Pedro Sánchez ha resucitado un lema que, en España, no es un eslogan: es un recuerdo muscular. “No a la guerra” fue en 2003 una protesta masiva contra la invasión de Irak, contra el seguidismo y contra la mentira elevada a política de Estado. Hoy, 23 años después, el presidente lo desempolva para justificar una negativa concreta: no autorizar que Estados Unidos utilice Rota y Morón en la operación militar contra Irán. Y lo hace en un contexto envenenado por amenazas, propaganda cruzada y un debate inevitable: ¿posición de Estado o treta electoral para rearmar el “bloque” progresista?
La pregunta importa porque no hablamos solo de moral. Hablamos de Derecho, de alianzas, de seguridad europea, de credibilidad internacional… y de una oposición —el PP— que vuelve a equivocarse de instrumento y de tono.
1) El “cerrojo” jurídico: lo que dice (de verdad) el convenio con EE. UU.
El Gobierno sostiene que no ha autorizado nada y que, por tanto, las bases no puedenser empleadas para esa operación. No es una frase patriótica: es el corazón del Convenio de Cooperación para la Defensa (1988) entre España y EE. UU., publicado en el BOE.
La cláusula decisiva es clara en su lógica: cualquier uso que vaya más allá de los objetivos previstos exige autorización previa del Gobierno español. Es decir: el marco habilita presencia, apoyo, tránsito y cooperación en objetivos bilaterales o multilaterales definidos; pero cuando se trata de una operación ofensiva no encuadrable en ese perímetro, España no es un figurante: tiene llave.
¿Se han cumplido los requisitos formales? En lo esencial, el hecho político-jurídico es éste: si no hay autorización previa, no hay cobertura. Y el Ejecutivo afirma que no la ha otorgado; Robles lo reiteró y llegó a sugerir que desde Washington se ha querido “desinformar” sobre una supuesta cooperación española.
Aquí conviene separar dos planos que se mezclan interesadamente:
• Que España pueda negar el uso para acciones específicas (sí, puede).
• Que España controle todo movimiento estadounidense en territorio español (no del todo: hay procedimientos, coordinación y zonas de autonomía operativa, pero el “más allá” requiere autorización española).
Ese matiz no reduce la soberanía; la vuelve adulta. Lo que la debilita es el ruido.
2) UE y OTAN: el deber de la seguridad colectiva no es una carta blanca
España no es una isla moral. Pertenece a la OTAN y a la UE. Eso implica obligaciones, sí, pero también reglas y límites.
En la OTAN, el principio de defensa colectiva del artículo 5 se activa ante un ataque armado a un aliado; no obliga a participar en todas las operaciones ofensivas de un socio, ni convierte el atlantismo en obediencia automática. La propia diplomacia española lo recuerda cuando insiste en actuar “dentro del marco legal”.
En la UE, además, existe la cláusula de defensa mutua (art. 42.7 TUE): si un Estado miembro sufre una agresión armada en su territorio, los demás deben ayuda y asistencia. Pero, de nuevo, eso no equivale a firmar por adelantado cualquier escalada en Oriente Medio.
La Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) funciona, por regla general, por unanimidad; hay mecanismos como la abstención constructiva, pero fijar una “posición común” europea es un proceso deliberativo, no un tuit indignado. Si España quiere liderar, debe hacerlo también ahí: en el Consejo, con aliados, y con propuestas que sobrevivan a la emoción doméstica.
3) La incoherencia aparente: “No a la guerra” y una fragata al Mediterráneo oriental
La derecha ha olido sangre: ¿cómo se grita “No a la guerra” mientras se envía una fragata a la zona? Feijóo lo ha formulado como contradicción performativa.
Pero aquí la realidad es más compleja —y más seria— que la consigna. España ha anunciado el envío de la fragata Cristóbal Colón al Mediterráneo oriental para apoyar a Chipre (Estado miembro de la UE) en un marco de defensa, protección aérea y eventual evacuación, junto a un despliegue europeo. No es lo mismo contribuir a la defensa de un socio europeo ante amenazas y ataques, que facilitar una operación ofensiva ajena al paraguas jurídico-político compartido.
Que se haga cerca de Creta, en el mismo tablero marítimo, confunde a la opinión pública, sí. Pero esa es precisamente la tarea del Gobierno: explicar la diferencia entre disuasión defensiva y beligerancia, entre Europa como sujeto y Europa como escenario. Si no lo hace, regala el marco a quien solo quiere el titular.
4) Sánchez y el bloque: el riesgo de convertir la geopolítica en pegamento electoral
La reactivación emocional de 2003 tiene un objetivo: consolidar identidad. La izquierda española está hecha de memoria política; “No a la guerra” es una tecla segura. Y Sánchez la ha pulsado en el momento exacto en que la Casa Blanca presiona y el PP se precipita.
¿Hay cálculo electoral? Sería ingenuo negarlo. Pero la cuestión no es si hay táctica; la cuestión es si la táctica se come la estrategia.
Porque si el “No a la guerra” se convierte en un sucedáneo de doctrina exterior, España corre tres riesgos:
1. Debilitar su credibilidad como aliado serio, capaz de decir “no” con argumentos y “sí” con compromisos.
2. Erosionar el consenso europeo justo cuando Europa necesita una voz propia (y no solo reflejos nacionales).
3. Rebajar el debate democrático a un plebiscito de bloques: conmigo o con Trump; conmigo o con los ayatolás. Esa falsa dicotomía ya está circulando.
5) El PP: cortoplacismo y moralina selectiva
El PP, por su parte, vuelve a caer en un vicio español: confundir política exterior con poses domésticas. Un día exhibe “firmeza” como si fuera un valor autónomo; al siguiente, acusa al Gobierno de “equidistancia” como si el único modo de defender derechos humanos fuera aplaudir bombardeos preventivos. Ese marco es cómodo, pero es pobre.
Si el PP quisiera ser alternativa de Estado, debería plantear algo más difícil y más útil:
• ¿Qué condiciones exigiría para cualquier cooperación militar?
• ¿Qué propuesta concreta llevaría al Consejo de la UE?
• ¿Qué plan de seguridad mediterránea defiende España, con qué socios y con qué límites?
En lugar de eso, se sube al carrusel de la contradicción fácil (“fragata” versus “No a la guerra”), sin distinguir —porque no le interesa distinguir— entre defensa europea y participación en una ofensiva.
El “No a la guerra” no puede ser “sí al ruido”
España tiene derecho —y, en ciertos casos, obligación— de decir no. El convenio de bases lo permite; el interés nacional lo exige cuando una operación no cumple mínimos de legitimidad y previsibilidad; el deber europeo lo recomienda cuando la escalada amenaza con incendiar fronteras energéticas, migratorias y de seguridad.
Pero el “No a la guerra” solo merece respeto si viene acompañado de tres cosas: legalidad transparente, estrategia europea y pedagogía democrática. Sin eso, el lema se convierte en marketing, y la geopolítica en munición para el bloque.
Y entonces perdemos todos: los que temen la guerra, los que temen la debilidad, y los que todavía creen que un país serio no elige entre consignas, sino entre responsabilidades.
