Alberto Núñez Feijóo fue elegido presidente del Partido Popular en 2022, tras la defenestración de su predecesor Pablo Casado, por haberse este atrevido a cuestionar a la presidenta de Madrid. Tras tres años de desempeño, es tal vez el momento de hacer un balance de su gestión al frente del primer partido de la oposición.
Sus declaraciones en aquella fecha prometían venir a poner fin a la bronca etapa de su predecesor, quien no ahorró insultos al presidente Sánchez, incluido alguno tan exótico como el de “felón” porque ya había agotado el repertorio de los más habituales: “no estoy aquí para insultar al presidente —decía Feijóo en 2022— sino para ganarle”, “¿por qué los partidos políticos no podemos hablar?
Tres años después, su repertorio de insultos al presidente se parece bastante al de Casado: “okupa”, hipócrita”, “mentiroso”, “indecente”, “corrupto”, “jefe de la mafia”, etc. Y, en cuanto a hablar, se ha negado a consensuar ninguna de las leyes propuestas por el Gobierno de Sánchez ni a acudir a sus llamadas a firmar pactos de estado en temas como la vivienda, la violencia de género o la emergencia climática.
El momento crítico de su giro se produjo en las elecciones generales de 2023, en las que la suma de escaños del PP, Vox y UPN tan solo alcanzó 171, a 5 escaños de la mayoría absoluta. Siendo el PP incapaz de pactar con ninguna fuerza, salvo Vox, el resto de partidos apoyó la investidura de Pedro Sánchez. A partir de ese momento, le tildó de ilegítimo, okupa del gobierno y enemigo de España, por pactar con partidos como EH, Bildu, Junts y ERC.
La cualidad más importante que distingue a un demócrata de alguien que no lo es, es la aceptación del resultado electoral tras haber perdido. Tildar de ilegítimo a quien obtiene los votos de la mayoría parlamentaria supone cuestionar las instituciones y desestabilizar la democracia. Recordemos los episodios de Trump en 2020 en Estados Unidos y de Bolsonaro en 2022 en Brasil, negándose a reconocer la victoria de sus oponentes y estimulando la ocupación del parlamento.
En España, tan legítimos son los escaños de Bildu como los de Vox, porque son partidos legales que representan la voluntad de centenares de miles de votantes. Ambos partidos cuestionan la Constitución, Vox incluso la aboliría con gusto, pero discrepar de ella está permitido en nuestras leyes. Lo ilegítimo no sería pactar con ellos, sino, en todo caso, el contenido de dichos pactos si lo que aprueban perjudica a la mayoría de los ciudadanos.
Esta ha sido una de las aportaciones más nefastas de Feijóo a la política española: sus pactos con Vox en ayuntamientos y comunidades autónomas. En ellos aprobaron eliminar organismos o ayudas que atienden a las emergencias climáticas —como hizo la Generalitat Valenciana en 2023 con la Unidad de Emergencias creada por el gobierno anterior—, los inmigrantes o las mujeres en peligro —como sucedió en Castilla y León con varias ayudas. Resulta estremecedor imaginar lo que Feijóo pactaría con Vox si necesitara sus votos para llegar al gobierno de España.
Unas veces para conseguir sus votos en una investidura y otras para competir electoralmente con ella, lo cierto es que el discurso del PP bajo la dirección de Feijóo ha copiado muchos aspectos del de la ultraderecha. Las intervenciones broncas y faltonas del PP en el Congreso tampoco difieren mucho de las de esta. Eso constituye una decisión política no forzada. Podría haber tomado otra, como han hecho otros partidos conservadores en Europa. Ello indica que el pragmatismo de Feijóo para alcanzar el poder es más fuerte que sus principios democráticos.
Otro aspecto importante de su “política” es la renuncia a confrontar con su adversario en el aspecto programático y hacerlo tan solo en el personal. El 100% de sus intervenciones las dedica a interpelar a Sánchez por la supuesta corrupción de su familia o de las personas nombradas por él. Si bien, en el caso de sus ex-secretarios de organización, la crítica es obligada por la abundancia de indicios delictivos, en los otros se trata de una sincronización sospechosa del PP con las organizaciones de ultraderecha que han impulsado querellas ficticias y con la complicidad de algunos jueces.
En cualquier caso, nunca confronta las ideas, sino la persona. A pesar de que las políticas de su oponente responden al programa del partido socialista y de otros partidos de izquierda, Feijóo nunca opone un programa alternativo al de la izquierda porque su enemigo, lo que él llama el “sanchismo”, es todo aquello que haga Sánchez. Eso demuestra que, o bien carece de programa, o bien no confía en que dicho programa seduzca a los electores. En lugar de seducir con propuestas, Feijóo fía su triunfo a la destrucción del adversario. Esa forma de concebir la lucha política, en la que el adversario deviene en un enemigo a abatir, tampoco es propia de un demócrata.
Este clima de demonización del oponente creado por Feijóo, en el que cada día debe inventar una descalificación más fuerte para superar su discurso del día anterior, tiene sus efectos en el tejido social. Por ejemplo, en los numerosos asaltos sufridos por las sedes socialistas o en los gritos de “Sánchez, tiro en la nunca” que se escuchan en algunas manifestaciones. También justifica la actitud de algunos jueces nada imparciales que entienden que se ha abierto la veda para asediar al Gobierno con juicios estrambóticos. Juicios que muy probablemente serán corregidos por las instancias superiores.
Su política de nombramientos evidencia este propósito de ensuciar la discusión pública lo más posible. Tanto Miguel Tellado como Ester Muñoz —sus portavoces habituales— acreditan una incansable capacidad para “embestir” al adversario. El primero ya embestía en el parlamento gallego y, la segunda, tuvo ocasión de ejercitarse, primero en Castilla y León, y luego en el Senado.
La obsesión por derribar a Sánchez ha llevado a Feijóo a extender la suciedad a las instituciones europeas, usando como ariete el grupo de eurodiputados populares españoles. Son memorables sus maniobras para evitar el nombramiento como Vicepresidenta de la Comisión Europea de la socialista Teresa Ribera, extendiendo allí la falacia de que había tenido responsabilidad en la DANA que asoló Valencia en octubre de 2024. También trató de dificultar en 2021 la aprobación de los fondos Next Generation para España.
Por último, es de resaltar su debilidad dentro del PP para imponer su criterio, como se ha evidenciado por ejemplo, con su persistente silencio ante las numerosas declaraciones extemporáneas de la señora Díaz Ayuso. La más reciente, cuando esta ha contradicho la posición oficial del PP con respecto al aborto y se ha negado a cumplir la ley.
En definitiva, estamos ante un líder sucio, sin escrúpulos, de dudosas convicciones democráticas, sin programa político y débil dentro de su partido. No parecen las mejores credenciales para aspirar a gobernar un país.
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