Primavera de 1975. Está a punto de celebrarse el juicio contra Juan Vila Reyes, empresario textil de cuarenta y nueve años, casado, según contestó a las primeras preguntas del interrogatorio ante la Audiencia provincial de Madrid. Dudábase si era un empresario visionario o un estafador. Algunos sostenían que si MATESA (Maquinaria Textil del Norte de España) le hubiera salido bien, comercializando el telar sin lanzadera IWER, se hubiera convertido en un gran personaje. Camino llevaba.
Amigo de Giscard d´Estaing, en su época de ministro francés de finanzas. Colaborador en la campaña del presidente Nixon con dos mil dólares; invitado después a la boda de la hija del presidente. Presidente del Español, Club de fútbol. En el juicio se habló de fútbol. Don Santiago Bernabeu, en la temporada 68-69, poco antes del estallido del affaire MATESA, declaraba a los periódicos: “Temo al Español por la extraordinaria figura presidente”. Vila Reyes había asegurado que no pertenecía al Opus Dei, “aunque di millón y medio de pesetas a la universidad de Navarra”. No en vano, la empresa textil tenía su sede en Pamplona, dando empleo a cerca de dos mil trabajadores. Políticamente, decía el interesado, era un poco de todo, del 18 de julio y del 2 de mayo O sea, un hombre del régimen. Y con muchas agarraderas, sobre todo en el ámbito de la prelatura de la Iglesia Católica, fundada en 1928 por José María Escrivá de Balaguer, ahora santificado, que buscaba promover la santidad en la vida cotidiana de sus miembros. Un influyente grupo de presión en la segunda mitad de la era de Franco
En la cárcel -llevaba preso desde el verano del 69, Vila Reyes había aprendido varias cosas; allí cayó en la cuenta de que Marx había sido un genio, aunque en el presente no sería marxista; que los presos comunistas, algunos de ellos, los que había tratado en el calabozo, le merecían un gran respeto.[1] Voy a contar, dijo solemnemente en el estrado, toda la verdad sobre el caso MATESA. Pero la verdad, aunque fuera a medias, ya se sabía.
La pregunta que se hizo todo el mundo, en el verano de 1969, con gran despliegue de titulares en la prensa, era: ¿cómo había podido llegarse a esa situación? A la vista estaba el ascenso de la empresa y del empresario: como una flecha. Su capital era de 200 millones en 1958 y de 600 diez años después. Una empresa que parecía modélica mantenía una deuda de diez mil millones de pesetas con un banco oficial, el BCI, superior a la mitad de los créditos concedidos por el banco. Un banco a la medida de una empresa. De repente, se había descubierto que, al menos, parte de sus ventas declaradas, por las que recibía los créditos, no eran reales, sino depósitos en sus almacenes en el extranjero. ¿Por qué MATESA gozaba de tanto predicamento en el Banco de Crédito Industrial? ¿Cuáles eran los grupos de interés que habían presionado a el Banco de Crédito Industrial para la concesión de estos créditos?, se pregunta el equipo conocido como Arturo López Muñoz en Triunfo. ¿Quién hay detrás de MATESA y de Vila Reyes?, era el interrogante que lanzó el diario falangista SP, uno de los que con mayor encono y sensacionalismo trató de averiguar el intríngulis del desfalco.
