La madrugada del 2 de agosto de 1990, las tropas de Saddam Hussein cruzaron la frontera de Kuwait y ocuparon el pequeño y rico en petróleo emirato en cuestión de horas. El mundo asistía al primer gran conflicto del orden internacional posterior a la Guerra Fría. El sistema bipolar se desmoronaba, el bloque soviético se deshacía y, en ese escenario incierto, la invasión de Kuwait puso a prueba la arquitectura jurídica y política del sistema internacional construido tras 1945.
En Madrid, el gobierno español reaccionó con rapidez y obligo a sus miembros volver de sus destinos vacacionales. Aquel mismo día se convocó una reunión urgente del Consejo de Ministros. Felipe González presidía un gobierno socialista. España llevaba apenas unos años plenamente integrada en las estructuras occidentales: miembro de la OTAN desde 1982 y de la Comunidad Europea desde 1986. La crisis del Golfo iba a ser la primera gran prueba de esa nueva posición internacional.
La prensa de la época describió aquella reunión con un tono comedido, casi pedagógico. El gobierno condenó la invasión iraquí y subrayó que la respuesta debía situarse dentro del marco del derecho internacional y de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No se trataba todavía de una guerra, sino de una crisis que exigía sanciones, presión diplomática y un frente internacional amplio.
El ejecutivo español respaldó desde el primer momento la legalidad internacional frente a la anexión de Kuwait. Pero también dejó claro algo que hoy conviene recordar: la respuesta debía ser multilateral, limitada y jurídicamente justificada.
En aquel momento se produjo un hecho político significativo. La oposición conservadora —entonces Alianza Popular, en proceso de transformación hacia el Partido Popular— apoyó la condena a la invasión iraquí y la necesidad de una respuesta internacional coordinada. La posición española, como la de la mayor parte de los países europeos, buscaba un equilibrio delicado: defender la legalidad internacional sin precipitar una escalada militar irreversible.
Aquel debate tenía una dimensión casi doctrinal en la izquierda española.
La invasión de Kuwait era, desde el punto de vista jurídico, una violación clara del principio fundamental del sistema internacional contemporáneo: la prohibición del uso de la fuerza para adquirir territorio. La Carta de las Naciones Unidas había sido creada precisamente para evitar que la política internacional volviera a regirse por la ley del más fuerte.
El Consejo de Seguridad reaccionó con rapidez, gozando de legitimidad plena.
En pocas semanas se aprobaron una serie de resoluciones que condenaban la invasión, imponían sanciones económicas y autorizaban el uso de la fuerza si Irak no se retiraba. Aquella legitimidad jurídica —la autorización expresa de Naciones Unidas— fue el elemento central que permitió a muchos gobiernos europeos justificar su participación en la operación que terminaría convirtiéndose en la Primera Guerra del Golfo.
Ese detalle es fundamental para comprender el debate actual.
Porque incluso en un contexto tan claro como la invasión de Kuwait, la guerra fue vista por muchos como un último recurso, no como una herramienta política ordinaria.
La tradición filosófica y jurídica occidental siempre ha considerado la guerra como un fracaso de la política. Desde San Agustín hasta Hugo Grocio, desde Kant hasta las reflexiones contemporáneas del derecho internacional humanitario, la pregunta por la “guerra justa” ha atravesado históricamente el pensamiento político.
Pero cada vez más voces han cuestionado la validez misma de ese concepto. Ya entonces se advertía de cara al futuro que la idea de la guerra justa podía convertirse en una peligrosa coartada moral. Ayer, como hoy, no existe guerra justa cuando quienes mueren son siempre los hijos de otros. La guerra, incluso cuando pretende defender principios legítimos, termina destruyendo vidas que nunca participaron en las decisiones que la provocan. Las víctimas de la guerra nunca son quienes la declaran.
Treinta años después, el mundo parece haber olvidado esa lección y todas las demás.
La crisis actual en Oriente Próximo, marcada por el enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán, revela un camino sin retorno del orden internacional que hemos conocido. Las grandes potencias han decidido actuar desde el unilateralismo, arrumbando las instituciones multilaterales que durante décadas sirvieron para contener, o minorar, la escalada de los conflictos.
