Abrimos un fin de semana de lluvias casi generalizadas y de obligada reflexión para la clase política. Todas las miradas vuelven a concentrarse en la posibilidad de un adelanto electoral, pero esa incertidumbre no debería ocultar la cuestión decisiva: el fracaso de la política de vivienda y la incapacidad de construir acuerdos amplios para afrontarlo.
La coalición levantada alrededor de intereses particulares —los de unos y los de otros— ha terminado, una vez más, por resquebrajarse. Durante demasiado tiempo se quiso presentar como un proyecto estable lo que apenas era una suma de conveniencias, un pacto sostenido menos por una visión compartida de España que por la necesidad mutua de conservar cuotas de poder.
La ruptura no debería sorprender a nadie. Resulta difícil negociar con credibilidad entre bloques separados por una distancia ideológica, territorial y electoral tan profunda como la que existe entre la coalición de Gobierno y el nacionalismo conservador articulado en torno al PNV y Junts. Lo que durante meses se vendió como capacidad de diálogo ha acabado revelándose como una política de cesiones sucesivas, equilibrios precarios y facturas aplazadas.
Ahora la legislatura se asoma a su propia contradicción: un Ejecutivo que prometió gobernar para la mayoría depende de fuerzas cuyos cálculos responden, ante todo, a agendas particulares. La vivienda ha sido el detonante visible, pero el problema es más hondo: falta cohesión, falta dirección y sobra táctica. Sánchez debe decidir si prolonga esta agonía parlamentaria o devuelve la palabra a los ciudadanos.
Y por eso pregunto, aunque nadie parezca dispuesto a responder: ¿de verdad no pueden articularse acuerdos transversales para resolver el día a día de los ciudadanos, sean de izquierdas o de derechas? ¿Acaso la angustia de quien no puede pagar un alquiler entiende de siglas? ¿Pregunta la hipoteca a quién votamos antes de llamar a la puerta? ¿O es que el gravísimo problema de la vivienda solo merece atención cuando puede convertirse en arma arrojadiza?
Porque detrás de cada cifra hay una vida detenida: jóvenes que aplazan su futuro, familias que cuentan los días hasta el próximo recibo, mayores que temen perder la casa en la que guardan toda su memoria. Una vivienda no es únicamente ladrillo, suelo y mercado; es refugio, intimidad y horizonte. Cuando ese refugio se vuelve inalcanzable, la política deja de ser una discusión abstracta y se convierte en una herida abierta. Ante una realidad así, pactar no debería ser una renuncia, sino la obligación más elemental de quienes dicen servir al interés general.
Esos acuerdos transversales que vengo reclamando en muchos de mis artículos han brillado por su ausencia durante estas dos legislaturas, ya casi consumidas. Y, sin embargo, la democracia no consiste únicamente en contar votos o levantar muros frente al adversario. También exige escucharlo, respetarlo y exponer con honestidad las posturas encontradas, incluso cuando el entendimiento parece lejano.
Hay momentos en los que un acuerdo no significa rendición, sino un necesario impasse: una pausa, un espacio de distensión en medio del ruido, una bocanada de aire para una vida política que parece caminar siempre al borde del agotamiento. Tomar oxígeno no obliga a nadie a renunciar a sus convicciones ni a abandonar su programa; permite regresar a él con más serenidad, con los argumentos intactos y con la certeza de que, por encima de la trinchera partidista, sigue existiendo un país que necesita respuestas.
Abrazarse al oponente mediante un acuerdo en el que necesariamente ceden ambas partes no es traicionarse, sino trasladar a los ciudadanos una manera de hacer política que beneficia a la inmensa mayoría. Ceder no siempre equivale a claudicar; a veces significa reconocer que ninguna razón es absoluta y que gobernar exige abandonar, siquiera por un instante, la comodidad de las posiciones irreductibles.
Para mí, el problema de la vivienda ha alcanzado tal envergadura que merece una negociación transversal, amplia y sincera. No una fotografía apresurada ni un pacto de escaparate, sino un compromiso duradero que mire más allá de la próxima votación y permita construir una respuesta reconocible para quienes buscan emanciparse, sostener una familia o conservar el hogar de toda una vida.
Alguien podrá reprocharme que el Gobierno ya practica esa transversalidad al negociar con partidos que recogen sensibilidades de centro y de derecha, como el PNV y Junts. Hay una parte de verdad en esa objeción, pero resulta insuficiente. Esos acuerdos nacen condicionados por agendas nacionalistas egoístas, siempre centradas en su propio ámbito político y territorial, y pueden responder a objetivos muy alejados de los que debería perseguir una política común de vivienda.
La verdadera transversalidad no consiste solo en sumar escaños suficientes para sobrevivir una semana más. Consiste en acordar una meta compartida, delimitar las renuncias de cada cual y poner el resultado al servicio del conjunto. La vivienda necesita precisamente eso: menos trueque parlamentario, menos cálculo de frontera y más voluntad de país.
El devenir de esta legislatura parece así dominado por una sola pulsión: la supervivencia a toda costa. Cuando resistir se convierte en el objetivo principal, gobernar corre el riesgo de reducirse a administrar cada votación como si fuera la última, mientras las decisiones de fondo quedan aplazadas y el debate público pierde altura.
En ese paisaje, los socios minoritarios de una coalición pueden acabar desdibujados. La cercanía al poder, que al comienzo se presenta como oportunidad para influir, termina a veces erosionando su voz propia: las promesas se confunden, las diferencias se atenúan y una parte de sus antiguos apoyos migra hacia la fuerza dominante. Es una lenta pérdida de contornos, casi imperceptible al principio, hasta que el espejo devuelve una imagen en la que cuesta reconocer el proyecto original.
El coste no recae únicamente en esas formaciones. También lo paga el pluralismo, porque una coalición sana debería permitir que cada socio conservara su identidad, defendiera sus prioridades y justificara con claridad sus cesiones. Si la estabilidad exige silencio, renuncia permanente o subordinación, deja de ser un instrumento para gobernar y se convierte en una forma de desgaste político.
Esa última frase, la que anuncia el titulo de este artículo, pronunciada al término del debate sobre los dos decretos de vivienda, por Pedro Sánchez, retrata una forma de entender el poder: quien no acompaña las propuestas del Gobierno queda situado fuera del espacio de la razón y expuesto al juicio político. Pero en democracia nadie posee en exclusiva la verdad ni el derecho a dictar sentencia sobre los demás. Yo sustituiría esa expresión, cargada de orgullo, por otra más humilde y también más exigente: la historia nos juzgará. Nos juzgará a todos —Gobierno, oposición y socios parlamentarios— por nuestra capacidad para anteponer el drama de la vivienda al cálculo, la consigna y la supervivencia.
