta su majestad,
Aunque son sus duelos hartos,
Que aun con estar hecho cuartos
No pierde su calidad.
Pero, pues da autoridad
Al gañán y al jornalero,
Poderoso caballero
Es don Dinero.

Más valen en cualquier tierra
(Mirad si es harto sagaz)
Sus escudos en la paz
Qué rodelas en la guerra.
Pues al natural destierra
Y hace propio al forastero,
Poderoso caballero
Es don Dinero.

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