Estados Unidos, durante mucho tiempo arquitecto y aparente guardan del orden liberal internacional, ha decidido dar por finalizado ese mismo sistema que contribuyó a construir. La retirada de tratados internacionales, el cuestionamiento de instituciones multilaterales de las que ha abandonado y ahora el recurso creciente a “acciones militares preventivas” (operaciones especiales las llaman los rusos) han debilitado la autoridad moral de Washington y obliga a replantearse ideológicamente si son adecuados compañeros de viaje, hasta que no cambie su gobierno, por lo menos.
Además. cuando la potencia que se presentó durante décadas como garante del orden internacional comienza a actuar al margen de ese orden reiteradamente, la legitimidad del sistema entero esta condenado a desaparecer.
Algo similar ocurre con Israel.
La seguridad del Estado israelí es una cuestión histórica profundamente marcada por el trauma del antisemitismo y el recuerdo del Holocausto. Pero esa historia no puede convertirse en una licencia para ignorar los principios básicos del derecho internacional y de los derechos humanos.
La legitimidad histórica no es una patente de corso moral.
Sin embargo, reconocer ese hecho no significa otorgar legitimidad al régimen iraní. El sistema político iraní es profundamente autoritario, represivo y hostil a muchos de los valores fundamentales del derecho internacional contemporáneo. Sus actuaciones internas, su apoyo a milicias armadas y su retórica ideológica teocrática han contribuido a alimentar la inestabilidad en Oriente Próximo desde hace décadas.
Estamos, ante una guerra en el que ninguna de las partes encarna valores defendibles desde una óptica democrática. Actores que comparten la lógica de poder, dominio y hegemonía excluyentes sobre los seres humanos.
Por eso el problema no es simplemente estratégico. Es moral y político.
La guerra se ha convertido, nuevamente, en una herramienta de la política interior. En Estados Unidos, en Israel y también en Europa, los conflictos internacionales pueden transformarse en instrumentos de movilización electoral, en mecanismos para reforzar liderazgos o consolidar bloques políticos ideológicos.
Ese fenómeno no es nuevo, pero resulta especialmente peligroso en democracias que deberían regirse por límites éticos claros y tuvieran una fortaleza que hoy se quiebra.
Hay que recordar que la política democrática tiene fronteras morales.
No todo vale.
Utilizar la guerra —o su extensión— como instrumento de cálculo electoral es una degradación profunda del espíritu democrático. Por ello, impensable de políticos democráticos.
La sociedad europea debería ser radical y sensible a esta cuestión.
Europa ha conocido guerras devastadoras, genocidios y catástrofes humanas que marcaron el siglo XX. De esa experiencia surgió precisamente el proyecto europeo: un intento de sustituir la lógica de la guerra por la lógica del derecho y la cooperación.
Hemos pasado, como podría decirse con cierta tristeza histórica, de tiempos de drama a tiempos de tragedia. El drama implica conflicto y tensión; la tragedia aparece cuando los actores siguen avanzando hacia el desastre incluso sabiendo que lo es. En ese punto nos encontramos.
La humanidad ha sufrido demasiado para aceptar que la guerra vuelva a convertirse en una herramienta ordinaria de la política. La experiencia del siglo XX debería haber dejado claro que el uso de la fuerza, incluso cuando se presenta como inevitable, abre siempre la puerta a consecuencias imprevisibles.
Por eso la responsabilidad moral de quienes gobiernan hoy es inmensa.
También lo es la responsabilidad de quienes influyen en la opinión pública: intelectuales, periodistas, analistas y líderes sociales. La sociedad necesita argumentos, reflexión y una ética pública exigente.
No basta con gestionar el presente.
Es necesario recordar que la política, es un ejercicio de responsabilidad moral ante la historia. Quizá estemos ante el final de una etapa del orden internacional y el nacimiento de otro. La historia nunca ofrece señales cuando cambia el rumbo. El nuevo tiempo no puede ser la banalización de la guerra.
El verdadero desafío de nuestra época no es militar ni geopolítico. Es ético.
Si la humanidad quiere evitar que el siglo XXI repita las tragedias del XX, necesitará algo más que poder y escenografía. Necesitará más catadura moral. Tal vez esa sea la la épica que buscan los dirigentes públicos.
