Cuando una situación indignante se repite continuamente, las personas nos terminamos acostumbrando a ella por pura defensa mental y, de ese modo, nos evitamos el esfuerzo de indignarnos y desindignarnos, simplemente para poder seguir con nuestra vida. Lo comprobamos cada día con el genocidio que sucede ante nuestros ojos en Gaza y con los exabruptos del señor Trump. Son tan hirientes e indignantes que no podemos soportar la alteración que nos producen y ya los escuchamos con sordina. Nos resignamos cada día a que un buen número de palestinos sean asesinados y a que nuevas barbaridades se unan al cúmulo de despropósitos decididos por Trump.
A mí me pasa también con las declaraciones de los dirigentes del Partido Popular. Suceda lo que suceda en el país, y tras unos breves milisegundos de institucionalidad, acaban siempre en el mismo punto: concluyendo que la culpa es de Pedro Sánchez. Aplicaron este principio varias veces durante la pandemia, también con la inflación producida por la invasión de Ucrania y lo siguen intentando con la DANA de Valencia, a pesar de la evidencia palmaria de que hubo una negligencia criminal por parte de los responsables de la Generalitat, empezando por la —todavía no explicada— ausencia de su presidente.
En el curso de una semana han confluido en nuestro país dos catástrofes muy graves: el apagón de toda España el 28 de abril y el parón de la línea de alta velocidad del Sur el lunes siguiente que dejó tirados a 10.000 pasajeros, a causa de un robo de 150 m de cobre. La primera está siendo investigada por media docena de comisiones de expertos —de las compañías, el Gobierno, la UE, Portugal y hasta un juzgado— y, al menos durante algunas semanas, seguiremos sin saber las causas exactas, debido al volumen de datos a analizar. La segunda constituye algo difícil de evitar en un trazado de más de 3.500 km, si bien es posible investigar a posteriori para detener a sus autores. En 2024 hubo más de 4.000 robos de cobre y se detuvo a 1.000 personas.
Se trata de dos hechos infrecuentes —el apagón es, de hecho, el primero de la historia—, lo cual quiere decir que esos sistemas tan complejos funcionan satisfactoriamente todos los días. A pesar de ello, y de la más que dudosa responsabilidad del Gobierno en ambos —siempre se puede mejorar la prevención, pero no existe la previsión absoluta que impida cualquier fallo— el PP ya le ha señalado como culpable desde el primer momento. En la sesión de control del miércoles 7 de mayo, el señor Feijóo ha intentado transmitir la impresión de que en España nada funciona, de que el país está sumido en el caos, y de que el origen de todo ello es la ineptitud de Pedro Sánchez.
A la vez que acusa al Gobierno de no dar información sobre las causas del apagón, el PP ya “sabe” que el problema estuvo en las energías renovables e incluso ya tiene la solución al problema: prolongar la vida útil de las centrales nucleares. También aduce que la abundancia de renovables es debida al “fanatismo ideológico” de Sánchez. Con ello, pretende matar dos pájaros de un tiro: culpabilizar al Gobierno del apagón y poner en primer plano su agenda —esta sí, ideológica— a favor de la energía nuclear.
Me produce cansancio, hastío y desmoralización cívica —ya he superado la fase de la indignación— que un partido de gobierno como es el PP caiga siempre en el mismo comportamiento oportunista y necrófago, tratando en cada ocasión de sacar unos pobres réditos electorales de las desgracias del país. Para decir que el culpable de todo es Sánchez no haría falta un partido político. Bastaría con una grabación en la sede de la calle Génova que repitiese el mantra cada pocos minutos.
Por otra parte, su discurso es indistinguible del de Vox, salvo por los insultos —“gobierno criminal”, “presidente capullo”— que son más floridos en el segundo caso. Transmitir una sensación de caos no va a darle más votos al PP y sí puede aumentar los de Vox, porque la ultraderecha se nutre de la percepción de desgobierno y de colapso de las instituciones que ellos alientan constantemente.
Para rematar lo que el PP entiende por oposición, en el pleno del 8 de mayo votó —junto con Vox— en contra del decreto que trata de proteger a los sectores económicos españoles de los aranceles impuestos por Trump. Las razones aducidas fueron que, en las conversaciones tenidas con el Gobierno, este no aceptó ninguna de sus propuestas. Conviene saber que una de ellas era que el Plan Moves de ayuda al coche eléctrico se extendiera a algunos vehículos de combustión y, otra, que el Gobierno prolongara la vida de las centrales nucleares. Es decir, se trataba de torcer el brazo al Gobierno sobre su política ambiental y sustituirla por la suya. Ninguna de las dos tenía relación alguna con los aranceles. Esta “estrategia” negociadora se parece mucho al chantaje: aprovechando que quieres mis votos para A, renuncia a tu política sobre B y haz la mía. Lo mismo que hizo Trump con Ucrania al exigir sus tierras raras a cambio del apoyo militar: dicho apoyo no obedecía a ningún principio moral, sino que era una transacción a cambio de ciertos beneficios.
La política energética es un asunto que merece un debate en profundidad, a fin de que los ciudadanos escuchen las razones de cada partido para apoyar unas políticas u otras, pero no puede discutirse de tapadillo a raíz de un incidente puntual. Si llegara a demostrarse que las energías eólica o fotovoltaica tuvieron alguna responsabilidad en las inestabilidades de la red que condujeron al apagón, existen muchas soluciones técnicas para disminuir las oscilaciones de la tensión eléctrica por esas u otras causas.
La política medioambiental la deciden el gobierno y el parlamento como depositarios de la voluntad popular y es responsabilidad de las compañías generadoras y gestoras de la red el realizar las inversiones necesarias para que las tecnologías decididas por la política se integren armónicamente sin que supongan riesgos para el suministro.
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Piove, ¡porco governo!