La gran mayoría de los órganos de prensa que participaron en este debate, insólito dado el contexto dictatorial, consideraba que estaban ante un problema político, que hacía necesaria la reforma de la política comercial exterior española; algunos sugerían -de manera destacada Emilio Romero desde el diario Pueblo– que deberían ser las Cortes, una comisión extra gubernamental, quienes investigaran el caso. Un anticipo del “parlamento de papel”. Sin embargo, varios actores, en un movimiento elusivo, trataban de acotar el caso como un problema estrictamente económico, que debía resolverse discretamente, desde la penumbra oficial. Entre estos últimos destacaba la prensa que mantenía una mayor vinculación con el Opus Dei, el semanario Mundo o el periódico Nuevo Diario. Instituto o digamos prelatura a la que estaban vinculados los ministros económicos, García Moncó y los demás, directamente responsables del desaguisado.[2]
Naturalmente, no todos pensaban lo mismo en cuanto al tipo de responsabilidades que podían exigirse por lo ocurrido. Este es el asunto que siempre sale a relucir en el momento que se desencadena un escándalos. Ya lo observamos en el asunto de los adoquines o tarugos del caso Collantes. Para unos, las únicas que pueden exigirse son las jurídicas, la que están llamados a dilucidar los tribunales de justicia, Para otros, las responsabilidades jurídicas no bastaban. ¿Pero quién debía exigirlas en una dictadura personalista? La revista Cuadernos para el Diálogo (agosto-septiembre 1959) señaló que este caso dejaba al descubierto una grave deficiencia del régimen político franquista: las Cortes no servían para fiscalizar al gobierno, al estilo de los regímenes democráticos. Por ello: “El problema no es […] un problema de dimisiones de funcionarios, de ministros o del Gobierno, aunque esto parece que deba producirse, sino que representa la necesidad de un control que no existe. Es un problema político y estructural muy grave”.
El affaire MATESA se trató en sucesivos consejos de ministros, descartándose proceder sotto voce mediante la incautación de la empresa. Franco se decidió, en un principio, por la solución que acarreaba mayor publicidad, relativamente hablando: la definición de responsabilidades a través del procedimiento -secreto- iniciado por la Audiencia provincial de Madrid y con la formación de una comisión de las Cortes, cuyos debates serían a puerta cerrada. Su parecer se mantuvo incluso cuando el Pleno del Tribunal Supremo decidió procesar a los ex ministros de Hacienda, Espinosa, y Comercio, García Moneó, y al Gobernador del Banco de España, Navarro Rubio. Hubo algún descarte de última hora, como el del ministro López Bravo. El presidente del Supremo le comentó a Fraga Iribarne; “Ya se ha demostrado que funciona la justicia. Ahora vamos a parar, porque tampoco hay que pasarse”[3]. La Vanguardia Española, siempre como adelantado del régimen vigente, se mostró a favor de “quitar hierro” al asunto MATESA. Santa Teresa fue proclamada por aquellos días “doctora de la Iglesia”
El 29 de octubre, Franco realizaba el cambio de gobierno más amplio de todos los que había hecho hasta el momento: se incorporaron trece nuevos ministros para completar un total de dieciocho carteras, una más que en el anterior. Los llamados tecnócratas alcanzaron un predominio numérico aplastante; el copus, que así fue llamada la nueva mayoría absoluta. El cambio, la crisis -palabra en desuso durante el franquismo- había sido recomendada en un informe escrito por Carrero Blano a mediados de mes.
La búsqueda de responsabilidades a escala gubernamental terminó abruptamente en octubre de 1971 con el indulto concedido por Franco con motivo del XXXV Aniversario de su” exaltación al poder”. Se atribuyen estas palabras al dictador: “Si indulto a delincuentes y terroristas, ¿cómo no voy a indultar a mis ministros?”. Para entonces, ¡a buenas horas!, la comisión de las Cortes, presidida por el antiguo falangista Raimundo Fernández Cuesta, señalaba en su dictamen la “lentitud, perplejidad o consternación y, en todo caso, débil e inapropiada reacción del Ministro [de Hacienda] y Organismos del Ministerio intervinientes, cuando se conoce con evidencia la gravedad de la situación de Matesa». Asimismo, denunciaba «una atonía y una incapacidad de reacción que han contribuido a producir un grave daño a la nación» en la actuación del ministro de Comercio. También consideraba que no podía considerarse ajeno a los hechos al Gobernador del Banco de España.
