S. Pereira
Sostengo que siempre es mejor estar callado, pues las tripas suenan menos.
Se abre el telón en Arequipa con luz solemne, el Rey, académicos de todo Hispanoamérica… Y en vez de reinar el aplauso, lo hace un estrépito institucional: el director del Instituto Cervantes acusa, sugiere, sobrevuela la idea de un relevo en la Real Academia Española. Un relevo preparado no por académicos, sino por quién sabe qué circunscripciones del poder. Y en ese acto, lo que está en juego no era solo una sucesión más, sino la autonomía, la dignidad, la lente con que se mira la cultura y nuestra lengua.
En la trastienda una trayectoria ignorada por un poeta que solo ve literatura en un ripio.
Santiago Muñoz Machado no es un pasante del idioma, no es un decorado menor, no es un “experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias” (esa frase de García Montero, dicha en un desayuno informativo, que pretende reducir a Muñoz Machado a gestor económico, cuando su valor es otro).
¿Qué méritos concretos tiene quien ahora se ve despreciado?
- Fue elegido director de la RAE por los académicos el 20 de diciembre de 2018, y reelegido en 2022 por sus pares, no nombrado por dedo ministerial.
- Catedrático universitario, renombrado jurista, especialista en Derecho Administrativo, Constitucional y en derecho europeo.
- Autor de ensayos fundamentales como Hablamos la misma lengua. Historia política del español en América, por la que obtuvo el Premio Nacional de Historia de España en 2018.
- Elegido Doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca, entre otras instituciones, en reconocimiento explícito a su difusión de la lengua del Derecho en castellano.
- Como director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), ha participado en viajes institucionales, discursos, ediciones críticas, proyectos de preservación del idioma, atención al lenguaje jurídico, al derecho internacional, a la claridad lingüística, al panhispanismo.
Ignorar todo eso no es un descuido: es una estrategia de invisibilización, de rebaja, como si todo lo intelectual, lo académico, lo riguroso, no contara frente a la propaganda del “como si”.
Sostengo que el dedo no es más que la urna. Nunca lo fue.
Muñoz Machado llegó al cargo por urna –o, más precisamente, por votos y consenso dentro de la institución académica–; su legitimidad se basa en su trabajo, en su reconocimiento. García Montero, aunque poeta de talento, fue designado al Cervantes por el Gobierno, según el procedimiento de libre designación. Esa diferencia no es menor: marca qué tipo de poder sostiene lo cultural.
Cuando García Montero dice que “ya habrá tiempo de hablar de la preparación del sucesor del director de la RAE” , deja caer la insinuación de que la RAE no debería elegir, sino que alguien prepara un tapado, alguien ajeno al pleno académico, alguien impuesto. Esa frase no es inocente: está cargada de dolo institucional.
A eso se suma su crítica despectiva, en la que afirma que la RAE “está en manos de un experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias” en lugar de estar en manos de filólogos, de hombres de letras, de quienes aman la lengua no por su valor de mercado sino como su alma patrimonial.
Así, lo que queda claro es que al dedo político no le basta acumular cargos entre amigos conocidos y deudores: quiere instaurar quienes “le deban” favores, alianzas de partido, amistades, como si la excelencia fuera accesorio y la lealtad ideológica el requisito principal.
Sostengo que los poetas deben componer versos y no turismo institucional
Hay algo de ironía profunda en que precisamente un poeta —Luis García Montero— se deje ganar por la retórica del poder, por las sombras del dedazo institucional. Y es cierto que su propia poesía nos da versos que podrían servir de antífrasis a su proceder público.
Por ejemplo, en su poemario Si la poesía muere, habrá que reinventarla, como sea, cierra con un epitafio que late con dignidad:
Porque esa idea de “padre de mundos libres” contrasta con el uso de la palabra libre para nombrar cargos impuestos, sugerir sucesiones no electorales, generar crisis de autoridad.
Y Santiago Muñoz Machado, en ocasiones, ha declarado la necesidad de claridad del lenguaje y respeto institucional delante de los públicos de la lengua hispánica. Por ejemplo, en su visita a Buenos Aires: “Es un problema grave que los políticos usen un lenguaje poco cortés”. Esa exigencia ética del decir, del trato, no puede concatenarse con el desprecio disfrazado de crítica.
Sostengo que los versos no deben ser letra de opereta.
La escena en Arequipa, con el Rey, con los académicos invitados, con la solemnidad esperada, debería haber sido un himno a la unidad del idioma, a la cohesión cultural. En cambio, se convirtió en un acto de insinuaciones, de anuncios prematuros, de desafueros.
¿Quién gana cuando se politiza lo simbólico de este modo? ¿Qué queda de la imagen de España como guardiana de una lengua compartida si sus instituciones culturales parecen participar de la lucha partidista más burda? Lo que debería ser diplomacia cultural parece tornarse estrategia de poder interior.
Sostengo que hay poetas que deben ponerse a escribir versos en su casa
Si existiera un sistema de responsabilidad política real —no de consuelo, sino vinculante— García Montero debería ser cesado de inmediato. No por capricho, sino porque sus palabras y actitudes atentan contra la autonomía de una de las instituciones mayores de nuestra cultura: la RAE. Si el dedo divino de la política puede insinuar sucesiones, despreciar méritos, manipular nombramientos, entonces la urna, la ley, la excelencia quedan reducidas a conceptos decorativos.
Porque si en el mundo de las letras reina esta virulencia, esta insolencia, esta teatralización del desacuerdo, ¿qué espacio queda para la reflexión serena, para el libro que no se escribe segando reputaciones, para la conversación pausada entre iguales? La cultura no es un trono; la cultura es un jardín, y los jardines se marchitan si los pisan los zapatos del poder.
Como quiera que Cervantes lo intuía ya en Don Quijote, cuando describe la locura de quienes creen que el poder confiere verdad: nos queda siempre la prisión de la palabra y la libertad de imaginar otro mundo. Que ese mundo no se pierda bajo el ruido del dedo, ni bajo el estrépito de quien cree que mandar es más poderoso que servir.
NOTA
El Director de la RAE es elegido por los académicos: su legitimidad descansa en la autoridad del plus de mérito, no en la concesión de quien ocupa una cartera ministerial. En cambio, el Director del Instituto Cervantes debe su posición al nombramiento del Gobierno (siguiendo el sistema de designaciones por “dedo” ministerial), y en última instancia a la confianza del Ejecutivo que lo puso allí. Esa diferencia no es anecdótica: es constitutiva de la autonomía o su ausencia.
Lo inquietante no es solo la intención política (que ya es grave), sino la lógica que subyace: colocar a personas mediocres, dependientes del favor partidista o de amistades, en cargos que deberían regirse por la excelencia probada y la autoridad moral. El fenómeno no es nuevo: pensemos en el destino de numerosas instituciones españolas (Consejo de Estado, Consejo Audiovisual, RTVE, entre otras) que han sido capturadas por lealtades más que por competencias.
Como botón paradigmático, recordemos el caso del Presidente de Correos: un personaje sin experiencia postal relevante fue colocado en el cargo por razones políticas, y, según reportes públicos, dejó un déficit estimado en –263 millones de euros en 2022 (y una continuidad negativa en 2023) en las cuentas de la empresa estatal. (Ese dato, recogido en informaciones recientes, sirve de advertencia sobre los costes de la lealtad por encima del mérito).
El nombramiento de García Montero responde a esa gran estrategia: Sánchez y su Ejecutivo obsequian a las huestes más ideológicas del bloque de izquierda con posiciones simbólicas de influencia sobre el discurso cultural.
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