El editorial de La Discrepancia del domingo 15 de marzo se preguntaba (pinchar): «¿La educación, para cuándo?». Y se decía que: «La educación no es una política pública más. Es la condición de posibilidad de todas las demás. Sin educación no hay innovación, sin conocimiento no hay desarrollo, sin investigación no hay prosperidad. Y sin una ciudadanía formada, crítica y libre, tampoco hay democracia que pueda sostenerse en el tiempo».
Efectivamente, la educación no es una política pública más y, dada la relevancia que tiene el abandono escolar temprano, todo ello está relacionado con el derecho a la educación, que goza de una garantía reforzada en la Constitución de 1978. A este respecto, es necesario plantear algunas cuestiones en las que se manifiestan fallos que afectan al principio, también constitucionalmente vinculante, de igualdad en el ejercicio de este derecho, en el marco del servicio de educación financiado públicamente, propio de un Estado social y de derecho.
De poco vale que las leyes de educación, jurídicamente vinculantes, respondan a los objetivos propios de un Estado social cuando su aplicación por las comunidades autónomas, encargadas competencialmente de su ejecución, se desvirtúa mediante la adopción de políticas neoliberales que, en la práctica, originan la privatización del sistema educativo y la desigualdad entre los españoles por razón de su origen social.
Véase el caso de la Comunidad de Madrid y el proceso de degradación de sus universidades públicas, así como del resto de niveles educativos, orientados a la creciente mercantilización de un derecho que debería situarse extra commercium.
Llama la atención el bajo perfil adoptado por el actual Gobierno del Estado para dirigir la política educativa y liderar el debate público, así como el olvido en el ejercicio de las competencias armonizadoras del sistema que le corresponden en exclusiva, según establece la propia Constitución: la programación general de la enseñanza y el reconocimiento de títulos académicos y profesionales.
Todo ello nos sitúa ante una contradicción irracional, constitucionalmente hablando: un Estado social en la cúspide del sistema institucional, representado por las Cortes españolas, y una práctica de políticas neoliberales en muchas de las comunidades autónomas que gestionan la educación. Dos políticas contradictorias que desvirtúan el ejercicio de un derecho fundamental.