Manuel Fraga Iribarne había sido protagonista destacado en el desarrollo del escándalo, por más que padeciera su desenlace, es decir, su cese. Sus memorias señalan al semanario SP, a punto de quebrar, como acicate interesado en las denuncias sobre MATESA. Él no hizo más que ser fiel a su ley de prensa, que puso freno a la censura previa. En realidad, el affaire sirvió como desencadenante de las diferencias que agobiaban al gobierno; diferencias que se tradujeron en la formación de dos bandos principales. Entonces se acuñó la frase: “En tiempos de Franco no pasaba esto”. Las diferencias iban más allá del caso MATESA, y alcanzaban a la política colonial sobre Guinea Ecuatorial, que enfrentaba a Carrero -Presidencia- con Castiella -Exteriores-. Al previsto estatuto de Asociaciones -tímida apertura política que abanderaba Fraga- y a la futura ley Sindical -Solís contra Carrero- y estaba, por remate, la política de relativa apertura informativa, en una situación de creciente conflictividad, que a la que se oponía Carrero con rotundidad, en especial frente a lo que llamaba el “desenfreno” y la escalada contra el “modo de ser español y la moralidad pública”.[4] Se comentaba, con poco fundamento, que parte de los fondos de la empresa textil habían sido desviados hacia el Opus Dei. Ahí ha residido el morbo del caso MATESA hasta la fecha. Fraga Iribarne que era, con mucho, el ministro más dinámico de aquel gabinete e incluso el dinamismo en persona, pudo contener, por la presión descarada o sutil, tanto titular y tanta información sobre MATESA, pero no lo hizo. Antes no se había privado de ejercer sus competencias, como en 1963, cuando inventó lo que llama en sus memorias el “caso Bergamín”, la presentación de las huelgas de Asturias y su represión feroz como una conjura comunista. Pero ahora no lo hizo. No es posible que creyera que podía salir vencedor de una confrontación con los que denomina los “matesos”, ni con su valedor Carrero. Siete años en el ministerio de Información y Turismo habían dado para mucho. Habían ayudado a forjar un perfil político, una fama de hombre abierto y eficaz. Ya llegaría el momento de explotarlo en una situación nueva, cuando el que califica de viejo y cansado dictador terminara su mandato.
En mayo de 1975 la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Vila Reyes por dos delitos de estafa por 8933 y 590 millones de pesetas respectivamente y por 417 delitos de falsedad en documento mercantil y cuatro de cohecho activo. Se le impuso una pena de más de 223 años de prisión y 9600 millones de pesetas de indemnizaciones o multas, 1600 al proprio Reyes. Además, fueron condenados 47 colaboradores y 10 extranjeros, La condena fue confirmada por el Supremo en febrero de 1976. Esto tuvo consecuencias mínimas ya que Vilá Reyes fue indultado por el recién proclamado rey Juan Carlos I, saliendo de la cárcel el 2 de diciembre de 1975, tras estar seis años y medio en prisión preventiva.
Según el diario El País (23 enero 1983),[ la comisión liquidadora, creada para intentar recobrar los 9800 millones de pesetas en créditos y 1300 en intereses que debía Matesa al Banco de Crédito Industrial al estallar el escándalo, consiguió únicamente 6900 millones de pesetas al valor de 1983, procedente fundamentalmente de las entidades de seguros. No se pudo cobrar nada de Matesa, ni prácticamente nada de Vila Reyes.
[1] “El caso MATESA”, Triunfo, 16 agosto1969
[2] Fernando Jiménez; Seminario sobre “Escándalos políticos y responsabilidad pública en la España contemporánea”, organizado por los Departamentos de Ciencia Política y de Historia Social y de las Ideas Políticas de la UNED. el 13 de abril de 2000.
[3] Memoria breve de una vida pública, Planeta, Barcelona, 198¡, p, 272
[4] Javier Tusell: Carrero. La eminencia gris del régimen de Franco, Temas de Hoy, Madrid, 1883, pp. 352 y ss.
TRES
Primavera de 1975. Está a punto de celebrarse el juicio contra Juan Vila Reyes, empresario textil de cuarenta y nueve años, casado, según contestó a las primeras preguntas del interrogatorio ante la Audiencia provincial de Madrid. Dudábase si era un empresario visionario o un estafador. Algunos sostenían que si MATESA (Maquinaria Textil del Norte de España) le hubiera salido bien, comercializando el telar sin lanzadera IWER, se hubiera convertido en un gran personaje. Camino llevaba.
