¿Nos estamos yendo a la mierda?

A mi amigo Paco no le gusta que ponga tacos o palabras malsonantes. “Mierda” no es malsonante, sino maloliente. Esta palabra –que no volveré a repetir– la usamos para expresar que algo ha fallado, se ha arruinado o ha salido muy mal. Un antiguo colaborador me dijo que a las crisis habría que llamarlas ahora “marrones” y que la gestión de crisis fuera un juego de rol en el que “ellos” se comieran el marrón.

Podemos ironizar, tomarnos todo a coña, hacer un máster en Google para demostrar que lo sabemos todo; encuestas familiares para confirmar que nuestra razón está de nuestra parte; fundamentar argumentos con tratados filosóficos de memes; o recurrir a ese veinteañero sin carrera pero con millones de seguidores que es el “crack influencer” de moda. Podríamos citar a la rubia vistosa o al calvo atractivo que nadie sabe cómo llegaron a ser tertulianos de televisión: ora hablando de pandemias, ora de apagones… “Pontificando”, ahora que somos todos papólogos.

Pero en la España real la vida es otra cosa. Muchos vivimos con un sueldo justo, varias hipotecas y cargas familiares. No somos ni ultra-ricos de grandes corporaciones ni “usuarios de puertas giratorias” con sueldos astronómicos. Dependemos de un contrato indefinido que a veces es una quimera, o de una pensión que solo sube en campaña electoral. Nuestra fe radica en que “no falle nada”: ni la luz que alimenta un respirador, ni el tren que nos lleva al trabajo. ¿Qué sucede cuando todo empieza a fallar?

Un mundo hiperconectado y tecnologizado se viene abajo a la mínima: un apagón deja sin luz a millones, un servidor cae, el móvil pierde cobertura o la Renfe colapsa. No es una anécdota. Y los recibos llegan de compañías tan familiares como Telefónica, Orange, Vodafone o MásMóvil; de eléctricas como Iberdrola (5.610 M € de beneficio en 2024), Naturgy (1.901 M €) y Endesa (1.888 M €). Sus gigantescos beneficios nos recuerdan que, en el fondo, estamos a merced de sus decisiones. ¿Y el Estado?

Para cualquier trámite público —pedir cita en la Seguridad Social, renovar la demanda de empleo, concertar cita en el SEPE o solicitar un certificado a Hacienda— hay que enfrentarse a portales caóticos, captchas interminables y agendas colapsadas. Ne­ce­si­tas la paciencia de un santo.

Mientras tanto, los “pesos pesados” de esas mismas empresas cobran sueldos estratosféricos. El consejero delegado de Red Eléctrica, con cerca de 800 000 € al año, ni se dignó a dar la cara durante el apagón (Memoria RR. PP. 2024, REE). Sus bonus, eso sí, están blindados. Y en Telefónica o Endesa, los directivos reparten dividendos millonarios mientras nosotros renegamos de cada céntimo de coste adicional.

En televisión, radio y redes, políticos y “influencers” protagonizan broncas ideológicas: “Es culpa de Sánchez”, “Es culpa de Ayuso”, “Es culpa de Feijóo”… Un bucle infinito. No importa lo que haya ocurrido, ni las posibles soluciones, ni los plazos de ejecución, ni los costes. Solo importa el relato de cada tribu. Nadie indaga en las causas de fondo: el deterioro de las redes, la falta de mantenimiento, la sobrecarga de renovables sin almacenamiento o el desuso de centrales nucleares en el final de su vida útil. Solo reclaman titulares y trending topics, que no arreglan ni un semáforo ni un tren averiado.

En lugar de buscar un culpable concreto, como enseñan en las escuelas de gestión de crisis, deberíamos preguntarnos por qué falla el sistema:

• Infraestructuras envejecidas: líneas y subestaciones con décadas sin inversiones.
• Mix energético desequilibrado: renovables sin baterías, nuclear en extinción y gas caro e importado.
• Escasez de personal: técnicos, funcionarios y empleados públicos exhaustos y mal pagados.
• Falta de coordinación: entre ministerios, administraciones autonómicas y grandes operadores.

Es urgente determinar responsabilidades con total transparencia. Es un deber hacia los ciudadanos. Necesitamos explicaciones claras, ya, no dentro de meses: qué falló, cómo se gestionaba y qué medidas tomarán para que no vuelva a suceder. El Estado debe actuar como garante.

Para ello, urge aprobar unos Presupuestos Generales que prioricen inversiones en infraestructuras críticas o, si no hay consenso, convocar elecciones. Da igual el signo político: la gestión está adoleciendo de los mismos males.

España es un país moderno, con empresas tecnológicas, talento y recursos naturales. Pero vivimos en un mundo fracturado, donde un apagón o un ciberataque nos hunde en broncas. No podemos dormirnos en los laureles. La seguridad radica en un Estado que funcione de verdad: con infraestructuras resilientes, profesionales motivados y remunerados dignamente. Si no, cada día avanzaremos más hacia una niebla que no sabemos qué oculta.

Estamos siendo observados; incluso dudamos de nosotros mismos. Todos conocemos posibles soluciones. El reto es anteponer el interés general a las ambiciones personales, algo hoy tan necesario como difícil, pues priman otras éticas.

“La verdadera crisis no es técnica: es moral y política. Hasta que no reparemos la confianza entre Estado y ciudadanos, seguiremos apagados.”