Madrid, 9 de junio de 2026. Colectivos jurídicos y organizaciones civiles han decidido dar un paso al frente ante lo que consideran una grave desconexión entre el debate político sobre la vivienda y la práctica diaria de los tribunales en materia de lanzamientos a familias vulnerables. Mientras el Congreso de los Diputados cuestiona abiertamente el papel de determinados fondos y sociedades en la tenencia masiva de vivienda, en muchos juzgados siguen ejecutándose desalojos sin una ponderación exhaustiva del impacto social y familiar, según denuncian los impulsores de esta iniciativa.
La preocupación se ha intensificado tras el debate celebrado el 19 de mayo en el Pleno del Congreso sobre la proposición no de ley presentada por Sumar para limitar la compra de viviendas por parte de personas jurídicas, empresas y fondos de inversión, así como para plantear la derogación de la normativa de las SOCIMI. Aunque la proposición carece de efectos legislativos directos, ha puesto negro sobre blanco una controversia política y ética sobre el tratamiento de la vivienda como activo financiero y sobre el régimen de privilegios fiscales del que se benefician algunos grandes tenedores, subrayan las organizaciones.
En este contexto, despachos colaboradores y plataformas sociales preparan una oleada de recursos de amparo dirigidos a frenar, de forma cautelar, lanzamientos que afecten a hogares en situación de vulnerabilidad acreditada. A juicio de estos equipos, el hecho de que el propio poder legislativo esté revisando el encaje fiscal y social de determinadas estructuras societarias obliga a los jueces a extremar la prudencia antes de adoptar decisiones irreversibles.
Uno de los puntos más sensibles del debate es el régimen de las SOCIMI, sociedades que tributan al 0 por ciento en el Impuesto sobre Sociedades de acuerdo con el manual de la Agencia Tributaria, con algunas particularidades específicas. El Gobierno ya abrió la puerta en 2025 a condicionar estas ventajas fiscales a la promoción de alquiler asequible, lo que, para los promotores de la estrategia, revela que el modelo de fiscalidad de los grandes tenedores no es ni neutro ni pacífico.
“Cuando el Parlamento está discutiendo si es razonable que empresas y fondos acumulen vastos parques residenciales bajo estructuras con ventajas fiscales, la jurisdicción civil no puede actuar como si nada de esto estuviera sucediendo”, sostiene José Montero, abogado y director de Montero de Cisneros Abogados. “En aquellos procedimientos en los que haya familias vulnerables, el criterio de prudencia y la protección reforzada de sus derechos fundamentales deberían prevalecer mientras se clarifica el marco normativo”, añade.
La estrategia que se activará en las próximas semanas combina la defensa del derecho a la tutela judicial efectiva y de la unidad familiar con una lectura intensiva de la función social de la vivienda. El objetivo no es paralizar indiscriminadamente los procedimientos, según remarcan, sino reclamar a los órganos judiciales una valoración más rigurosa cuando el perjuicio para el núcleo familiar resulta imposible de reparar y el debate institucional sobre el modelo de propiedad residencial está claramente abierto.
Los recursos se centrarán en casos con indicadores nítidos de vulnerabilidad: presencia de menores, personas dependientes o con discapacidad, unidades familiares monoparentales, situaciones de desempleo de larga duración o ausencia total de alternativa habitacional. Los promotores prevén presentar escritos coordinados en distintos partidos judiciales, apoyados en una arquitectura argumental homogénea que ponga en relación la incertidumbre normativa, el debate parlamentario y la obligación de los tribunales de proteger de manera efectiva los derechos fundamentales.
Para los impulsores, lo que está en juego no es solo el equilibrio entre seguridad jurídica y derecho de propiedad, sino también la credibilidad del sistema cuando se trata de proteger el derecho a la vivienda de las familias más vulnerables. “La seguridad jurídica no puede convertirse en la excusa para automatizar lanzamientos en pleno cuestionamiento político del modelo que los sustenta”, apuntan desde las plataformas participantes.
La nueva ola de litigación se concibe, además, como una forma de forzar una reflexión de conjunto: si el propio Parlamento está revisando la legitimidad ética y fiscal de ciertos actores del mercado residencial, resulta incoherente que los tribunales sigan operando con inercias que ignoran ese debate. De ahí que los recursos de amparo se presenten no solo como un instrumento de protección caso por caso, sino como un mecanismo para alinear, progresivamente, práctica judicial y sensibilidad social.