Amigo de Giscard d´Estaing, en su época de ministro francés de finanzas. Colaborador en la campaña del presidente Nixon con dos mil dólares; invitado después a la boda de la hija del presidente. Presidente del Español, Club de fútbol. En el juicio se habló de fútbol. Don Santiago Bernabeu, en la temporada 68-69, poco antes del estallido del affaire MATESA, declaraba a los periódicos: “Temo al Español por la extraordinaria figura presidente”. Vila Reyes había asegurado que no pertenecía al Opus Dei, “aunque di millón y medio de pesetas a la universidad de Navarra”. No en vano, la empresa textil tenía su sede en Pamplona, dando empleo a cerca de dos mil trabajadores. Políticamente, decía el interesado, era un poco de todo, del 18 de julio y del 2 de mayo O sea, un hombre del régimen. Y con muchas agarraderas, sobre todo en el ámbito de la prelatura de la Iglesia Católica, fundada en 1928 por José María Escrivá de Balaguer, ahora santificado, que buscaba promover la santidad en la vida cotidiana de sus miembros. Un influyente grupo de presión en la segunda mitad de la era de Franco
En la cárcel -llevaba preso desde el verano del 69, Vila Reyes había aprendido varias cosas; allí cayó en la cuenta de que Marx había sido un genio, aunque en el presente no sería marxista; que los presos comunistas, algunos de ellos, los que había tratado en el calabozo, le merecían un gran respeto.[1] Voy a contar, dijo solemnemente en el estrado, toda la verdad sobre el caso MATESA. Pero la verdad, aunque fuera a medias, ya se sabía.
La pregunta que se hizo todo el mundo, en el verano de 1969, con gran despliegue de titulares en la prensa, era: ¿cómo había podido llegarse a esa situación? A la vista estaba el ascenso de la empresa y del empresario: como una flecha. Su capital era de 200 millones en 1958 y de 600 diez años después. Una empresa que parecía modélica mantenía una deuda de diez mil millones de pesetas con un banco oficial, el BCI, superior a la mitad de los créditos concedidos por el banco. Un banco a la medida de una empresa. De repente, se había descubierto que, al menos, parte de sus ventas declaradas, por las que recibía los créditos, no eran reales, sino depósitos en sus almacenes en el extranjero. ¿Por qué MATESA gozaba de tanto predicamento en el Banco de Crédito Industrial? ¿Cuáles eran los grupos de interés que habían presionado a el Banco de Crédito Industrial para la concesión de estos créditos?, se pregunta el equipo conocido como Arturo López Muñoz en Triunfo. ¿Quién hay detrás de MATESA y de Vila Reyes?, era el interrogante que lanzó el diario falangista SP, uno de los que con mayor encono y sensacionalismo trató de averiguar el intríngulis del desfalco.
La gran mayoría de los órganos de prensa que participaron en este debate, insólito dado el contexto dictatorial, consideraba que estaban ante un problema político, que hacía necesaria la reforma de la política comercial exterior española; algunos sugerían -de manera destacada Emilio Romero desde el diario Pueblo– que deberían ser las Cortes, una comisión extra gubernamental, quienes investigaran el caso. Un anticipo del “parlamento de papel”. Sin embargo, varios actores, en un movimiento elusivo, trataban de acotar el caso como un problema estrictamente económico, que debía resolverse discretamente, desde la penumbra oficial. Entre estos últimos destacaba la prensa que mantenía una mayor vinculación con el Opus Dei, el semanario Mundo o el periódico Nuevo Diario. Instituto o digamos prelatura a la que estaban vinculados los ministros económicos, García Moncó y los demás, directamente responsables del desaguisado.[2]
Naturalmente, no todos pensaban lo mismo en cuanto al tipo de responsabilidades que podían exigirse por lo ocurrido. Este es el asunto que siempre sale a relucir en el momento que se desencadena un escándalos. Ya lo observamos en el asunto de los adoquines o tarugos del caso Collantes. Para unos, las únicas que pueden exigirse son las jurídicas, la que están llamados a dilucidar los tribunales de justicia, Para otros, las responsabilidades jurídicas no bastaban. ¿Pero quién debía exigirlas en una dictadura personalista? La revista Cuadernos para el Diálogo (agosto-septiembre 1959) señaló que este caso dejaba al descubierto una grave deficiencia del régimen político franquista: las Cortes no servían para fiscalizar al gobierno, al estilo de los regímenes democráticos. Por ello: “El problema no es […] un problema de dimisiones de funcionarios, de ministros o del Gobierno, aunque esto parece que deba producirse, sino que representa la necesidad de un control que no existe. Es un problema político y estructural muy grave”.
