Cuando España se apagó a las 12:30 del mediodía del día 28, comenzó la crisis perfecta. Ningún ciudadano sabía qué estaba ocurriendo, y las autoridades tampoco. La afectación fue generalizada: no era solo nuestra calle, ni solo Valencia o Galicia, sino toda España y Portugal (pronto se dijo que el “tsunami eléctrico” llegaba también al sur de Francia). Que era un fallo eléctrico no quedaba ninguna duda: todos lo percibimos en semáforos muertos, escaparates a oscuras, domicilios sin luz y el metro paralizado. Los más temerosos pudieron pensar que se trataba de una cadena de colapsos, el principio de algo mayor; los optimistas, muy patriotas, confiaron en que en pocos minutos el servicio se restablecería y que vendría inmediatamente una explicación puntual. Creyeron que eso no dejaba de ser una anécdota en un país desarrollado y moderno.
Pasados unos minutos, los móviles comenzaron a quedarse sin cobertura y la única información que llegaba era la de las redes sociales: mensajes veraces alternados con bulos de quienes se divierten en el caos, que existen más de lo que creemos. Cuando cae la comunicación telefónica —un canal personal, segmentado (nos informamos en círculos cerrados) y muy intensivo (el número de veces que miramos el móvil crece con la ansiedad)—, la población se siente aislada.
La primera pregunta de un ciudadano fue: “¿Qué ha pasado?” La segunda, al no recibir una respuesta inmediata y convincente, ya venía cargada de preocupación: “¿Qué está ocurriendo?”
Cuando los minutos transcurren y no hay una agresión física visible —ni bombardeos, ni explosiones de gas, ni riadas—, la aparente calma despierta un miedo distinto: el miedo a lo desconocido. Ese temor no es inmenso ni duradero, pero no es inocuo: remite a la desconfianza ya experimentada en crisis recientes como la pandemia y la DANA. En la primera, el ciudadano percibió que los gobernantes “no tenían ni idea de lo que se traían entre manos” (y trataron de cubrir su desconocimiento con imágenes militares). En la segunda, los afectados sintieron que el Estado —en su sentido constitucional— había desaparecido con las aguas. En un incidente como este, más de cinco horas sin información oficial fueron inaceptables. La empresa responsable de la red eléctrica —cuyos ciudadanos aún desconocen si es pública o privada, pero sí saben que la preside un exministro muy bien pagado— se limitó a difundir mensajes confusos y lacónicos. No asumió la responsabilidad de comparecer ante los micrófonos de la radio, el único medio capaz de llegar a todos. ¿Para qué, si solo podían decir que no sabían qué había sucedido y que el servicio se repondría…? Sí, se dijo algo parecido, pero la conducción de una crisis de esta envergadura exige una reacción inmediata de la autoridad delegada —la presidenta de Red Eléctrica— y del presidente del Gobierno, especialmente en el primer cuarto del siglo XXI. Y en este mundo donde la política lo es todo, ¿qué dijo el líder de la oposición? Pues, guste o no, sirvió de apoyo al Gobierno —director de la gestión de la crisis—, contribuyó a tranquilizar a la sociedad y se esforzó por recabar la información necesaria.
Permítanme ahora destacar la responsabilidad y el comportamiento ejemplar del pueblo español. No cabe duda de ello, pero reflexionemos: la noticia habría sido el vandalismo o el pillaje. Que los ciudadanos se comportaran con civismo —tal como exige una democracia madura— no resultó noticiable, sino lo mínimo exigible. Esto suscita dos reflexiones esenciales: a una sociedad madura le corresponde un gobierno con las mismas características; y los comportamientos responsables, aunque reflejen autocontención, pueden agotarse si no reciben reciprocidad institucional.
La respuesta comunicativa del Gobierno ante el apagón fue, en el mejor de los casos, desorganizada. Las primeras declaraciones oficiales llegaron tarde y carecieron de datos claros sobre las causas y las medidas adoptadas. Esa tardanza y falta de criterio, de manual, genera incertidumbre y desconfianza en la ciudadanía.
En cuestión de segundos desaparecieron 15 gigavatios de energía —el 60 % de la demanda eléctrica española—, informó el presidente Pedro Sánchez. Confinarse en ese único dato confuso evidenció las carencias en la gestión comunicativa del Gobierno durante la crisis.
Según Marra (1998), “la habilidad de comunicar rápida y eficazmente es un componente crucial en la gestión de crisis”. Sin embargo, el Ejecutivo no cumplió ese principio básico, dejando a la población sin información veraz y oportuna.
En todo caso, la inmediatez y claridad requeridas no se produjeron: tardaron en comparecer, y cuando lo hicieron, no aceptaron preguntas. Además, faltaron canales alternativos de comunicación; ni siquiera se utilizaron las emisoras de radio para orientar a los ciudadanos.
En algunos casos, la información del Gobierno y de REE resultó contradictoria. Mientras REE descartaba un ciberataque como causa, el Ejecutivo mantenía esa posibilidad abierta. Esa falta de coherencia —aunque los asesores no la perciban— mina la credibilidad y alimenta teorías conspirativas en redes sociales.
La ausencia de una estrategia clara fue evidente. ¿Quién aconsejó a la presidenta de REE, Beatriz Corredor, permanecer en silencio durante las primeras horas? Con todo, lo más grave fue la ideologización de los mensajes. El Gobierno rechazó pronto que el apagón se debiera a un exceso de renovables; la oposición, en cambio, culpó a su dependencia y reclamó reabrir nucleares. Esta “bloquización” del discurso energético desvió la atención de la necesidad de un gran debate técnico y social sobre un modelo que consume cada día más energía.
Resulta inútil que todo termine en una lucha por el control del relato. El Gobierno exigió responsabilidades a las eléctricas, mientras estas defendieron su actuación y reclamaron analizar los datos antes de emitir juicios. Esta dinámica de buscar culpables convierte, a ojos de la sociedad, a ambas partes en responsables, cada una por sus propios intereses.
Es ya una evidencia que la polarización política y social se intensifica en las crisis que padecemos. Esto pone en peligro la seguridad psicológica de la ciudadanía. La carencia de un discurso unificador y tranquilizador por parte de los dirigentes contribuye al agotamiento emocional y erosiona la confianza en las instituciones.
En lugar de aportar explicaciones técnicas y fundamentadas, el Gobierno optó otra vez por su relato ideológico centrado en la transición energética y las renovables. El Partido Popular no ha demostrado que su gestión habría sido diferente. El apagón se debe, en todo caso, a factores humanos —no intencionados—, ligados seguramente a la gestión de la red. Las auditorías e informes determinarán las causas y sugerirán soluciones. Pero el temor del Ejecutivo a profundizar en esas causas —y a replantear el modelo energético por no cuestionar su agenda política— prolonga la sombra de la incertidumbre.
