Cada día parece más evidente que el mundo que hemos construido está mediatizado absolutamente por las omnipresentes redes sociales y necesita de nuevos instrumentos legales que encarrilen su actividad. La vida en sociedad necesita normas y estas deben cumplirse, aunque las formas de comunicación cambien y las tecnologías permitan la difusión de ideas, noticias y llamamientos políticos desde posiciones distantes de las fronteras físicas tradicionales. Las redes sociales, tan bendecidas hace pocos años, se han convertido en cauces, frecuentemente con peligro, para las actividades ciudadanas, especialmente de los más jóvenes, de las actividades políticas o económicas y de la interferencia de unos países en otros, incluyendo los procesos electorales, como demuestran todas las convocatorias electorales de los últimos años.
Varios países han realizado ya actuaciones para intentar embridar, con grandes dificultades y no pocos fracasos, aquello que circula por las redes y que en ocasiones puede constituir delito, alteración de la paz pública o simplemente difusión de bulos que contribuyen a generar delitos de odio.
Australia, Grecia, Francia, Austria , Dinamarca y ahora España, anuncian la promulgación de normas que pretenden ahormar ese complejísimo mundo que las iniciativas de la Unión Europea, mediante Reglamentos no han conseguido. La UE ha impuesto considerables multas, de inmensa cantidad para el ciudadano y escasa entidad para las empresas, si se las compara con los beneficios de las grandes plataformas digitales. Esta situación justifica la afirmación que demuestra que la UE va a la zaga en materia de protección digital y sus medidas dan lugar a un importante experimento normativo, con algunos Estados miembros que cuentan con legislaciones más estrictas que otros (Alberto Alemanno, 2026)
Estas escaramuzas a las que estamos asistiendo, quizás las primeras de una guerra, han generado que el presidente español, después de anunciar medidas como la prohibición del uso de las redes sociales a los menores de 16 años y la obligación de implantar sistemas efectivos de verificación de la edad, siguiendo una directriz de la Comisión Europea como Francia y Portugal , haya sido objeto de fuertes ataques por parte de Musk.
Entre las medidas anunciadas, un sistema para seguir la huella de los mensajes de odio y la modificación de la legislación para que los directivos de las plataformas sean legalmente responsables de los contenidos que emitan.
Como ya hizo el martes Elon Musk, el ruso de nacionalidad francesa Pavel Dúrov, fundador de Telegram, aprovechó que la plataforma es suya para enviar a todos sus usuarios españoles un duro comunicado contra la decisión del gobierno español de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. “Deja que los tecnooligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos”, respondió Sánchez en la red social X, utilizando la conocida frase de Don Quijote.
Durov afirmó que el presidente Pedro Sánchez “está impulsando nuevas regulaciones peligrosas que amenazan vuestras libertades en internet”. Al Ejecutivo le afeó que usara “su control sin restricciones de esta aplicación para enviar un mensaje masivo a todos los usuarios de España, en el que vierte varias mentiras y ataques ilegítimos contra el Gobierno”.
Los Gobiernos sí que pueden fijar estándares más rigurosos. La iniciativa española, como la de Grecia o Francia, países que han anunciado que prevén vetar el acceso de menores a las redes en diferentes edades, 15 o 16 años, puede dar pie a que la UE intervenga.
Esta posición incontrolable, política y económica, de los grandes propietarios de las plataformas tecnológicas empieza a generar propuestas de establecimientos de impuestos especiales como la diseñada por Zucman, que dispone que los privilegiados con un patrimonio superior a los 100 millones de dólares (84 millones de euros) contribuyan cada año con el 2 por ciento de su riqueza. La medida permitiría recaudar entre 300.000 y 380.000 millones de dólares (entre 251.000 y 318.000 millones de euros) en todo el mundo.
El plan de Zucman ha logrado respaldo académico de siete laureados con el Nobel de Economía que enviaron una carta a Le Monde en la que respaldan la propuesta fiscal. Los firmantes son Paul Krugman, Joseph Stiglitz, Esther Duflo, Abhijit Banerjee, Simon Johnson, Daron Acemoglu y George Akerlof.
Los países y la ONU deben poner coto a quienes, valiéndose de su poder de comunicación, alientan actuaciones contrarias a la legalidad o se inmiscuyen en los asuntos políticos, sin estar legitimados para ello. Lamentablemente, estamos en el principio de la contienda.
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