El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo vuelve a ocuparse de un viejo conocido: el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH). Han transcurrido cuatro años desde su última palabra al respecto, cuatro años de un silencio que se ha hecho ensordecedor para miles de familias, obligadas entretanto a pagar cuotas hipotecarias más gravosas que las que hubieran soportado bajo el Euríbor. La expectación es legítima: no estamos ante una cuestión menor, sino ante una decisión que compromete el crédito del sistema judicial y la fe de los ciudadanos en la protección de sus derechos más elementales.
Un índice con genealogía sombría
Conviene, antes de adentrarse en lo que debería decidirse, detenerse en lo que fue. El IRPH no nació como un suplemento al Euríbor ni como alternativa inocente; es anterior, un índice endémico de ciertas entidades, singularmente la antigua BBK (hoy Kutxabank) y UCI, que lo aplicaron con tenacidad casi monocorde. Se ofrecía bajo la apariencia de estabilidad, como si la serenidad de la cifra bastara para tranquilizar a quien firmaba. Pero tras esa fachada se escondía una realidad más áspera: cuotas que podían superar en 200, 300 o 400 euros mensuales las de un préstamo referenciado al Euríbor.
A los prestatarios rara vez se les explicó con claridad en qué consistía aquel índice. El TJUE ya lo advirtió: no basta con que un índice sea legalmente posible, debe ser transparente, comprensible para el consumidor medio, revelador de sus consecuencias económicas. Y el IRPH, por su opacidad originaria, fracasó en esa prueba.
La voz de los tribunales
Durante estos años, los juzgados de primera instancia y varias audiencias provinciales han comenzado a levantar el velo. Han declarado la nulidad de la cláusula IRPH y han ordenado su sustitución por el Euríbor, restituyendo lo indebidamente cobrado. Son pronunciamientos que, lejos de ser anecdóticos, reflejan una tendencia.
La experiencia práctica en cientos de procedimientos revela algo aún más inquietante: buena parte de las ejecuciones hipotecarias que defendemos hunden sus raíces en préstamos con IRPH. Se ofrecieron a quienes menos margen tenían, y la carga de intereses los llevó al límite. En 2024, más de la mitad de las ejecuciones hipotecarias en Euskadi pasaron por nuestros estrados; en ninguna de ellas el cliente perdió su vivienda. El patrón es claro: cuando se demuestra que la semilla era abusiva, el árbol de la ejecución no puede prosperar.
La cuestión de fondo
Llegados aquí, la pregunta es inevitable: qué debería decidir el Supremo. Desde una perspectiva jurídica estricta, la respuesta no admite ambages: el IRPH es nulo. La falta de transparencia en su comercialización lo convierte en una cláusula abusiva, y la consecuencia natural de la nulidad es su expulsión del contrato, sin posibilidad de moderación.
Ahora bien, surge entonces la cuestión práctica: ¿qué ocurre con el préstamo cuando desaparece el IRPH? La mayoría de cláusulas de sustitución remiten a índices ya anulados. La aplicación pura del Derecho llevaría, por tanto, a que los préstamos quedaran sin interés remuneratorio alguno. Ello no debería escandalizarnos: el Código Civil admite préstamos gratuitos y préstamos onerosos; ambos son figuras legítimas en nuestro ordenamiento.
En consecuencia, la decisión más ajustada a la ley sería la de reconocer la nulidad del IRPH y asumir que los contratos subsistan con interés cero.
La probable solución intermedia
No obstante, es lícito suponer que el Supremo, movido por consideraciones de política jurídica, opte por un camino intermedio: sustituir el IRPH por el Euríbor. Es lo que ya están haciendo muchos jueces de instancia; es, también, la salida que permite devolver un cierto equilibrio a los contratos y evita un escenario que la banca percibiría como catastrófico.
Se trataría, en suma, de una solución salomónica. No es la más fiel a la letra de la ley, pero sí la más cómoda para quienes temen que una sentencia estrictamente jurídica provoque un terremoto en el sistema financiero.
Una cuestión de independencia
El dilema del Supremo es, por tanto, más profundo de lo que parece. No se trata solo de resolver la suerte de un índice hipotecario: se trata de decidir si la aplicación de la ley puede ceder ante la presión del lobby bancario o si la justicia española es capaz de mostrarse verdaderamente independiente.
La valentía consistiría en reconocer lo obvio: que el IRPH es nulo, que su consecuencia natural es la gratuidad de los préstamos afectados y que el sistema bancario español no se derrumbará por ello. Muy al contrario, ganaría legitimidad un mercado hipotecario más transparente, y se demostraría que el Supremo no teme al poder económico cuando está en juego la protección del ciudadano.
El IRPH no es un tecnicismo estadístico, es el espejo donde se refleja hasta qué punto las instituciones son capaces de defender a quienes confiaron en ellas. Lo que el Supremo debería decidir es claro: declarar la nulidad de las cláusulas IRPH y aceptar, conforme a derecho, que los préstamos puedan subsistir sin interés remuneratorio.
Probablemente, la solución que se adopte será otra: sustituirlo por el Euríbor, una salida de compromiso. Pero la ciudadanía tiene derecho a saber que la aplicación estricta de la ley conduciría a un desenlace más valiente. No se dilucida solo el futuro de un índice hipotecario: se mide la capacidad del Supremo para actuar con independencia, sin miedo a los grandes poderes, y con la justicia como único horizonte.
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