El affaire MATESA se trató en sucesivos consejos de ministros, descartándose proceder sotto voce mediante la incautación de la empresa. Franco se decidió, en un principio, por la solución que acarreaba mayor publicidad, relativamente hablando: la definición de responsabilidades a través del procedimiento -secreto- iniciado por la Audiencia provincial de Madrid y con la formación de una comisión de las Cortes, cuyos debates serían a puerta cerrada. Su parecer se mantuvo incluso cuando el Pleno del Tribunal Supremo decidió procesar a los ex ministros de Hacienda, Espinosa, y Comercio, García Moneó, y al Gobernador del Banco de España, Navarro Rubio. Hubo algún descarte de última hora, como el del ministro López Bravo. El presidente del Supremo le comentó a Fraga Iribarne; “Ya se ha demostrado que funciona la justicia. Ahora vamos a parar, porque tampoco hay que pasarse”[3]. La Vanguardia Española, siempre como adelantado del régimen vigente, se mostró a favor de “quitar hierro” al asunto MATESA. Santa Teresa fue proclamada por aquellos días “doctora de la Iglesia”
El 29 de octubre, Franco realizaba el cambio de gobierno más amplio de todos los que había hecho hasta el momento: se incorporaron trece nuevos ministros para completar un total de dieciocho carteras, una más que en el anterior. Los llamados tecnócratas alcanzaron un predominio numérico aplastante; el copus, que así fue llamada la nueva mayoría absoluta. El cambio, la crisis -palabra en desuso durante el franquismo- había sido recomendada en un informe escrito por Carrero Blano a mediados de mes.
La búsqueda de responsabilidades a escala gubernamental terminó abruptamente en octubre de 1971 con el indulto concedido por Franco con motivo del XXXV Aniversario de su” exaltación al poder”. Se atribuyen estas palabras al dictador: “Si indulto a delincuentes y terroristas, ¿cómo no voy a indultar a mis ministros?”. Para entonces, ¡a buenas horas!, la comisión de las Cortes, presidida por el antiguo falangista Raimundo Fernández Cuesta, señalaba en su dictamen la “lentitud, perplejidad o consternación y, en todo caso, débil e inapropiada reacción del Ministro [de Hacienda] y Organismos del Ministerio intervinientes, cuando se conoce con evidencia la gravedad de la situación de Matesa». Asimismo, denunciaba «una atonía y una incapacidad de reacción que han contribuido a producir un grave daño a la nación» en la actuación del ministro de Comercio. También consideraba que no podía considerarse ajeno a los hechos al Gobernador del Banco de España.
Manuel Fraga Iribarne había sido protagonista destacado en el desarrollo del escándalo, por más que padeciera su desenlace, es decir, su cese. Sus memorias señalan al semanario SP, a punto de quebrar, como acicate interesado en las denuncias sobre MATESA. Él no hizo más que ser fiel a su ley de prensa, que puso freno a la censura previa. En realidad, el affaire sirvió como desencadenante de las diferencias que agobiaban al gobierno; diferencias que se tradujeron en la formación de dos bandos principales. Entonces se acuñó la frase: “En tiempos de Franco no pasaba esto”. Las diferencias iban más allá del caso MATESA, y alcanzaban a la política colonial sobre Guinea Ecuatorial, que enfrentaba a Carrero -Presidencia- con Castiella -Exteriores-. Al previsto estatuto de Asociaciones -tímida apertura política que abanderaba Fraga- y a la futura ley Sindical -Solís contra Carrero- y estaba, por remate, la política de relativa apertura informativa, en una situación de creciente conflictividad, que a la que se oponía Carrero con rotundidad, en especial frente a lo que llamaba el “desenfreno” y la escalada contra el “modo de ser español y la moralidad pública”.[4] Se comentaba, con poco fundamento, que parte de los fondos de la empresa textil habían sido desviados hacia el Opus Dei. Ahí ha residido el morbo del caso MATESA hasta la fecha. Fraga Iribarne que era, con mucho, el ministro más dinámico de aquel gabinete e incluso el dinamismo en persona, pudo contener, por la presión descarada o sutil, tanto titular y tanta información sobre MATESA, pero no lo hizo. Antes no se había privado de ejercer sus competencias, como en 1963, cuando inventó lo que llama en sus memorias el “caso Bergamín”, la presentación de las huelgas de Asturias y su represión feroz como una conjura comunista. Pero ahora no lo hizo. No es posible que creyera que podía salir vencedor de una confrontación con los que denomina los “matesos”, ni con su valedor Carrero. Siete años en el ministerio de Información y Turismo habían dado para mucho. Habían ayudado a forjar un perfil político, una fama de hombre abierto y eficaz. Ya llegaría el momento de explotarlo en una situación nueva, cuando el que califica de viejo y cansado dictador terminara su mandato.
En mayo de 1975 la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Vila Reyes por dos delitos de estafa por 8933 y 590 millones de pesetas respectivamente y por 417 delitos de falsedad en documento mercantil y cuatro de cohecho activo. Se le impuso una pena de más de 223 años de prisión y 9600 millones de pesetas de indemnizaciones o multas, 1600 al proprio Reyes. Además, fueron condenados 47 colaboradores y 10 extranjeros, La condena fue confirmada por el Supremo en febrero de 1976. Esto tuvo consecuencias mínimas ya que Vilá Reyes fue indultado por el recién proclamado rey Juan Carlos I, saliendo de la cárcel el 2 de diciembre de 1975, tras estar seis años y medio en prisión preventiva.
Según el diario El País (23 enero 1983),[ la comisión liquidadora, creada para intentar recobrar los 9800 millones de pesetas en créditos y 1300 en intereses que debía Matesa al Banco de Crédito Industrial al estallar el escándalo, consiguió únicamente 6900 millones de pesetas al valor de 1983, procedente fundamentalmente de las entidades de seguros. No se pudo cobrar nada de Matesa, ni prácticamente nada de Vila Reyes.
[1] “El caso MATESA”, Triunfo, 16 agosto1969
[2] Fernando Jiménez; Seminario sobre “Escándalos políticos y responsabilidad pública en la España contemporánea”, organizado por los Departamentos de Ciencia Política y de Historia Social y de las Ideas Políticas de la UNED. el 13 de abril de 2000.
[3] Memoria breve de una vida pública, Planeta, Barcelona, 198¡, p, 272
[4] Javier Tusell: Carrero. La eminencia gris del régimen de Franco, Temas de Hoy, Madrid, 1883, pp. 352 y ss.
Corrupción y escandalo político en España
Serie del Profesor Varela
Cuando la brujula del tiempo nunca marca el Norte
- 1.- El caso Esteban Collantes
- 2.- El estraperlo
- 3.- MATESA
- 4.- El caso Juan Guerra
- 5.- El caso Pujol
- 6.- Negra, gris, blanca. Tres tipos de corrupción
- 7.- 5 hipótesis sobre la corrupción
- 6.- Conclusión. El anillo de Giges
- La Biblioteca Nacional en la política cultural de España
¿Qué usuario no ha conocido la BN en obras, abarrotada de gente o semivacía como ahora? La joya más reluciente del - El tema de nuestro tiempo
«Ser de la izquierda o de la derecha es una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser - Valencia, la huelga de nunca acabar
Los docentes. Banderas sindicales. Pancartas, camisetas amarillas y verdes, con leyendas escritas exclusivamente en valenciano. Reivindicaciones, muchas justificadas. Todavía hay en - Si no ahora, ¿cuándo?«Abandonad toda esperanza», ha dicho Pedro Sancez en el reciente comité federal socialista. Esperanza de que pudiera acortarse una legislatura agónica.
- GazielFrancisco Fuster, joven profesor de la Universidad de Valencia, acude puntual a su cita editorial con su libro Insobornables. Vida de Gaziel (Galaxia
